Marionetas 2: las razones de la Corte Suprema para no investigar a cuatro congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó a favor de cuatro congresistas un proceso que se les adelantaba por su presunta participación en el escándalo de contratación conocido como ‘Marionetas 2’, el mismo por el que fue a juicio el senador Ciro Ramírez o por el que fue condenado Mario Castaño. Se trata de Juan Felipe Lemos, Juan Samy Merheg Marún, Carlos Abraham Jiménez López y Carlos Fernando Motoa.

Este caso remonta a 2021, cuando el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) suscribió el contrato interadministrativo 670 con la empresa Proyecta Quindío, que era un convenio de gerencia por 49.000 millones, del cual se derivaron 13 contratos más. Según la justicia, varios de esos contratos fueron direccionados a fichas de congresistas y por eso están procesados Pablo César Herrera, gerente de proyecto; el entonces subdirector del DPS Pierre García; y Ciro Ramírez está a la espera de que la Corte Suprema le dicte sentencia en su caso.

En esa misma calada fueron mencionados los otros cuatro congresistas, señalados de haber promovido que el contrato de gerencia integral se hiciera con Proyecta para poder luego direccionar contratos. El hecho surgió del caso de Ramírez y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2025, arrancó una nueva investigación.

Cuatro meses después, en decisión de 149 páginas conocida por CAMBIO, la Sala de Instrucción determinó que no había prueba para abrir una investigación formal en su contra

El caso de Carlos Fernando Motoa

La Sala recogió los testimonios de Pablo César Herrera, quien mencionó en reiteradas ocasiones a Ramírez y a García. Herrera dijo que se discutió con ellos la creación de la gerencia integral en zonas de influencia del senador, pero también para fortalecer el caudal político de Carlos Fernando Motoa, asegurando que este era el “dueño de los proyectos de La Unión y de Andalucía”. Además, dijo que el interlocutor entre ellos y Motoa era Giancarlo Storino González.

Herrera dijo que se comunicó con él y que esos contratos fueron adjudicados. El testigo dijo que no habló con el senador Motoa, indicó que sí escuchó a Storino González decir que ese contrato era para él y negó tener conocimiento directo de si el congresista hizo alguna gestión sobre ello.

Luego, en noviembre de 2022, Herrera le dijo a la Fiscalía que para que Proyecta pudiera tener la gerencia integral, esa bolsa de contratos se debía consultar a un combo de congresistas: Juan Felipe Lemos, Juan Sammy Merher y Carlos Jiménez. Pero precisó que no recibió instrucciones ni comunicaciones directas con ellos y señaló que estos no tuvieron injerencia en el negocio jurídico.

Ya ante la Sala de Instrucción, Herrera insistió en que Pierre García le dijo que dos contratos eran de Motoa y negó haber tenido conversaciones con senadores diferentes a Ciro Ramírez. Giancarlo Storino, por su parte, negó cualquier relación con el senador Motoa, entre otros.

La Sala de Instrucción escuchó al ingeniero Diego Estrada, quien contrató con Proyecta para los pavimentos de La Unión, Valle; al ingeniero Álvaro Beltrán; a Alexis Xiomara Ibarra de la UTL de Juan Samy Merheg; a 16 integrantes de la UTL de Motoa; al exconcejal de Palmira José Rosero; a funcionarios de la alcaldía de Palmira, así como a contratistas, expertos y otros involucrados en este escándalo.

En el caso de Motoa, la Sala de Instrucción determinó que no hay ningún medio probatorio directo que permita indicar con convicción la existencia de un delito.

La Sala dijo que, en efecto, hubo un entramado irregular para la firma del convenio 670 de 2021 en el que habrían participado Herrera, García, Ramírez y otras personas, que se extendió al direccionamiento de otros contratos en diferentes regiones del país. Incluso, la Sala desestimó las alegaciones de Pierre García para insistir en que estas son falsas, que él sí intervino de manera directa y que las decisiones no se tomaban de manera colegiada.

Incluso, se dijo que el DPS era manejado de facto por Pierre García, que su actitud iba encaminada a contratar sí o sí con Proyecta, y en los términos que esa empresa requería, para favorecer los intereses económicos de Ciro Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima. Ahora, sobre si dos proyectos de obra e interventoría en La Unión y Andalucía en el Valle fueron entregados para beneficiar a Carlos Motoa, la Sala dijo que todas las menciones al senador fueron de oídas, que no hay prueba, testimonio o pronunciamiento de los involucrados que lo ratifiquen.

“Por ello, se anticipa, el señalamiento surgido en contra de Motoa Solarte, reconstruido en la apreciación probatoria, derivado de la mención de Herrera Correa, aunque no se descarta del todo, esto es, con absoluta certeza, también mengua su mérito suasorio ante la restante prueba acopiada en la investigación previa. En ese sentido, se torna obligado advertir que ninguno de los declarantes vinculó al referido indiciado en estas diligencias con los hechos investigados”, dijo la Sala.

La Corte revisó las visitas realizadas por Motoa entre 2021 y 2022 sin encontrar sospecha alguna y señaló que no hay elemento que permita indicar que el senador se involucró en la contratación del convenio citado.

“Ninguno de los funcionarios de Proyecta manifestaron haber tenido conocimiento, directo o indirecto, de que los contratos de obra e interventoría de La Unión hubieran sido direccionados para favorecer los intereses del investigado”, indicó.

Y agregó: “No solo ello, sino que en los registros de entradas a Proyecta, se coincide con la defensa, no existe evidencia alguna de que Motoa Solarte hubiese concurrido a dicha empresa; situación distinta, resulta pertinente destacar, de la que refirió Herrera Correa que sucedió con otro congresista acusado en la actuación de la cual se trasladó prueba”.

El caso de Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg y Juan Felipe Lemos

En el caso de los otros congresistas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia indicó que no se “encuentra ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados” en la consolidación del contrato interadministrativo 670 de 2021.

Pablo César Herrera dijo en sus declaraciones que fue Juan Carlos Martínez quien le dijo que para que Proyecta pudiera hacerse a esa gerencia integral, iba a buscar en ese “combo” de senadores. Herrera dijo que Pierre García no le mencionó a un congresista diferente de Motoa y negó expresamente que Merheg, Jiménez y Lemos hayan tenido injerencia en el negocio jurídico.

“En ese sentido, dada la calidad del testigo por su condición de representante legal de Proyecta y la coherencia de sus aseveraciones resulta creíble su testimonio. Adicionalmente, Óscar Fernando Rodríguez Suárez, Alejandro Noreña Castro, Viviana Marcela Quintero Marín, José Edwin Soto, José Dairo Londoño, funcionarios del DPS y Proyecta, descartaron haber escuchado mención alguna sobre estos congresistas en asocio con el contrato 670 de 2021 o con la contratación a cargo de Proyecta derivada de ese preciso negocio jurídico”, dijo la Sala.

La Corte dijo que tampoco se cuenta con soporte probatorio alguno que indique que los senadores hayan tenido vínculo con los interesados en este caso y reiteró que no hay prueba de que estos “hubieren ejecutado la conducta punible investigada”.