Cuando el presidente electo anunció el nombramiento de la exministra Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), dejó entrever que su política social no va a depender tanto de los subsidios como de crear oportunidades para que los menos capacitados y los que carecen de capital y generalmente de ideas tengan acceso a medios y canales de movilidad social y de acumulación que hoy no están disponibles y que con mucha dificultad van a intentar crear.
Una de las razones por las cuales digo esto último es porque posiblemente la principal barrera para que la gente que él desea beneficiar tenga acceso a mejores ingresos y mejores condiciones como trabajadores o como empresarios pequeños, es la falta de educación y de habilidades que faciliten el éxito.
Están atrapados en la informalidad. Tanto los trabajadores como los potenciales emprendedores con bajos niveles de capacitación no pueden operar exitosamente en mercados formales que crecientemente se han tecnificado y que son generalmente oligopólicos o monopólicos, características que inducen menor demanda laboral y mayores diferenciales de salarios entre empresas formales e informales.
Si el presidente electo quiere de verdad hacer un cambio que haría inolvidable su gestión de prosperidad social tendría que interesarse en cerrar la brecha educativa que impide que los trabajadores informales sean empleados en el sector formal y que las empresas informales den el brinco que él espera que den con el liderazgo de Sandra Suárez.
Lo primero que tendría que suceder es que el Gobierno se entere de que cerca del 50 por ciento de la fuerza de trabajo que tiene educación hasta de bachillerato técnico o normalista solo encuentra ocuparse en actividades de muy baja productividad y en condiciones muy inferiores de seguridad social. El resto de los trabajadores informales, cerca del 10 por ciento de la fuerza laboral, tienen niveles educativos superiores a bachillerato técnico o normalista y pueden estar clasificados como informales porque no contribuyen a la seguridad social, no por carencia de educación. También, muchos de ellos pueden ser pequeños emprendedores que no están limitados por su capacitación, pero no cuentan con los medios para competir en el mercado formal.
A ellos tendrían que asistirlos el Estado, pero esto no tendría las consecuencias positivas sobre la distribución del ingreso, la seguridad y la justica social que tendría educar masivamente a seis y medio millones de trabajadores informales que están presos en la informalidad por deficiencias de su educación y los vínculos que esto aparentemente crea con la criminalidad, y la incidencia de estos dos fenómenos en la inmovilidad social (ver en You Tube/Políticas Públicas/ Juan Camila Cardenas y Leopoldo Fergusson, Meritocracia sin Movilidad en America Latina).
Esa es una tarea grande para un Gobierno consciente del problema y comprometido con encontrar fórmulas para reducir la criminalidad y la desigualdad sin recurrir a la plata que le llega a la gente en motocicleta o en helicóptero.
Es que, si uno piensa en los elementos que permitirían despegar para liberarnos de la trampa del estancamiento de los países de ingreso medio, el concepto de Estado que tenga el gobierno de turno va a jugar un papel muy importante cuando se trate de promover crecimiento y bienestar.
El milagro que anuncia el Gobierno entrante no va a suceder si el Estado no colabora en una alianza tripartita con el sector privado y la clase trabajadora, actuando como gestor y tomando riesgos con ellos, sus nuevos asociados. Y al mismo tiempo actuar como árbitro si alguno de ellos se desborda o desea acaparar privilegios. Ese tipo de gobierno con esas responsabilidades no ha pegado en Colombia, salvo en forma episódica. Mas bien ha prevalecido un Estado extractor y alcabalero, con ocasionales tendencias populistas que no tienen mayores efectos distributivos y de generación de bienestar, pero que sostienen el estado de las cosas que amparan la corrupción y el privilegio. El presidente que se posesiona la semana entrante parece anunciar, por un lado, que va a estar en contra del estado extractor, pero algunos de sus nombramientos no indican que ese va a ser un derrotero estable. La deuda política que parece estar pagando no deja de preocupar sobre el futuro de la nación y sus perspectivas para dar un giro hacia la prosperidad y la movilidad social.
Las otras dos variables determinantes para que el Gobierno que comienza puede terminar bien son las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Esta última está en la mira de todos los que tienen interés en que las cosas salgan bien, pero no se observa tanta atención para aumentar la participación, la diversidad y la singularidad o peculiaridad de las exportaciones colombianas No vamos a poder depender de las Estados Unidos para ello, y mucho menos de China o de la Unión Europea. Conviene analizar qué podemos hacer en alianzas comerciales o políticas regionales y con países medianos complementarios. La explotación del oro y los minerales, especialmente los ‘raros’, no se la podemos seguir cediendo a las bandas criminales si no queremos perder la libertad y el futuro.
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