Juez desestima reclamo de Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, sobre la propiedad de Pradomar, por cuanto ya habían sido resueltas

Un juez de Bogotá rechazó una solicitud elevada por Adelina Guerrero Covo, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, con la que pedía que se corrigieran presuntos actos irregulares, el levantamiento de medidas cautelares y el archivo de las diligencias en un proceso de extinción de dominio que involucra a tres predios que ella posee en Puerto Colombia, Atlántico.

Los predios en los que Guerrero figura en calidad de “poseedora” actualmente están incursos en un proceso de extinción de dominio que se adelanta contra varios bienes vinculados al patrimonio de su esposo, y que cursa en el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá. 

Dicho proceso contra los bienes de Benedetti se abrió en 2022 a raíz de una compulsa de copias que dictó en 2021 la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana cuando anunció una investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Los tres predios reclamados hacen parte de la mansión en la privilegiada urbanización Pradomar, del municipio de Puerto Colombia, que Benedetti compró en 2020 por 3.600 millones de pesos con recursos de un préstamo que le hizo el empresario Euclides Torres -el mismo que financió el famoso evento de la ‘P’ en Barranquilla para la entonces precampaña presidencial de Gustavo Petro Urrego-.

La mansión de Pradomar incluye tres predios con distintas matrículas inmobiliarias que básicamente comprende un terreno de 500 metros cuadrados, frente al mar, y la infraestructura construida en él -cuyas imágenes fueron reveladas por CAMBIO en una investigación de 2023-. 

Aunque en una escritura pública aparece que el negocio de la mansión costó 1.500 millones de pesos, Benedetti aseguró que le pagó 3.600 millones al vendedor: el empresario Luis Alberto Nicolella de Caro, exdirectivo de Inassa, sociedad multada en 2018 por un caso de soborno transnacional.

Benedetti aseguró en su momento que adquirió dicha mansión para ponerla a nombre de su esposa, con quien se reconcilió en tiempos de pandemia. Por eso es Adelina Guerrero la que figura interponiendo reclamos ante los jueces de la República sobre el predio que le transfirió su esposo.

Los cuestionamientos del juez sobre el rol de “poseedora” de Guerrero Covo

El pasado 20 de noviembre, el juez Primero Penal de Extinción de Dominio de Bogotá “rechazó de plano” el recurso que había elevado Guerrero Covo con el que pedía el levantamiento de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo que la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio dictó en octubre de 2021 contra los predios de la mansión de Pradomar, y con la que pedía archivar en definitiva el proceso de extinción de dominio sobre los referidos predios. 

“El Despacho rechazará de plano el ruego allegado, por cuanto, como se dijo, no se trata de una solicitud de control, formulada con el rigor que le es propio a un petitum tal”, indica la providencia del juez Clemente Sierra.

Lo que el juez rechazó de plano no es una solicitud nueva, viene de 2022, pero por las dinámicas de la Rama Judicial solo fue resuelta tres años después. Ese mismo juzgado había rechazado en junio de 2023 la misma petición de Adelina Guerrero. En ese momento, el Juzgado Primero consideró que la esposa de Armando Benedetti no tenía legitimidad para emprender ningún reclamo sobre la mansión de Pradomar, como quiera que no figuraba como propietaria de los predios en cuestión, sino como su poseedora.

Pero Guerrero apeló tal determinación y el Tribunal Superior de Bogotá, en una providencia del pasado 1 de septiembre, le dio la razón a ella y le ordenó al juez Clemente Sierra que se pronunciara nuevamente sobre la petición relacionada con las medidas cautelares dictadas contra los predios de Pradomar.

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“Se puede afirmar que Adelina María Guerrero Covo tiene la posibilidad de defender su interés respecto de los bienes objeto de discusión, ya que ante una eventual declaratoria de extinción del derecho de dominio afectaría directamente su expectativa legítima, al ostentar la calidad de afectada dentro del trámite”, advirtió el Tribunal al revocar, en septiembre de 2025, la determinación que tomó en 2023 el Juzgado Primero.

Pero el Juzgado Primero volvió a rechazar la solicitud de Guerrero, esta vez porque consideró que no tuvo “rigor” y porque otro juez, el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio de Bogotá, se adelantó y resolvió en junio de 2023 que el secuestro y el embargo de la mansión de Pradomar era “ilegal”, dejando vigente la medida de “suspensión del poder dispositivo”, que imposibilita a la esposa del ministro a ejercer cualquier tipo de negocio con su mansión, o a venderla o transferirla. 

El juez Sierra remitió su decisión al juicio que cursa en el Juzgado Cuarto de Extinción de Dominio contra varios bienes de Benedetti.

La mansión va a un juicio en un proceso de extinción de dominio

Contra la mansión de Pradomar en Puerto Colombia, y otros bienes asociados al ministro del Interior Armando Benedetti, se adelanta un juicio en un proceso de extinción de dominio por cuenta de la compulsa de copias que profirió la magistrada Cristina Lombana en la que pidió investigar al también exsenador por “la presunta comisión de punibles que atentan contra la administración pública, mediante actos de corrupción en trámites de contratación”.

Aunque Lombana fue apartada por sus compañeros en la Corte del conocimiento del proceso que cursa contra Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito, por un incremento en su patrimonio cercano a los 3.000 millones de pesos que supuestamente no pudo justificar de su actividad como legislador, avanza simultáneamente el proceso de extinción de dominio que se desprendió de dicha investigación -aunque se trata de un expediente totalmente ajeno al resultado que se produzca en la Corte-.

La Sala de Instrucción de la Corte ya escuchó a Benedetti en indagatoria y se encuentra en la etapa probatoria en este proceso que se abrió por una denuncia que presentó en su contra el abogado Jaime Lombana en el año 2017.

Ante todas estas tensiones, la mansión de Pradomar estaría abandonada, tal y como reveló CAMBIO en una investigación de 2023. Adelina Guerrero reside en otra mansión ubicada en Puerto Colombia en el condominio Lagos de Caujaral. La misma que hace unos días fue protagonista de un operativo liderado por la magistrada Lombana, que pertenece al empresario de conciertos Ricardo Leyva y que hace unos años perteneció al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, según reveló Camilo Enciso en CAMBIO.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.