Desazón, voluntad política y recursos: las polémicas y los retos que vienen con las primeras sentencias de la JEP
Las decisiones de la JEP por los secuestros de las Farc y los 'falsos positivos' del Batallón La Popa representan un desafío sin precedentes a nivel institucional para lograr que las víctimas, que ya manifestaron de forma implacable su rechazo a las sanciones emitidas, se sientan reparadas efectivamente. La tarea va más allá de este tribunal. Análisis.
Por: Redacción Cambio
“La sentencia nos deja un sentimiento de dolor, de decepción. El fallo no concretó todo el sufrimiento que se vivió en el secuestro. No se justifica que en ocho años no haya claridad. Nos quedamos con las manos cruzadas. Es una justicia a medias”.
La voz de Luz Mélida Ocampo, víctima de secuestro extorsivo y abuso sexual a manos de las Farc, podría representar la de la mayoría de las personas que padecieron este crimen en el país y que criticaron con vehemencia la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en contra del último secretariado de las Farc, por crímenes de lesa humanidad y de guerra, por 21.396 secuestros entre 1993 y 2012.
“Nosotros pensábamos que el alto tribunal iba a considerar el dolor. Hemos sufrido las heridas más profundas del conflicto con nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestra dignidad y, aunque la sentencia como tal reconoce la responsabilidad de quienes causaron ese dolor, lamentamos que esa decisión no recoja ni garantice de manera real y efectiva la reparación, el resarcimiento y la lucha de estos años”, indicó el mayor en retiro de la Policía Guillermo Solórzano, quien estuvo casi cuatro años secuestrado y fue víctima de humillaciones y golpizas en la selva.
Personalidades como Íngrid Betancourt, Clara Rojas y Sigifredo López se sumaron al rechazo a la decisión que impone una restricción de la libertad a Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, así como una obligación para trabajar en proyectos con enfoque restaurador. El reproche también está alimentado por el momento en que se dio la sentencia: más de ocho años desde que se creó la JEP.
Los magistrados no dudaron en advertir que entienden el clamor de las víctimas y su inconformismo, reconociendo que no se puede reparar lo irreparable, pero hicieron un llamado a entender el proceso transicional que se pactó en La Habana. Incluso, el gestor del proceso de paz, el expresidente Juan Manuel Santos, lo expresó: “Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”.
Santos hizo, al tiempo, un llamado a no permitir que el debate que se generó en el país por cuenta de la decisión desdibuje la importancia del proceso de paz: “Respetemos la decisión de la JEP. Es tardía, sí. Incompleta para muchos, también. Pero es una clara derrota jurídica del secretariado y sobre todo una advertencia moral: la violencia no puede definir el futuro de Colombia”.
“Respetemos la decisión de la JEP. Es tardía, sí. Incompleta para muchos, también. Pero es una clara derrota jurídica del secretariado y sobre todo una advertencia moral: la violencia no puede definir el futuro de Colombia”.
Este tipo de reacciones a la sentencia deja en evidencia el desafío sin precedentes que tienen la sociedad y la institucionalidad colombiana para que las sanciones restaurativas se cumplan efectivamente y, en esencia, para que las víctimas se sientan reparadas. Lo mismo sucede en el caso de la primera sentencia emitida por los ‘falsos positivos’, en el subcaso Caribe, contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa de Valledupar por más de 130 crímenes.
Lo que está en juego es clave: por un lado, la legitimidad de la JEP y la línea de justicia transicional que se pactó en La Habana para darle cierre jurídico a un conflicto de 50 años. Pero también el proceso de reintegración a la vida civil de los exguerrilleros y la capacidad de los gobiernos de turno para cumplirles a las víctimas, ponerlas en el centro como dice el Acuerdo de Paz y avanzar en asuntos que hoy reclaman las víctimas y que no son de competencia de la JEP. Por ejemplo, la reparación económica, la existencia de planes productivos para que las víctimas puedan recuperar sus proyectos de vida y la devolución de sus tierras, en algunos casos.
Las polémicas
La sentencia deja en claro la responsabilidad del último secretariado de las Farc en más de 21.000 secuestros y en hechos tan graves como malos tratos, torturas y hasta esclavitud, por los horrores a los que fueron sometidas las víctimas. También precisa que esto ocurrió en todo el país y que fue un plan sistemático contra la sociedad que hizo la guerrilla con fines políticos. El problema reside en que la decisión no expresa con el detalle que las víctimas esperaban la forma cómo estas personas, culpables de crímenes en contra de la humanidad, van a reparar el daño causado.
