Más allá de Benedetti y Lombana: la demora que preocupa en varios procesos en la Corte Suprema

Esta vez las luces cayeron sobre el ministro del Interior Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia: el funcionario no escatimó en insultos para la jurista mientras ella lideraba un allanamiento a su casa en Barranquilla en el marco de una investigación que avanza por una mansión que compró en 2020 por 3.600 millones de pesos, tras un préstamo del empresario Euclides Torres.

El episodio, vergonzoso por donde se lo mire, genera debate. La casa allanada es una ostentosa mansión ubicada en Cuajaral, que los Benedetti toman en arriendo y que antes habitaba el empresario Ricardo Leyva, según reveló en CAMBIO Camilo Enciso. Esa lujosa casa sería de propiedad de Colpatria y es diferente a la que compró Benedetti con los 3.000 millones de pesos que le prestó Torres y que está a nombre de su esposa Adelina Guerrero.

Lombana lideró ella misma el allanamiento y lo calificó como un “éxito” en una carta que le envió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para agradecerle el acompañamiento que tuvo por parte de la fuerza pública para su realización. Las dudas, en todo caso, existen: ¿Por qué se realizó el allanamiento con tanta Fuerza Pública, incluyendo personal de la Dijín, de la Sijín y del Goes si se iban a un lugar en donde solo estaba la familia del ministro? ¿Por qué se ordena un allanamiento ahora, si Benedetti confirmó a la Corte Suprema que Torres le prestó la plata en 2021?

¿Por qué se allana esa mansión si no tiene relación contra la casa comprada con el dinero de Torres? ¿Por qué se buscó, según la versión de Adelina Guerrero, acceder al celular de ella si la pesquisa va dirigida a Benedetti y la Corte no tiene competencia para investigar a no aforados?  ¿Por qué esa casa está a nombre de Guerrero? ¿Qué material probatorio pudo recoger la magistrada? ¿Hasta dónde van las relaciones de Benedetti con Torres, el mismo empresario que financió el evento de la P en precampaña en 2022?

La forma como se dio el episodio y la grosera reacción de Benedetti ya le valieron denuncias en su contra y una investigación en la Procuraduría. Al tiempo, logró que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y buena parte de la opinión pública cerrara filas alrededor de la magistrada Lombana, una polémica jurista, exjueza militar que no hizo públicos a tiempo situaciones que le podían generar impedimentos y que por sus intervenciones públicas ya fue separada de uno de los procesos que había iniciado contra Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito. 

No es secreto que, en la Sala de Instrucción, los magistrados no se llevan bien y hay una especie de bandos. A Lombana la respalda el magistrado Héctor Alarcón, mientras que el resto le bloqueó en enero de este año la posibilidad de ser presidenta de esa Sala. La razón de ello reside en la molestia de los magistrados por las formas de Lombana y por cómo lleva las investigaciones. 

Lombana, hoy vicepresidenta de la Sala, no estuvo de acuerdo con la decisión de ordenar la captura de Arturo Char y fue en contravía de la mayoría al proponer archivar el caso en su contra por presunta corrupción electoral. Además, se enfrentó a sus colegas y pidió la libertad del excongresista, como luego sucedió.

Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que el respaldo público a Lombana la empoderó y cambió los ánimos de una Sala que -en mayoría-sigue cuestionando sus formas. Por eso, por el momento, en la Sala de Instrucción hay silencio absoluto.

Las demoras con Benedetti

Ahora bien, un escenario diferente es la falta de decisiones de fondo en las múltiples investigaciones que tiene Benedetti en su contra, así como en otros casos. Esas demoras son atribuibles a toda la Sala de Instrucción que, en algunos procesos sí ha avanzado rápidamente como sucedió en el caso contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de desvío de recursos de la UNGRD.

En el caso de Benedetti, el proceso en el que se hizo el allanamiento es una investigación formal que se abrió tras las declaraciones que el propio ministro dio a la Corte en 2021. Está en fase de recolección de pruebas y Benedetti tendrá la oportunidad de dar sus explicaciones. Lo más seguro es que el caso se enfríe brevemente mientras la Sala resuelve los reclamos que este elevó contra Lombana: ¿la actuación de la jurista podría sacarla del caso en una eventual recusación? Esa es la pregunta que deberá resolverse próximamente.

El proceso por enriquecimiento ilícito por 3.000 millones de pesos se abrió en 2021, cuando Benedetti era senador. Benedetti terminó su rol en el Congreso, fue asesor de Gustavo Petro en campaña presidencial, fue embajador en Venezuela y ante la FAO y ahora es ministro del Interior y el caso no se ha resuelto. El proceso empezó en el despacho de la magistrada Lombana y se ha caracterizado por un fuerte choque entre ambos, múltiples tutelas, debates sobre si la Corte podía seguirlo investigando en los periodos que dejó de ser aforado, entre otros.

