
“Sería una herejía jurídica”: abogado del expresidente Álvaro Uribe sobre el escenario de una posible condena
Jaime Granados, líder del equipo defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dialogó con CAMBIO en el preámbulo del sentido de fallo que anunciará la jueza Sandra Heredia sobre el caso de presunta manipulación de testigos y soborno por el que fue acusado el exmandatario. Además, criticó al Gobierno por una presunta injerencia en el caso con el proyecto de sometimiento.
Por: Ana María Cuesta
Jaime Granados, líder del equipo defensor del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez en el juicio que afrontó por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, conversó con CAMBIO sobre los escenarios posibles luego del veredicto que anunciará este lunes 28 de julio la jueza 44 penal del circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia.
El penalista se refirió a las acciones que adoptarán, sea cual sea el fallo, a las garantías del exmandatario, y a las presuntas presiones ejercidas en este proceso que culminó en un 50/50, con la Procuraduría y la defensa pidiendo la absolución del expresidente, y la Fiscalía y las víctimas pidiendo su condena.
“Con todo respeto a la señora juez, estamos expectantes de conocer su sentido del fallo y cualquiera que él sea lo vamos a respetar y, si llegase a ser contrario a nuestros intereses jurídicos y a lo que creemos que quedó plenamente probado, lo vamos a controvertir (...) al final la última palabra no la tiene ella. La última palabra la va a tener mínimo el Tribunal Superior de Bogotá y probablemente la Corte Suprema de Justicia. Así que, sin demeritar la importancia de la decisión del día de hoy, que sin duda la tiene, todavía hay mucho trecho por recorrer”, señaló el penalista.

CAMBIO: ¿El expresidente Uribe tuvo plenas garantías en este proceso? ¿Han ejercido presiones en su contra?
JAIME GRANADOS: Este es un caso que podríamos dividirlo en un antes y un después. El antes es antes del juicio, de cuando se hizo la práctica de las pruebas y los alegatos. Y antes del juicio evidentemente existieron muchas circunstancias de violación de garantías del expresidente y exsenador Uribe Vélez que en su momento fueron puestas en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales. Solo para citar tres ejemplos de un listado muy largo. El proceso se inició de manera secreta, escondido, se le negó información al Álvaro Uribe Vélez de que existía, a pesar de que hubo tres solicitudes de información, no se le entregó dicha información. Y solo hasta el 24 de julio del año 2018, aunque se había iniciado el 22 de febrero, le fue informado. En segundo lugar, fue interceptado su teléfono celular de manera indebida, inapropiada, sin motivo fundado, sin orden judicial válida, haciendo ver que fue un error cuando realmente fue deliberado y además interceptaron sus comunicaciones privilegiadas con su abogado investigador Diego Cadena.
Y por último, hubo una serie de situaciones en donde se trató de afectar la capacidad de la defensa de preparar su caso. Gracias a Dios, la actuación de los tribunales y de la Corte Suprema, mediante acciones de tutela y también recursos de apelación, permitieron que al final, cuando llegamos al juicio, se pudiera desarrollar en debida forma con una práctica probatoria razonable, en un tiempo bastante ágil, con una actuación de la juez, que debo decir fue comedida -con un gran ejercicio de presidencia de ella- balanceada, y que permitió que la prueba se practicase. Lo que a juicio de la defensa se demostró es que la Fiscalía no probó su caso, no pudo desvirtuar la presión de inocencia y por el contrario, la defensa sí pudo probar que Álvaro Uribe Vélez es inocente.
CAMBIO: En las últimas horas usted hizo un señalamiento sobre una presunta injerencia por parte del presidente de la República Gustavo Petro y por parte del ministro de justicia Eduardo Montealegre, quien es una de las presuntas víctimas en este caso. ¿Por qué el proyecto de ley de sometimiento estaría beneficiando al considerado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve como usted lo afirmó?
J.G: No es ningún secreto la interferencia que ha tenido el actual presidente Gustavo Petro en este caso. Ha tenido varias intervenciones públicas, varios trinos en el pasado sobre el caso del hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, quien fue exonerado en diciembre del año pasado en el caso de Los 12 Apóstoles; y en el propio caso de Álvaro Uribe Vélez, la más reciente de la semana pasada, y que motivó una reacción airada del expresidente Uribe.
