Ecopetrol y el pueblo awá: por qué el Fondo Soberano de Noruega se fue y qué dijo la petrolera

Este 3 de marzo, Caracol Radio reveló el contenido de un documento emitido en agosto de 2025 por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega. En él, el organismo recomendaba excluir a Ecopetrol de sus inversiones y vender la totalidad de su paquete accionario en la empresa, valorado en más de 7 millones de dólares, por considerar que hay un riesgo inaceptable de que la compañía esté contribuyendo a violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas.

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La decisión de venta fue ejecutada el pasado 26 de febrero, pero no llegó de la nada. Fue el desenlace de una investigación que el Consejo de Ética, que administra los recursos pensionales del Estado noruego y es considerado un referente mundial en inversión ética, venía adelantando sobre el impacto de las operaciones de Ecopetrol en dos pueblos indígenas colombianos: el u'wa y el awá.

Una tubería, cientos de derrames y un pueblo en riesgo

Para entender por qué este problema, hay que remontarse a 1970, cuando comenzó a operar el Oleoducto Transandino (OTA), una tubería de 305 kilómetros que va desde el Putumayo hasta el puerto de Tumaco, en Nariño, y que atraviesa en varios puntos el territorio del pueblo awá.

Operado por Cenit, filial de Ecopetrol, el oleoducto fue construido antes de que existiera la legislación ambiental moderna en Colombia, y se rige por un Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado en 2005, un instrumento que, según señalaron organizaciones como Dejusticia ante la Corte Constitucional, es insuficiente para evaluar impactos acumulativos ni permite suspender la operación por incumplimientos.

“Este PMA no evalúa los impactos acumulativos, no permite al Estado suspender o revocar la operación por incumplimientos. Es decir, no existe un instrumento claro y eficaz que materialice la evaluación, seguimiento y control de daños ambientales de proyectos anteriores a la Ley 99 de 1993. Esta falta de regulación efectiva ha imposibilitado una gestión ambiental preventiva y ha permitido que los impactos se acumulen durante décadas”, explicó Dejusticia.

La organización también añadió que, desde 2014, Cenit ha reportado al menos 447 derrames en el corredor del OTA. La mayoría fueron provocados por grupos armados que instalaron válvulas ilegales para robar crudo. Según datos de la Federación Nacional de Departamentos, que hizo un mapa de la violencia en Colombia, Nariño es uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales y el oleoducto ha sido un blanco recurrente. En 2023, los ataques a la infraestructura de Ecopetrol aumentaron 50 por ciento respecto al año anterior, y en 2024 siguieron creciendo otro 5,3 por ciento, según documentó el Fondo Noruego.

Pero para el pueblo awá, que habita el katsa su, nombre con el que denominan su territorio ancestral, ubicado en los departamentos de Nariño y Putumayo, entre los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Puerto Asís y Mocoa, y que se extiende también hasta territorio ecuatoriano, el origen de los derrames no modifica sus consecuencias.

Los ríos contaminados ya no producen peces, las fuentes de agua están envenenadas y, además, los cultivos, con esos que se alimentan, han sido arrasados por las afectaciones del crudo.

“El pueblo indígena awá ha visto cómo se envenenan sus fuentes de consumo, cómo desaparecen los peces que pescan y cómo se degradan los suelos donde cultivan. El crudo ha generado desarmonías en el katsa sú, expresadas mediante enfermedades físicas y espirituales, muertes de animales y la imposibilidad de llevar a cabo prácticas ancestrales”, añadió Dejusticia.

Según documento del Consejo de Ética del Fondo Noruego, los 20 resguardos afectados, donde viven alrededor de 26.000 personas en 160 comunidades, han visto cómo los derrames destruyen no solo su salud y su economía, sino también su identidad cultural: ya no pueden hacer ceremonias en los ríos, han perdido plantas medicinales y sitios sagrados.

Es por todo lo anterior que para el Consejo la pregunta no era si Ecopetrol causó los ataques, sino si hizo lo suficiente para prevenir el daño que esos ataques les causaron a comunidades que ya estaban en una situación de extrema vulnerabilidad. La respuesta fue no.

El documento concluye que, aunque los derrames son consecuencia de acciones de terceros, la empresa extrae y transporta petróleo en zonas donde los ataques son un riesgo conocido y previsible desde hace décadas, lo que la convierte en corresponsable de los daños. Por todo lo anterior, la recomendación de exclusión fue firmada el 13 de agosto de 2025 y ejecutada finalmente en este 2026.

Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre los derechos del pueblo awá

La decisión del fondo noruego llegó casi tres meses después de que la propia Corte Constitucional emitiera la sentencia T-390 de 2025, un fallo que amparó los derechos del pueblo awá y ordenó medidas inmediatas.

La tutela fue interpuesta por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) contra Ecopetrol, Cenit y varias entidades del Estado. La Corte determinó que los derrames no son eventos aislados, sino un daño acumulativo y progresivo, y que tanto el Estado colombiano, como accionista mayoritario de Ecopetrol, como la empresa y su filial incumplieron el deber de debida diligencia. Es decir, no identificaron los riesgos con suficiente rigor, no previnieron los daños ni los repararon de manera integral.

El fallo encontró un vacío normativo grave, y es que el OTA opera bajo un régimen anterior a la Ley 99 de 1993, lo que significa que no existe un instrumento jurídico eficaz para evaluar sus impactos acumulativos, ordenar medidas de fondo ni revocar la operación por incumplimientos. Por ello, la Corte le pidió al Congreso revisar este punto, que afecta a decenas de comunidades en todo el país.

Entre las órdenes concretas del fallo están garantizar el acceso al agua potable en los 20 resguardos afectados, crear una instancia de diálogo para diagnosticar la contaminación, diseñar un plan integral de salud, recuperar el ecosistema, actualizar o revocar el Plan de Manejo Ambiental del OTA, y obligar a Ecopetrol y Cenit a cumplir con su deber de debida diligencia, lo que podría incluir la suspensión definitiva del oleoducto si fuera necesario para prevenir nuevos daños. De hecho, en la actualidad, el oleducto está suspendido.

¿Qué respondió Ecopetrol?

Luego de que se revelara la noticia, el Grupo Ecopetrol emitió un comunicado de prensa en el que reconoce la evaluación del fondo y la califica de legítima, pero defiende su trayectoria en materia de derechos humanos.

La empresa recuerda que cuenta con una Política de Derechos Humanos desde 2009, actualizada en 2025, y que exige a sus trabajadores, contratistas y proveedores los más altos estándares en la materia. Además, destacó que su filial Cenit profundizó un tramo del OTA que interfería con el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai, en trabajo conjunto con la Unipa, y que entre 2024 y 2025 invirtió más de 11.800 millones de pesos en los departamentos de Putumayo y Nariño en proyectos socioambientales.

“El Grupo Ecopetrol expresa su máximo respeto por las evaluaciones realizadas por socios e inversionistas nacionales e internacionales. La empresa propiciará un ciclo de reuniones técnicas con el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega para presentar los avances y asegurar que nuestras prácticas se alinean con las expectativas de los fondos de inversión más rigurosos del mundo”, dijo.

En el punto más sensible del debate, quién es responsable de los daños cuando los derrames son causados por grupos armados, Ecopetrol insiste en una tesis que la Corte Constitucional y el Consejo de Ética noruego han rechazado en sus análisis: que tanto la Corte IDH como la Corte Constitucional han reconocido que los hechos señalados se derivan de acciones de terceros, y no de actuaciones propias de la compañía. Para la compañía la justificación sirve, para los demás no.