Sobrecupos mayores al 100%: los hallazgos de la Corte en inspecciones en centros de reclusión del país

En una inspección judicial, la Corte Constitucional se encontró con un grave panorama en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo ‘Caimeg’ en Riohacha, La Guajira: el lugar tiene capacidad para 130 personas, pero, actualmente, hay 280 personas, para un sobrecupo superior al 100 por ciento.

En un patio que solo debe albergar entre 12 y 15 personas, el equipo de la Corte encontró concentradas a más de 50 internos. El hacinamiento sigue siendo uno de los problemas estructurales que vigila la Sala de Seguimiento luego que se declarara la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en los penales y estaciones de policía del país.

La sala encontró que todas de las personas privadas de la libertad recluidas allí ya llevaban más de las 36 horas que, por ley, puede estar en este tipo de instalaciones una persona cuando es capturada para ser judicializada. Incluso, hay personas que llevan cinco años en la estación cuando deberían ya estar en una cárcel.

Además de esta situación, la Corte recaudó información de personas extranjeras detenidas que no están afiliada al sistema de salud, personas con afectaciones en salud mental, limitaciones de espacio para la realización de audiencias y atención médica, así como condiciones de separación de mujeres y población LGBTIQ+.

“La Corte constató condiciones de sobreocupación, insuficiencia de baterías sanitarias, almacenamiento de agua en recipientes improvisados, instalaciones eléctricas expuestas, presencia de humedad y utilización simultánea de los espacios para descanso, preparación de alimentos y almacenamiento de pertenencias personales”, indicó.

Por ahora, en Riohacha avanza la construcción de una cárcel que podrá tener a 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo un pabellón con capacidad para 152 mujeres, un espacio destinado a población indígena wayúu con 218 cupos. Ese proyecto registra un avance cercano al 99 por ciento en las obras civiles y un avance general aproximado del 85 por ciento, con una inversión cercana a los 361.000 millones de pesos. 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) le dijo a la Corte que la entrada en funcionamiento se realizará en dos fases: una primera etapa entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2026, con capacidad inicial para aproximadamente 366 personas privadas de la libertad trasladadas desde el actual penal de Riohacha; y una segunda fase prevista para noviembre de 2026, momento en el que se alcanzaría la capacidad total proyectada.

De otro lado, la Corte fue a la Estación de Policía Norte de Bucaramanga en donde también encontró condiciones críticas de hacinamiento y permanencia prolongada de personas privadas de la libertad en un espacio originalmente destinado a detenciones transitorias.

En el lugar hay 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada—, pese a que las instalaciones cuentan con una capacidad aproximada para entre 15 y 20 personas. Además, todos los detenidos superaban el límite de 36 horas previsto para este tipo de instalaciones, registrándose casos de permanencia de hasta dos años.

La Corte “constató condiciones severas de sobreocupación, especialmente en tres celdas internas en las que las personas privadas de la libertad permanecían en espacios altamente reducidos, utilizando hamacas improvisadas y zonas del piso para descansar. Así mismo, se verificó la utilización de un espacio abierto adaptado para la permanencia de personas privadas de la libertad, correspondiente a una zona que anteriormente funcionaba como parqueadero”.

En la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón se encontraron a 2.600 personas privadas de la libertad para un hacinamiento del 7 por ciento. Entre tanto, en el Centro de Detención Transitoria La Permanente de Valledupar, que custodia la Policía, se encontraron a 349 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad aproximada para 70 personas, situación que representa niveles de hacinamiento superiores al 500 por ciento. 

Así mismo, la Corte constató que 328 personas contaban con boleta de traslado a establecimiento penitenciario y que varias permanecían recluidas desde los años 2023 y 2024, pese a tratarse de un espacio de carácter transitorio.

La Sala de Seguimiento también inspeccionó la cárcel de La Tramacúa en Valledupar, en donde pagan su pena abusadores sexuales como Rafael Uribe Noguera, y recibieron reclamos de los presos por las altas temperaturas.

“Se reportaron dificultades estructurales relacionadas con el sistema hidráulico y sanitario del establecimiento, incluyendo afectaciones por inundaciones y rebosamiento de baterías sanitarias. La USPEC indicó que actualmente se ejecutan acciones de mantenimiento y correctivos para atender dichas situaciones”, dijo la Corte.

La Sala realizará en próximos días nuevas inspecciones judiciales, especialmente en el pabellón de máxima seguridad de La Picota en Bogotá, así como en la cárcel de Mediana Seguridad El Barne y al Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad de Cómbita, en Boyacá.