“Agradece que no te matamos acá”: 11 testimonios de sobrevivientes al Palacio de Justicia torturados
CAMBIO explica los detalles de la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a nueve militares retirados como Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez, este último prófugo de la justicia. Estos son los detalles de lo que padecieron las 11 personas acreditadas como víctimas en este expediente.
Héctor Darío Correa Tamayo era citador de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando el 6 de noviembre de 1985 un grupo de guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá. El ataque y la reacción desproporcionada de la fuerza pública dejaron el saldo aterrador de 100 víctimas mortales, al menos una decena de desaparecidos y por el cual, 40 años después, el país no tiene un relato nacional sobre lo que pasó realmente.
Correa sobrevivió escondido en el baño entre el primero y el segundo piso del costado norte del edificio. A las 3:30 de la mañana del 7 de noviembre fue llevado al baño de hombres entre el tercer y cuatro piso. En un momento de caos, logró salir hacia la tercera planta y allí, un soldado lo tildó de “guerrillero”, le puso un fusil en la nuca a punta de insultos, lo empujó y, cuando Correa le dijo que trabajaba en la Corte, le dio una patada en la rodilla.
Correa recordó que le decían: “Agradece que no te matamos acá”. Lo sacaron del edificio a golpes y lo llevaron a la Casa del Florero. Allí le quitaron los documentos, fue clasificado como guerrillero, le impidieron ser considerado como un rescatado y solo pudo salir del lugar cuando un guardaespaldas de un magistrado lo reconoció.
José Vicente Rubiano Galvis era un empleado de obras públicas. Ni siquiera estaba en Bogotá para el momento del ataque. Iba en un bus hacia Zipaquirá y en un retén militar fue detenido junto a Orlando Fonseca ya que en el vehículo habían encontrado tres armas de fuego. Se los llevaron a las caballerizas de la Escuela Militar de Usaquén en Bogotá y allí empezó el martirio.
“Esa noche nos maltrataron hasta que más no pudieron. Nos pusieron corriente en los testículos, para que dijéramos que nosotros llevábamos armas en ese bus, que éramos subversivos, porque el día anterior había sido la toma del Palacio de Justicia y nos torturaron diciéndonos que allá arriba eran los cementerios donde metían a los subversivos”, narró Rubiano a la Fiscalía.
Rubiano fue enviado a la cárcel La Modelo en donde estuvo 15 días. Pudo salir gracias a que el secretario de Obras Públicas escribió una carta a la justicia. “Yo iba a demandar al gobierno por las torturas que me hicieron y ellos nos amenazaron, el Ejército, que si yo demandaba nos mataban a mí y a mi familia. No se me olvidará nunca y no se lo deseo a nadie”, indicó.
La retención ilegal de Rubiano fue tapada con un informe de operaciones del 23 de noviembre de 1985, firmado por el general Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, que decía que él había sido capturado en un allanamiento en Zipaquirá.
Magalis María Arévalo Mejía era auxiliar de servicios generales en el Palacio de Justicia donde servía los tintos. Estuvo como rehén en el baño del tercer piso, logró salir y fue llevada a la Casa del Florero. Cuando creía que lo peor había pasado, Arévalo fue una de las personas que los militares al mando del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y el temido B2 calificaron como de “sospechosas”.
“La verdad con 15 guerrilleros en el mismo sitio no me sentí tan maltratada como cuando llegué a la Casa del Florero. Se me acercó el director de la Policía de ese entonces, creo que se llamaba Mallarino, y me dijo: ‘¿Conque guerrillera, no?’. Yo le contesté: 'No, soy auxiliar de servicios generales’. Me hicieron subir al segundo piso, me pusieron a leer algo allí y pasaba gente para ver si ellos podían decir si yo era guerrillera. De pronto dijeron que yo era guerrillera porque yo les ayudaba (en el baño) a pasar las bolsas como de suero y por el hecho de haberle hecho el torniquete (a una persona)”, relató. A Arévalo la salvó la ascensorista del Palacio que la reconoció e impidió que se la llevaran.
Aristóbulo Rozo era el conductor del magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia José Eduardo Gnecco Correa. Estuvo escondido en un cuarto para conductores que había en el sótano hasta el 7 de noviembre. En un momento el suboficial de la policía Víctor Céspedes le ordenó salir con las manos en alto. Estaba deshidratado y fue llevado con ayuda a la Casa del Florero. Lo iban a dejar ir para su casa, pero un coronel ordenó su traslado al Cantón Norte para recibir primeros auxilios. Pero esto no pasó.