¿Y por qué lo señalamos de manera crítica? Porque cuando no se ha, todavía, anunciado el sentido del fallo, cualquier clase de interferencia de quien ostenta la primera magistratura de la Nación es indebida, es impermisible.
Pero además, si vemos que su ministro de Justicia es una alegada víctima y si observamos que el proyecto de ley que la semana pasada se radicó termina beneficiando a los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Pablo Hernán Sierra García, Carlos Enrique Vélez, todos ellos condenados a más de 40 años de prisión por sus horribles crímenes, y que no tendrían ninguna posibilidad de salir antes, porque no cualifican para la justicia y paz, ni para la JEP, ni para ningún programa de rebaja de penas. Solo con este proyecto sí terminarían ellos siendo excarcelados en caso que se apruebe como está presentado. Así que lo que se denominó como el llamado ‘Pacto de La Picota’ se estaría cumpliendo acá con el agravante, para nuestro caso, que coincide con que estos testigos, que se mostró que eran mentirosos, obtendrían esos beneficios promovidos por una supuesta víctima, Montealegre, como ministro de Justicia, y con un gobierno presidido por Gustavo Petro que ha sido un contradictor de Álvaro Uribe Vélez durante más de dos décadas y que recientemente dio las declaraciones ya conocidas en X.
En ese sentido es que la evidencia habla por sí sola, el proyecto de ley habla por sí solo, no es una interpretación acción sesgada mía como abogado y como defensor, sino de lo que dice el proyecto de ley. ¿Por qué la Corte Suprema reaccionó de manera tan negativa frente a ese proyecto de ley? ¿Fue por capricho? No. La corte en su sabiduría entendió que es totalmente inconveniente ese proyecto de ley, además de que probablemente sea inconstitucional. Ya veremos qué ocurre en el trámite en el Congreso, pero su presentación justo ahora es ciertamente inconveniente.
CAMBIO: Entendiendo que ustedes esperan un sentido de fallo absolutorio, ¿qué escenarios vendrían luego de esa eventual decisión, desde lo político y desde lo jurídico?
J.G: La señora juez tendrá la oportunidad hoy de pronunciarse como lo anunció y esperamos, como la prueba lo mostró, que sea absolutorio. Y en nuestro sistema jurídico la decisión absolutoria no produce efectos de cosa juzgada, sino es susceptible de un recurso de apelación. En otros sistemas jurídicos como el de Estados Unidos a nivel federal y de los estados de la Unión Americana, no es posible, por ejemplo, apelar una absolución, pero en nuestro sistema jurídico sí es posible. Así que estimamos que en el evento de una absolución, que es lo que creemos debería ocurrir, seguramente la Fiscalía que tiene el interés jurídico para apelarla o las alegadas víctimas lo apelarían, y los no interesados en esa apelación, es decir, Ministerio Público y Defensa, tendríamos la oportunidad de contestar dicha apelación como no recurrentes. ¿Eso qué significa? Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la sala que preside el magistrado Manuel Antonio Merchán, que es el que ha intervenido en este caso el mes pasado, tendrá que estudiar todo el juicio, las pruebas y los alegatos, y la decisión de la sentencia absolutoria que es lo que esperamos, para pronunciarse sobre si confirma o revoca ese pronunciamiento.
En caso de que confirme ese pronunciamiento, teóricamente, si esa confirmación se da antes del término prescriptivo el 16 de octubre, podría dar lugar a que el afectado, en este caso, Fiscalía y o alegadas víctimas puedan ir a la Corte Suprema de Justicia en un recurso extraordinario de casación. Y en ese caso se interrumpiría el término prescriptivo y tendría la Corte Suprema un plazo máximo de cinco años para pronunciarse. Desde ese punto de vista, aún en el evento que esperamos que ocurra una absolución, digamos, esta decisión no zanjaría el debate, sino que este es un tema que seguiría tomando un tiempo, tan corto como dos meses o tres meses, o tan largo como dos, tres o más años. Habrá que esperar qué ocurra.

CAMBIO: Y en el evento de que la jueza halle culpable al expresidente, como el determinador de una estructura que presionó a distintos paramilitares en las cárceles, para supuestamente buscar una retractación de Juan Guillermo Monsalve, y para enlodar lo que él ya había declarado y lo que también había dicho el exparamilitar del frente Cacique Pipintá de las AUC Pablo Hernán Sierra. Evidentemente ustedes recurrirían esta decisión, pero ¿qué otro escenario llegaría?
