Las deudas al sector energético ponen en riesgo a Colombia en 2026

El sistema energético colombiano está entrando en una zona de riesgo que ya no admite matices. La advertencia de los gremios del sector no es menor: las deudas acumuladas por 9,2 billones de pesos están afectando la liquidez de las empresas y comprometiendo su capacidad para garantizar la continuidad del servicio de energía y gas.

El problema no es nuevo, pero sí más profundo. El no pago de subsidios, la opción tarifaria, las deudas de entidades oficiales y, especialmente, la crisis de Air-e, han creado una presión financiera que hoy pone al sistema “en cuidados intensivos”, según el propio diagnóstico gremial.

“Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas”, advierte Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, quien además señala que las compañías han tenido que endeudarse para cubrir obligaciones que le corresponden al Estado. La consecuencia es clara: un sistema que sobrevive a costa de su propia sostenibilidad.

El punto crítico está en la liquidez. Las empresas ya no solo enfrentan mayores costos, sino ingresos restringidos. Como lo resume José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, “vemos aumentos en sus costos, reducción en sus ingresos y, para rematar, deudas crecientes”.

Pero dentro de esta crisis hay un caso que concentra la mayor preocupación: Air-e. La empresa intervenida por la Superservicios acumula deudas superiores a 2,1 billones de pesos, lo que no solo afecta la operación sino que introduce un riesgo sistémico en toda la cadena eléctrica. “El crecimiento de la deuda de Air-e compromete la sostenibilidad del sistema eléctrico”, advierte Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

El caso de Air-e intervenida

Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve político. La intervención de Air-e, lejos de estabilizar la situación, está generando más incertidumbre sobre quién asume las obligaciones y cómo se evita un efecto dominó en el sector. Para el exministro Mauricio Cárdenas, la solución pasa por decisiones de fondo: “Hay que devolverla al sector privado y evitar que se pierdan más recursos”.

Su planteamiento no se queda ahí. Cárdenas insiste en que el Gobierno debe “pagar las cuentas”, fortalecer la regulación y garantizar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tenga comisionados técnicos y no decisiones politizadas. Sin esas condiciones, el sistema pierde previsibilidad.

¿Qué está haciendo el Gobierno? Algunas propuestas, ninguna acción

El 22 de abril, el Gobierno Petro publicó una propuesta de medida previamente esbozada por el ministro de Minas y Energía, que consistiría en el cobro de una sobretasa de 8 pesos por kilovatio-hora a los usuarios de estratos 4, 5 y 6. El viceministro de Energía, Víctor José Paternina, explicó que el objetivo de este plan de contingencia es inyectar liquidez a la empresa Air-e, y que si bien reconoce que el recaudo no cubre toda la deuda de Air-e, al menos le permitirá cumplir sus obligaciones inmediatas considerando la alta probabilidad de que se dé el Fenómeno de El Niño.

Las reacciones a esa medida fueron de rechazo, principalmente por parte de gremios del sector eléctrico, los que argumentan que la medida es insuficiente para resolver el problema y que debería ser el Estado quien asuma esa deuda, considerando que Air-e se encuentra intervenida. A pesar de que se anunció que la medida estaba “prácticamente lista”, no ha entrado en vigor.

Viene El Niño

A este escenario financiero se suma un riesgo aún más complejo: el climático. Los gremios advierten que Colombia podría cerrar 2026 con un déficit de energía del -2 por ciento, que escalaría a -3,5 por ciento en 2027. Si se confirma un Fenómeno de El Niño hacia finales de este año, como lo anticipan distintos análisis, la reducción en los niveles de los embalses obligaría a depender más de la generación térmica, que es más costosa y depende del gas.

El problema es que el gas tampoco está garantizado. Las reservas han caído 57 por ciento en la última década y los escenarios proyectan probabilidades de déficit de hasta 53 por ciento en 2026. En otras palabras, el país podría enfrentar simultáneamente escasez de agua y limitaciones en el respaldo térmico.

El resultado de esa combinación es un riesgo que ya se menciona sin rodeos: un eventual apagón. No como una posibilidad lejana, sino como un escenario plausible si no se corrigen los desequilibrios actuales.

El llamado de los gremios es directo: se necesita un plan de choque financiero inmediato, reglas claras y decisiones estructurales. Pero hay un punto ciego que no se está discutiendo con suficiente profundidad: ¿qué pasa si el Gobierno no tiene la capacidad fiscal para responder a tiempo?

Ahí es donde el riesgo deja de ser sectorial y se convierte en económico. “Un apagón no solo implica interrupciones en el servicio, sino pérdida de empleo, caída en la productividad y un golpe directo a la confianza inversionista”, afirma Cárdenas.

El país ya vivió una crisis energética en los años noventa. La diferencia es que hoy las señales están sobre la mesa con anticipación. Ignorarlas no sería un error técnico, sino una decisión política con costos previsibles.