¿La Supersalud se divide?: siete funcionarios denunciaron la última intervención de la Nueva EPS
Un documento oficial firmado por una superintendente delegada y seis funcionarios revela que la decisión de intervenir nuevamente a la Nueva EPS habría violado el debido proceso e ignorado recomendaciones técnicas. Además, se designó un interventor que no cumple con los requisitos del cargo.
Por: Juan David Cano
El pasado 14 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud trasladó a la Procuraduría General de la Nación un expediente con varios documentos de respaldo en el que detalla una serie de presuntas irregularidades cometidas en el proceso que culminó con la nueva y última intervención de la Nueva EPS, ordenada el pasado 10 de abril.
La comunicación, firmada por la superintendente delegada para entidades de aseguramiento en salud, Edilma Marlén Suárez Castro, junto con José García, director de Medidas Especiales; Liliana Ruiz, directora de Inspección y Vigilancia, y cuatro coordinadores de las áreas jurídica, técnico-científica, financiera y de despacho, señala que la medida fue adoptada sin cumplir los procedimientos internos obligatorios que rigen este tipo de decisiones.
Según el documento, antes de ordenar una intervención forzosa, la Superintendencia debe contar con un informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia, un concepto técnico de adopción y seguimiento e información complementaria de las distintas dependencias competentes. Ninguno de estos pasos habría sido realizado.
El Comité de Medidas Especiales recomendó no hacer una nueva intervención a la Nueva EPS
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con lo ocurrido en la sesión del Comité de Medidas Especiales del 10 de abril. Según los firmantes, ese día los miembros del comité deliberaron y por unanimidad recomendaron no adoptar una nueva medida de intervención forzosa, precisamente por la ausencia de los soportes técnicos requeridos. Sin embargo, la resolución que ordenó la toma de posesión afirma en su parte motiva que el Comité sí recomendó la medida, lo que contradice directamente lo que habría ocurrido en esa reunión.
El documento también deja en evidencia que la medida de intervención anterior venció el 3 de abril. La Supersalud había solicitado al Ministerio de Salud, desde el 5 de marzo, autorización para una prórroga de un año. El ministerio nunca respondió, y el plazo para hacerlo expiró el 6 de abril. En consecuencia, desde el 7 de abril la Nueva EPS habría quedado sin ninguna medida vigente, y lo que correspondía legalmente era iniciar la transición administrativa hacia sus accionistas, pero esto no ocurrió.
Jorge Iván Ospina tampoco sería apto para el cargo de interventor
Además de todo lo anterior, los denunciantes evaluaron la hoja de vida del médico y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez, designado como agente especial interventor, y concluyeron que no acredita los tres años mínimos de experiencia en cargos directivos o asesores del sector salud exigidos para el cargo, ni los dos años adicionales requeridos. Además, en la consulta de listas vinculantes y restrictivas obtuvo una calificación de riesgo alto de 32 puntos. Este concepto fue enviado a la superintendente nacional de Salud ad hoc antes de la sesión del 10 de abril.
El mismo documento expone el balance de la intervención que acaba de concluir. Las quejas de los afiliados crecieron a una tasa anual del 14,25 por ciento, el rezago en el procesamiento de cuentas médicas escaló de 5,7 a 14,9 billones de pesos entre el inicio de la medida y diciembre de 2025, y las deudas con la red prestadora pasaron de 18,38 a 26,09 billones en menos de un año.
La Procuraduría General de la Nación tiene ahora en sus manos el expediente y deberá determinar si proceden acciones disciplinarias frente a los hechos denunciados.
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