El caso estuvo al menos una vez en la Fiscalía y volvió a la Corte al ser nombrado embajador en Venezuela y solo hasta mayo de 2024 el pleno del alto tribunal dejó en claro que, como el presunto enriquecimiento se habría dado mientras Benedetti era congresista, es la Corte quien debe seguirlo. En octubre de 2023, Lombana salió del caso por haber hecho un concepto público comprometiendo su imparcialidad. Desde entonces, el expediente está en manos del magistrado César Reyes y no se conoce avance alguno.

Este año, la Sala llamó a juicio a Benedetti por supuestamente haber intercedido ante funcionarios de Fonade para beneficiar en un proceso contractual a la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara S.A en hechos que habrían sucedido en 2016. Episodios como estos, que remiten a actuaciones de Benedetti en el Congreso, apenas están en fase probatoria, como un supuesto beneficio a Simetric S.A., grupo relacionado con Euclides Torres; una supuesta influencia en la Fiduprevisora para que se les pagara pensiones a profesores en Córdoba; una presunta compra de votos en Maicao en 2018, entre otros.

Las demoras con Arturo Char y David Barguil

Pero los reparos no se limitan al ministro Benedetti. En septiembre se cumplieron dos años desde que el exsenador Arturo Char Chaljub, hermano del alcalde de Barranquilla Alex Char, fue capturado por su supuesta participación en el escándalo de compra de votos conocido como la Casa Blanca. La Sala de Instrucción ordenó la captura y libró notificación roja de Interpol ya que Char estaba en Estados Unidos y este volvió al país en avión privado y en pleno partido de fútbol.

El escándalo no se hizo esperar. Los señalamientos son muy graves. Según la Sala tanto Arturo como Alejandro Char y el empresario Julio Gerlein habrían participado en un entramado que compró votos en 2018 para beneficiar a Arturo, así como a Aida Merlano, condenada ya por este caso, y a Lilibeth Llinás. Pero el magistrado Francisco Farfán, quien lideró la investigación, fue señalado de supuestamente filtrar información de un expediente contra José Alfredo Gnecco y este tomó una licencia no remunerada hasta el 10 de abril de 2024. El expediente pasó a manos de Lombana, quien se había opuesto a la orden de captura, y optó por sacarlo de La Picota y remitirlo a una guarnición militar. Luego, pidió la libertad por vencimiento de términos un día antes de que la Rama Judicial saliera a vacaciones colectivas, lo cual originó una disputa entre los magistrados.

Char quedó libre y en abril de 2024, Lombana presentó una ponencia que pedía archivarle el caso a Char. Su ponencia coincidió con el regreso de Farfán a la Corte y esa ponencia quedó en el olvido. No obstante, desde que el magistrado volvió a la Sala, no ha pasado nada. El jurista debe presentar una ponencia para que la Sala decida en pleno si lleva a juicio o no a Char y la demora se ha sentido.

Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que están esperando el proyecto de Farfán. Incluso, se esperaba que hace unas semanas finalmente lo presentara a Sala, pero esto todavía no ha pasado. El caso sigue sin avances. ¿Por qué entonces se ordenó la captura si la Sala no pudo actuar bajo la urgencia que exigen los expedientes cuando hay personas privadas de la libertad? ¿A qué se debe la falta de resolución de este caso?

Un escenario diferente tienen algunas investigaciones de renombre. Por ejemplo, la Sala resolvió rápidamente la acusación contra Iván Name y Andrés Calle por la UNGRD, ya avanzó en la fase probatoria en el caso de los otros seis congresistas salpicados en ese escándalo y está realizando declaraciones en otra punta diferente: presuntas irregularidades en contratos del Invías que también involucran a congresistas. Esto se ha dado en medio de la presión pública por resultados y ante la multiplicidad de declaraciones y personas involucradas que están negociando con la Fiscalía.

Pero hay otras investigaciones que no tienen esa misma velocidad, sin que esto quiera decir que estén completamente quietas. En 2022 la Sala le abrió una pesquisa al exsenador conservador David Barguil porque entre 2017 y 2018 habría hecho gestiones irregulares ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer millonarios procesos de contratación a favor de la Alcaldía de Galeras, Sucre. Es un caso más de ‘cupos indicativos’ por el que son investigados dos congresistas más.

Con la apertura del proceso, Barguil desapareció del mapa político y de las aspiraciones presidenciales. Lo negó todo ante la Corte Suprema, que el 13 de julio de 2023 le resolvió su situación jurídica absteniéndose a imponer medida de aseguramiento en su contra. Ya pasaron dos años y el proceso no tiene una decisión de fondo.