El difícil equilibrio de Petro: lograr acuerdos con el Clan del Golfo o cumplir lo pactado con Trump

Han pasado un par de meses desde que el presidente Gustavo Petro se sentó en el Despacho Oval de la Casa Blanca y se comprometió con su anfitrión, Donald Trump, a darle cacería a tres capos considerados por el Gobierno estadounidense como “objetivos de alto valor”: ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Iván Mordisco’, de las disidencias de las Farc; y ‘Pablito’, del ELN.

Desde aquella reunión, realizada el 3 de febrero, los resultados no han sido los esperados. Los tres continúan en libertad y, además, han intensificado sus acciones criminales. A la frustración natural por la ausencia de resultados positivos se sumó la perplejidad de las últimas horas, que quedó expresada en un mensaje, en su cuenta de X, de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, con las siluetas de varios personajes oscuros y la palabra ‘Designados’ en letras rojas, junto con los nombres de los grupos que ese país considera organizaciones terroristas, entre ellos el Clan del Golfo.

El recordatorio fue publicado horas después del anuncio sobre la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra 'Chiquito Malo' y otros 28 integrantes de ese grupo, que se nutre del narcotráfico y que, para darse un ropaje político, se bautizó como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Las primeras reacciones a esta decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, provinieron de buena parte de los candidatos presidenciales, quienes prometieron nuevamente que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, pondrían fin a lo que consideran una excesiva benevolencia hacia los grupos armados ilegales que —según afirman— se salieron de control bajo el marco de la Paz Total.

Fueron reclamos vehementes que pasaron casi inadvertidos en medio de la campaña electoral, en la que los ataques verbales contra el Gobierno suelen tener un impacto relativo, pues el presidente responde rápidamente con argumentos que, por controvertidos que sean, logran calar entre sus seguidores, quienes salen a defenderlo al unísono.

La mirada de Washington

El factor diferencial en este caso es que en la ecuación también está Washington. Y no solo por la presión que puede ejercer sobre la Casa de Nariño, sino porque Estados Unidos participa directamente en esta estrategia que busca neutralizar a un hombre que ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo criminal.

Durante la visita de Petro a Trump, esto quedó en evidencia en declaraciones como las del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que ahora se cuenta con el apoyo de Estados Unidos para ubicar a ‘Chiquito Malo’ y que las acciones conjuntas permitirían “interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia”.

Así las cosas, el presidente Petro intentó corregir el rumbo sobre la marcha y aseguró que nunca autorizó la inclusión de personas con solicitudes de extradición en el listado de integrantes del Clan del Golfo que serían trasladados a zonas de ubicación temporal como parte del proceso de conversaciones con el Gobierno.

La resolución presentada por la oficina de Patiño solicitaba suspender las órdenes de captura y extradición contra ese grupo de integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 13 personas requeridas por Estados Unidos. En la lista figuraba Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. 

Sin embargo, la situación, lejos de mejorar, podría agravarse. ¿Por qué? Porque, en una negociación con estructuras armadas acostumbradas a moverse en la ilegalidad, el factor más determinante para avanzar es la confianza que tengan en el Estado y en que este cumplirá su palabra.

La hora del descontrol

Esta situación evidencia una profunda descoordinación entre distintas instituciones del Gobierno relacionadas directamente con la política de Paz Total. El alto comisionado toma una decisión en el marco de una mesa de negociación que ha avanzado de manera sistemática; luego entra en escena la Fiscalía y revierte o se niega a ejecutar esa determinación. Hasta ahí parecería un choque de trenes entre distintas entidades del Estado. Pero cuando el propio presidente manifiesta públicamente su inconformidad y asegura que no fue informado de estas decisiones, el problema adquiere otra dimensión.

“Eso termina afectando directamente el proceso porque seguramente amplifica cualquier percepción o sentimiento de inseguridad jurídica, ya que no hay claridad sobre si el Gobierno respaldará las decisiones que toma en el marco de las negociaciones. Eso le resta seriedad a la posibilidad de continuar y debilita la palabra del Estado frente a los acuerdos que logre con este grupo armado”, afirma el profesor y experto en conflictos Luis Trejos.

Este es, sin duda, el mayor obstáculo para unas negociaciones que comenzaron formalmente en septiembre de 2025 en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores. Las declaraciones conjuntas han sido firmadas en la capital catarí por Álvaro Jiménez, en representación del Gobierno, y por Luis Armando Pérez, como delegado del Clan del Golfo. Pero, claro, es natural que nada se haga en ese grupo ilegal sin la orden de ‘Chiquito Malo’.

El proceso ha sido objeto de múltiples críticas en un país donde el narcotráfico está instalado en el imaginario colectivo como la expresión más degradada de la criminalidad. Para atenuar ese impacto, se le dio el nombre de Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), una figura distinta a las mesas de diálogo político utilizadas con el ELN o las disidencias de las Farc, pues el Gobierno no reconoce estatus político al grupo.

