“El procedimiento de la papeleta, como lo plantea Montealegre, no es viable jurídicamente”: procurador Gregorio Eljach

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, pasa revista a los temas más sensibles de la actualidad nacional: la idea de convocar a una constituyente, el pulso entre el Congreso y el presidente Petro, y las sonoras reacciones del jefe del Estado, que para él corresponden “a su estilo, basado en su convicción”, pero que hasta ahora no significan que “haya roto la institucionalidad”.

CAMBIO: Procurador, el país vive tiempos de gran agitación política. La última controversia gira en torno al anuncio del presidente Petro de poner una papeleta en las próximas elecciones para abrirle camino a una constituyente. ¿A usted cómo le parece esa idea?

Gregorio Eljach Pacheco: Cualquier funcionario público —y el presidente de la República lo es— tiene derecho a hacer propuestas. Eso es legítimo. El punto es que si se pretende que esas propuestas se conviertan en realidad, deben hacerse dentro del marco de la ley y la Constitución. Hay un principio jurídico valioso que reza que a los funcionarios públicos solo nos está permitido hacer lo que nos permite la ley.

CAMBIO: El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha dicho que la propuesta se enmarca en nuestro ordenamiento jurídico…

G. E. P.: El procedimiento de la papeleta, tal como lo plantea el ministro, no es viable jurídicamente. Los temas trascendentales del Estado, como la reforma a la Constitución, deben abordarse con responsabilidad y fundamento jurídico.

CAMBIO: ¿Usted, sin embargo, cree que es posible convocar una constituyente sin el paso previo del Congreso?

G. E. P.: No todo el mundo tiene que ser constitucionalista, pero quienes pretendan reformar la Constitución sí deben conocerla. La Constituyente de 1991 estableció con absoluto rigor los únicos tres caminos para reformar la Constitución (acto legislativo, asamblea constituyente y referendo), y todos ellos deben pasar previamente por el Congreso de la República. No puede haber reforma constitucional sin la participación previa del Congreso.

CAMBIO: Usted ha dicho: “no es con papeletas, tampoco con pataletas”. ¿Qué significa esta frase?

G. E. P.: Esa frase tiene una historia: estaba en el aeropuerto y un ciudadano bien informado, que me había escuchado hablar del sinsentido de esa propuesta, se me acercó y me dijo: “Procurador, ni papeleta ni pataleta. Es la Constitución”. He venido diciendo estos días, a propósito de estas turbulencias que, como dicen los pilotos, no ponen en riesgo la seguridad del vuelo, que en Colombia estamos en la hora de las instituciones, no de las personas.

CAMBIO: A propósito de elecciones, hay mucho ruido respecto a estas. Incluso hay quienes dicen que no se van a realizar. ¿Usted qué cree?

G. E. P.: En 2026 habrá elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República y a la persona que dirigirá los destinos de la nación. Tenemos unas instituciones fuertes que están muy por encima de especulaciones, caprichos o devaneos.

CAMBIO: ¿Los colombianos podremos votar libremente?

G. E. P.: Claro que sí. He creado la Delegada de la Procuraduría para los Asuntos Electorales, una instancia que por primera vez estará presente en todo el territorio colombiano, con el procurador general a la cabeza, procurando que haya el clima necesario para unas elecciones transparentes y libres. En esta tarea estamos trabajando con el señor registrador nacional del Estado Civil y el señor contralor general de la República. Vamos a estar vigilantes de la contratación pública y de la conducta de los funcionarios, para que el país tenga tranquilidad.

CAMBIO: En línea con este tema, usted propone un “proceso de paz electoral en Colombia”. ¿En qué consiste?

G. E. P.: Lo que vengo diciéndoles a todos los colombianos es que nos comprometamos con la paz electoral. Este debe ser un compromiso de los funcionarios del Estado, ¡todos!, de los políticos, empresarios, académicos, líderes espirituales y de la sociedad en general. También los medios de comunicación pueden contribuir mucho a ello. La paz electoral debe ser el escenario en el que los colombianos elijamos en 2026 a los representantes del Estado, en plena libertad y respetando las diferencias.

