La disputa por la seguridad: una de las batallas que define la lucha por la presidencia
La seguridad es uno de los temas que marca la agenda en las discusiones de la campaña presidencial. Composición Yamith Meriño.
Todos los aspirantes a la Casa de Nariño prometen devolver la tranquilidad a los colombianos. Las rutas son distintas; unos apuestan por más pie de fuerza y megacárceles, otros ponen el foco en la paz territorial y la política social. CAMBIO analizó las propuestas de quienes lideran la intención de voto: ¿cuáles son sus coincidencias y rupturas, y qué tan viables son sus promesas?
Los escombros y vidrios desparramados por la calle con terrorífica precisión, como si se tratara de una producción cinematográfica costosa. Un camión achicharrado, un taxi hecho añicos y las casas y locales del barrio con solo los huecos de las ventanas y las puertas. Todo sin techos. Fotos de gente que corre aturdida. El ataque terrorista del 21 de agosto de 2025 contra la base militar Marco Fidel Suárez, en Cali, es uno de los recuerdos que los colombianos tienen como una imagen reciente del miedo.
Hechos como ese y otros parecidos han sido recordados constantemente en la actual campaña por la Presidencia, con miras a las votaciones de la primera vuelta el 31 de mayo. El saldo del ataque terrorista en Cali fue más allá de los daños materiales: en el lugar murieron seis personas y unas 70 resultaron heridas, según señaló la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La seguridad no es una llave mágica al triunfo electoral, pero en el actual escenario colombiano aparece como uno de los puntos clave para llegar a la Casa de Nariño. Según las más recientes encuestas de intención de voto en el país y estudios de percepción ciudadana sobre el tema, la seguridad, junto a la salud, son los temas que más le preocupan a la ciudadanía.
Tampoco es un tema nuevo y sería irresponsable culpar exclusivamente al actual Gobierno nacional y a las administraciones locales. Sin embargo, la campaña política ha radicalizado las posiciones y ha enfrentado los modelos de país planteados por los candidatos, dejando claro la disputa sobre la nación que cada uno imagina y la forma en que el Estado debe responder al miedo ciudadano.
Así, la seguridad dejó de ser solo una estadística para convertirse en una frontera ideológica. Y aunque, por obvias razones, la palabra atraviesa todos los planes de gobierno de los actuales candidatos, detrás de ese consenso aparente se esconde una diferencia mucho más profunda.
CAMBIO analizó las propuestas de seguridad de Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López. Esto fue lo que encontramos.
Un espectro amplio, unos puntos diferentes
A las 9 de la mañana de ese mismo 21 de agosto, en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi (Antioquia), mientras 30 uniformados descendían de un helicóptero Black Hawk para una jornada de erradicación de cultivos ilícitos fueron impactados por un artefacto explosivo, probablemente lanzado por dron, según las investigaciones.
La aeronave cayó en medio de la vegetación, con daños estructurales severos y envuelto en llamas. El impacto dejó restos metálicos por la zona. El doloroso saldo fue de 13 policías muertos y cuatro más heridos. Algunos fallecieron esperando ayuda. El hecho encendió más la discusión política sobre la seguridad en la campaña. Además, dejó ver diferencias sustanciales en las posiciones de los candidatos.
En una están las miradas como las de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según los cuales Colombia enfrenta una captura institucional por parte del narcotráfico y las economías ilegales que solo admite una respuesta: recuperar el monopolio de la fuerza, endurecer la acción penal y asfixiar las finanzas criminales. Y desde otra posición, Iván Cepeda propone un modelo de ‘Seguridad Humana’, construido sobre el diagnóstico de que la violencia no es la causa, sino el síntoma de una exclusión histórica que el Estado ha sido incapaz de resolver en algunas regiones.
En un punto intermedio se ubican Claudia López y Sergio Fajardo, quienes comparten una misma lectura: la seguridad no es un asunto de ideología, sino de gerencia y legitimidad. La exalcaldesa y el exgobernador coinciden en fortalecer la Fuerza Pública y acelerar la judicialización. La diferencia está en el énfasis: mientras Fajardo insiste en la construcción de un nuevo modelo de convivencia, López apuesta por priorizar una respuesta inmediata a la inseguridad cotidiana.
