‘Fact-checking’ de la crisis de la salud: ¿quién tiene la razón: Petro, la Contraloría o las EPS?

"Las EPS deben 100 billones de pesos a los prestadores del servicio de salud"

Veredicto: engañoso

Una de las primeras cifras que dio el presidente Gustavo Petro durante su alocución sobre la crisis del sector salud fue que las EPS deben 100 billones de pesos a los prestadores del servicio, es decir, clínicas, hospitales y otros actores del sistema.

Inicialmente, el mandatario presentó un dato tomado del más reciente informe de la Contraloría General de la República, que establece la deuda en 32,9 billones de pesos. Sin embargo, luego afirmó que esta cifra no refleja la realidad, porque debe “indexarse” a valores actuales, lo que, según él, elevaría la deuda ya que dicho pasivo existiría desde 1995.

A pesar de eso, no existe evidencia técnica ni respaldo oficial que justifique esa cifra. La Contraloría no ha emitido una corrección ni proyección que lleve la deuda a ese nivel. Además, la estimación de 32,9 billones ya considera pasivos acumulados de años atrás y reportados por las EPS.

Desde el gremio de las EPS, Acemi aclara que tanto los pasivos como los activos se calculan a precios de mercado, lo que permite valorar las obligaciones en tiempo real. Pero este ajuste no implica que la deuda supere los 100 billones de pesos, ni que se pueda generalizar un único cálculo para todas las EPS.

Entre tanto, el experto en salud Johnattan García-Ruiz le explicó a CAMBIO que la mayoría de los recursos adeudados corresponden a plata corriente, que se cobra en 60 días, por lo que no es válido aplicar un mismo modelo de indexación a todas las EPS. “Es un ejercicio sacado del sombrero. Son cuentas alegres para posicionar una cifra dentro del discurso que genere reacciones. 100 billones suena a catastrófico”, asegura.

“Es un ejercicio sacado del sombrero. Son cuentas alegres para posicionar una cifra dentro del discurso que genere reacciones. 100 billones suena a catastrófico”

Además, García-Ruiz precisa que si bien es posible hacer ejercicios de actualización de deuda a precios actuales, los prestadores liquidan cuentas con base en valores nominales, es decir, lo registrado en libros. Solo en casos específicos podrían solicitarse ajustes por tiempo o intereses, pero no se puede generalizar ese comportamiento, ni meter a todas las empresas en la misma canasta.

Entonces, ¿de dónde salen los 32 billones de pesos de los que habla la Contraloría? Según las cifras que las EPS le reportaron a ese ente de control, la deuda reconocida y liquidada en 2024 es de 13,9 billones de pesos, lo que representa la operación de unos 50 días del sistema. A esto se suman otros 9,8 billones de obligaciones potenciales aún no facturadas ni formalmente reconocidas porque aunque son servicios que se prestaron, no han sido cobrados por parte de las IPS.

Eso da un total de 24 billones de pesos a los que se les debe sumar los pasivos de la Nueva EPS los cuales estarían alrededor de 9,2 billones de pesos. Sin embargo, ese registro no está auditado ni aprobado porque esa compañía no ha presentado sus estados financieros de las vigencias 2023 y 2024..

En conclusión, aunque es cierto que las deudas del sistema son altas y preocupantes, afirmar que ascienden a 100 billones sin sustento técnico puede ser una exageración que, para los expertos, distorsiona el análisis de la crisis.

“Las deudas de las EPS intervenidas disminuyeron en 2024”

Veredicto: incompleto

Durante su presentación sobre la crisis del sistema de salud, el presidente Gustavo Petro aseguró que las deudas de las EPS intervenidas disminuyeron en 2024. La afirmación se basó en un análisis del Ministerio de Salud que muestra que cinco EPS bajo medida de intervención registraron una reducción del 14,4 por ciento en sus pasivos y pasaron de deber 12,5 billones en 2023 a 10,7 billones de pesos en 2024.

Las entidades incluidas en este cálculo fueron Famisanar, Sanitas, Asmet Salud, Emssanar y SOS Salud. Sin embargo, este análisis ha sido cuestionado porque en esa cuenta dejó por fuera a varias EPS también intervenidas por el Gobierno, especialmente a la Nueva EPS, que es la más grande del país.

De hecho, según otro cuadro mostrado por el presidente, la deuda de Nueva EPS aumentó en 2,5 billones de pesos durante el mismo periodo. Si se incluye esta cifra en el balance, ya no se trataría de una disminución sino de un incremento de 700.000 millones de pesos.

