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El alto costo del servicio sigue siendo un gran problema para los usuarios de la Región Caribe.
Empresas

¿Una nueva empresa de energía del Caribe podría solucionar la crisis de servicio en la región?

Expertos del sector energético le contaron a CAMBIO sus posiciones frente a la iniciativa y cuáles serían esas ventajas y limitantes desde el punto de vista legal y operacional.

Por: Rainiero Patiño M.

La lista de anuncios y medidas es larga. Las opiniones sobre el estado actual y las acciones de las autoridades competentes están divididas. Pero, el servicio de energía en el Caribe colombiano, su alto costo y los problemas de calidad y cobertura siguen siendo uno de los temas más álgidos y polémicos para los habitantes de la región.

Ante lo complejo de la situación, en los últimos años se han planteado múltiples soluciones, pensando en superar los inconvenientes e impactar de manera positiva en el costo final que pagan los usuarios.

Entre esos caminos de propuestas, desde agosto del año pasado empezó a hablarse con más fuerza de la posibilidad de crear una empresa de energía alternativa nueva para la Región Caribe. La iniciativa, que es liderada por los gobernadores de los departamentos de la región, ha tenido buena receptividad en el actual Gobierno nacional. Y aunque es vista con buenos ojos por algunos actores del sector, esta no ha podido ser desarrollada con eficiencia por múltiples factores y plantea muchas preguntas.

En octubre de 2024, el entonces ministro de Energía, Andrés Camacho, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, firmaron el acta de la propuesta formal para la creación de la empresa. Y según se indicó en ese momento, esta tendría la capacidad de abastecer a 2,7 millones hogares de la región y tendrá un foco especial en aprovechar las condiciones climáticas favorables del Caribe.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira y uno de los mandatarios que ha liderado la iniciativa, le dijo a CAMBIO que después de los anuncios y las reuniones iniciales todo había avanzado muy bien y hasta se habían establecido compromisos concretos con el Gobierno nacional.

Entre esos acuerdos está la construcción de 14 granjas energéticas, de las que los equipos técnicos ya habían definido la ruta para iniciar un esquema de cofinanciación. Las gobernaciones aportarían el 40 por ciento de la inversión y el Gobierno central el otro 60 por ciento.

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Factura del servicio de energía en la Región Caribe.

Aguilar también señaló que los gobernadores tienen listo el canal para que el Ministerio de Minas y Energía contrate diez profesionales al servicio de la Región Administrativa y de Planificación RAP Caribe, para la estructuración de proyectos y planes estratégicos para robustecer el sistema energético de la región norte del país.

“Todo estaba listo para protocolizarse en un convenio que ya está avanzado. La salida del ministro trunca el proceso. Pero, estamos convencidos y esperanzados en que el nuevo ministro retomará estos esfuerzos de más de un año de trabajo, para poder dar resultados concretos”, explicó el gobernador Aguilar.

¿Qué dicen los que saben?

La propuesta de crear una nueva empresa de energía para el Caribe, que a mediano plazo pueda reemplazar a los dos actuales operadores del servicio en la región, ha abierto también una discusión sobre la realidad, la efectividad y la viabilidad de la iniciativa.

Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asonergía, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, dijo que, si se asume que la nueva empresa a desarrollar es una comercializadora de energía, sin redes y sin generación, esto solo contribuirá a focalizar e independizar las compras de energía. Pero, no resuelve el rezago histórico de la falta de inversión en redes de distribución que, actualmente, están en la tarifa y que aún no se cumplen plenamente.

Para la líder del sector de grandes consumidores, esto implica que la creación de una posible nueva empresa solo podría mejorar, parcialmente, el control de pérdidas, pero no la calidad ni la atención de nuevas cargas.

“Dentro de la regulación actual es factible constituir una comercializadora independiente. Pero, en la práctica, tendrá que comprar energía y, si no hay expansión suficiente y eficiente, enfrentará los mismos problemas de precios de energía costosos y expuestos a bolsa”, explicó.

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Imagen de una de las denominadas cumbres de energía realizada el año pasado entre los gobernadores y el saliente ministro de Minas y Energía, André Camacho.

Otra de las líneas en las que exige profundizar la propuesta de los gobernadores es la de la generación y autonomía. Por eso, Clara Inés Pardo, profesora universitaria y experta en el sector, cree que lo fundamental es definir las fuentes de energía para la generación de electricidad. Por ello, dijo, esta nueva empresa, dentro de sus prioridades, debe definir la diversificación en fuentes, lo cual considera vital para garantizar seguridad energética y poder equilibrar o reducir precios.

“La solución que debe presentar esta nueva empresa es de fondo y que esto no se convierta en un cambio de letrero. También que se garantice una seguridad jurídica, lo cual será fundamental para que realmente se puedan resolver los problemas de raíz y la zona norte del país pueda contar con un servicio eléctrico de calidad a con un costo razonable”, indicó Pardo.

Ahora, la otra pregunta interesante que surge en la discusión es sobre qué tipo de modelo sería el ideal para la nueva compañía.

Alejandro Lucio Chaustre, experto en energía y director ejecutivo de Óptima Consultores, señaló que es entendible que se busquen replicar modelos exitosos de empresas municipales o regionales de prestación de servicios públicos. Y que, sin embargo, también hay casos de este tipo de empresas que han sido capturadas por prácticas cuestionables, intervenidas y no han dado solución real a las necesidades de prestación de servicio en sus regiones.

Por eso, señaló Chaustre, debe considerarse también que replicar el modelo de EPM o el Grupo Energía Bogotá bajo la normatividad actual no es posible, ya que hay restricciones a la integración vertical de actividades que, de quererse modificar, requerirían una reforma de la ley.

“Es decir, si se busca una empresa tipo EPM, que al mismo tiempo es generador, distribuidor y comercializador, esto no podría hacerse bajo la normativa aplicable. EPM es una excepción porque, cuando se emitieron las leyes 142 y 143 de 1994, ya era un agente integrado verticalmente”, explicó.

Chaustre, no obstante, consideró que es viable pensar en una nueva empresa regional de generación de energía, pero no sería esta misma la que realice la actividad de distribución o comercialización del mercado regulado.

“Es entendible el propósito de la iniciativa, pero llevarla a cabo supone entender qué eslabones de la cadena se pretende operar y se deben tener en cuenta los límites a la integración vertical en el mercado de energía mayorista”, reiteró Chaustre.

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