¿‘Ley Huertas’? Polémica por ‘mico’ que facultaría al presidente a reincorporar oficiales retirados sin mayor revisión

El Congreso está cerrando la discusión de un proyecto de ley que pretende modificar las normas para la reincorporación de oficiales y mandos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Aunque la iniciativa avanzó en los cuatro debates sin mayor discusión pública y falta la conciliación para posterior sanción presidencial, la atención se disparó tras conocerse que uno de los artículos permite que el presidente reactive a generales retirados bajo criterios más amplios que los vigentes.

El polémico artículo del proyecto de ley ahora es objeto de críticas, luego de que el país conociera el escándalo revelado por Noticias Caracol por los presuntos nexos de disidencias de las Farc con el general Juan Miguel Huertas, un oficial en retiro que el presidente Gustavo Petro reincorporó a la institución.

¿Qué busca el proyecto de ‘ley Huertas’?

El proyecto pretende ajustar la Ley 1791 del año 2000. La norma actual exige la participación de juntas asesoras para evaluar la pertinencia de que un oficial regrese al servicio. El texto que llegó a conciliación mantiene esas instancias, pero incluye una formulación que ha sido interpretada como una autorización más abierta para que el Gobierno decida a quién reincorporar. La palabra que rodea la controversia consiste en permitir que el presidente actúe sin restricciones adicionales, lo que para distintos sectores equivale a una facultad discrecional.

“El personal de oficiales y del nivel ejecutivo retirado a solicitud propia o por llamamiento a calificar servicios podrá ser reincorporado en cualquier tiempo, a petición de parte o por voluntad del Gobierno nacional o de la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, previo concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa”, se lee en el proyecto.

Las críticas a la iniciativa legislativa

Legisladores que critican el texto señalan que esa redacción puede prestarse para decisiones sin suficiente control institucional. Según sus argumentos, un mandatario podría regresar al servicio a generales retirados por calificación de servicios, por razones disciplinarias o incluso por haber sido investigados, lo que podría derivar en que repitan acciones o puedan terminar involucrados en nuevos escándalos, como en el caso de Huertas.

“El asunto está en que el presidente podría reintegrar oficiales que han sido destituidos o que se han retirado de manera libre, sin ningún tipo de requisito. A propósito del escándalo por las investigaciones hechas por Noticias Caracol, nos preocupa que el presidente de la República de turno, sea quien sea, quede con esas facultades libres, arbitrarias y sin ninguna restricción”, dijo el senador Manuel Virgüez.

El senador Nicolás Albeiro Echeverry, por su parte, sostiene que cualquier mecanismo de retorno al servicio para altos mandos debe tener criterios verificables relacionados con méritos, desempeño y antecedentes, y no depender de una decisión unilateral del presidente de turno.

“Debe ser facultad de la Junta de Generales y debe ser regulado, no a merced del presidente, por lo que es importante que en la conciliación se corrija la palabra de que ‘libremente’ podrá ser reincorporada. Se va a corregir en la conciliación y ese es el compromiso del grupo de ponentes”, añadió.

El debate continúa en el Congreso mientras se organiza la votación de la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara. La disputa no gira tanto en torno a si existe o no la figura de la reincorporación —que ya está contemplada en la normativa vigente—, sino sobre el nivel de facultad que debe tener el Ejecutivo para activar nuevamente a oficiales retirados. El trámite legislativo decidirá si se corrige la redacción cuestionada o si el proyecto avanza tal como fue aprobado en los debates previos.