J.G: Pues si se llegare a una situación de sentido del fallo adverso y a una sentencia condenatoria, como consecuencia del mismo, que a nuestro juicio sería una verdadera herejía jurídica, un exabrupto, algo que no tiene ninguna coherencia con lo que se probó en el juicio, naturalmente ustedes entenderán que ejerceríamos el derecho que tenemos de apelar ese fallo para que pase lo mismo, que el Tribunal tenga la oportunidad, luego de conocer los argumentos nuestros y de nuestros contradictores y pueda desatar este tema en el tiempo que tiene para ello y si eventualmente se logra un pronunciamiento, ya sea confirmatorio de la decisión o, por el contrario, un fallo que termine revocando, seguramente tendría la última palabra la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que les he dicho que, cualquiera que sea el resultado de lo que pase hoy con esta decisión de la señora juez, al final la última palabra no la tiene ella. La última palabra la va a tener mínimo el Tribunal Superior de Bogotá, probablemente la Corte Suprema de Justicia. Así que sin demeritar la importancia de la decisión del día de hoy, que sin duda la tiene, todavía hay mucho trecho por recorrer.
CAMBIO: Y teniendo en cuenta que también la prescripción de la acción penal se daría el 16 de octubre. Vámonos a los escenarios políticos. Esta es una decisión que se da en un preámbulo electoral en Colombia y es un caso que ha enfrentado a dos dirigentes políticos de sectores opuestos. Ustedes han advertido que todo este proceso fue un complot para propiciar que el expresidente quede preso. ¿Quiénes están detrás de este complot? ¿Tienen probada alguna relación de amistad entre el senador Iván Cepeda y el considerado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve o en qué se basan para hablar de complot?
J.G.: Lo primero es que aquí todo el tiempo se habla del testigo estrella y yo siempre he dicho testigo estrella de qué. Y este señor es un mentiroso que, incluso, a pesar de sus mentiras probadas en el juicio reconoció bajo juramento que no conoce a Álvaro Uribe Vélez, que nunca ha tenido trato con él, que solo lo vio dos veces en eventos públicos. ¿Una persona que dice eso bajo juramento en el juicio es testigo de qué? Es que a la opinión pública no se le puede olvidar eso. Tan claro como se lo estoy diciendo y no hay nadie que pueda controvertirlo. Porque así fue en el juicio y lo vieron centenares de miles de personas. De otro lado, hay que decirlo, es claro que de La Picota, ya sea por Juan Guillermo Monsalve, o sea por Enrique Pardo Hasche, uno de los dos, y es más probable que haya sido Monsalve, empezó a enviar mensajes de que estaba arrepentido y que quería retractarse de las mentiras que había dicho. Eso lo dice no solo Pardo Hasche, según lo que pasó en el proceso, pero sobre todo, lo relataron varios testigos que así declararon el juicio, porque Pardo Hasche al final guardó silencio. Porque está siendo investigado por lo mismo.
No solamente eso, un testigo, amigo, confidente de él, Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, así lo manifestó y quedó grabado en una comunicación tenida el 19 de febrero del año 2018, de que él ya había escuchado ya previamente eso a Monsalve. Y hay que recordar que la relación de amistad entre este Caliche y Monsalve está más que probada porque el propio Monsalve reconoció, ojo con eso, bajo juramento, que Caliche le mandaba alimentos, que él le pedía que le enviara desde el Huila, que le gustaban asados y qué más, a una persona que públicamente ha dicho por años que tiene miedo que lo envenenen. ¿Ustedes se imaginan que alguien que teme que lo envenenen le va a aceptar alimentos a alguien que sea su enemigo o en quien no confíe? Es elemental que solo si le pedía que le mandara alimentos a alguien de quien cree él que va a ser envenenado, es porque confiaba plenamente en Caliche, o sea, que sí eran amigos. Entonces, teniendo en cuenta que coincide estas versiones de múltiples testigos de que él quería retractarse, es por ahí que se llega la información en dos fuentes distintas, desde Neiva y desde la propia Picota, a Álvaro Uribe Vélez.