CAMBIO: ¿Pero cómo?

G. E. P.: El llamado es que cada quien, desde su posición, proteja el derecho a elegir y ser elegido, comenzando por desescalar el lenguaje y las actitudes.

CAMBIO: Usted estuvo durante muchos años en el Congreso. Ahora, desde la distancia, ¿cómo ve el pulso entre el presidente Petro y el Congreso?

G. E. P.: Eso lo que demuestra es que las instituciones están activas, funcionando. La Constitución ordena el trabajo armónico entre todos los poderes del sector público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos de control), pero también desde su propia autonomía e independencia. Creo que es sano para la democracia que cada uno exponga sus razones y argumentos. En últimas, siempre habrá un árbitro: la justicia.

CAMBIO: ¿Para usted ese árbitro está cumpliendo su función?

G. E. P.: Estamos viendo cómo la justicia ha venido actuando, dentro del debido proceso, para resolver esas diferencias. Alguien podría interpretar que se están poniendo a prueba las instituciones, la independencia de los poderes, la colaboración armónica, los pesos y contrapesos, y lo que veo es que están funcionando. Y la Procuraduría General de la Nación, que tiene entre sus responsabilidades hacer cumplir la ley y la Constitución, está vigilante.

CAMBIO: A propósito del Congreso, su presidente, el senador Efraín Cepeda, está firmando leyes que el presidente objetó. ¿Es eso legal?

G. E. P.: Es un mecanismo establecido por la Constitución y la Ley Quinta de 1992. Se aplica cuando al presidente de la República se le vencen los términos para sancionar los proyectos de ley. No es común, pero está previsto.

CAMBIO: Pero es atípico…

G. E. P.: Como le acabo de decir: todos los poderes están haciendo lo suyo. Las instituciones están a salvo.

CAMBIO: En esta misma línea, ¿usted cree que en Colombia hay un bloqueo institucional, como lo ha dicho el presidente Petro?

G. E. P.: No creo que haya bloqueo institucional. El Congreso ha aprobado leyes, ha cambiado otras y ha rechazado algunas. Incluso acabamos de ver cómo la reforma laboral, que había sido negada por una comisión, tuvo una salida institucional a través de otra comisión y finalmente fue aprobada por el Senado en pleno, con una gran mayoría, y sancionada por el presidente.

CAMBIO: ¿Entonces?

G. E. P.: No se debe confundir bloqueo institucional con el legítimo derecho a la oposición. A los autores de los proyectos les incumbe asegurar las mayorías para aprobarlos.

CAMBIO: Desde la oposición también se critica fuertemente al presidente y se le señala de tomar una deriva autoritaria. Sin embargo, recientemente usted dijo que el presidente Petro “no ha roto la institucionalidad”. ¿Por qué?

G. E. P.: Yo no creo que el presidente haya roto la institucionalidad. Como he dicho, él defiende sus posturas a su estilo, basado en su convicción, pero eso no significa que haya roto la institucionalidad. Y reitero: la existencia de instituciones fuertes no permitirá que ninguno de los poderes lo haga. Gozamos de una institucionalidad que cuenta con instrumentos muy sólidos y activos de control entre las ramas del poder.

CAMBIO: ¿Por ejemplo?

G. E. P.: El presidente, por ejemplo, expidió un decreto para convocar a una consulta popular, y el Consejo de Estado suspendió su vigencia. La Corte Constitucional también abocó su estudio y, finalmente, el presidente lo derogó. Así funcionan las instituciones. La institucionalidad de Colombia tiene la cura para cualquier circunstancia de ese tipo, venga de donde venga.

CAMBIO: Hay una polémica enorme por la decisión del presidente Petro de subir a varios jefes de bandas criminales a una tarima en Medellín. Se ha dicho incluso que pasamos del “decretazo” al “tarimazo”. ¿Cómo vio usted esa situación?

G. E. P.: Dije, a través de una declaración, que es legítimo buscar la paz. Todos los gobiernos, durante más de cinco décadas, lo han intentado con resultados relativos. Este gobierno también lo está intentando. Pero debe hacerlo con sujeción a la ley y la Constitución, respetando a las víctimas y generando un clima de entendimiento.