Rafael Guarín, exministro de Defensa, le dijo a CAMBIO que la actual campaña electoral ha reabierto uno de los debates más antiguos y aún no resueltos de la historia colombiana: qué peso deben tener la Fuerza Pública, la prevención social y la presencia integral del Estado en la construcción de seguridad. Dice, se trata de una discusión que ha atravesado gobiernos, acuerdos de paz y doctrinas de seguridad durante décadas, y a la que hoy regresan con nuevos matices y visiones políticas de distintas orillas.
Radiografía de las propuestas de seguridad de los presidenciales
La propuesta de ‘Seguridad Humana’ de Cepeda parte de una premisa central: la violencia no se explica solo por la acción criminal, sino por décadas de pobreza, exclusión y ausencia estatal en los territorios. Por eso, su plan de gobierno prioriza la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de líderes sociales y comunidades, la prevención del reclutamiento juvenil, la lucha contra la extorsión mediante herramientas tecnológicas y el golpe a las finanzas del narcotráfico, con un giro en la política de drogas hacia la sustitución, la regulación y el desarrollo rural.
El candidato del Pacto Histórico propone seis ejes de acción que buscan romper con lo que llama el ‘mito de la mano dura’. Su estrategia incluye también la creación de un departamento de Inteligencia Ambiental para combatir la deforestación y la minería ilegal, y un ambicioso plan de empleo y educación juvenil diseñado para cerrar la puerta al reclutamiento forzado. “No volveremos al dogma de que la seguridad debe construirse sobre la violación masiva de los derechos humanos”, señala en un apartado de su plan con el que marca distancia de la doctrina del enemigo interno.
La seguridad es la piedra angular en el plan de gobierno de Paloma Valencia, quien -con el expresidente Álvaro Uribe como asesor- promete liderar una estrategia para vivir sin miedo. Su visión parte de una apuesta por el fortalecimiento inmediato de la capacidad coercitiva, con un aumento de 20 billones de pesos en defensa y la incorporación de 60.000 nuevos militares y policías, además de una modernización tecnológica impulsada por drones y ciberinteligencia. A esa ofensiva se suma una meta presupuestal ambiciosa: elevar la inversión en seguridad y defensa hasta niveles cercanos al 4 por ciento del PIB durante el cuatrienio.
Bajo la consigna de una ‘Patria Milagro’, de la Espriella plantea la seguridad como una cruzada de defensa nacional centrada en la eliminación de las economías ilegales. Su propuesta se distancia de cualquier posibilidad de diálogo con grupos armados y prioriza la recuperación total del monopolio de la fuerza. Como parte de esa narrativa, sus medidas centrales son la erradicación de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea y erradicación manual, la persecución a las finanzas criminales, el fortalecimiento de la inteligencia y la creación de bloques de búsqueda contra la extorsión y la corrupción.
En el programa de Claudia López, su apuesta se resume en la idea de “poner la casa en orden”. A partir de la recuperación del control territorial, la exalcaldesa propone la creación de una Fiscalía Antimafia enfocada en el desmantelamiento de redes de narcotráfico y corrupción. Junto a una reforma a la justicia, la candidata plantea mayor cooperación internacional y la transformación del régimen global de drogas para adaptar la respuesta del Estado a un crimen organizado que avanza más rápido que su capacidad para contenerlo.
La seguridad se plantea como un eje para recuperar la confianza institucional en el programa de Sergio Fajardo. El plan contempla una estrategia nacional contra la extorsión y el fortalecimiento de unidades especializadas en mujeres, familia y menores. Para lograrlo, propone la creación de un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana y una coordinación continua con alcaldes y gobernadores que iniciaría siete días después de su eventual posesión como jefe de Estado.
Miradas hacia lados diferentes en los programas
“El principal problema en Colombia”, alcanzó a decir Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, mientras hablaba en un parque del barrio Modelia en Bogotá. No pudo terminar la frase. Fue impactado en su cabeza por las balas disparadas por un joven sicario, el 7 de junio de 2025. Dos meses y cuatro días después murió en la Clínica Santa Fe de la capital.
El hecho marcó un nuevo rumbo para la campaña y una nueva discusión sobre la posición frente a los grupos armados ilegales. Alrededor del tema está el primer gran punto de ruptura entre los candidatos: la vigencia de la Paz Total y la disposición a negociar con grupos armados.
Mientras Cepeda defiende la continuidad de los diálogos, en el extremo opuesto, De la Espriella y Valencia prometen un cierre definitivo a cualquier mesa de conversación. En un matiz intermedio, López y Fajardo plantean que la paz no puede ser un cheque en blanco, pero reconocen la necesidad de mantener canales de desescalamiento y procesos de sometimiento.
