El funcionario que quieren nombrar en un alto cargo del MinComercio a pesar de sus antecedentes disciplinarios y penales

Tras un mes de haber asumido oficialmente como ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, ya enfrenta una primera polémica por los cambios que planea hacer en su equipo directivo. Uno de los nombramientos que quiere hacer la funcionaria ha sorprendido dentro y fuera de la entidad. Se trata de Gerardo Porras Rueda, a quien busca designar como director de Regulación, pese a su historial disciplinario.

Aunque su nombre no es muy conocido en la esfera política, Porras tiene un largo y controvertido recorrido en el sector comercial y en la llamada infraestructura de calidad. Su paso por el Instituto Nacional de Metrología (INM), una unidad administrativa de carácter técnico dedicada a las investigaciones y adscrita precisamente a MinComercio, estuvo marcado por denuncias, investigaciones y sanciones de la Procuraduría General de la Nación.

CAMBIO conoció que funcionarios y exfuncionarios del INM, además de personas del sector industrial que conocen de cerca el trabajo de Gerardo Porras, han advertido al Ministerio sobre los graves riesgos de su eventual nombramiento. Aun así, el grupo de Talento Humano de MinComercio ya envió a Función Pública la solicitud para que se le apliquen las pruebas de meritocracia, paso previo a la publicación de su hoja de vida en el portal oficial de aspirantes a cargos públicos.

Investigaciones abiertas y millonarios cobros

Las preocupaciones no son nuevas ni menores. El primer paso de Porras por el INM se remonta a 2012, cuando fue subdirector de Metrología Física. Su salida en octubre de 2013 ocurrió en medio de varias denuncias internas por presuntas irregularidades que llevaron a la Procuraduría a abrir tres procesos disciplinarios en su contra. Uno de los señalamientos más graves es que habría retirado instrumentos de medición del instituto para utilizarlos con fines privados.

Estos procesos avanzaron y en 2017 derivaron en cobros coactivos por más de 160 millones de pesos. Aunque uno de los trámites prescribió en 2022, los otros dos siguen vigentes a la fecha, debido a que Porras no ha reintegrado el dinero reclamado por el INM como pérdida.

Un regreso polémico

Pese a este prontuario, Gerardo Porras volvió al INM en 2021, con la intención de asumir como director general. Las críticas del sector lo obligaron a desistir. Aun así, fue nombrado como subdirector de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano. Su regreso duro apenas un año, debido a denuncias por comportamientos similares a los del pasado.

En 2021, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía recibieron una nueva denuncia conocida por CAMBIO, la cual señalaba la existencia de un presunto “cartel de la contratación” al interior del Instituto. Según ese documento, Gerardo Porras habría liderado, junto con otros dos funcionarios, un esquema de corrupción en el que adjudicó contratos por más de 2.000 millones de pesos, cobrando hasta el 50 por ciento del valor a cambio de su firma.

El mismo documento revela que el director general de la época ordenó transferir más de 1.200 millones de pesos a la subdirección de Porras, en contra del criterio de varias áreas técnicas que advirtieron sobre el alto riesgo de pérdida de esos recursos. Incluso la Secretaría General se negó a respaldar el movimiento presupuestal.

Estas nuevas denuncias provocaron que la Procuraduría abriera otros tres procesos disciplinarios. Este medio pudo establecer que dos ya están en etapa de investigación formal y uno más en indagación preliminar.

“Es un nombre aterrador”: las nuevas alertas que inquietan al sector

Los cuestionamientos contra Gerardo Porras no solo hacen parte del pasado. A su salida forzada del Instituto Nacional de Metrología, en septiembre de 2022, según fuentes, para “sanear los asuntos de corrupción”, se suman hechos recientes que comprometen aún más su perfil. CAMBIO pudo establecer que, a pesar de los rumores de que sus procesos disciplinarios ya han sido cerrados, hoy existen sanciones vigentes y antecedentes que no han sido resueltos.

Además, este medio pudo conocer que el INM aún mantiene una demanda contra él por la millonaria deuda derivada de la pérdida de equipos institucionales. Porras Rueda figura como insolvente y no ha reintegrado el dinero. Su salida del instituto ocurrió luego de que le pidieran la renuncia antes de declarar su insubsistencia. Poco después, con la llegada de una nueva administración, la oficina de la Dirección General comenzó a recibir múltiples denuncias anónimas sobre su conducta.

En esos escritos, según fuentes, se le acusa de influir indebidamente en procesos contractuales, hechos que derivaron en una denuncia penal ante la Fiscalía. A día de hoy, ya existe una noticia criminal en su contra, lo que evidencia que sus antecedentes no son solo de índole disciplinaria, sino también penal.

“Los que estamos en el sector de calidad, todos conocemos los antecedentes de este señor. Nos aterra ese nombre”, dijo a CAMBIO una fuente que ha trabajado por años en temas de calidad y metrología. Incluso, desde el mismo ministerio, se han elevado advertencias, pues se considera que sus comportamientos no solo han sido reiterativos, sino que dejan una huella negativa para toda la institucionalidad.

Gerardo Porras tiene afinidad política con el Partido Liberal, pero el respaldo partidista no parece justificar su permanencia en cargos de dirección técnica. Hoy, el despacho de la ministra Morales ya conoce en detalle su historial. Por eso, más allá de la decisión que tome la funcionaria, hay voces dentro del INM que insisten en que es deber de los funcionarios poner en conocimiento todos estos antecedentes ante los órganos de control.

¿Quién responde?

El posible nombramiento de Porras Rueda ha generado rechazo dentro del propio ministerio y en sectores que dependen del buen funcionamiento del sistema nacional de calidad. Para muchos, representa un retroceso en la credibilidad de una cartera que ha insistido en la transparencia como uno de sus pilares.

La ministra Morales, quien llegó con el discurso de renovación y ética en la administración pública, deberá responder por qué insiste en promover a un funcionario cuestionado, con deudas pendientes y expedientes disciplinarios activos. Mientras tanto, crecen las voces que piden frenar este nombramiento antes de que se concrete.

CAMBIO le preguntó al ministerio por el tema pero al cierre de esta edición no ha habido respuesta. Entre tanto, el señor Gerardo Porras le dijo a este medio que su nombramiento aún es una posibilidad pero que no sabe qué va a pasar porque todo depende de la decisión que tome la ministra Morales.

Porras confirmó que en la actualidad existen dos procesos abiertos contra él en la Procuraduría que “son consecuencia de anónimos allegados sin pruebas y sin fundamentos pero que en procedimiento se deben desarrollar. El año pasado pedimos el archivo de ambos y estamos esperando la respuesta" aseguró.