Timochenko, Granda, Gallo y compañía deberán hacer múltiples actividades en cuatro áreas generales: la búsqueda de desaparecidos, la construcción de memoria, el desminado humanitario y la restauración del medio ambiente. Cada área tiene tareas específicas que van desde crear planes de acción, capacitaciones, adecuación de cementerios, creación de lugares para ubicar cuerpos y conservarlos, recolectar y sistematizar información, entre otros.
Esos proyectos se empezaron a preparar con anticipación e implicaron múltiples reuniones con el Gobierno, pero no lograron estructurar completamente cada uno. En la JEP eran conscientes del riesgo de emitir una sentencia que se quede en el papel, como ya pasó en Justicia y Paz, y así se lo dijo a CAMBIO el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, en noviembre de 2024: “No es sacar sentencias por hacerlo, es que falta esa articulación para que las sentencias se puedan cumplir. No queremos repetir lo que pasó con Justicia y Paz, que las sentencias no se cumplen, porque no hay ninguna articulación, porque no había presupuesto, porque no había proyectos”.
La JEP insistió para conseguir tanto los recursos con el compromiso de las entidades que tienen que interactuar para que cada proyecto sea una realidad, pero al final se avanzó “hasta donde se pudo”, según le dijo a CAMBIO una fuente. Al final, optó por un punto medio. La sentencia explica las áreas en las que se harán los trabajos, prioriza la intervención al cementerio de Palmira para la búsqueda de desaparecidos y actos restaurativos en lugares emblemáticos como Cali y Neiva para promover la memoria histórica sobre el secuestro. Pero será en autos posteriores en los que la JEP precisará cada TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador – Restaurador) con el detalle que hoy están pidiendo las víctimas. Por eso, para poder avanzar, impartió más de 60 órdenes iniciales, de 130 en total, a diversas entidades con acciones que si no se cumplen, pueden implicar consecuencias judiciales.
Pero es una fórmula que no gustó: las víctimas insisten en que no fueron consultadas sobre estos proyectos y dicen que el panorama actual es gaseoso. En últimas, el reparo es que la sentencia no trajo tranquilidad en sí misma sino más expectativa. Lo mismo dice Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a 1.400 víctimas de secuestro y para quien la preocupación principal es que la decisión no tiene la información detallada de qué sanción se le aplica a cada excomandante de las Farc: “Eso deja en incertidumbre a las víctimas y a todo el mundo”, señaló.
A ese reparo se sumó una alerta que lanzó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Para Goebertus, la sentencia no deja claro cómo se hará la restricción de la libertad de los condenados, lo cual sería incluso un incumplimiento al Acuerdo de Paz y podría provocar que la Corte Penal Internacional reabra su examen preliminar sobre Colombia. A su juicio, la restricción tendría que darse en espacios territoriales delimitados.
Yesid Reyes le contestó a Goebertus diciendo que el fallo no incumple el acuerdo, porque la restricción de la libertad que se les impuso, que implica un monitoreo digital, es una de las opciones. “La sentencia dice que van a tener que cumplir las sanciones en unos sitios específicos, en horarios específicos, en un tiempo específico, y eso significa cumplir estrictamente lo que dice el Acuerdo de Paz. Ahora, si por específico me pregunta cuál es la dirección donde las personas van a estar, pues no las contiene la sentencia. Lo que ella da son instrucciones sobre cómo se deben identificar los sitios en los que se van a cumplir las sanciones, en cuáles proyectos van a trasladar a la gente, y esto forma parte de la sanción”, le dijo Reyes a CAMBIO.
El magistrado Camilo Suárez, ponente del fallo, explicó que el monitoreo electrónico a los comparecientes será todo el tiempo real, a través de un dispositivo llamado PDA. Los exjefes de las Farc deberán hacer los TOAR en todo el país: tendrán autorización para movilizarse y, ya en la zona específica, por ejemplo, Palmira, habrá unos horarios y unas zonas delimitadas para cumplir con los trabajos. “Cualquier desplazamiento fuera del horario o zona de trabajo, sea por asuntos personales, familiares, de salud u otros motivos no relacionados con la sanción, requerirá autorización expresa previa de esta Sección”, dice el fallo.
