La nueva guerra antidrogas de Trump y el dilema estratégico de América Latina. Por Ramón Jimeno

Desde los ochenta, la lucha contra las drogas en América Latina oscila entre la represión y los intentos, siempre tímidos, de desarrollar enfoques alternativos. Hoy, esa tensión entró en una nueva fase con la redefinición de la administración Trump del problema como una amenaza a la seguridad nacional, lo cual deja atrás el tratamiento del tema como un asunto criminal o de salud pública. El giro implica otras reglas de juego, otros actores y serias consecuencias para la región. Este es el punto de partida de las reflexiones que el general (r) Óscar Naranjo hace en la entrevista de Cambio, a partir de su experiencia enfrentando, a lo largo de 34 años, al crimen organizado en Colombia y otros países, .

El “corolario Trump” y el retorno de la tutela hemisférica

La nueva doctrina viene con su propio lenguaje: “neutralizar carteles”, “reforzar la presencia militar”, “asegurar las fronteras”, “ampliar los despliegues navales”, “aniquilar al enemigo”. Es una arquitectura de seguridad, unilateral por supuesto, lejos de una política de cooperación. Los asesores de Trump la diseñaron a partir de una hipótesis tan simple como peligrosa, pero muy propia de su modo de pensar: los carteles “solo pueden ser derrotados con poder militar”.

El general Naranjo define esa nueva doctrina, de manera diplomática, como el uso de “poder duro”. Pero su pronóstico sobre la posibilidad de éxito es reservado, mientras que destaca los riesgos que acarrea en distintos órdenes. El cambio está en la lógica operativa. Militarizar la lucha contra el crimen organizado implica abandonar el paradigma judicial —capturar, procesar, condenar— y reemplazarlo por la neutralización física. Las Fuerzas Militares pueden usar su capacidad técnica, su inteligencia y su arsenal para atacar lanchas, laboratorios, o enclaves del narcotráfico en alta mar o en tierra, en zonas urbanas o periféricas. Las nuevas operaciones antidrogas tienen preautorización para ejecuciones extrajudiciales, como en las guerras de verdad, en las que el respeto al debido proceso o al derecho a la vida no existen.

Los narcos no han dicho nada ni con palabras, ni en su lenguaje como grupos terroristas designados por Washington. ¿Mutarán para eludir el gran aparataje militar con tácticas de desgaste no convencionales como lo han hecho otros enemigos designados en Irán, Viet Nam o Afganistán? Tal vez ni siquiera sea necesario. Exterminar a las actuales estructuras delincuenciales puede ser más complejo de lo que creen los chicos de Trump. Son organizaciones multinacionales que han evolucionado a niveles sorprendentes, como lo describe muy bien el general Naranjo.

Añorando los carteles de antaño

Ya no se trata de los carteles de antaño, sino de organizaciones horizontales, con una amplia división del trabajo y una lógica empresarial delincuencial construida a lo largo de cuatro décadas de experiencias enfrentado a los estados prohibicionistas.  “El Menche”, recién dado de baja en México, manejaba un imperio que le reportó una fortuna personal de USD$ 30 mil millones, tenía tres décadas de experiencia en el negocio y en eludir a las autoridades (gran know how), miles de hombres con armas de alta potencia que ejercen el control en zonas donde coparon a las autoridades oficiales. De manera que es propio de un pensamiento básico creer que el problema se erradica usando radares y triangulaciones satelitales para encontrar al enemigo, y pulverizándolo con misiles de alta precisión. Sin duda caerán capos y destruirán infraestructuras, pero el negocio seguirá ahí.