Y él lo único que le pide, por un lado, en lo de Neiva, a quien le lleva la información que al final es el señor Álvaro Hernán Prada, en esa época representante a la Cámara, y en el tema de La Picota a través de Vicky Jaramillo, es que vaya su abogado investigador Diego Cadena a verificarlo. Y tan poco interés tenía Diego Cadena frente a este tema, no le parecía relevante, que él recibió información el 7 de enero del 2018 y solo fue a visitar a Monsalve el 21 de febrero. Es decir, se tomó mes y medio prácticamente para irlo a visitar. Existen -y en el juicio se trajo y es muy importante que la gente no se olvide de eso- todas las evidencias documentales de los chats donde Vicky Jaramillo le insistía a Cadena que fuera a La Picota y él no iba. Es un testigo más que no tiene importancia. Solo al final, el 22 de febrero, cuando logra hablar con Monsalve. Y Monsalve a su turno, consiguiendo grabarlo a él con un reloj espía introducido de manera ilegal a la cárcel, y con todo lo que pasó luego de manipulaciones de las grabaciones, etcétera.
Es decir, está claro, para sintetizarles, que aquí hubo toda una estratagema buscada de tratar de que alguien del entorno del doctor Álvaro Uribe Vélez, de su defensa, fuera a visitarlo para entramparlo. Como no logró hacerlo con el Dr. Jaime Lombana, como no logró hacerlo conmigo, finalmente lo consiguió con el Dr. Diego Cadena. Y por eso es que nosotros hemos dicho que es claro que aquí hay detrás un entrampamiento y lo probamos, que es lo más importante.
Ahora, ¿que detrás de esto está el senador Cepeda? Pues no es muy difícil de concluirlo, ¿por qué? ¿Quién ha sido el benefactor y protector de Monsalve en la cárcel todos estos años? ¿Quién le consiguió que no lo trasladaran a Valledupar? Probado, bajo juramento lo dijo el propio Cepeda y lo dijo Monsalve. ¿Acaso él no le consiguió que lo que lo trajeran a la casa fiscal? ¿Acaso él no le consiguió que le dieran ayudas económicas a su familia como lo dijo bajo juramento su padre y su hermano mayor? Es decir, hay muchas evidencias que se vieron en el juicio que muestran lo que estoy diciendo. En consecuencia, no es nada traído de los cabellos, no hay ninguna fantasía, sino es algo probado de que aquí hubo todo un complot que buscaba era, al final, afectar el buen nombre de Álvaro Uribe Vélez, que no es cualquiera. No es porque haya sido presidente dos veces, ganador en la primera vuelta, el presidente más popular de la historia, sino que era en el año 2018 el jefe de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y es en el 2025 el jefe de la oposición a Gustavo Petro. De eso no nos podemos olvidar.
CAMBIO: Juan Guillermo Monsalve advirtió durante el juicio que nunca conoció al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Esa es una discusión que no tiene mucho que ver con el caso de manipulación de testigos por el que la Fiscalía acusó al expresidente. Digamos que debatir sobre la veracidad de las declaraciones que él le dio al entonces representante Iván Cepeda en 2011 en la cárcel, no guarda tanta relación con este proceso…
J.G: Perdóname que te interrumpa, pero no puedo permitir, con todo respeto, que se sustente algo que no es cierto. ¿Por qué te lo digo con todo respeto y toda franqueza? Recordemos que el cargo de soborno es soborno de testigo en actuación penal. ¿Juan Guillermo Monsalve es testigo en la actuación de qué? De supuestamente que él es testigo de vínculos paramilitares de Álvaro Uribe Vélez con la conformación del Bloque Metro, ¿cierto? Si probamos que él no es testigo realmente de eso, porque no conoce a Álvaro Uribe Vélez, deja de existir el cargo de soborno de testigo en la actuación penal. Así que claro que es relevante.

CAMBIO: Pero en este juicio eso no se está debatiendo sobre la veracidad de esa declaración de 2011…
J.G.: Claro que sí. ¿Por qué nos dedicamos tanto tiempo en eso? Porque sí es materia ¿Por qué la juez lo permitió y el Tribunal? Porque sí hay materia. Es cierto que ese no es el juicio sobre Guacharaca, no es el juicio de la masacre de San Roque, no es el juicio sobre la muerte del gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Pero sí es cierto que se estaba viendo si realmente era o no testigo de actuación penal Juan Guillermo Monsalve y probamos que no lo es. Y eso era materia del juicio y por eso la juez lo permitió y el tribunal también. Es muy relevante. Y así estuvo en nuestros alegatos de cuatro días que ustedes pudieron ver. Esos fueron los temas centrales. Juan Guillermo Monsalve no es testigo de nada. Dicho, no por nosotros, dicho por la prueba, dicho por su padre, por su hermano, por infinidad de paramilitares que desfilaron. Y por él mismo que lo reconoció bajo juramento de que no le constaba nada, de que no conocía Álvaro Uribe Vélez. Así que este es un tema sustancial. Por eso te pido que ante la opinión pública quede eso claro de que sí es relevante este tema.
