Títulos exprés y millonarios convenios estatales: las alarmas que rodean a la fundación que graduó a Juliana Guerrero

En el fin de semana del 15 de agosto pasado, Juliana Guerrero llegó triunfal a su tierra natal, El Copey, Cesar. En camioneta blindada y sonriendo, recibió saludos y reverencias por su inminente nombramiento como viceministra de Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad. 

Había motivos para la celebración: horas antes, en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa y, entre otras cosas, dijo que Juliana era perseguida porque era bonita y por no haber estudiado en una universidad de élite.

En El Copey, Juliana disfrutó de las fiestas patronales de San Roque –un parrandón de tres días– como invitada de honor. Incluso actuó como jurado del reinado municipal, distinción otorgada por el alcalde local. Se le vio departiendo en la zona VIP, rodeada de amigos y mandatarios. La celebración continuó el fin de semana siguiente cuando fue agasajada por el alcalde Agustín Codazzi, en el tradicional festival de vallenato en guitarra.

Bienvenida a su tierra viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero.

Orgullo de #AgustínCodazzi #codazziBonito pic.twitter.com/2kNyfmtefP

— Hernan Baquero Rodriguez (@hernanbaqueror) August 17, 2025

Tan meteórico ascenso al poder ha tenido una estrategia que, según la representante Jennifer Pedraza, ha ido desde intentos en el cambio de manual de funciones hasta la entrega acelerada de un título profesional. Por este último paso, la representante anunció denuncias en contra de la viceministra designada por falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal. 

Carreras a la carrera: el caso de la Fundación San José

El título profesional de Juliana Guerrero —añadido apenas hace unas semanas a su hoja de vida oficial— le fue otorgado por la Fundación de Educación Superior San José, institución que hace parte de un ecosistema educativo que ofrece carreras a bajo costo y en menos tiempo, cuyo representante legal y uno de sus principales socios es Francisco Alfonso Fernando Pareja González. Pareja es un viejo barón de la política: exrepresentante a la Cámara por el Partido de La U y amigo personal de Armando Benedetti, quien fuera el jefe inmediato de Juliana Guerrero. 

Este ecosistema de entidades educativas incluye al Instituto Triángulo, que ofrece validación por ciclos, carreras técnicas y cursos cortos; el Colegio Triángulo, que brinda educación básica y media con modalidad presencial/virtual y horarios flexibles para graduarse rápido; y el Springfield Language Center, donde se imparten cursos de inglés, francés y japonés, y se prometen certificaciones por nivel. La joya de la corona es, por supuesto, la Fundación de Educación Superior San José.

La Fundación San José, el Instituto Triángulo y el Colegio Triángulo operan en la misma sede en Chapinero (Bogotá), mientras que el Springfield Language Center queda a media cuadra. Pareja González figura como representante legal de la Fundación San José, del Instituto Triángulo y del Centro de Innovación y Trabajo Social Springfield S.A.S. Además, es socio de la Fundación (FESSANJOSE) y accionista con un 5 por ciento en el Instituto Triángulo. Otros nombres se repiten en la estructura empresarial: Gabriel Beltrán Pareja (miembro de junta del Instituto Triángulo y representante legal suplente de Springfield), Luz Piedad Correa Zuleta (miembro de junta del Instituto Triángulo y socia de FESSANJOSE) y Jesús Eduardo González Ortiz (revisor fiscal tanto de FESSANJOSE como del Instituto Triángulo). En resumen, un círculo cerrado maneja todo el conglomerado educativo.

El año 2021, en plena pandemia, bajo la presidencia de Iván Duque, fue espectacular para la Fundación San José. Ese año triplicó sus ingresos respecto al anterior: pasó de 8.072 millones de peso en 2020 a 29.533 millones en 2021, un incremento del 266 por ciento. La principal fuente de ingresos fueron las matrículas, que sumaron 20.196 millones. A esto se añadieron 3.121 millones por la línea de “extensión de proyectos” y otros ingresos académicos/operativos que completan el total. El salto de 2021 coincidió con un aumento abrupto de matrículas y una oferta acelerada del negocio que ahora nos atañe: homologaciones y programas académicos en menos tiempo, lo que atrajo más alumnos en tiempo récord.

CAMBIO analizó información pública de la plataforma estatal SECOP y de PACO (la base de datos de la Secretaría de Transparencia) sobre la contratación con el Estado.  Entre 2018 y 2021, la Fundación San José suscribió contratos estatales por 1.392.631.065 pesos. Sin embargo, 2022 marcó un punto de quiebre: a partir de ese año hay más megacontratos . 

Entre 2022 y 2025, la fundación suscribió dos megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por un total de 26.285.942.042 pesos: uno por 12.571.656.328 adjudicado en marzo de 2022, y otro por 13.714.285.714, firmado hace tan solo dos meses. En ese mismo periodo, la fundación de la familia Pareja obtuvo contratos con otras entidades públicas que superan los 3.899 millones de pesos, discriminados así:

2022: Gobernación de Boyacá — 1.354.000.000

2023: Alcaldía de Duitama (Boyacá) — 461.791.000

2024: Alcaldía de Duitama (Boyacá) — 401.336.000; Alcaldía de Apía (Risaralda) — 231.880.500 y 136.279.000; INPEC — 220.301.800

2025: Alcaldía de Apía (Risaralda) — 788.975.864; Municipio de Soacha — 186.898.800; FONDECUN — 118.500.000.

¿Una impresora de diplomas?

