El nuevo presidente, quien quiera que sea, recibirá una situación fiscal muy deteriorada. El déficit fiscal y la deuda pública están en niveles elevados, y las promesas electorales de inversión social, infraestructura, seguridad y transición energética presionan el gasto público. Al mismo tiempo, la capacidad de aumentar los ingresos tributarios mediante nuevas reformas es limitada debido al desgaste político.
La principal dificultad radica en la inflexibilidad del presupuesto público. Más del 90 por ciento del gasto está determinado por normas constitucionales, obligaciones legales, transferencias territoriales, servicio de la deuda, sistema pensional y gastos difíciles de modificar como el militar, la educación y la rama judicial.
En estas circunstancias abundan las soluciones simplistas: unos proponen recortar drásticamente el gasto público; otros creen que basta con aprobar una nueva reforma tributaria. Ninguna de las dos opciones es realista, pues ningún ajuste basado exclusivamente en recortes de gasto o en aumentos de impuestos será viable económica ni políticamente. La única alternativa sostenible es la construcción de un gran Acuerdo Nacional, que incluya un Pacto Fiscal.
LOS OBJETIVOS Y LOS COMPONENTES DEL PACTO FISCAL
El Pacto debe tener objetivos muy claros: recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir gradualmente el déficit para volver a cumplir la regla fiscal, estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB, preservar la capacidad del Estado para financiar las inversiones que necesita para continuar reduciendo la pobreza y generar confianza al sector privados y coadyuvar a acelerar el crecimiento económico.
Estos objetivos no son contradictorios sino complementarios; todos ellos apuntan a garantizar que el Gobierno pueda cumplir las obligaciones constitucionales de un Estado social de derecho y construir una sociedad más equitativa sin sacrificar la estabilidad macroeconómica. Alcanzarlos requiere trabajar en varios frentes.
El primer componente del Pacto debe ser una racionalización del gasto público. Para exigir nuevos sacrificios a los contribuyentes, el Estado tiene la obligación de demostrar que utiliza eficientemente los recursos que ya recibe. No se trata de recortar con motosierra el 40 por ciento del Estado, sino de eliminar desperdicios, duplicidades e ineficiencias, es decir reducirlo con bisturí para hacerlo más eficaz, como dijo la exministra Clara López.
El segundo componente es implementar una estrategia tributaria, muchos de cuyos elementos han sido ya propuestos en el pasado. Colombia necesita mayores ingresos permanentes, pues a pesar de tener altas tasas nominales de impuestos, el recaudo tributario es de los más bajos entre los países de la OECD en relación con el tamaño de la economía. No se trata de subir las tasas impositivas sino que el esfuerzo debe concentrarse en combatir la evasión y la elusión, reducir exenciones injustificadas y ampliar las bases gravables. El objetivo debe ser un sistema más estable, más simple y más equitativo.
Un tercer elemento debe involucrar a los gobiernos territoriales para lograr una mejora sustancial en la gestión tributaria local: la actualización catastral, el fortalecimiento de los ingresos propios y una mejor priorización del gasto local deben formar parte del acuerdo, así como una reorientación del uso de las regalías mineras para orientarlas a financiar macro proyectos que transformen la estructura productiva del país.
El crecimiento económico debe convertirse en un componente explícito del Pacto. La política de reindustrialización, la revolución agraria más allá del necesario reparto de tierras, el aumento de la productividad, el estímulo a la inversión privada, o la promoción de exportaciones no son objetivos independientes de la política fiscal; son condiciones necesarias para su éxito. Ningún país ha resuelto de manera sostenible sus problemas fiscales en medio del estancamiento económico, o como se decía en otras épocas, la mejor reforma tributaria es el crecimiento.
LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PACTO
No estamos ante un problema exclusivamente técnico. La discusión fiscal suele quedar confinada a los economistas y al Ministerio de Hacienda, cuando en realidad sus consecuencias afectan a toda la sociedad. Las decisiones sobre gasto, impuestos, subsidios y deuda determinan qué tan rápido crece la economía, cuántos recursos hay para la inversión social y qué oportunidades tendrán las próximas generaciones.
Por eso, el próximo gobierno debería convocar desde el inicio de su mandato a empresarios, trabajadores, gobiernos territoriales, academia, organizaciones sociales y partidos políticos (o lo que queda de ellos) para construir un acuerdo de largo plazo, pues para que sea políticamente viable ese Pacto debe distribuir las cargas del ajuste entre todos los sectores de la sociedad.
El principal obstáculo para construir este acuerdo es político. Todos los sectores reclaman responsabilidad fiscal, pero casi siempre esperan y que el sacrificio lo haga alguien más. Los empresarios defienden sus beneficios tributarios, los sindicatos sus prerrogativas, los gobiernos territoriales sus transferencias, los congresistas sus partidas presupuestales y los ciudadanos los subsidios que reciben. El resultado es que todos reconocen el problema, pero nadie acepta asumir parte de la solución. Todos Toman.
Por eso, el verdadero desafío del próximo presidente no es destripar a la oposición sino reconocer que gobierna para todo el país y convocar todos los actores sociales y económicos para construir el Pacto Fiscal. Ningún sector obtendrá todo lo que quiere y todos tendrán que hacer concesiones, pues si todos insisten en preservar sus privilegios particulares, las finanzas públicas se deteriorarán más y los ajustes futuros serán mucho más costosos para todos. Todos Ponen.
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