CAMBIO: ¿Se espera entonces que la jueza se pronuncie en el sentido de decir si el expresidente Álvaro Uribe tuvo nexos o no con el Bloque Metro de las Autodefensas, como señalaron Monsalve y alias ‘Cacique Pipintá’?
J.G: Lo que se espera es que ella determine si realmente era o no testigo Juan Guillermo Monsalve de un tema en la actuación penal. Es decir, si él realmente era un testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez. Eso tiene que pronunciarse porque es un aspecto central en nuestros alegatos. Claro, ella no está juzgando los alegados o supuestos vínculos de los hermanos Uribe Vélez en este tema. Eso es materia de otro proceso que además está en etapa de indagación preliminar porque nunca ha habido pruebas que sean otra cosa. Pero sí tiene que establecer si realmente este señor es testigo o no de algo. Así como por ejemplo, si Carlos Enrique Vélez es testigo o no de algo. ¿Por qué usted cree que nos preocupamos de mostrar de que él no era testigo sobre el tema del Bloque Metro porque nunca formó parte de él? Por esa misma razón.
CAMBIO: Este proceso también tiene hitos distintos a las visitas en la cárcel del abogado Diego Cadena con el testigo Juan Guillermo Monsalve. También están unas cartas que suscribieron exnarcotraficantes en Estados Unidos, unas cartas que Cadena recogió de la cárcel de Cómbita y otros hechos. Y también se ha dicho que hubo ofrecimientos económicos de Cadena y ustedes también han reconocido que hubo una especie de chantaje por parte de algunos paramilitares. ¿En qué se diferencian entonces los ofrecimientos económicos de Diego Cadena con estos testigos como Eurídice Cortés o alias Víctor y el ofrecimiento económico que ustedes también han expuesto en el juicio que se hizo desde una fundación relacionada con el senador Cepeda al testigo Juan Guillermo Monsalve?
J.G: Yo creo que lo primero es dejar claro que aquí en este proceso no se está juzgando a Iván Cepeda. Independiente de todas las diferencias de criterio que tenemos con él, en este proceso él no es el acusado. Que múltiples testigos lo señalen de que él los visitó, que él hizo sus ofrecimientos, que le pidió que declarara o que si sabían algo sobre Uribe Vélez, sí. Pero este no es su escenario de ser investigado porque él tiene un fuero ante la Corte Suprema y eso lo respetamos. Que hubo pagos de una ONG llamada Comité de Solidaridad con Presos Políticos a instancias de él, lo dicen ni más ni menos que el papá Óscar Monsalve y su hijo Óscar Monsalve Pineda. Pero aparte de eso, lo que hemos querido establecer es que los pagos que por ayuda humanitaria en una cuantía todavía no identificada -porque de eso no hubo nunca claridad- hubiese hecho el abogado Diego Cadena Ramírez en compañía del abogado de su equipo Juan José Salazar a Carlos Enrique Vélez alias Víctor y a Eurídice Cortés Velasco alias Diana no fueron pagos conocidos, ni aprobados, ni auspiciados, ni de ninguna manera instigados por Álvaro Uribe Vélez por la sencilla razón de que él se enteró de que eso ocurrió parcialmente en el tema de alias Víctor 11 meses después de que estos se hubieran dado. Se enteró el 19 de junio del 2019 porque se lo confesó el abogado Diego Cadena en presencia de Hernán David Márquez. Segundo, en el tema de los pagos hechos a Eurídice Cortés Velasco, unos nos enteramos y eso incluye a Álvaro Uribe, por los medios de comunicación.