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza pensó por un momento que había escuchado mal. Al teléfono, una asesora de admisiones de la Fundación Universitaria San José le ofrecía un atajo para obtener título profesional: con apenas cinco meses de estudio adicional le convalidaban Tecnología, y en diez meses la convertían en profesional en Contaduría. Solo debía pagar un seminario de homologación, unos cursos de inglés y cumplir horas extracurriculares. Eso sí, tendría que presentar los exámenes de Estado obligatorios (Saber TyT para tecnólogo y Saber Pro para profesional) antes de graduarse. Pedraza colgó atónita. “Si me quedo media hora más, salgo con el título”, le comentó a su equipo con fina ironía. La congresista acababa de comprobar lo fácil que, en apariencia, la San José entregaría un diploma exprés.

Una investigación previa de CAMBIO sobre la influyente Juliana Guerrero había encendido sus alarmas. En particular, un audio revelado por este medio —en el que se escuchaba a Verónica Guerrero, hermana de Juliana, ordenando frenar contrataciones en el Ministerio de Igualdad— animó a Pedraza a buscar posibles abusos e irregularidades relacionadas con las hermanas Guerrero y su círculo de poder. Eso la llevó a indagar por el título de contadora que recientemente Juliana Guerrero incluyó en su hoja de vida como funcionaria pública.

Pedraza accedió a la base de datos pública del ICFES y descubrió que a Juliana Guerrero le expidieron su diploma en la Fundación San José sin haber presentado las pruebas Saber Pro, requisito establecido por la ley. Después, ya en plena polémica, sí apareció un registro de examen, pero con fecha de presentación posterior al día en que la Fundación San José le entregó el diploma. Es decir: al momento del grado no había constancia de la prueba, y la “evidencia” que surge luego quedó a futuro con respecto al acto de graduación. Eso choca frontalmente con la regla: el Saber Pro es un requisito de grado y debe estar presentado antes de otorgar el título.

La congresista decidió verificar otros casos concretos. En paralelo, advirtió que la consulta pública de resultados del ICFES —que hasta hace poco permitía confirmar si alguien había presentado o no los exámenes— de un momento a otro se volvió difusa. Su tesis inicial: hay títulos expedidos con requisitos legales incompletos.

Pronto, a su buzón llegaron más denuncias. No era un caso aislado: otros contratistas estatales relataron historias similares de diplomas relámpago otorgados por la San José. Al verificar uno de esos nombres, Pedraza halló el mismo patrón: el graduado aparecía titulado sin haber presentado el Saber Pro correspondiente. Con todas las piezas sobre la mesa, formuló su hipótesis más contundente: detrás de estos títulos exprés podría haber un canje de favores entre el Gobierno y ciertas instituciones educativas. “Aquí podría estarse cruzando contratación pública con títulos acelerados”, advirtió. En otras palabras, diplomas al vapor a cambio de contratos oficiales. Los beneficiarios: jóvenes “enchufados” cuyo mérito académico se imprimiría por encargo.

La reacción de la universidad no tardó. Francisco Pareja González, representante legal (y excongresista), admitió que la institución graduó a personas que no habían presentado el Saber Pro en al menos un caso, e intentó explicarlo como un “descuido administrativo”. 

También, ha entregado a medios un documento que diferencia acto de grado (otorga la condición de profesional) y diploma (documento probatorio), y afirma que el Saber Pro es un requisito de presentación, no de aprobación. Para ello cita fallos del Consejo de Estado, el Decreto 1781 de 2003, la Ley 1324 de 2009 (art. 7) y el Decreto 869 de 2010. Concluye que un desfase temporal entre el grado y la presentación del examen es un trámite procedimental y que Juliana Guerrero sería profesional “a todos los efectos legales”. 

Pero, para la representante Pedraza esto no lo es. Insiste en que ninguna institución de educación superior puede otorgar un título sin que el estudiante haya presentado la prueba de Estado correspondiente. Este asunto deberá aclararse revisando el kárdex (historial académico), las actas de homologación, el plan de estudios y el acta con la fecha de grado de la estudiante. Muy seguramente, con las acciones penales interpuestas por la representante, todo esto quedará esclarecido

Bonus Track: el caso ‘Julieta’

En medio de cuestionamientos públicos porque no acreditaba estudios profesionales, una joven contratista de la UNGRD que se hace llamar en X “Julieta” —Laura Julieth Martínez Morales, antes creadora de contenido en OnlyFans— apareció de pronto con título universitario. Su diploma de Ingeniería Industrial de la Fundación San José está fechado el 05/07/2024, mientras que su prueba Saber Pro figura presentada el 07/07/2024, con resultados emitidos el 12/10/2024. Traduzcamos: la graduaron dos días antes de presentar las pruebas Saber Pro. El caso refuerza la alerta sobre los títulos exprés y deja una pregunta obvia para la universidad y los organismos de control: ¿cuántos diplomas más, de personas cercanas al Gobierno, se están entregando así?

CAMBIO contactó a Juliana Guerrero, quien indicó que su abogado, Rubén Bonilla, respondería por ella. Bonilla dijo que habían denunciado a la representante Jennifer Pedraza por calumnia, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales; pero se negó a contestar las preguntas sobre fechas de grado, Saber Pro y homologaciones de Juliana Guerrero. Laura Julieth Martínez dijo que no daba declaraciones a medios tradicionales y pidió remitir las preguntas a la universidad. 

La UNGRD respondió a este medio que Laura Julieth Martínez fue contratada como auxiliar administrativa con título técnico laboral (Administración con énfasis en Contabilidad o afines) y, por ello, no verificó un título profesional ni Saber Pro —examen que no aplica para el nivel técnico—. Indicó que la vinculación fue autorizada por el Ordenador del Gasto del FNGRD. Añadió que la contratista sí adjuntó un diploma profesional como soporte en su hoja de vida, pero la entidad solo verificó el título técnico exigido para el cargo.

CAMBIO también le envió un cuestionario a Francisco Fernando Pareja, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha recibido respuesta. Incluiremos su versión cuando recibamos la información.