Caso Centros Poblados: juez avala la presunta responsabilidad solidaria de Karen Abudinen
CAMBIO conoció que un juez de la república se refirió a la presunta responsabilidad de la exministra de las TIC del gobierno de Iván Duque en el fallido contrato de Centros Poblados. El abogado de Abudinen afirma que ello genera un “precedente nefasto en la administración pública”. Detalles.
Por: Ana María Cuesta
CAMBIO accedió a una decisión de un juez de la república ligada al escándalo de corrupción de Centros Poblados, en la que se señala que la exministra de las TIC Karen Abudinen Abuchaibe sí era responsable del control y vigilancia del billonario contrato que su ministerio le entregó en 2020 a una unión temporal controlada por el condenado contratista Emilio Tapia, cuestionado hace unos días por su asistencia al festival vallenato de Valledupar.
La decisión advierte que aunque la exministra Abudinen haya delegado en la exsecretaria general del Ministerio de las TIC, Adriana Meza, las funciones relacionadas con la contratación del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), dicha delegación no la exoneraba a ella, como ministra, de la supervisión de lo que ocurrió con el contrato por un billón setenta y dos mil millones de pesos ($1.072.552.301.405) para la conectividad de las escuelas rurales que el Fontic le adjudicó a la estructura del condenado Tapia. En pocas palabras, el juez sugiere que Abudinen habría actuado de manera negligente, dando crédito a señalamientos de la Fiscalía.
> “A juicio del despacho, sí se imponía responsabilidad a dicha cartera ministerial, representada por la exministra, en la medida en que el contrato tenía por objeto la ejecución de una política pública orientada a promover centros digitales en instituciones educativas de zonas rurales, bajo la dirección de ese ministerio a cargo de la afectada Abudinen Abuchaibe”, dice una decisión del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.
El pronunciamiento del juez José Ramiro Guzmán, en desarrollo de un proceso de extinción de dominio que cursa contra los bienes de los vinculados al caso Centros Poblados, se cruza explícitamente con la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que a finales de 2024 exoneró de toda responsabilidad disciplinaria a Abudinen, archivando el caso que se había abierto en su contra, y declarando que ella no tuvo injerencia alguna en las actividades de vigilancia sobre el contrato por cuanto no ejerció como supervisora del mismo, ni participó en la revisión o aprobación de las garantías falsas que presentó la empresa controlada por Tapia.
“Resultó un hecho notorio y público, a partir de fuentes abiertas, el incumplimiento de dicho contrato estatal, de modo que la provisión de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a la población pobre y vulnerable en zonas rurales constituye una tarea propia, y no ajena o extraña, a las actividades normales de la Nación (Ministerio TIC), por corresponder al desarrollo de una política pública a su cargo”, señala la decisión adoptada por el juez.
“La afectada –Abudinen–, en ejercicio de esa labor, en el entender de este funcionario judicial y bajo el criterio de autonomía, en grado de probabilidad se le imponía el cumplimiento de las funciones propias y normales de la Nación, en el marco de la política pública implementada, de modo que, si bien la delegación para contratar era factible, dicha delegación no exoneraba el cumplimiento de los deberes de control y vigilancia sobre la actividad contractual, pese a la decisión de archivo del 23 de septiembre de 2024, proferida por la Procuraduría General de la Nación", añade la decisión del juez Guzmán.
La responsabilidad solidaria que se le aplica a Abudinen, y de la que habló el juez Guzmán, fue definida por la Fiscalía como aquella que emerge de pactos criminales que afectan el patrimonio público, producto de la corrupción, y por la cual deben responder todos los sujetos que de alguna manera estuvieron implicados, “sin que se repare en analizar si unos u otros se enriquecieron o si solo sirvieron para enriquecer a sus compañeros de crimen”.
El lío por el apartamento de Abudinen
El pronunciamiento del juez José Ramiro Guzmán se produjo en una providencia del pasado 27 de marzo en la que declaró la legalidad de una medida cautelar que pesa sobre el apartamento en el que actualmente vive Abudinen. La medida que declararon legal fue la de suspensión del poder dispositivo, que le impide a la exministra del gobierno de Iván Duque vender o traspasar el referido inmueble, sobre el que también pesa un embargo.