Además, tres EPS intervenidas no fueron consideradas en la presentación oficial: Coosalud, con una deuda de 2,5 billones de pesos, Savia Salud, con 1,2 billones y Capresoca, con más de 300.000 millones de pesos, según cifras de la Contraloría.

Dejar por fuera a esas compañías puede representar una omisión de al menos 4 billones de pesos en el análisis. La razón oficial dada por el Gobierno es que estas tres intervenciones ocurrieron al cierre de la vigencia, por lo que, según el Ministerio de Salud, no hacen parte del corte evaluado por la actual administración.

El experto Jonathan García-Ruiz coincide parcialmente con esta explicación, al señalar que no se puede responsabilizar al nuevo equipo interventor por deudas acumuladas antes de su llegada, pero enfatiza que la presentación gubernamental no aclara estos criterios metodológicos.

Otro punto crítico es que el informe de la Contraloría no presenta comparativos de deuda entre 2023 y 2024 por lo que las cifras entregadas ayer por el presidente no se sabe de dónde salieron, ni cuál fue la fuente de los datos del año anterior.

En conclusión, aunque algunas EPS intervenidas sí han reducido su nivel de deuda, la afirmación de una disminución generalizada es incompleta.

“Las intervenciones han sido favorables para las EPS”

Veredicto: parcialmente verdadero

El presidente Gustavo Petro calificó como una proeza de su gobierno disminuir las deudas de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud que mostró en los cuadros. Según el mandatario, esta reducción es una prueba de que las intervenciones han sido beneficiosas tanto para las entidades como para los usuarios del sistema.

Sin embargo, el experto consultado por CAMBIO advierte que la disminución de pasivos financieros no es, por sí sola, un indicador suficiente para evaluar el éxito de una intervención. Jonathan García-Ruiz explicó que el criterio más relevante para medir si una EPS intervenida ha mejorado es la evolución en el número de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de los usuarios.

“Si la atención sigue siendo deficiente, si no se entregan medicamentos o no se autorizan procedimientos, entonces no se está cumpliendo el objetivo principal de una intervención: corregir fallas estructurales y mejorar la calidad del servicio”, señaló García-Ruiz.

CAMBIO revisó los datos más recientes de la Superintendencia Nacional de Salud, y estos muestran un panorama distinto al planteado por el presidente. En 2023, el 59,2 por ciento de las quejas y reclamos del sistema de salud fueron interpuestas contra EPS intervenidas. En cuanto al uso de tutelas -otro indicador clave de insatisfacción-, se registró un aumento del 35,3 por ciento entre 2023 y 2024, pasando de 129.000 a 175.000 acciones.

La principal causa de estas quejas es la falta de entrega de medicamentos, según reconoce la misma Superintendencia. Las cinco EPS con más reclamos por no entregar tratamientos médicos son: Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, EPS Sura y Coosalud. De esas, tres están actualmente intervenidas: Nueva EPS, Sanitas y Coosalud.

Eso quiere decir que aunque es cierto que algunas EPS intervenidas han logrado contener su deuda, no hay evidencia clara de que las intervenciones hayan mejorado de manera significativa la calidad del servicio para los usuarios, y en varios casos los indicadores de insatisfacción han empeorado.

“Las deudas de las EPS no intervenidas se incrementaron exageradamente en 2024”

Veredicto: verdadero

Uno de los puntos en los que coinciden tanto las EPS como los expertos en salud es que las deudas del sistema han crecido de forma acelerada en los últimos años, especialmente en las entidades no intervenidas por el Gobierno.

Según las EPS, esta situación se debe a que los recursos asignados por el Estado no son suficientes para cubrir la atención de los afiliados, lo que las ha llevado a operar con déficit y acumular obligaciones impagadas. En particular, han insistido en que el Gobierno ajuste la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tal como lo ordenó la Corte Constitucional, para compensar los mayores costos de atención.

Uno de los indicadores que mejor refleja esta presión financiera es el índice de siniestralidad, que compara el gasto con los ingresos de las EPS. Según el exministro de Salud Alejandro Gaviria, este indicador solía estar entre el 94 y 98 por ciento, ya entonces considerado insostenible. Hoy, supera el 100 por ciento, lo que significa que por cada 100 pesos que recibe una EPS por afiliado, está gastando entre 104 y hasta 110 pesos.

En palabras simples: las EPS están usando parte de los ingresos actuales para saldar deudas anteriores, otra parte para prestar servicios hoy, y al mismo tiempo siguen acumulando deuda futura, un ciclo que ha hecho crecer los pasivos financieros de manera desbordada.

