
Tribunal ratifica condena a policías por interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia contra los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Cañizales por su participación en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.
Por: Carolina Calero
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de diez años de prisión domiciliaria contra los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Cañizales, involucrados en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, exjefa de Despacho y excanciller del Gobierno de Gustavo Petro.
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La decisión fue emitida por el magistrado Julián Hernando Rodríguez, en segunda instancia, y ratifica el fallo dictado en septiembre de 2024 por el Juzgado 53 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Ambos uniformados habían aceptado cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que reconocieron su responsabilidad por los delitos de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento público. No aceptaron el cargo de violación ilícita de comunicaciones.
De acuerdo con la sentencia, “se les reconoció la rebaja de la complicidad como único beneficio punitivo”, lo que les permitió acceder a una reducción en la pena.
Las investigaciones determinaron que los condenados habrían gestionado, de manera irregular, órdenes judiciales para interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, en el marco de una investigación sobre la presunta desaparición de dinero en casa de la exfuncionaria. Según el juez, contra esta decisión procede recurso extraordinario de casación, si se presenta dentro de los términos legales.
La acusación de la Fiscalía
En enero de 2024, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Quinchanegua y Cañizales, y también contra otros dos exmiembros de la Policía Nacional: el excapitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el expatrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas.
Las indagaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción revelaron que Correa y Morales habrían suministrado información falsa para obtener autorización judicial para intervenir dos líneas telefónicas. Alegaron que pertenecían a presuntas colaboradoras del Clan del Golfo, alias La Madrina y alias La Cocinera, pero en realidad los números correspondían a Meza Buelvas y otra trabajadora doméstica cercana a Sarabia.
Por su parte, Quinchanegua y Cañizales habrían utilizado documentos falsos para obtener la aprobación de interceptaciones por parte de una fiscalía en Bogotá. Así lograron que un juez de control de garantías legalizara esas intervenciones, manipulando el proceso judicial con pruebas fabricadas.
La Fiscalía concluyó que los exuniformados engañaron deliberadamente al sistema judicial para llevar a cabo las interceptaciones, sin sustento legal ni justificación real.
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