CAMBIO: No todo vale...

G. E. P.: Hacer la paz puede ser uno de los retos más desafiantes para un líder público —muy loable—, pero también tiene sus formas. El Congreso expidió la Ley 2272 de 2022 de la Paz Total, que modificó la Ley 418 de Orden Público y ha permitido a varios gobiernos implementar acciones de paz. La ley fue revisada por la Corte Constitucional y está vigente.

CAMBIO: Se acaba de publicar el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el que se indica que Colombia es indiscutido líder mundial en cultivos de coca. ¿Por qué estamos en ese punto?

G. E. P.: El problema del narcotráfico es de alcance global. Involucra a productores y consumidores, y lamentablemente cada día hay más consumidores en todas las latitudes. También hay productos cada vez más letales. Colombia lleva décadas pagando el costo más alto de ese negocio criminal. El informe de la ONU reconoce que se ha incrementado el número de incautaciones en Colombia, pero, aun así, hay más cultivos y mayor productividad.

CAMBIO: ¿Cómo salir de esta tragedia?

G. E. P.: Una respuesta efectiva al problema de las drogas debe surgir de un esfuerzo global. Y claro, Colombia debe hacer más esfuerzos eficaces para que los cultivos no sigan aumentando, controlar de forma eficiente el territorio y combatir a las organizaciones criminales.

CAMBIO: En otro tema de actualidad, la Corte Constitucional tomó la decisión de revocar la intervención de la Supersalud sobre Sanitas. ¿Cómo le parece a usted este caso?

G. E. P.: La decisión de la Corte Constitucional de revocar la intervención que la Superintendencia de Salud hizo a la EPS Sanitas es una nueva muestra del buen funcionamiento institucional. La justicia ha actuado y hay que acatarla.

CAMBIO: ¿Qué lecciones deja este caso?

G. E. P.: Esta decisión de la Corte debe servir como una advertencia o llamado de atención para que las intervenciones que las superintendencias hagan a entidades particulares, si hay razones válidas, se realicen con estricto apego a la ley, cuidando esos activos y sin que tengan como propósito llevarlas a la liquidación.

CAMBIO: En este caso había muchas cosas en juego...

G. E. P.: Sí. Hay que recordar que en todo esto están en juego los derechos de los usuarios, en algunos casos sus vidas, y también el derecho de rango constitucional a la libre empresa, que hace parte del modelo de economía de mercado y garantiza la propiedad privada, la libertad de empresa y la libertad de inversión con responsabilidad social y ambiental.

CAMBIO: Siguiendo con el tema, ¿desde su condición de procurador, cómo está mirando la marcha del sector salud?

G. E. P.: Se evidencian serias dificultades y muchas críticas, tanto al modelo vigente desde 1994 como al ejercicio que el Ministerio de Salud viene desarrollando. La Procuraduría General de la Nación ha propiciado escenarios de diálogo para construir consensos que ojalá nos permitan dar buenas noticias pronto.

CAMBIO: El Congreso tiene en este caso la palabra…

G. E. P.: El Congreso de la República tiene la oportunidad de contribuir a una solución sana y duradera con el trámite del proyecto de ley sobre la reforma a la salud, en curso. Es desde la ley desde donde se resuelven los asuntos de fondo del sector, y creo que el Congreso estará a la altura de las circunstancias para hacer la ley más justa que atienda este sector tan vital para la gente.

CAMBIO: Finalmente, desde el punto de vista humano, ¿cómo lo afectó a usted el atentado contra Miguel Uribe Turbay, un senador con quien usted compartió espacio de trabajo en el Congreso?

G. E. P.: Conozco personalmente a Miguel Uribe. He trabajado junto a él en múltiples ocasiones. Es un líder joven, trabajador y muy destacado, con aspiraciones legítimas. El atentado contra su vida es repudiable, condenable, criminal. Sus autores deben pagar y creo que así será porque el Estado no se doblega.