Las nuevas estructuras, por ejemplo, usan los puertos oficiales. A base de corrupción contaminan cualquier carga legal. Alrededor del 80% de la cocaína colombiana se transporta desde puertos de Ecuador, o a través de Brasil, usando la cadena de ríos o la vía aérea en fronteras que carecen de controles. Como dice el general Naranjo, las fronteras latinoamericanas son meros símbolos. Pero además los nuevos mecanismos de corrupción son casi invisibles: les permiten a las bandas contaminar la carga legal sin que el rastro quede registrado en el sistema financiero. Solo el 20% de la cocaína se transporta en lanchas rápidas y semisumergibles, y sirve para que los muchachos del Pentágono aprendan a detectarla y procedan a exterminar al enemigo. Con la producción actual que supera las 3 mil toneladas, puede caer hasta el 50% sin afectar el negocio.

Mientras Colombia mantiene el liderazgo en producción, el mapa del narcotráfico se desplazó a Ecuador, que es ahora el principal punto logístico de salida hacia Europa. Sus puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar se convirtieron en nodos clave. La combinación de infraestructura portuaria, debilidad institucional y alta actividad exportadora facilitó la infiltración de las redes criminales. Carteles mexicanos operan en alianza con bandas locales, generando una espiral de violencia que transformó al país en uno de los focos más críticos de la región. La respuesta del gobierno ecuatoriano —declarar un conflicto armado interno— se alinea, con la lógica de Washington. Pero evidencia la expansión del problema hacia nuevos territorios, sin que las estrategias tradicionales lo contengan. Y está por verse si la militar produce algún cambio.

El punto donde los misilazos no llegan

Gracias a la falta de regulación de las criptomonedas y a las ventajas que estas ofrecen a otros sectores de la economía que tampoco quieren que se regulen, este sistema de circulación de dinero facilita todas las operaciones del mundo ilegal. Muy claro lo dice el general Naranjo: mientras las estructuras financieras para manejar las utilidades del negocio sigan sin controles efectivos, el uso del poder militar por duro que sea no ataca el corazón del negocio.

Es curioso que mientras los criminales aprenden y evolucionen, ocurra lo contrario con los dirigentes en Washington. El general anota el desconocimiento de tantos estudios, análisis y datos de centros de pensamiento serios, que advierten sobre los límites de los golpes militares. Por supuesto, los expertos reconocen que se genera un impacto mediático y un efecto disuasivo cuando en vez de incautaciones y capturas, se destruyen cargamentos, infraestructura y vidas, sin respeto a los derechos humanos. Pero si no se desmontan las redes financieras, o se frena la corrupción o la capacidad de regeneración de las organizaciones criminales, el uso de la fuerza militar se reducirá a un espectáculo operativo que no resuelve el problema estructural.

Los países tutelados

Aparte de la dudosa eficacia de la fuerza dura, el rediseño de la guerra contra las drogas implica una reconfiguración del orden regional. La convocatoria selectiva a los gobiernos alineados con Trump (que hicieron en marzo) dejó por fuera a tres países clave: Colombia, Brasil y México. Esto quiere decir que la red que construye Trump es una operativamente subordinada a Washington. Una reedición, en clave contemporánea, de la vieja lógica hemisférica: la seguridad continental definida desde el norte.

En ese contexto, la soberanía deja de ser un principio operativo para convertirse en una variable negociable. Intervenciones unilaterales, operaciones conjuntas en territorios sensibles y presión política directa, configuran el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. El escenario más probable no es una intervención abierta, sino algo más sofisticado y difícil de rastrear: las intervenciones en “zona gris”. Operaciones por debajo del umbral de guerra declarada que combinan inteligencia, fuerzas locales, acciones encubiertas y presión militar limitada. Si el país no ejerce soberanía en una región (por estar bajo control del Clan del Golfo, por ejemplo) ¿esto quiere decir que las fuerzas enviadas por Estados Unidos podrían actuar sin permiso del gobierno? ¿A quién van a bombardear? ¿A la población civil que respalda a la estructura criminal que le ofrece ingresos, protección y servicios?  Hay que escuchar al general Naranjo que lo explica mejor.

