Corte Constitucional respalda al Gobierno Petro y activa la Jurisdicción Agraria a partir de 2027

Tras el fallo de la Corte Constitucional que ordena la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria desde 2027, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura insistieron en que el país enfrenta un “bloqueo institucional” que mantiene en pausa procesos clave para la reforma agraria.

“Hoy no se están resolviendo los procesos de clarificación de tierras, deslinde o recuperación de baldíos”, explicó la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. “Mantener esa indecisión solo agudiza los conflictos en el campo”.

La jurisdicción agraria es una nueva rama de la justicia en Colombia, creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, que contará con jueces y tribunales especializados exclusivamente para resolver conflictos relacionados con la tierra y la vida rural. Su objetivo es sacar estos casos de la justicia ordinaria, donde suelen tardar años o quedar sin decisión, y darles un tratamiento más ágil, técnico y cercano al territorio. 

Un problema sin resolver: conflictos que se quedan en el limbo

A su vez, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, les envió un mensaje a los congresistas, de quienes depende una ley para que esto sea una realidad: “Esperamos de forma cierta y clara que no solamente la Cámara, sino también el Senado de la República dispongan de las facultades para aprobar los procedimientos que hacen falta para el debido funcionamiento de la Jurisdicción de la Reforma Agraria”.

La falta de jueces especializados ha generado un cuello de botella. Según la ANT, hay al menos 366 procesos agrarios que podrían pasar a la nueva jurisdicción, que en conjunto superan las 112.000 hectáreas. A esto se suma un universo más amplio de casos sin resolver: cerca de 29.000 procesos de clarificación de propiedad, en su mayoría de pequeños campesinos, siguen sin decisión de fondo.

El impacto no es menor. En muchos territorios, la ausencia de respuestas institucionales ha dejado un vacío que termina siendo ocupado por actores ilegales.

“La Corte, sobre una demanda que he interpuesto como director de la Agencia Nacional de Tierras, le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura que, a partir de 2027, ponga en vigencia la Jurisdicción Agraria”, recordó Juan Felipe Harman.

La ministra agregó: “Cuando no hay juez, o el juez no tiene capacidad de resolver, los conflictos los terminan resolviendo actores armados”.

¿Qué cambiaría con la Jurisdicción Agraria?

La nueva jurisdicción creará jueces especializados exclusivamente en temas rurales, con procesos más ágiles y presencia directa en los territorios.

En la práctica, esto podría traducirse en cambios concretos para los campesinos. Por ejemplo, un conflicto por el acceso a una finca, que hoy puede tardar más de un año en un juzgado municipal, podría resolverse más rápido con un juez agrario con capacidad técnica y enfoque regional.

Además, permitiría resolver disputas sobre propiedad, uso de la tierra, contratos agrarios y ocupaciones, temas que hoy están dispersos en distintas instancias judiciales sin especialización.

El cuello de botella: tierra disponible, pero sin claridad jurídica

Uno de los puntos más críticos expuestos por la ANT es que el problema no es solo de acceso a tierras, sino de inseguridad jurídica sobre su propiedad.

El director Juan Felipe Harman reveló que existen cerca de 4 millones de hectáreas ofertadas al Estado, pero más de 2,8 millones no se pueden comprar ni recuperar porque no está clara su condición jurídica.

“Dependemos de la justicia ordinaria para determinar si son baldíos o propiedad privada. Y ahí es donde se traba todo”, explicó.

En paralelo, la entidad ha avanzado en decisiones sobre cerca de 820.000 hectáreas, de las cuales el 70 % han sido ratificadas como propiedad privada, lo que, según Harman, evidencia que los procesos administrativos sí tienen controles.

Un sistema que aún depende del Congreso

Aunque la Corte dio luz verde a la implementación de la jurisdicción, su funcionamiento completo aún depende de que el Congreso apruebe la ley que define los procedimientos. Hoy, ese proyecto sigue sin debatirse en plenarias, pese a tener ponencias positivas.

“Solo quedan 15 sesiones para discutirlo. Si no se aprueba, se hunde”, advirtió la ministra.

En caso de que esto ocurra, el Gobierno plantea que la jurisdicción empiece a operar con normas generales, mientras se completa su regulación.

Implementación gradual y desafíos reales

El plan, como lo señaló Harman, es que la Jurisdicción Agraria arranque de forma progresiva en 2027, con un primer tribunal y, al menos, cinco juzgados, priorizando las zonas con mayor conflictividad por tierra. Sin embargo, su puesta en marcha no solo dependerá del trámite legislativo, sino de recursos, capacidad institucional y coordinación con la Rama Judicial.

Para la ANT, el objetivo es claro: que esta nueva estructura no se quede en el papel.

“Estamos hablando de miles de familias que hoy no pueden producir ni trabajar porque no tienen una decisión sobre su tierra. Es una decisión de la Sala Plena que no solo exhorta al Congreso a cumplir sus funciones, sino que le pone punto final a la espera de las campesinas y los campesinos de tener una justicia al alcance de todos los conflictos agrarios que se originan en el país”, dijo Harman.

El director también recordó que la Jurisdicción Agraria será una deuda saldada del país con la paz y el campesino. “Esperamos que, de forma oportuna, esta sentencia sea una herramienta para construir también más equidad y más igualdad en el campo colombiano”, concluyó el director de la ANT.