Homicidios al alza: los datos que marcan el peor año desde 2013

Hoy: siete perros criollos lo buscan cada día en la empinada vereda Chacua Alta, en Soacha. Recorren el mismo tramo, una y otra vez: el pasto mojado, los bordes de los caminos resecos, la tierra removida, los postes de luz, la sombra de los árboles. A ratos se detienen y levantan el hocico, como si esperaran una señal. Pero el viento no trae nada. Ya no hay rastro del hombre que los rescató: Édgar Ramiro Retavisca, enterrado en el Cementerio Campos de Cristo, a diez kilómetros de allí. 

“Édgar tenía 61 años, pero una vitalidad enorme y un amor profundo por los perros criollos que otros desprecian por no tener raza —dice su hermana Sonia—. Él los rescataba, les daba comida, y con paciencia, ganaba su confianza". El pasado 6 de abril, le escribieron por WhatsApp pidiéndole que fuera a rescatar unos perros bravos, algunos con cachorros. No volvieron a saber nada de él y, unas horas después, apareció apuñalado en una zona boscosa de la vereda.

Retavisca fundó hace más de veinte años un refugio para perros callejeros llamado Los Peluditos de Don Edgar, donde alojaba 76 animales, la mayoría con heridas físicas y de abandono. Tras su muerte, la mayoría de esos perros se dispersó entre otras fundaciones, pero siete de ellos, ariscos y esquivos, siguen vagando por la vereda, como resistiéndose a su muerte. El asesinato de Édgar sigue en la impunidad.

11 de febrero: menos de dos meses antes, el empresario Gustavo les había dicho a sus amigos: “Hice el viaje de mi vida”. Había ido con su familia al Polo Norte, a Laponia, el pueblo de Papá Noel. Vieron la aurora boreal, montaron en trineo tirado por perros, caminaron junto a los renos y, en el regreso, visitaron El Vaticano. María Paula Romero, su amiga del alma, recuerda a Gustavo como un hombre generoso y desprendido de lo material que siempre tenía tiempo para ayudar: “Yo le llamaba y me preguntaba, ‘¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?’ Y él siempre respondía con una disposición sincera y absoluta para estar presente, para ofrecer su apoyo sin reservas”.

Hacia las 3.45 p.m del 11 de febrero, cuando salía del gimnasio Bodytech de la calle 85 con carrera séptima de Bogotá, un hombre le disparó a él y a su guardaespaldas. Gustavo dejó una esposa y cuatro hijos. En diciembre, después de la fiesta de su último cumpleaños, les había dicho a sus amigos: “Si así fueron mis 49, no se imaginan lo que van a ser los 50”.

21 de enero: esa noche, varias explosiones despertaron de golpe a los habitantes de la vereda 20 de Julio, en el municipio de El Tarra. Eran drones. Un joven no sobrevivió a los ataques: Yorfran Camilo Quintero, de 18 años. Vivía en la finca familiar, donde ayudaba a su padre, Rubén Quintero Contreras, quien tiene una discapacidad. Desde enero de 2025, la violencia se ha recrudecido en el Catatumbo, pero su familia decidió quedarse y seguir con su finca, aferrándose a su tierra y sustento. Sin embargo, según cifras del Consejo Noruego para Refugiados, más de 100,000 personas abandonaron la región ante el aumento de la violencia, reflejando la gravedad y el impacto humano de este conflicto en el Catatumbo.

2 de diciembre de 2025: el día del funeral, el color naranja que distingue a los domiciliarios de Rappi contrastaba con el luto de la multitud que llegó para despedir a Jean Claude Bossard. “Los repartidores se me acercaban para decirme ‘su hijo nos quería’, ‘su hijo nos ayudaba’”, cuenta su padre, quien lleva el mismo nombre. Su hijo fue asesinado en la calle 107 con carrera 19, en el norte de Bogotá, por un menor de edad que le disparó en el pecho luego de atracarlo. Bossard tenía 29 años, era piloto de avión, administrador de empresas, hablaba cuatro idiomas y le encantaban las motos. Atravesando ríos y carreteras destapadas, en su potente KTM 970, llegó hasta la frontera con Venezuela en Arauca y a los lugares más remotos del Valle y Antioquia. En el mes más violento de todos los años, diciembre, lo mataron.