Diferencia con otros acuerdos

Jiménez ha sido enfático en que el objetivo del proceso es la desmovilización total de la organización y que, a diferencia de otros acuerdos de paz como el de las Farc, habrá cárcel para los máximos líderes. “Un aspecto que hemos conversado de manera muy precisa es que va a haber cárcel”. Además, matizó que el debate se centra únicamente en las condiciones y lugares de reclusión.

El problema es la coyuntura actual. El cronograma establece que el traslado de combatientes hacia las zonas de ubicación temporal comenzará a partir del 25 de junio, es decir, una vez cumplida la segunda vuelta presidencial, por lo que el nuevo gobierno se encontrará con semejante chicharrón.

En caso de que gane las elecciones Iván Cepeda, es de presumir que el proceso continúe adelante, porque el candidato del Pacto Histórico no solo fue uno de los arquitectos de la Paz Total, sino que además tendría la tarea de dar continuidad a varias de las iniciativas impulsadas por Petro. El problema sería que triunfen Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, quienes han advertido que, a partir del 7 de agosto, pondrán punto final a todas las conversaciones.

No es un asunto marginal. Son tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), todas ubicadas en el noroeste del país. Inicialmente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre; estarán localizadas en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba, aunque con influencia en otros departamentos.

Belén de Bajirá, por ejemplo, es un corredor estratégico del narcotráfico ubicado en la zona limítrofe entre Chocó y Antioquia, mientras que Unguía es un municipio fronterizo con Panamá.

La idea era que dentro de estas zonas quedara suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, únicamente para los integrantes incluidos en los listados aceptados por la Oficina del Comisionado de Paz.

La MAPP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA) será la encargada del mecanismo de monitoreo y verificación, en coordinación con la Consejería Comisionada de Paz y el Ministerio de Defensa.

El capo de todos los capos

‘Chiquito Malo’, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos, lidera con puño de hierro esta organización, especialmente tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, segundo al mando, quien falleció el 31 de enero en un accidente fluvial en Tierralta.

En ese momento, la cúpula se reorganizó: ingresaron al Estado Mayor Conjunto alias Richard (Wilmar Mejía Úsuga) y alias Flaco Monseñor (José Alberto Vega Albarán). ‘Richard’ es ahora el cuarto al mando y dirige el Bloque Central Urabá, con más de 1.000 hombres bajo su control.

El Clan del Golfo se articula alrededor de un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. Cuenta con al menos 30 líderes principales y decenas de subalternos distribuidos en zonas geográficas específicas, además de una estructura especializada en el tráfico de drogas.

El grado de peligrosidad del Clan del Golfo, sin embargo, no se limita a las áreas de influencia de las ZUT. La organización aumentó un 140 por ciento su pie de fuerza entre 2022 y 2025, al pasar de 4.099 miembros a cerca de 10.000. En ese mismo periodo, su presencia territorial también se duplicó: pasó de tener influencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022 a 296 municipios en 17 departamentos en 2025.

La presencia del grupo supera las fronteras colombianas. Distintos reportes han mencionado operaciones en 28 países de cuatro continentes, coordinando corredores y destinos de droga hacia Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, Brasil y Venezuela, entre otros. Hay informes que muestran que el Clan del Golfo suministra cocaína al Cartel de Sinaloa. Pero eso no es todo. Sus principales fuentes de ingreso incluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y tráfico de migrantes.

Máquina de guerra

Se trata de una auténtica máquina de guerra. La nómina mensual de la organización asciende a 1,5 millones de dólares. La captación de nuevos integrantes, que se hace en zonas marginales, se fortalece mediante salarios y apoyos económicos a las familias. El grupo ofrece pagos mensuales desde 1,5 millones de pesos para informantes o campaneros hasta 17 millones para comandantes de frente, según varios estudios.

Hoy el Clan del Golfo participa en cuatro de los 13 principales focos de confrontación armada del país: en la Sierra Nevada de Santa Marta, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; en el sur de Bolívar, por ejemplo.

¿Qué viene ahora? Ángela Olaya, directora de Conflict Responses (CORE), pide asumir esta situación con serenidad, especialmente porque la creación de las ZUT ha generado expectativas no solo entre los principales comandantes del clan, sino también en las comunidades. Por eso, considera que esta situación no debería abrir la puerta a una crisis, sino, por el contrario, convertirse en una oportunidad para corregir los errores cometidos.

“La negociación ha generado expectativas para las comunidades en términos de aliviar las afectaciones que han sufrido por parte del EGC y sobre lo que puede significar la apuesta de transformación alrededor de la ZUT. No gestionar esto por parte del Gobierno significa perder legitimidad y correr riesgos de profundizar las gobernanzas criminales”, dice esta experta.

Olaya sostiene que el caso de ‘Chiquito Malo’ evidencia algo que debió verificarse hace mucho tiempo y que confirma las alertas reiteradas sobre la seguridad y claridad jurídica de estos procesos. 

“Lo que hay actualmente en la oferta de sometimiento no solo es altamente insuficiente, sino que corre el riesgo de abrir la puerta al reciclaje de violencias, dado que, como está hoy en día, genera una alta inseguridad física y económica que termina favoreciendo la reproducción de nuevas violencias”, asegura.

“Entonces, que no se avance en la ZUT y en la negociación a estas alturas hace más mal que bien”, concluye.