“Nos bajaron del jeep y nos acostaron boca abajo en el pavimento. Eso fue más o menos a las 12:30 o una de la tarde, y empezaron a preguntarnos con qué nos habíamos pintado. El problema de nosotros fue que salimos totalmente negros, porque quemaron unos carros que estaban para estrenar para los magistrados y ese humo se nos entró por debajo de la puerta del cuarto donde estábamos y se nos pegó así en el cuero, quedamos totalmente negros”, relató a la Fiscalía.
“Nosotros teníamos nuestros carnés y se los mostramos, pero para ellos era como si nada. Ahí nos decían que dijéramos qué tipos de armas teníamos y cuántos guerrilleros había en la toma del Palacio de Justicia. Nosotros decíamos que no éramos guerrilleros y nos pegaban con los cañones de los fusiles por todo el cuerpo, nos chuzaban con los cañones de los fusiles, nos pusieron a dar botes. Nosotros estábamos en vestidos de paño y con corbata, los que nos hacían eso eran soldados”, agregó Rozo, quien luego pudo salir del lugar.
Orlando Quijano era abogado y un visitante ocasional del Palacio de Justicia. Estuvo escondido debajo de un escritorio hasta el final del ataque cuando un grupo de soldados evacuó a todas las personas que estaban en el primer piso con las manos en alto y se los llevaron a la Casa del Florero. Aunque entregó sus documentos, no le creyeron y los tacharon de falsos. Lo llevaron al segundo piso con seis personas más, entre quienes reconoció a un empleado de la Sala Penal que también se llamaba Orlando.
Allí estuvo con las manos en la cabeza, sin que pudiera voltearse ni moverse, sin comida. “Cuando terminó todo el drama nos llevaron a la Brigada, a Usaquén. Hicieron varios interrogatorios. Ahí me parece que duré un día o día y medio en un cuarto oscuro. Después me trasladaron a la Caracas con sexta y ahí estuve como medio día o un día, ahí quedaba la Sijín y llegó un oficial y me dijo: ‘váyase, usted no tuvo nada que ver en este asunto’ y me soltó”.
Orlando Arrechea Ocoro era secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y junto a su tocayo fue llevado a la Casa del Florero. Su nombre, no obstante, nunca figuró en las listas de las personas que ingresaron al lugar. Lo tildaron de guerrillero por ser moreno y del Cauca
“Me dijeron que quedaba retenido que porque era del Cauca. Me sindicaron de guerrillero. Me decían que ya tenían a mi familia ubicada, mis hermanos, mi papá, mi mamá, que colaborara. Yo decía que yo no debía nada”. Lo pusieron contra la pared, le pegaban patadas y trompadas. En un momento lo bajaron al primer piso de la Casa del Florero y desde ahí escuchó disparos en la segunda planta. Se los llevaron a las caballerizas del Cantón Norte en donde siguió recibiendo el mismo maltratato y luego, ya en la estación de la sexta, fue liberado.
Su pareja declaró en 2016 a la Fiscalía que Arrechea llegó a la casa con moretones en los antebrazos, las piernas y la espalda.
Saúl Antonio Arce era visitante del Palacio de Justicia. Logró salir del edificio el mismo 6 de noviembre hacia la Casa del Florero en donde un oficial del Ejército le quitó sus documentos. Tenía una herida en un dedo que sangraba y, según su relato, otras personas que estaban en la Casa del Florero lo tildaron de guerrillero porque supuestamente lo habían visto disparar. Estuvo cerca de cinco horas de pie con las manos en el muro sin poder moverse ni ir al baño. Al día siguiente lo subieron a un carro junto a Orlando Quijano y otras personas hacia el Cantón Norte. En las caballerizas fue interrogado y en la estación de la Sijín de la sexta estuvo hasta el 9 de noviembre sin recibir alimentos.
Jaime Buitrago era el conductor particular del hijo del consejero de Estado Jaime Valencia Arango. En la Casa del Florero fue encañonado por soldados con fusil que le decían guerrillero. Allí le enseñaron álbumes y le pidieron que reconociera si dentro de esos había alguno de los asaltantes del palacio. Él reconoció a Andrés Almarales, quien fue uno de los comandantes de la toma. A Buitrago lo esposaron, lo llevaron con capucha a unas caballerizas.
