Alcanos deberá compensar a más de un millón de usuarios por cobros excesivos en el servicio de gas
La Superintendencia de Servicios Públicos impuso un programa de gestión, es decir, una medida correctiva, a Alcanos S.A. E.S.P. tras detectar un incremento tarifario injustificado del 51 por ciento en las facturas de gas natural.
Por: Juan David Cano
Más de un millón de usuarios del servicio de gas natural en Colombia recibirán una compensación económica en sus próximas facturas tras una decisión de fondo tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) contra la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
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Las medidas que deberá implementar Alcanos
La medida establece que Alcanos deberá recalcular las tarifas que aplicó desde enero de 2025 y devolver el ciento por ciento de los montos cobrados en exceso a los hogares afectados. Todo esto, bajo un programa de gestión obligatorio que le fue impuesto por la Superintendencia como medida correctiva.
El caso involucra a usuarios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima, a quienes les aumentó un 51 por ciento el recibo de gas natural sin que existiera, según la Superservicios, una justificación técnica válida.
Lo que encontró Superservicios para decir que el aumento era injustificado
La investigación encontró que Alcanos contaba con reservas suficientes de gas nacional, contratadas con Ecopetrol, para abastecer la demanda esencial. Sin embargo, la empresa habría reportado una disponibilidad menor, hecho que le permitió importar gas, a mayor costo, y argumentar ese gasto para justificar el alza en las tarifas.
Este comportamiento, de acuerdo con la Superintendencia, contraviene la resolución Creg 137 de 2013, que regula las condiciones tarifarias del servicio de gas combustible por redes, y constituye una falta al deber de prestación eficiente del servicio público domiciliario.
Además de exigir la devolución total de los cobros indebidos, la Superservicios ordenó a Alcanos implementar disposiciones internas de gobierno corporativo que garanticen transparencia y prevengan este tipo de prácticas en el futuro. La medida no se considera una sanción, pero sí abre la puerta a procesos administrativos y posibles sanciones posteriores.
La Superintendencia remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y otros entes de control, con el objetivo de que se evalúe si hay lugar a investigaciones adicionales por posibles implicaciones legales.
“De acuerdo con los lineamientos del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, el principal interés de esta medida es garantizar como un derecho de la ciudadanía la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, concluyó la entidad.
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