“Está escondido y desprotegido”: Emilio Tapia pretende escoltas de la UNP tras su controvertida libertad

—¿Cuál es su ocupación actual?

—Estoy dedicado al tema de la construcción y al sector inmobiliario.

—Por favor indíquele a la audiencia si usted ha contratado con entidades públicas y en qué periodos.

—Sí, desde el año 2002.

—¿Con qué entidades ha realizado esos contratos?

—Con distintas alcaldías, gobernaciones, entidades de orden nacional como el Invías, a nivel distrital, el IDU, y otras entidades de orden local y nacional.

—Por favor manifiéstele a la audiencia si usted ha sido condenado y por qué hechos. 

—Sí. Fui condenado por el denominado ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá y luego tuve otra condena por el caso denominado centros poblados. 

Con la tranquilidad que le brindó la decisión de una jueza de Barranquilla que ordenó su libertad condicional desde abril, el cuestionado ‘zar de la contratación’, Emilio Tapia Aldana, ya habla en pasado de la condena que recibió en navidad por ser el cerebro en la sombra del escándalo de corrupción del caso ‘Centros Poblados’.

La condena de seis años y cuatro meses de prisión que lo castigó por haber orquestado el entramado empresarial que, a punta de fraudes, embolató 70.000 millones de pesos de un anticipo en un billonario contrato para la conectividad de las escuelas rurales en tiempos de la presidencia de Iván Duque, parece un asunto superado. Vestido de impecable beige tropical, Tapia aseguró en una diligencia judicial del pasado 19 de septiembre, a la que llegó con 14 escoltas privados, que se sigue dedicando a sus empresas de construcción y a la contratación estatal. 

El actual cónyuge de la representante a la Cámara por el Partido de La U, Saray Robayo, quien hace poco protagonizó una controversia por conceder una entrevista con la periodista Eva Rey en la que contó intimidades de su nueva relación y de su vida sexual en prisión, fue dejado en libertad el pasado 14 de abril por disposición de la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón.

Fernández Castellón fue notificada esta semana de una investigación disciplinaria, abierta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido al dejar libre a Tapia Aldana. Aunque la funcionaria aseguró que Tapia ya cumplió con las tres quintas partes de su condena, deberá responder por qué no tramitó a tiempo un recurso que presentó la Procuraduría, que se opuso a la libertad condicional del condenado por corrupción.

El Ministerio Público cuestionó en su momento que el “adecuado desempeño y comportamiento” de Tapia durante su reclusión, que cita la juez, permitiera "suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena”.

Alterno a dicha polémica, CAMBIO estableció que, tras recuperar su libertad, Emilio Tapia solicitó un esquema de protección para él y para su familia, compuesto por un vehículo y dos escoltas para cada uno de ellos, apelando a una supuesta situación de riesgo extraordinario y al peligro que corre, ya en libertad, por sus comparecencias en el caso del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, por el que también fue condenado en 2015 a 17 años de cárcel -condena que posteriormente se redujo a siete años-.

“El señor Tapia se encuentra en una situación de estar escondido porque no tiene garantizada su seguridad por fuera de su domicilio”, expresó en una audiencia su abogada Diana Muñoz.

Tapia permanece “escondido” y pide un esquema de protección

Después de que Tapia recuperó su libertad, por orden de la jueza a quien se investiga hoy, su abogada Diana Muñoz Castellanos solicitó ante jueces de control de garantías el otorgamiento de esquemas de protección para él y para su familia. Los pide de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues no le interesa la protección que ofrece la Fiscalía General al mando de Luz Adriana Camargo.

“Lo que él ha tenido que hacer es estar escondido porque está completamente desvalido en lo que tiene que ver con su seguridad mientras que las investigaciones en las que él está colaborando, que se adelantan contra personas, no quisiera referirme de manera expresa porque eso forma parte del riesgo. Pero son personas que o bien ostentan de forma directa poder, social e institucionalmente, sino que adicionalmente tienen vasos comunicantes con otras personas que a su vez también son poderosas”, aseguró la abogada Muñoz.

La defensora relató la nueva situación de Tapia por su libertad -como el nacimiento de su pequeña hija con la representante Robayo- y aseguró que su vida corre peligro por las actividades de colaboración que todavía efectúa como testigo de la Fiscalía, pues aún declara contra siete investigados por el carrusel de la contratación de Bogotá. Ellos son Miriam Margoth Martínez, exgerente de la UAESP; Néstor Eugenio Ramírez, exdirector del IDU; Carlos César Parrado, exgerente de Bogotá Limpia; Andrés Jaramillo López, exdirector de Conalvías; Iván Alberto Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento de Bogotá; y los exdirectivos del IDU Luis Esteban Prada y Aldemar Cortés Salinas.

Aunque CAMBIO estableció que hoy Tapia tiene prorrogado un principio de oportunidad con el que sirve como testigo de la Fiscalía contra las personas mencionadas anteriormente, y no tiene otro compromiso de colaboración en otros procesos de connotación, su abogada insiste en que podrían asesinarlo en razón a su colaboración. Por ello, dice, es deber del Estado protegerlo.

“La libertad condicional no despoja al beneficiario del derecho a la protección estatal, cuando su vida o su integridad se ve amenazada por hechos concretos, especialmente cuando esa amenaza se deriva de su colaboración con las autoridades judiciales en la lucha contra redes de criminalidad organizada y corrupción”, añadió Muñoz.

Finalmente, la abogada del empresario condenado por corrupción explica por qué su cliente no tiene ningún interés en los esquemas de protección que eventualmente le pueda brindar la Fiscalía. 

