¿Qué deberían hacer los próximos gobiernos para atender la crisis de la salud? Lo que recomiendan Afidro y Proesa

El debate sobre la salud y la crisis del sistema vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Esta vez, no desde la confrontación política, sino desde un diagnóstico técnico que plantea advertencias y rutas concretas. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y el Centro de Estudios Proesa de la Universidad Icesi presentaron un estudio en el que detallan los riesgos actuales del sistema y delinean qué deberían hacer los próximos gobiernos para evitar su quiebre.

No hacerse el ciego con el cálculo adecuado del UPC: el cimiento financiero del sistema

El punto de partida es contundente. Según los expertos, “la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente y está mal calculada: la brecha financiera se traduce en más tutelas, más barreras de acceso, hospitales asfixiados por deudas y una bola de nieve financiera que ya supera los 27 billones de pesos”.

A esto se suma una advertencia de fondo: ”La salud en Colombia no está colapsada por falta de reformas, sino por un sistema desfinanciado”. Los datos amplían la gravedad del panorama: el sistema “actualmente presenta un patrimonio negativo de10,2 billones y una deuda acumulada de 5,2 billones con el sector farmacéutico”. Todo por una UPC mal calculada y eso es, según los expertos, el eje del deterioro.

Para Afidro y Proesa, el próximo gobierno debe concentrarse en cerrar la brecha entre los costos reales y el dinero que recibe el sistema. Las organizaciones son explícitas al señalar que “la UPC está subestimada y se calcula con datos deficientes”. Solo en 2023 y 2024, las EPS gastaron más de lo que recibieron: “Por cada 100 pesos que recibieron, gastaron 108 pesos en servicios”.

La advertencia va más allá del déficit. El cálculo mismo está comprometido, pues explican que “se descartó el 63 por ciento de los registros por errores de validación”, usando datos de apenas cuatro EPS, equivalentes al 25,69 por ciento de la población colombiana. Esto ha tenido efectos inmediatos sobre los ciudadanos, quienes aumentaron las quejas en 12 por ciento y las tutelas en 44 apenas entre 2023 y 2024.

Entonces, ¿qué solución queda? La conclusión de ambas organizaciones es directa: “Sin una UPC suficiente y bien calculada, sumada a la falta de constancia en los pagos y los dineros adeudados de los Presupuestos Máximos (PM), el sistema de salud está condenado a la quiebra, dejando a millones de ciudadanos sin atención, lo que conduce a deterioro del estado general de la salud poblacional y en consecuencia a la calidad de vida”, aseguraron.

Un Invima moderno: prioridad de urgencia nacional

El rezago regulatorio también es descrito como un factor de alto riesgo. Los expertos recuerdan que el instituto enfrenta más de 12.000 trámites represados. A esto se suma la reducción presupuestal y la baja digitalización. Por eso, el llamado es categórico: “No es un asunto técnico, es una urgencia nacional que exige acción presidencial inmediata”, dicen.

La propuesta de los expertos es avanzar decididamente hacia un modelo regulatorio moderno, autónomo y digital. “Un Invima moderno es la llave para garantizar el acceso oportuno a medicamentos que salvan y mejoran vidas, impulsar la producción nacional, atraer inversión, promover la innovación, generar empleo y acelerar el crecimiento económico del país”, explican.

Acceso a la innovación con acuerdos de riesgo compartido

El tercer eje apunta a cerrar la brecha entre la disponibilidad global de nuevas tecnologías y la lenta adopción colombiana. El análisis deja en evidencia que “los colombianos deben esperar más de cinco años para acceder a medicamentos innovadores” y que solo “el 3 por ciento de las 403 moléculas aprobadas internacionalmente entre 2014 y 2024” han logrado algún avance real dentro del sistema nacional.

La apuesta es adoptar mecanismos usados en otros países: acuerdos de acceso administrado, evaluación basada en valor y pilotos de negociación para terapias críticas. En sus palabras, “cada peso invertido en medicamentos genere desenlaces positivos reales en salud para mejorar el bienestar de los colombianos”.

Y agregan una dimensión ética: los retrasos pueden costar vidas. Un paciente con cáncer, por ejemplo, puede esperar “cerca de 3,5 años para que un medicamento innovador sea aprobado por el Invima y otros 2,5 años más para que se incluya en el plan de salud”. Por eso es importante mejorar este aspecto para garantizar la dignidad de la atención en salud de los colombianos.

Una hoja de ruta que trasciende gobiernos

Afidro y Proesa insisten en que estas tres iniciativas no solo son urgentes, sino estratégicas para la próxima década. Por ello, plantean que su visión apunta a un sistema sostenible, donde se garantice “un acceso más rápido y seguro a los medicamentos, asegurar la sostenibilidad financiera y permitir optimizar cada peso invertido en salud, priorizando el valor y los resultados para los pacientes”.

“Este ejercicio es el resultado de un proceso técnico y riguroso que consolida propuestas para los primeros 100 días del próximo gobierno, así como para el mediano y largo plazo. Las recomendaciones buscan fortalecer al sistema desde una visión territorial, basada en evidencia y centrada en el paciente, y están organizadas en torno a las cuatro funciones esenciales: gobernanza, financiación, generación de recursos y prestación de servicios”, dijo Victoria Eugenia Soto, directora de Proesa.

“Estas propuestas nacen del compromiso de aportar a un sistema de salud más sólido, transparente y centrado en las personas. Los primeros 100 días del próximo gobierno representan una oportunidad decisiva para alinear instituciones y establecer bases técnicas y regulatorias que fortalezcan la confianza en el sistema. Por eso, desde el sector vemos este momento como una ocasión para sumar con una hoja de ruta rigurosa que trascienda visiones particulares”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.