Cualquier desplazamiento fuera del horario o zona de trabajo, sea por asuntos personales, familiares, de salud u otros motivos no relacionados con la sanción, requerirá autorización expresa previa de esta Sección”, dice el fallo.
Otra de las reacciones a la decisión, que refleja igualmente un malestar de fondo con el proceso de reintegración, es que las víctimas cuestionaron que los exjefes de las Farc puedan seguir haciendo política y esto no es un tema arbitrario de la JEP: fue uno de los acuerdos que se lograron en La Habana, que se materializó en el Acuerdo de Paz, en una reforma a la Constitución y en la Ley Estatuaria de la JEP. La sentencia advierte a los comparecientes que, si bien pueden hacer política, no podrán usar ese escenario para “emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios al contenido de la sentencia”.
Además, si un exguerrillero tiene en un mismo día, por ejemplo, una actividad reparadora y un día en el Congreso, pesa más el cumplimiento de la sanción, según explicó el magistrado Suárez. En ese sentido, es entendible que las víctimas pidan una sanción moral y ética que podría incluir no hacer política, pero esto se sale de las manos de la JEP y es más un reclamo al modelo acordado.
Una tarea enorme
Las víctimas están en su derecho de cuestionar una decisión que consideran que no los repara. Al tiempo, los magistrados de la JEP y el propio expresidente Santos le están pidiendo a la ciudadanía que pongan la situación en contexto: se hizo un proceso de paz, que implicó concesiones de lado y lado, para salir de 50 años de guerra.
El magistrado Ramelli explicó que en Colombia los procesos de paz previos terminaron todos con amnistías e indultos, una decisión que libraba de responsabilidad al desmovilizado, sin compromiso alguno con las víctimas. “No había proceso, no había sanción. Eso era lo que pasaba en Colombia. Este modelo les abrió el camino a las víctimas, le abrió el camino a la verdad”, señaló al indicar que con la sentencia no se acaba el compromiso de verdad, pues los comparecientes deben seguir atendiendo los reclamos de las víctimas.
El magistrado Suárez, ponente del fallo contra el antiguo secretariado, señaló que este proceso inédito en el mundo implicó una megainvestigación en el que las víctimas fueron escuchadas, tuvieron la oportunidad de cuestionar a sus victimarios y estos, a su vez, reconocieron su responsabilidad. Por eso hizo una invitación a leer la sentencia, que sí hace un reconocimiento de los daños causados y dice que el texto en sí mismo es una apuesta para la paz.
“En lo que compete a esta Jurisdicción con la emisión de sentencias, hemos cumplido. Pero el Gobierno tiene un cumplimiento, el Estado tiene un cumplimiento. La sanción propia la hemos definido como un propósito de Nación”, señaló el magistrado. En ese sentido, la JEP insiste en que esta decisión no tiene precedentes para avanzar en la construcción de paz.
“Por primera vez, un grupo alzado en armas reconoce su responsabilidad en siete crímenes de guerra y cinco de lesa humanidad y es la primera vez que un grupo armado es condenado por una docena de crímenes internacionales”, dijo a CAMBIO Yesid Reyes, uno de los asesores del gobierno en La Habana. Para el jurista, la JEP actuó según lo acordado y ahora le corresponde a la institucionalidad responder.
“Por primera vez, un grupo alzado en armas reconoce su responsabilidad en siete crímenes de guerra y cinco de lesa humanidad y la primera vez que un grupo armado es condenado por una docena de crímenes internacionales”, dijo a CAMBIO Yesid Reyes.
“En la hipótesis de que no hubiera proyectos para desarrollar porque el Estado no tiene como organizarlos, pues no podrían cumplir la sanción. Pero, en ese escenario sería claro que el cumplimiento es responsabilidad del Estado y no de los condenados y, en ese caso el reproche internacional no caería sobre ellos, sino sobre el Estado que habría mostrado su incapacidad para hacer efectivas unas sanciones”, señaló.
Por este panorama tan completo es que la institucionalidad colombiana tiene un reto enorme. Víctimas consultadas por CAMBIO quieren que su situación personal cambie y que el Estado les dé algo de lo que perdieron. Al tiempo, quieren encontrar a sus seres queridos. “Nosotros estamos en medio de esto todavía, estamos vivos, estamos aquí, somos seres humanos”, expresó Luz Mélida Ocampo. Ahora bien, a menos que al resolver la apelación el Tribunal para la Paz cambie de forma sustancial los proyectos a seguir, lo cierto es que en este momento hay una sentencia y hay unos proyectos que pretenden avanzar en esa reparación. Y, para cumplirlos, se necesitan múltiples acciones.
