Nuevamente agarrados: ¿por qué pelea ahora Gustavo Petro con el Consejo de Estado y la Rama Judicial?
Una decisión judicial sobre el traslado de ahorros pensionales encendió una nueva pelea entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes. Hubo trinos, pedido de denuncia penal y dos comunicados en menos de 24 horas.
Por: Juan David Cano
Una nuevo pulso institucional entre Gustavo Petro y las altas cortes del país se está desarrollando. Esta vez, el detonante fue una decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del decreto que ordenaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar a Colpensiones la totalidad de los recursos de las cuentas de ahorro individual de los 119.632 afiliados que tomaron la oportunidad excepcional de traslado de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
El Consejo de Estado consideró que el Gobierno se extralimitó y con ese decreto no puso en marcha lo que dice la ley. Según los magistrados, la reforma pensional había dicho que esos ahorros debían ir a un fondo especial administrado por el Banco de la República, no a Colpensiones. Además, el fallo recordó que tanto el Banco de la República como la Contraloría ya habían advertido por escrito que la medida del Gobierno tenía problemas jurídicos.
Petro respondió a la decisión y pidió denuncia penal contra el magistrado
Ante esta decisión, el presidente Gustavo Petro decidió pronunciarse. A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó la medida, la vinculó con intereses del sector financiero y anunció acciones contra el ponente del fallo.
“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano", afirmó el presidente.
En su mensaje, Petro acusó directamente al sector financiero como beneficiario del fallo, al tiempo que pidió a la Corte Constitucional corregir lo que decidió el Consejo.
“El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Empresarial Antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expósita ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo", afirmó el mandatario.
El presidente cerró su mensaje anunciando que pediría una acción penal contra el ponente: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado (está) a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.
“El respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible”: Rama Judicial responde a Petro
Las declaraciones del mandatario provocaron una respuesta institucional. El 11 de mayo, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que reúne al Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General y los representantes de funcionarios y empleados judiciales, emitió un comunicado en el que pidió respeto por la separación de poderes.
“En las últimas horas, el presidente de la república, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público. Fue justo nuestro poder constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes", afirmó la Comisión.
La entidad también recordó las facultades del Consejo de Estado para suspender actos administrativos: “Cuando la Constitución Política, en su artículo 238, consagró la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, incluidos aquellos expedidos por el poder ejecutivo, reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público”.
“Cuando los poderes se controlan, incomoda”: Consejo de Estado
Este 12 de mayo, el Consejo de Estado también emitió su propio comunicado en el que rechazó los señalamientos del presidente y advirtió sobre los riesgos para la integridad física de los jueces.
“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, indicó el alto tribunal.
El Consejo también habló de las consecuencias que tienen los pronunciamientos del Ejecutivo sobre quienes administran justicia: “La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.
La corporación concluyó su mensaje asegurando que el control judicial es una garantía democrática, no un obstáculo: “Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”.
¿Qué pasará con las pensiones?
El fallo del Consejo de Estado sobre el traslado de las pensiones es una medida cautelar y no definitiva. Se trata de una decisión provisional y el propio Consejo de Estado explicó que no implica prejuzgamiento sobre la sentencia que resolverá de fondo si es adecuado o no el traslado.
De hecho, contra el auto del 28 de abril ya se presentaron recursos de súplica por parte de Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y estos serán resueltos en los próximos días.
Adicionalmente, está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, que estableció el nuevo régimen pensional en Colombia que promovió el Gobierno de Petro. Esta fue suspendida en su mayor parte mediante el auto 841 de 2025 por un vicio de procedimiento legislativo.
Por ahora, el choque entre el Ejecutivo y la justicia suma un nuevo capítulo a una relación que, a lo largo del actual cuatrienio, ha estado marcada por tensiones recurrentes alrededor de las reformas impulsadas por el Gobierno.
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