Y finalmente, todos nos enteramos en el juicio cuando ella reconoció ante un contra interrogatorio de la Fiscalía que esta señora Eurídice Cortés Velasco había recibido dos millones de pesos en viáticos para trasladarse a Bogotá a una declaración de la Corte Suprema y que ella decidió quedarse con la plata y venirse en flota. Eso nos enteramos, incluido Uribe, en el juicio. Entonces, ¿cómo puede Álvaro Uribe Vélez ser determinador de lo que no conoció? No cabe hacer una determinación hacia lo desconocido y menos retroactiva. Por eso es que este tema no vincula a Uribe Vélez.
Además, independientemente de eso, a nuestro juicio, no siendo este el proceso del abogado Diego Cadena y de Juan José Salazar, tengo que decirlo, dicho públicamente, no me parece que él haya cometido ningún delito porque el dar alguna ayuda humanitaria, algún beneficio económico per se no es motivo de ser considerado como el delito de soborno en la actuación penal si esa ayuda humanitaria o ese pago de dinero o ese ofrecimiento no está condicionado a que falte la verdad o a que la calle total o parcialmente o a que no se presente como testigo en un proceso.
Y en el caso específico de alias Víctor, recordemos que antes de que él conociera a Diego Cadena el primero de diciembre de 2016, él ya había coincidido con Cadena el 18 de julio de 2017. Es decir, estamos hablando casi 8 meses antes de haber conocido a Diego Cadena bajo juramento ante la Corte Suprema, en presencia del magistrado auxiliar Iván Cortés, en otro proceso que no tiene que ver Álvaro Uribe Vélez, reconoció bajo juramento que había visto a Iván Cepeda y había tenido, pues, una serie de detalles sobre un enfrentamiento con alias Racumín, etcétera. Por tanto, eso mismo que relató a Diego Cadena después, ¿en dónde significa que le haya pedido entonces que Diego Cadena a él hubiera faltado la verdad cuando está diciendo lo que él ya había dicho antes? Por eso es que creemos que Diego Cadena, cuando dio ese dinero, no consultado ni aprobado por Álvaro Uribe Vélez, no cometió ningún delito porque él lo que estaba era pidiendo que dijera la verdad, que ya la había dicho antes. Y en ese sentido, aunque este no es el proceso de Diego Cadena, pues estimamos que no puede ser alguien determinador de lo que no es delito y mucho menos de lo que no conocía y, sobre todo, retroactivamente.

CAMBIO: Otro de los hitos de este proceso está en el ofrecimiento de un recurso de revisión de unas condenas que tenía Juan Guillermo Monsalve, que le hizo el abogado Diego Cadena y sobre el cual se ha desmarcado el expresidente Uribe Vélez. Dicho ofrecimiento vino acompañado de una interceptación telefónica en la que se escucha al expresidente Uribe decirle: "Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien". ¿Cuál es el contexto de este recurso de revisión y por qué en este punto el expresidente sí se desmarca de lo que hizo su abogado Diego Cadena?
J.G.: Primero, esa interceptación, que es del 3 de abril del 2018 a las 9:30 de la mañana, es claramente ilegal por todo lo que ya se pudo saber en este proceso. Pero con independencia de su ilegalidad, que ameritaría su exclusión, en sí mismo lo que hace es probar que Álvaro Uribe no sabía, sino hasta ese día, y parcialmente. Porque Cadena no le dijo todo completo, así que realmente no sabía que Diego Cadena hubiera ofrecido el 22 de febrero en una conversación que tuvo con el abogado Héctor Romero, abogado del señor Monsalve, sobre el tema de una acción de revisión. Y me explico. Cuando hace la visita ese 22 de febrero, grabada en ese reloj espía y manipulada, como ya sabemos que pasó- fueron borrados 7 minutos 32 segundos de esa grabación- se escucha, y lo reconoció bajo juramento Héctor Romero en el juicio, que Romero y el abogado Cadena discutieron sobre la posibilidad que tenía Juan Guillermo Monsalve de tener una acción de revisión, porque como no cabía que fuera él a ingresar a justicia y paz. No cabía que fuera a ingresar a la JEP. No cabía recibir beneficios porque era condenado por secuestros extorsivos sobre los que nuestra legislación no permite ningún tipo de rebaja y tenía una pena a 44 años y 6 meses de prisión. La única salida, puesto que decía Monsalve que había sido injustamente condenado, era plantear una posible acción de revisión. Y ese debate entre los abogados Romero y Cadena en presencia de Monsalve se dio el 22 de febrero.