¿De qué estamos hablando? Lo más importante es asegurar los recursos. La JEP le ordenó al Ministerio de Hacienda y al DNP que los garanticen y que, de acá en adelante, cada enero deberá entregar un informe sobre los recursos asignados a cada una de las entidades implicadas en este fallo. Incluso, el magistrado Ramelli volvió alertar porque en la discusión de la Ley del Presupuesto para el otro año no hay nada al respecto.
La orden llega en una crisis fiscal para el gobierno de Gustavo Petro y su solución requiere de voluntad política: sin la intervención de este y del próximo Gobierno, la sentencia histórica de la JEP no se cumplirá. Y si los actores políticos, por su rechazo a la actuación de la JEP y su oposición al proceso de paz, optan por no atender estos llamados, en últimas estarían contribuyendo a la impunidad.
¿Por qué? Por ejemplo, el TOAR sobre la búsqueda de desaparecidos requiere que el Ministerio del Interior constituya una mesa técnica para la intervención de cementerios que debe articular las labores de búsqueda. En esa mesa tendrán silla la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal, la Fiscalía, la JEP y las autoridades locales. La Unidad, por su parte, tiene que recolectar la información de los comparecientes, hacerles un acompañamiento técnico, poner en marcha mesas en terreno, hacer los procesos de búsqueda, entre otros. Y el Ministerio de Salud deberá acompañar el proceso de adecuación, habilitación y mantenimiento de sitios de disposición, custodia y conservación de cuerpos.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Unidad Nacional de Protección deben garantizar la seguridad en las áreas en las que se hará cada actividad. Al mismo tiempo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) debe coordinar toda la logística con las autoridades locales y departamentales para que los exjefes de las Farc tengan donde vivir mientras desarrollan estas actividades. Es decir, hay que conseguir casas con servicios públicos y condiciones sanitarias. La ARN también debe administrar bien la plata que tiene en el fondo Colombia en Paz para todos los temas de alimentación.
Solo este ejemplo pone en evidencia que la tarea no está en manos exclusivas de la JEP ni de los propios condenados: si todas las entidades mencionadas no hacen lo que les corresponde ni se garantiza la plata para ello, no habrá proyectos para cumplir. Lo mismo pasa con la sentencia sobre ‘falsos positivos’ emitida contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa: hay seis proyectos identificados, pero el único que realmente está casi listo es el que busca realizar 700 osarios con sus lápidas en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar, Cesar, dentro del TOAR llamado Plan Integral de memorialización para la Costa Caribe.
A diferencia del caso 01 que es nacional e involucraba tres patrones de secuestro en todo el país con más de 21.000 víctimas, el subcaso Caribe del macrocaso 03 sobre ‘falsos positivos’ es más específico. En este caso, la magistratura anunció que los 12 exmilitares arrancarán con ese proyecto, que vivirán en un bien de la SAE en Valledupar y listó los otros proyectos: uno sobre la armonización para la sanación del Pueblo Kankuamo, crear el Centro integral Cultural y de Memoria para el Pueblo Wiwa, crear un centro cultural y dos más sobre memoria y actividades simbólicas. En este caso, apoderados de víctimas consultados por CAMBIO alertaron que no se trata solo de asegurar lo necesario para que los proyectos avancen, sino que solo en la práctica de cada uno se verá si realmente logran el cometido de reparar a las víctimas.
Es claro que todavía falta mucho. Las víctimas, especialmente los apoderados del caso del secuestro y homicidio de los diputados del Valle, ya presentaron la primera apelación. Ahora que las miradas se enfocan en la JEP y en las decisiones que se emitirán en un futuro precisando las sanciones, también hay quienes piden a los exjefes de las Farc que sean más proactivos en su proceso de reintegración a la vida civil. Al fin y al cabo son ellos quienes, en una guerra de 50 años, rompieron el tejido social con prácticas inhumanas. Tanto ellos, como los exmilitares que participaron en un plan sistemático para seleccionar y asesinar personas con tal de aumentar falsamente las cifras de seguridad del país, deben mostrar su intención de reconciliación.
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