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El rol del sistema penitenciario como respuesta al crimen es otro de los choques. Para Valencia y De la Espriella, el endurecimiento del castigo pasa por ampliar la capacidad carcelaria y asegurar el aislamiento efectivo de los delincuentes. En contraste, Cepeda pone el acento en la resocialización y en atacar las causas que llevan al delito antes que en la expansión del encierro. En posiciones intermedias, López y Fajardo proponen reformas penitenciarias orientadas al control de las redes criminales desde prisión y a la reducción de la reincidencia.
“Los candidatos que están proponiendo megacárceles, como las que construyó el presidente Bukele en El Salvador, desconocen la violación de los Derechos Humanos que han producido este tipo de establecimientos”, explicó a CAMBIO Hugo Acero, asesor en seguridad de la campaña de Fajardo.
¿Qué tan viables son las propuestas?
El éxito de cualquier modelo de seguridad depende directamente de la capacidad de la caja del Estado. Las propuestas de aumentar el pie de fuerza en decenas de miles de efectivos o de elevar significativamente la inversión en defensa, como plantean Valencia y De la Espriella, se enfrentan a una realidad fiscal apretada que obligaría a recortes drásticos en otras carteras o a una nueva reforma tributaria de grandes proporciones. Por otro lado, la viabilidad de modelos como el de Cepeda o Fajardo depende de una coordinación territorial que hoy parece fracturada.
Andrés Felipe Ortega, experto en seguridad y reforma de las Fuerzas Militares, explica que estos enfoques no solo exigen presencia integral del Estado en los territorios, sino también una transformación sostenida en la relación entre instituciones civiles y Fuerza Pública. “La viabilidad de estas propuestas depende menos del diagnóstico y más de la capacidad real de ejecución en el terreno”, advierte.
A esto se suma una limitación política clave: buena parte de las medidas de choque que los candidatos proponen para los primeros 100 días de su eventual mandato deberán ser radicadas ante un Congreso en el que hoy ningún proyecto político tiene mayorías aseguradas. En ese sentido, iniciativas como la creación de la Fiscalía Antimafia, el endurecimiento de penas y reformas estructurales al sistema judicial requieren trámite legislativo y acuerdos que no se construyen automáticamente con la llegada al poder.
Incluso en un punto en el que todos los candidatos parecen coincidir -el aumento del pie de fuerza como herramienta para contener el avance de los grupos armados- informes de centros de investigación como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierten que la reciente intensificación de operaciones y los esfuerzos focalizados para recuperar el control no se han traducido de manera proporcional en mejoras sostenidas de seguridad.
El investigador Luis Trejos, de la Universidad del Norte, señala que la seguridad ha vuelto al centro del debate público, pero no está afectando la balanza electoral. Afirma que, pese al deterioro en distintas zonas del país, esto no ha impactado la imagen del Gobierno ni del candidato oficialista, que incluso ha crecido en favorabilidad.
“Por distintos hechos, la seguridad irrumpe en el debate público y hay tres propuestas: una de militarización que retoma la Seguridad Democrática sin claridad sobre su financiación; otra de continuidad de la paz total, con grandes incógnitas; y una propuesta híbrida, que considero más robusta, que busca revertir la tendencia con planes y programas definidos”, detalla Trejos.
Isaac Morales, experto en seguridad de la Fundación Pares, afirma que en los últimos ocho años la seguridad se ha convertido más en un tema de campaña que en acciones concretas, en parte por la dificultad de encontrar soluciones únicas o aplicarlas mediante ensayo y error.
“Estos temas calan porque la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Hace 20 años lo eran el desempleo y el hambre. La idea de mano dura o de un ‘Bukele’ en Colombia es ruido de campaña, porque llevarlo a la práctica es muy difícil. No existen soluciones únicas, y las dinámicas de seguridad varían entre ciudades y territorios”, explica.
La segunda semana de abril, los candidatos Valencia y de la Espriella denunciaron amenazas en su contra: ambos recibieron coronas fúnebres. El hecho terminó de calentar el debate. Horas después Cepeda solicitó a las autoridades información detallada sobre un presunto plan para atentar contra su integridad física, después de una alerta del presidente Gustavo Petro. Lo que demuestra que la violencia y la inseguridad también les tocan la puerta a los mismos candidatos.
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