Historias como las anteriores reflejan una realidad más amplia y preocupante. Esta investigación de CAMBIO, que cruzó cifras oficiales, muestra que los dos primeros meses de 2026 han sido los de mayor número de homicidios en Colombia desde 2013. Medicina Legal registró 2.372 casos, mientras que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa indican cifras distintas pero coinciden en la misma tendencia: 2025 fue el año con la cifra más alta de homicidios en la última década, y 2026 apunta a superar esos niveles, confirmando un aumento sostenido en la incidencia de homicidios.

Las cifras sin respaldo de Petro

Esta semana, lejos de Colombia, en el programa español Los Desayunos, de RTVE y EFE, el presidente Gustavo Petro, vestido de traje azul oscuro y corbata celeste, levantó la cabeza hacia atrás mientras jugueteaba con el lápiz de siempre y afirmó: “La tasa de homicidios de Colombia es la más baja desde 1993”. Este contraste con los datos oficiales deja a cualquiera encogido de hombros y con los brazos abiertos, como aquel popular emoticón de WhatsApp.

Los datos estadísticos recogidos por CAMBIO son contundentes. Muestran que el promedio anual de homicidios durante el gobierno de Gustavo Petro es el más alto desde el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Subió 6,9 por ciento en comparación con la administración de Iván Duque. Este aumento se enmarca en un rebote del 14,8 por ciento en los homicidios entre 2018 y 2025, tras el mínimo histórico alcanzado en 2017. La desmovilización de las FARC generó vacíos de poder que rápidamente fueron aprovechados por disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y múltiples bandas criminales. En términos concretos, los promedios anuales de homicidios en mandatos presidenciales reflejan la siguente evolución: el segundo gobierno de Uribe registró 15.303 casos, el primer gobierno de Santos 15.297, su segundo mandato marcó una reducción a 12.294, Duque tuvo 12.704, y finalmente, el gobierno de Petro alcanzó 13.759 homicidios por año.

En Colombia, las cifras de homicidios durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana registraron niveles que marcaron un largo trecho de conflicto y violencia. Con la llegada del gobierno de Duque, esa tendencia encontró una grieta que no ha logrado cerrarse.

La investigación de CAMBIO muestra que en 2002 se produjeron 28.363 homicidios, una cifra que equivalía a 78 muertes al día. Fue el año que marcó el techo de la violencia y el preludio de la Seguridad Democrática bajo Uribe, una respuesta que inauguró un descenso gradual. Esa caída duró catorce años consecutivos, hasta 2017, el año que, gracias al acuerdo de paz con las FARC, llegó a la menor cifra desde 1984: 11.957 homicidios.

Pero la calma duró poco. Entre 2018 y 2025, las cifras volvieron a crecer, con un aumento del 14,8 por ciento. Las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y múltiples bandas se consolidaron en territorios antes controlados por las FARC, reavivando la violencia. Según la Fundación Pares, en 2025 las disidencias de las FARC controlaban 376 municipios, frente a 124 tres años antes. El Clan del Golfo duplicó su presencia territorial, pasando de 213 a 429 municipios entre 2019 y 2025. La pugna por el control territorial y las economías ilícitas reavivó la inestabilidad nacional.

En medio de esta expansión y dispersión, los esfuerzos de diálogo y los ceses al fuego iniciados en 2023 han mostrado ser frágiles y contradictorios. Algunos grupos armados aceptaron estos procesos, mientras que otros los rechazaron por cuestiones como la definición oficial de “grupo rebelde”. Aunque los ceses al fuego lograron disminuir ciertos tipos de violencia, se dieron rompimientos violentos, entre ellos el llamado “plan pistola” en 2024, que intensificó los ataques contra las fuerzas de seguridad. Estas divisiones internas y la persistencia de la violencia ponen en evidencia la complejidad de lograr una paz estable. Así lo describe Leonardo González, director de Indepaz, quien ha seguido de cerca estas dinámicas.

Colombia vive una trama compleja en la que el conflicto muta, se dispersa y se multiplica. La paz, prometida pero aún lejana, permanece en espera.

Como señala Eduardo Pizarro, “la paz total no ha logrado consolidarse porque persisten múltiples focos armados y dinámicas violentas que el acuerdo no desactivó”. María Victoria Llorente, de Ideas para la Paz, afirma que “la violencia no está directamente ligada a la cantidad de cultivos de coca, sino al control territorial y a quién dirige las economías ilegales”. El análisis estadístico de CAMBIO confirma esta visión: la guerra por el territorio es un factor mucho más determinante que el volumen de coca cultivada. La violencia, por lo tanto, está vinculada al poder que se ejerce en esos espacios y a las economías ilícitas, no a la extensión de los cultivos.