El esquema es conocido: inteligencia satelital; señales analizadas en Estados Unidos; operaciones ejecutadas por fuerzas latinoamericanas (legítimas o mercenarios); ataques selectivos contra rutas, campamentos, con uso de informantes locales y, sobre todo, con negación absoluta de la participación directa de Washington. No es un modelo nuevo. Estados Unidos lo ha utilizado en escenarios en Nicaragua en los años ochenta, y en Siria en la última década. La diferencia es que América Latina —históricamente tratada como un espacio de influencia más que de confrontación— podría convertirse ahora en un laboratorio de estas dinámicas.

Colombia: el aliado inevitable

En ese tablero, Colombia ocupa un lugar central, no solo por ser el mayor productor mundial de cocaína sino por su capacidad operativa acumulada durante décadas de conflicto interno. Desde el Plan Colombia, el país ha construido uno de los aparatos militares más experimentados del mundo en guerra irregular, inteligencia territorial y combate contra actores armados no estatales. A ello se suma su estatus como aliado estratégico extra-OTAN de Estados Unidos, que facilita el intercambio de inteligencia, acceso a equipamiento y cooperación ampliada. A pesar de los esfuerzos del gobierno Petro, esta relación militar subsiste y es sólida. Solo esperan el cambio de gobierno para no tener que torcerle el brazo a Petro.

En términos geográficos, Colombia es un nodo: conecta rutas hacia Centroamérica, el Caribe, el Pacífico y la Amazonía. Funciona, en la práctica, como un hub de seguridad regional. Y eso la convierte en un socio operativo ideal para cualquier estrategia que combine presión militar y acción indirecta. Pero ese mismo rol encierra un dilema. Ser el centro operativo puede traducirse en ventajas —recursos, inteligencia, apoyo político—, pero también en costos: mayor exposición a conflictos regionales, tensiones con vecinos y una profundización de la militarización interna.

El debate de fondo: ¿más fuerza o más inteligencia?

En medio de este giro, voces como la del general (r) Óscar Naranjo introducen un matiz necesario. Arquitecto de la estrategia antidrogas clásica, pero hoy crítico de sus límites, Naranjo plantea una tesis incómoda: la guerra contra las drogas, tal como se ha concebido, ha sido insuficiente. No se trata de negar la necesidad de confrontar a las organizaciones criminales, sino de reconocer que el fenómeno ha mutado. Hoy no es solo narcotráfico, sino gobernanza criminal: control territorial, economías ilícitas múltiples, captura institucional.

La respuesta, según esta visión, no puede ser exclusivamente militar. Debe combinar persecución a gran escala con políticas sociales, desarrollo rural y, eventualmente, debates sobre regulación. En contraste, la estrategia actual de Washington parece moverse en dirección opuesta: más seguridad nacional, menos discusión sobre alternativas.

¿Antidrogas o geopolítica?

Un dato introduce una pregunta incómoda: el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por México. Sin embargo, la presión se intensifica sobre países productores y de tránsito en Sudamérica. Esto ha llevado a algunos analistas a plantear que el narcotráfico es un pretexto estratégico para objetivos más amplios: control de corredores, contención de China y Rusia como actores globales, y reconfiguración preventiva del equilibrio de poder en el hemisferio.

La preocupación en Washington sobre posibles vínculos entre redes criminales y actores geopolíticos refuerza esa hipótesis. El problema deja de ser únicamente criminal para convertirse en una pieza del tablero global.

Al final, la región enfrenta una decisión compleja. Alinear sus políticas con la estrategia de Washington puede ofrecer recursos y respaldo, pero también implica ceder margen de maniobra. Resistirse, en cambio, puede traducirse en presión política y aislamiento. La pregunta, entonces, no es solo qué tan efectiva será la nueva guerra contra las drogas, sino qué tipo de región emergerá de ella. ¿Una más segura, o una más militarizada?. ¿Una con mayor cooperación, o una con soberanías diluidas?.