El apartamento de 212 metros cuadrados y ubicado en el exclusivo sector Altos de Riomar de Barranquilla, que está inmerso en el proceso judicial, fue adquirido por Abudinen en julio de 2019, por 790 millones de pesos y con una hipoteca de 460 millones de pesos, meses antes de que ella se posesionara en el Ministerio de las TIC, cargo al que llegó en mayo de 2020.
El inmueble fue afectado a finales del año pasado por decisión de la fiscal 21 delegada Ana América Pereira, quien le aplicó la causal 11 del artículo 16 del Código de Extinción de Dominio que se impone a bienes de origen lícito con ciertas particularidades. Concretamente, la causal 11 permite la afectación de los patrimonios “de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos”.
Las medidas cautelares impartidas por la Fiscalía sobre el apartamento de Abudinen guardan relación con el escándalo de corrupción de Centros Poblados, proceso en el que, según dijo la Contraloría, se generó un detrimento patrimonial para el Estado por 87.027 millones de pesos.
El abogado de la exministra, Luis Antonio Hernández, quien presidió la Corte Suprema de Justicia en 2021, aseguró que las medidas cautelares que pesan contra el inmueble de su cliente son “arbitrarias” e “ilegales” por cuanto, en la práctica, se le está imponiendo a Abudinen una “responsabilidad solidaria” que usualmente se usa contra las organizaciones criminales en la jurisdicción de Justicia y Paz. Por ello, promovió un control de legalidad que pretendió tumbar las medidas contra el apartamento, afirmando que Abudinen compró ese inmueble legalmente.
> “No se refirió la fiscal, efectivamente, a ningún enriquecimiento ilícito previo de la doctora Karen Abudinen, limitándose a fundamentar la medida cautelar en su supuesta negligencia en el trámite del contrato suscrito el 9 de diciembre de 2020 con la Unión Temporal Centros Poblados, respecto del cual fue exonerada fiscalmente por la Contraloría General de la República y no ha sido procesada penalmente por la Fiscalía General de la Nación, según se admitió”, señaló Hernández.
El pasado 27 de marzo, el juez José Ramiro Guzmán declaró legal la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo sobre el apartamento y desechó de plano la petición del exmagistrado Hernández relacionada con el embargo. En la decisión judicial, se dejó claro que a la exministra le recaía una presunta responsabilidad en la vigilancia del contrato para la conectividad rural. De esa responsabilidad también habló el Ministerio de Justicia.
El debate por la responsabilidad de Abudinen
En el proceso judicial que persigue los bienes de quienes participaron en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la fiscal 21 de Extinción de Dominio advirtió que “se puede afirmar con probabilidad de verdad que los bienes fueron adquiridos con el producto directo o indirecto de la actividad ilícita, destinados a la comisión de actividades ilícitas”. En dicho pronunciamiento se incluyó al apartamento de Abudinen.
La fiscal Pereira también advirtió, en relación con el apartamento que, aunque Abudinen no fue encontrada fiscalmente responsable por parte de la Contraloría, ni fue investigada penalmente por parte de la Fiscalía, ella “no puede pasar por alto la falta de diligencia y cuidado como ordenador del gasto en su calidad de ministra de las Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia, asistiéndole responsabilidad solidaria en el detrimento al Estado de más de 84.000 millones de pesos”.
> Al respecto, el abogado de Abudinen señaló ante el juez segundo, que la actuación de la Fiscalía contra su cliente está creando un “precedente nefasto y de gran riesgo para la administración pública”.
Para Hernández, de validarse la tesis de la Fiscalía, como en efecto ocurrió en la providencia de la que estamos hablando, “cualquier ordenador del gasto, cuyo actuar sea calificado de negligente, podría ver su patrimonio personal, lícitamente adquirido, sujeto a extinción de dominio por los delitos cometidos por contratistas o subalternos, sin haber obtenido un solo peso de provecho ilícito”.