Para algunos expertos, esta situación pone en evidencia que el sistema es hoy estructuralmente inviable. Incluso si se inyectan nuevos recursos, sin un rediseño profundo la deuda seguirá creciendo. Como lo resumió un analista consultado: “el sistema pereció; así se le inyecten recursos, nada va a servir si no se cambia el modelo”.

“El Gobierno aumentó un 40 por ciento los recursos para el aseguramiento en salud en 2024”

Veredicto: verdadero, pero induce al error

En su presentación, el presidente Gustavo Petro destacó que los recursos girados al sistema de salud pasaron de 44 billones de pesos en 2019 a 83 billones de pesos en 2024, lo que representa un aumento del 40 por ciento en la inversión en aseguramiento en salud, tanto para el régimen contributivo como el subsidiado.

Aunque la cifra es real, los expertos consultados advierten que la interpretación puede inducir a error, ya que no representa un crecimiento extraordinario sino una evolución lógica del gasto público en salud.

“Es normal que cada año el gasto en salud crezca. No se puede presentar como un logro excepcional el hecho de que el Estado invierta más, porque eso responde al aumento de población, inflación médica, mayores necesidades y fallos judiciales que obligan a garantizar más servicios”, explicó un analista financiero del sector.

El presidente dice que su gobierno ha sido el que más recursos le ha dado al sistema de salud en la historia.

Pues obvio, cada año suben los precios y el Estado cada año tiene un mayor presupuesto. Lo que han girado es lo que toca y el gobierno que siga va a girar más que este. pic.twitter.com/ew4iK7BwS7

— Johnattan García-Ruiz (@GarciaRuizJo) July 16, 2025

“La EPS más mal manejada es la Nueva EPS”

Veredicto: imposible de verificar

La Nueva EPS es, en efecto, la más grande del país y sí cuenta con una participación mixta: el 49 por ciento es del Gobierno y el 51 por ciento de capital privado, principalmente de cajas de compensación como Cafam, Colsubsidio y Compensar.

El presidente Petro afirmó que es también la peor manejada, pero no hay forma de comprobarlo con datos recientes, ya que la EPS no ha entregado sus estados financieros de 2023 y 2024. Lo único claro es que, según cifras de la Supersalud, al cierre de 2022 ya acumulaba más de 5 billones de pesos en deudas.

Sin información financiera actual y sin comparación con otras EPS, no es posible afirmar con evidencia que sea la peor administrada.

“El Gobierno de Gustavo Petro no intervino Famisanar”

Veredicto: falso

El presidente Petro dijo que su administración no intervino a Famisanar, lo cual es incorrecto. De hecho, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de Famisanar el 15 de septiembre de 2023, es decir, durante el gobierno de Petro

“Hay una diferencia de 2,7 billones de pesos reportados como girados, pero no como recibidos por las EPS”

Veredicto: no verificable

En su presentación, el presidente Gustavo Petro informó que, según los datos más recientes entregados por la Adres, el año pasado se le giraron a todas las EPS (intervenidas y no) un total de 87,8 billones de pesos. Sin embargo, según los estados financieros de esas empresas que le fueron entregados a la Contraloría, los ingresos del año pasado fueron de 85 billones. Por esa razón, el mandatario se preguntó ¿dónde están los 2,7 billones de pesos faltantes?.

Esa respuesta por ahora no la tienen las EPS ya que solo es posible contrastar esta afirmación si existe información financiera de todas las empresas promotoras de salud que hacen parte del sistema. Como no se conocen los estados de la Nueva EPS desde 2023, y esa empresa afilia a cerca del 26 por ciento de la población y administra más de 24 billones de pesos, no se puede conocer el estado y el balance total del sistema de salud.

Eso sí, los expertos consultados coinciden en que si hay un faltante las EPS deben explicar a la Contraloría dónde están esos dineros en caso de que sí los haya recibido. Cabe recordar que esas empresas tienen derecho a gastarse entre un 8 y un 10 por ciento de lo que reciben en temas administrativos dependiendo del régimen. No obstante, el gremio siempre ha dicho que hasta ese nivel no llegan ya que la mayor cantidad de la plata la destinan a atención y aún así no alcanza para no seguir acumulando deuda.

Más allá del cruce de cifras, los expertos, gremios y hasta el Gobierno coindicen en que el sistema de salud colombiano atraviesa un momento crítico. Por esa razón, lo urgente es garantizar que los pacientes no sean los que terminen pagando las consecuencias.