La Procuraduría abrió indagación a Ecopetrol tras escándalo por presuntas interceptaciones internas

La Procuraduría anunció la apertura de indagación previa contra funcionarios de Ecopetrol por la celebración de un millonario contrato que se firmó sin aprobación de la junta directiva de la petrolera colombiana. Con su investigación, el órgano de control busca identificar si se presentaron irregularidades que incidieron en la legalidad del proceso contractual.

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La indagación del Ministerio Público se centrará en el otrosí que se firmó el 31 de diciembre de 2024 con la firma Covington & Burling LLP por 5,8 millones de dólares, para ampliar el alcance, plazo y valor del contrato original. Además, se investigará la responsabilidad de funcionarios de la compañía en la modificación de los términos del contrato de consultoría.

“El órgano de control busca confirmar o descartar la presunta irregularidad cometida, así como identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”, explicó la Procuraduría en el comunicado en el que confirmó que solicitará información a Ecopetrol para avanzar en el proceso.

Por otra parte, el Ministerio Público reveló que la indagación previa permitirá establecer si 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, habrían sido objeto de un procedimiento de interceptaciones ilegales. Al parecer, el contrato con la firma estadounidense habría afectado la preservación de comunicaciones e información privada de la petrolera.

En los próximos días, funcionarios de la Procuraduría realizarán labores de inspección en las instalaciones de Ecopetrol para recaudar información y documentación relacionada con la investigación. En ese sentido, el órgano de control solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para determinar si se violó la privacidad de las comunicaciones.

Ecopetrol anunció que colaborará con las investigaciones sobre presuntas interceptaciones internas

La compañía más grande del país reveló que el acuerdo original firmado con Covington & Burling LLP el 29 de agosto de 2024 buscaba recibir servicios relacionados con análisis de políticas, procesos y discusiones relacionadas con autoridades estadounidenses. Por eso, el millonario contrato con la firma permitiría conocer, entre otros temas, el impacto jurídico y reputacional de posibles investigaciones abiertas contra funcionarios en Estados Unidos.

Ecopetrol informó que su presidente, Ricardo Roa, no habría participado en la negociación inicial con la firma especializada en consultoría para litigios, investigaciones y prácticas corporativas. Además, la petrolera destacó que su junta directiva no tenía conocimiento del alcance, valor y términos específicos del otrosí del contrato de asesoría legal especializada.

“En su momento y de manera oportuna, la junta directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan”, explicó la junta directiva de Ecopetrol.

La petrolera colombiana ordenó suspender desde febrero de este año las actividades relacionadas con el cuestionado otrosí. Sin embargo, ahora será la Procuraduría la encargada de establecer si la modificación en el contrato original facilitó la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentos físicos.

Ecopetrol indicó que las investigaciones en curso permitirán proteger el patrimonio público y la reputación de la compañía a nivel nacional e internacional. No obstante, el cuestionado contrato podría provocar nuevas investigaciones y renuncias como la de Mónica de Greiff, vicepresidenta de la junta directiva de la petrolera, que dejará el cargo este 30 de mayo.