El exmagistrado Hernández también destacó que la Procuraduría archivó en 2024 el caso contra su cliente, quien no fue procesada penalmente por el ente acusador en el escándalo de corrupción por el que un juez condenó a Emilio Tapia a más de seis años de cárcel.
Ante todos estos argumentos, el abogado Andrés Fabián Castrillón, adscrito a la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, le solicitó al juez José Ramiro Guzmán que impartiera legalidad sobre las medidas cautelares contra el apartamento de Abudinen, advirtiendo que la Fiscalía aportó elementos de juicio suficientes para considerar que probablemente su apartamento sí esté vinculado a una de las causales de extinción del dominio.
“En la resolución confutada –de la Fiscalía– se explicó que a pesar de que la afectada no fue investigada penalmente y exonerada de responsabilidad fiscal, es claro que no puede pasar por alto su falta de diligencia y cuidado como ordenadora del gasto en su calidad de exministra de las TIC, ya que existe responsabilidad solidaria en el detrimento del Estado en cuantía superior de 84.000 millones”, citó el Ministerio de Justicia.
La apelación
El juez Guzmán dejó claro en su providencia que “disiente de la estrategia defensiva” del exmagistrado Hernández porque, aunque el contrato de Centros Poblados fue adjudicado el 9 de diciembre de 2020 y aunque los investigados penalmente hayan sido otros y no su clienta, también es cierto –para el juez– que la exministra Abudinen sí tenía responsabilidad solidaria en lo que ocurrió con el contrato.
“Aunque el apoderado insiste en que el inmueble identificado con matrícula No. 040-578769 fue adquirido antes de los hechos, dando a entender que por ello no existe vínculo con la causal 11, lo cierto es que obran en el expediente elementos que permiten inferir que los actos de corrupción, al parecer, derivaron en el incremento del patrimonio de los involucrados –situación que posiblemente será aclarada con la experticia técnica en sede de Juzgamiento–, tanto servidores públicos como contratistas y otros actores”, señaló el juez.
“En la resolución confutada no se indica elemento de prueba que advierta que los dineros hayan sido recuperados, sino que se habla de un presunto detrimento a las arcas del Estado; es decir, de alguna manera siguen en cabeza no solo de los investigados y sentenciados, sino también de otros sujetos que han sacado avante su responsabilidad en diferentes ámbitos del derecho, generándoles una ganancia ilícita que no ha sido ubicada, circunstancia que precisamente evidencia, al menos de manera mínima, la relación del predio afectado con la causal extintiva seleccionada por el instructor”, añadió la providencia del juez Guzmán.
Pese a todas estas consideraciones, el próximo pronunciamiento sobre el caso vendrá del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que se pronunciará sobre la legalidad de las medidas cautelares, pues la decisión adoptada por el juzgado segundo fue remitida a ese Tribunal desde el pasado 16 de abril, en virtud de un recurso de apelación que presentó el abogado Luis Antonio Hernández.
A propósito de esta polémica, CAMBIO reveló el pasado marzo un interrogatorio que Emilio Tapia rindió en 2021, en el que habló de la presunta participación de un lobista identificado como Hugo Buitrago, con quien Tapia supuestamente se habría puesto de acuerdo para lograr que el Ministerio de las TIC fraccionara el billonario contrato para la conectividad de las escuelas rurales en dos lotes, y no en uno, como inicialmente había anunciado el ministerio. Según Tapia, el lobista habló de supuestas gestiones directas que realizó con la exministra y con Jousetti Abuchaibe, su difunta madre.
Aunque se conoce ampliamente que la exministra Abudinen ha defendido su inocencia y su integridad en este delicado proceso de corrupción contractual, que comprometió la imagen del gobierno de Iván Duque, en todo caso, lo que se diga en el proceso de extinción de dominio no compromete penal o disciplinariamente a la exministra, por tratarse de un proceso de naturaleza distinta que persigue los patrimonios que emergen del narcotráfico o de la comisión de otros delitos.
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