Posteriormente, según Monsalve, el tema se volvió a tocar en las reuniones que tuvo Héctor Romero, y sobre todo Monsalve, con Diego Cadena los días 22 y 26 de marzo, de las cuales no hubo grabaciones. Pero en todo caso, lo que se hubiera hablado en ese momento era desconocido por Álvaro Uribe Vélez. Él no sabía. Tan es así que esa conversación interceptada ilegalmente a las 9:30 a.m. del 3 de abril, es cuando Álvaro Uribe Vélez se entera de esa circunstancia que ya había pasado. Y se entera de una manera fragmentada, porque lo que le está diciendo Diego Cadena es que él se siente facultado para, hacia el futuro, ofrecer lo que ya había ofrecido, que no se lo dijo. Y en ese sentido, Uribe Vélez entendió que él le estaba comentando algo que podía hacer válidamente, jurídicamente y él confió en el criterio de su abogado investigador. Lo que quedó también establecido es que a partir de ese momento nunca habló Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve. La última conversación la tuvo ese mismo día 3 de abril, dos horas antes, cuando en la única llamada que le hace Monsalve a Cadena le cuenta de que lo habían trasladado a la casa fiscal. Después de la conversación con Uribe Vélez nunca hablaron. Y cuando habló al día siguiente con la esposa que tenía en esa época Monsalve, Deyanira Gómez, lo hizo fue para contarle lo que había hablado antes con Monsalve. Nunca le hizo un ofrecimiento después de. Por tanto Álvaro Uribe no pudo haber determinado lo que ya había ocurrido. Por eso es que no es ni puede ser entendido que exista algún tipo de determinación en esa materia.
Pero además, lo dijeron todos los protagonistas, nunca Álvaro Uribe Vélez le pidió ni nunca Diego Cadena le pidió a Juan Guillermo Monsalve que dijera mentiras, que faltara a la verdad, que la callara total o parcialmente o que no declarase. Por tanto, no se cometió el delito de soborno en actuación penal. Realmente es muy importante dejar claro que ni Diego Cadena y muchos menos Uribe Vélez le pidieron a Monsalve que faltara a la verdad, que dijera una mentira o que la callare total o parcialmente o que no compareciera.
CAMBIO: En todo este proceso que lleva varios años, ustedes han hablado de presuntas maniobras irregulares de varios actores que continúan en la vida pública, por ejemplo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Reyes, también han hablado del exmagistrado José Luis Barceló. En la eventualidad de un fallo absolutorio, ¿qué vendría contra todas estas personas que ustedes han denunciado o de las que se han quejado a lo largo de este proceso?
J.G.: Yo creo que debe quedar claro, y así lo dije en mis alegatos, que en el caso de José Luis Barceló Camacho estimo que se equivocó, cometió errores, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero que yo creo, y así lo dije en mis alegatos, que él fue engañado por el magistrado auxiliar Iván Cortés sobre el tema de la interceptación ilegal a Álvaro Uribe Vélez. Uno tiene que entender que en un debate jurídico existen posiciones encontradas y no necesariamente por eso quien esté en desacuerdo con uno ha cometido una falta disciplinaria o una conducta susceptible de ser interesada al derecho penal. Lo que nos interesa es que, uno, se sepa la verdad ¿verdad? Y dos, que los derechos que tiene en el debido proceso Álvaro Uribe sean respetados. Aquí no hay otro interés. Y así lo dijimos en nuestros alegatos. Pero con nuestros alegatos dejamos también claro que lo que haya pasado antes, pues ya fue objeto de debates que no hay que revivir. Lo que ahora interesa es lo que pasó en el juicio. Por eso digo de un antes y un después.
Lo único que importa es lo que pasó en el juicio. Y a eso es que nos tenemos que concentrar y, con todo respeto a la señora juez, estamos expectantes de conocer su sentido del fallo y cualquiera que él sea lo vamos a respetar y, si llegase a ser contrario a nuestros intereses jurídicos y a lo que creemos que quedó plenamente probado, lo vamos a controvertir en los escenarios judiciales en Colombia, ante el Tribunal Superior de Justicia Judicial en apelación, y eventualmente ante la Corte Suprema o ante la Corte Constitucional también, y como también se está ventilando ya en escenarios internacionales en donde hemos llevado este caso por las violaciones que se cometieron a los derechos de Álvaro Uribe Vélez. Pero todo enmarcado siempre en un debate con altura jurídico y siempre con respeto.
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