Según su relato, lo hicieron desnudar, lo obligaron a ponerse de cuclillas y le pegaban en sus genitales con un objeto de madera. También le dieron patadas y lo insultaban; “Guerrillero la vas a pagar toda”, recordó Buitrago en su declaración a la Fiscalía. Luego lo devolvieron a la Casa del Florero, lo dejaron libre y le dijeron que no podía contar lo que había sufrido.
Los casos de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson
Muchas víctimas pasaron por la Casa del Florero. Se sabe, por otros expedientes en los que ya hay condenas, que Irma Franco, integrante del M-19 fue trasladada a una sede militar y desaparecida. Este expediente también incluye el caso de María Mercedes Ayala, quien también era de servicios generales y fue llevada a la Casa del Florero calificándola de guerrillera, así como los casos de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson que han sido los más conocidos en la opinión pública en estos 40 años.
Santodomingo y Matson eran estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia y llegaron al palacio el 6 de noviembre para presentar un examen con el profesor Rafael Urrego, que era conjuez de la Corte. Ambos fueron rescatados por agentes de la fuerza pública vestidos de negro. Uno de ellos le jaló el pelo, le apuntó con un arma y antes de llevarla a la Casa del Florero le dijeron: “Corre hijueputa, corre para dispararte”.
En el segundo piso de ese museo, fue golpeada, interrogada, calificada de guerrillera. Le vendaron los ojos, la golpearon, la insultaron, le quitaron sus documentos y la trasladaron a la Dijín para hacerle una prueba que busca residuos de pólvora, para saber si una persona disparó. La prueba fue negativa. Vendada y esposada se la llevaron al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano en donde la amenazaron con cortarle el pelo. Estuvo descalza. Sufrió heridas en sus pies. Según el relato dado a la Fiscalía, Santodomingo fue amenazada con ser lanzada a una quebrada.
La tortura no paró ahí: fue esposada a una cama e interrogada insistentemente por las tropas. Su compañero de estudios sufrió algo similar: fue insultado y golpeado con la culata de un fusil. En el segundo piso lo pusieron de cuclillas, le pegaron, lo agarraban del pelo, lo tildaban de guerrillero. Intentó identificarse con sus documentos pero los militares no escuchaban, sino que lo hacían caminar hacia una pared, arrodillarse con las manos en la nunca, mientras era interrogado y golpeado.
Matson declaró que lograba escuchar a Santodomingo gritar y pedir que no le pegaran en el cuarto contiguo. Los trasladaron juntos. Su prueba de pólvora también salió negativa. En el Charry Solano, Matson fue obligado a cargar un madero y pensó que lo iban a arrojar al vacío. Finalmente, al mencionar que tenía parentesco con personalidades de la costa Atlántica, un coronel de apellido Pinzón le informó que los iba a dejar ir y les “pidió” que “entendieran” que todo fue un procedimiento militar.
Ambos fueron llevados en un carro particular a sus casas y ninguno de los dos fue registrado en las listas de sobrevivientes al ataque que reportó la fuerza pública.
Los implicados
Por estas torturas, como reveló CAMBIO, fueron acusados el entonces comandante del COICI, general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien ya está condenado por la desaparición de Irma Franco. Según la Fiscalía, los uniformados bajo su mando actuaron por sus órdenes.
También fue acusado el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante del B2 del Ejército, quien a pesar de tener una orden de captura vigente, no ha sido detenido. Según la Fiscalía, Sánchez “tuvo conocimiento de todas y cada una de las personas que ingresaban a la Casa del Florero, incluidos quienes fueron catalogados de ‘sospechosos’”.
La acusación dice que fue Sánchez quien ordenó el traslado de algunas de las víctimas a diferentes unidades militares para someterlos a interrogatorios. “Era quien tomaba las decisiones e impartía las órdenes, con conocimiento de las agresiones físicas y verbales, de los tratos inhumanos a los que fueron sometidas las víctimas”, dijo la Fiscalía.
Los otros procesados, prófugos también de la justicia por estar condenados por el caso de Irma Franco, son Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña y Luis Fernando Nieto Velandia. La acusación incluye a Antonio Rubay Jiménez Gómez, quien fue capturado en 2024, al exmilitar Gustavo Arévalo Moreno y al sargento (r) del Ejército Bernardo Alfonso Garzón.
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