“La Fiscalía tiene un programa de protección de testigos, y ellos fueron diligentes, pero algunas de las personas respecto de las que él está brindando colaboración tienen vasos comunicantes significativos con la entidad, de tal manera que el riesgo se incrementaría estando en ese programa porque podría filtrarse información sensible respecto de sus paraderos, de sus desplazamientos”, señaló la penalista.

La fiscal 88 de la unidad contra la corrupción, Martha Judith Alfonzo, respaldó la petición de la defensa de Tapia para un esquema financiado por los contribuyentes del país. La funcionaria pidió la prórroga del principio de oportunidad que Tapia tiene con el ente acusador desde el año 2013.

“Esto no es a la escogencia caprichosa del solicitante”, sentenció un juez

La solicitud de Tapia, quien salió a presumir sobre su nueva vida en los medios cuando recuperó su libertad, fue rechazada a finales de julio por el juez 74 penal con función de control de garantías de Bogotá.

“Podrá ser Emilio tapia Aldana, o cualquier otra persona, pero hay presupuestos administrativos que se tienen cumplir para que se verifique si es objeto o no de protección de la UNP", expresó el juez Omar Beltrán Castillo. "Ahora, tampoco se ha demostrado, y ha sido ello carente de cualquier medio de convicción, de que la Fiscalía General de la Nación, que inicialmente debe ofrecer a través de la protección de testigos este tipo de medidas o esquemas de seguridad, que el mismo no cumpla con las expectativas que le sirvan a este ciudadano para su esquema de protección”, añadió Beltrán.

El juez, además, indicó que los supuestos vasos comunicantes con poderosos, que supuestamente le impiden a Tapia aceptar un esquema de la Fiscalía, debieron ser expuestos por su defensa y por la fiscal Martha Alfonzo.

“Y todas las manifestaciones, vasos comunicantes y demás, deben haberse acreditado por lo menos, denuncias, manifestaciones, estos testigos son exfiscales, son políticos, yo desconozco quiénes son, que puedan tener tal poder corruptor que no pueda hacerse por la Fiscalía a través del sistema de protección de testigos”, añadió el juez.

La decisión que enterró la pretensión de Tapia no fue objeto de recursos. “La misma petición no acreditó el lleno de los requisitos para poder concurrir a la UNP e indicarse, la documentación que se allega, que se reitera, no se me trajo la documentación para que la UNP estudiara el riesgo”, expresó el juez.

En otra diligencia relacionada con el tema, Tapia comentó que a lo largo de su cuestionada vida pública ha sido víctima de tres atentados y que por ello urge que le brinden un esquema de seguridad.

Los pendientes de Tapia para reparar a la víctima del ‘carrusel’

Dentro del principio de oportunidad que Tapia tiene desde 2013 y que se le prorroga cada año por petición de la Fiscalía, el cuestionado contratista sigue declarando contra siete exfuncionarios del Distrito de Bogotá que continúan vinculados al caso del ‘carrusel’. 

Pero aún está pendiente un componente de ese beneficio judicial que recibió Tapia, que es la millonaria reparación que debe efectuar con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), víctima en este proceso.

Mientras Tapia estuvo en reclusión, de la última temporada en la cárcel que le valió el escándalo de Centros Poblados -cárcel que pisó desde octubre de 2021 y de la que salió en abril-, no hubo ningún tipo de manifestación de su parte para concretar reuniones con el IDU en aras de reparar a la entidad por el multimillonario saqueo que vivió durante la administración del difunto Samuel Moreno Rojas. Eso ha asegurado en diversas diligencias el apoderado del IDU, David Grajales. 

“Con preocupación vemos que no ha existido por parte del señor Tapia el deseo o la intención de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 326 del código de procedimiento penal donde dice que durante el periodo de suspensión a prueba se deberá la reparación de las víctimas (…)  A la fecha no ha existido por parte del señor Tapia Aldana manifestación alguna”, añadió Grajales. 

El abogado del IDU le ha insistido a la Fiscalía que realice las gestiones necesarias para que Tapia los repare en el marco de ese principio de oportunidad que le prorrogan cada año. “No está cumpliendo con la reparación a las víctimas”, expresó Grajales.

Para dicha reparación en veremos, Tapia ofreció a ‘Lourdes’, un megalote de su propiedad ubicado en Tabio, Cundinamarca. Pero aún no hay nada concreto sobre dicha negociación. 

Para el desarrollo de esta historia, y del esquema de protección que Tapia reclama con cargo a los impuestos que tributan los colombianos, pese a que aparentemente conserva empresas del sector inmobiliario y de la construcción, según él mismo ha dicho, CAMBIO buscó a su abogada Diana Muñoz. Manifestó que, previo a su última reclusión, Tapia ya tuvo un esquema de protección de la UNP. La entidad, en tiempos de Gustavo Petro, ha dicho que sin orden judicial no concederá el amparo. Seguirán insistiendo.

CAMBIO dialogó con Emilio Tapia sobre las razones que lo llevan a rechazar la protección ofrecida por la Fiscalía. Aseguró que lo que le ofrecen no incluye escoltas y que incluye un componente de vivienda que supondría cambiar su actual lugar de residencia. El polémico contratista no está dispuesto a cambiar su estilo de vida actual, por esas razones no recibe lo que ofrece el ente acusador. “Si me dan escoltas -afirmó sin vacilar-, lo acepto de inmediato”.

ana.cuesta@cambiocolombia.com