La paradoja de la coca

La paradoja de la coca en Colombia es evidente en las cifras: entre 2012 y 2023, las hectáreas destinadas al cultivo de coca se multiplicaron por 5,3. Sin embargo, en ese mismo período, los homicidios apenas mostraron una variación significativa. La violencia, pues, parece estar ligada a quién ejerce poder sobre esos territorios, no al tamaño de los cultivos.

Además de la disputa territorial vinculada a la coca, la investigación de CAMBIO revela otras variables que inciden en los niveles de homicidio en Colombia. La desigualdad social, medida por el índice de Gini, muestra una correlación muy fuerte con la violencia: a mayor brecha económica, mayor probabilidad de homicidios. El desempleo, por su parte, empuja a muchos hacia economías ilegales, exacerbando los riesgos de violencia.

El gasto militar presenta una correlación positiva, aunque débil, con los homicidios; esta relación se entiende mejor como una respuesta del Estado ante el aumento de la violencia, no como su causa directa. Por otro lado, el crecimiento del PIB no se refleja en una disminución clara de los homicidios, lo que indica que la mejora económica por sí sola no basta para contener la violencia.

En palabras de Bastien Bosa, antropólogo de la Universidad del Rosario, la violencia está profundamente arraigada en contextos de desigualdad y exclusión social, donde se naturaliza y se transmite culturalmente, incluso dentro de las familias. Eduardo Pizarro lo resume así: “La desigualdad social es un combustible que facilita la violencia y el reclutamiento criminal, perpetuando un ciclo difícil de romper.” Esta violencia estructural no es solo un fenómeno medible, sino una compleja estructura social que desafía soluciones simplistas. María Victoria Llorente, de Ideas para la Paz, añade que “reducir la desigualdad es fundamental para disminuir la violencia estructural. La pelea por el control territorial es una expresión de crisis sociales más profundas que requieren respuestas integrales, que incluyan desarrollo social, justicia y seguridad.”

Urbanización de la violencia

Eduardo Pizarro destaca cómo la violencia en Colombia ha dejado de ser un fenómeno rural para penetrar profundamente en las ciudades. Junto a Leonardo González, director de Indepaz, señala que esta urbanización de la violencia implica que grupos armados ahora cuentan con bandas locales que operan en barrios y comunas de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali y Cúcuta, disputando el control territorial con nuevos actores. Paralelamente, Pizarro subraya la importancia creciente de las cárceles, que se han convertido en centros neurálgicos desde donde estos grupos coordinan extorsiones, secuestros y asesinatos mediante dispositivos móviles, creando así una red que une lo rural y lo urbano y dificulta las respuestas convencionales del Estado.

Hace unos días, por ejemplo, la Fiscalía imputó a Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, quien desde una prisión en Bogotá habría contactado al joven de 15 años que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

¿Y la Paz Total?

En plena campaña, en una entrevista a Semana de mayo de 2021, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro dijo: “En mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Es más, yo mismo renuncio porque no sirvo”.  Hoy, a menos de cuatro meses de terminar su mandato, la Paz Total no dio los frutos que se esperaban. El conflicto, lejos de terminarse, se ha transformado. 

El último libro de Eduardo Pizarro, El fracaso de la paz total, posa hoy en los estantes de novedades junto al de León Valencia, Una vida contra el olvido. Según Pizarro, “la gente me ha mandado fotos diciendo ‘qué paradójico que el que ideó la idea de la paz total aparezca al lado de su libro, que se llama El fracaso de la paz total”.  Lo cierto es que en un fragmento de la obra, Pizarro explica que, desde su perspectiva,  “el liderazgo personalista y el discurso populista exacerbando el odio de clases del presidente Gustavo Petro, lejos de fortalecer su sueño de alcanzar la Paz Total, es decir, el pilar de su Gobierno, lo fue minando día a día. Petro terminó siendo un rehén de discursos improvisados, interminables, incendiarios, un rehén de las expectativas desbordadas que generó unas promesas que fue incapaz de satisfacer, en últimas, un rehén de sus seguidores más radicales”.

Al menos en cuanto a cifras de homicidios, las expectativas del país no se han cumplido. Tampoco las de masacres: 38 en lo corrido del año. Al cierre de esta nota, casi al tiempo en que el presidente anunciaba la reducción de los homicidios, el Ministerio de Defensa actualizó la cifra de homicidios intencionales: 3391 hasta marzo. Sí, aún la más alta en 13 años.