La historia de los 380 millones de dólares que Colombia tendría que pagarle a Telefónica con millonarios intereses
En 2024, un laudo arbitral internacional le ordenó a Colombia devolver a Telefónica 379,8 millones de dólares, más intereses que ya se acumulan desde hace años. Actualmente, el Estado pelea la anulación del fallo.
Por: Juan David Cano
En 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Colombia a pagar 379,8 millones de dólares a Telefónica S.A., más intereses del 5 por ciento anual acumulados desde agosto de 2017.
El laudo intentó resolver una disputa que se remonta a 2016 entre el Estado colombiano con la multinacional española. El Gobierno alega que aún tiene cartas pendientes para evitar pagar la suma que podría superar hoy en día los 500 millones de dólares. Algunos medios que consultaron fuentes cercanas al caso afirman que el tribunal internacional tendría una decisión adversa para el país.
¿Cómo comenzó el conflicto entre Telefónica y el Estado?
La historia empezó con Colombia cobrando y está terminando, por ahora, con Colombia debiendo. En 2016, el Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC) comenzó un arbitraje contra las subsidiarias colombianas de dos gigantes de las telecomunicaciones: Telefónica y América Móvil.
El reclamo tenía que ver con los contratos de concesión firmados en 1994. El tribunal le dio la razón al Estado, y en 2017 la subsidiaria de Telefónica pagó la condena de aproximadamente 1,6 billones de pesos colombianos. Plata que ingresó al bolsillo de la Nación. Pero Telefónica no quedó conforme e inició acciones legales a nivel internacional.
En febrero de 2018, la matriz española activó un mecanismo de arbitraje internacional bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscrito entre Colombia y España. El argumento era que lo que el Estado le cobró a su subsidiaria mediante aquel arbitraje contractual violaba las garantías que el tratado bilateral le otorgaba como inversionista extranjera.
El 12 de noviembre de 2024, tras tres años de deliberaciones, un periodo que la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) califica de “excesivo”, el laudo terminó con la orden de que Colombia debía reintegrarle a Telefónica exactamente lo que su subsidiaria había pagado en 2017. La suma de 379,8 millones de dólares.
Pero además, con intereses del 5 por ciento anual contados desde agosto de ese mismo año. A la fecha de hoy, esos intereses superan los 160 millones de dólares adicionales. Por ello, la factura total sería de cerca de 540 millones de dólares, lo que son cerca de dos billones de pesos.
Las diferencias entre el caso de América Móvil y Telefónica
Lo que hace el caso especialmente incómodo para Colombia es que ya existe un antecedente favorable, y sobre los mismos hechos.
América Móvil, que también fue condenada en aquel arbitraje de 2016 junto a Telefónica, interpuso su propio arbitraje internacional. Sus pretensiones alcanzaban los 1.200 millones de dólares. Colombia contrató para su defensa a la firma Wordstone Dispute Resolution, y ganó, pues el tribunal desestimó las reclamaciones de América Móvil. Ese mismo equipo de abogados fue el encargado de defender al país frente a Telefónica.
La ANDJE argumenta que el tribunal del caso Telefónica cometió errores graves, pues ignoró hechos y argumentos centrales de la defensa colombiana, se extralimitó al pronunciarse sobre una disputa que considera puramente contractual, y, quizás el punto más delicado, actuó como si fuera una corte de apelaciones al revisar una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, la C-555 de 2013.
La pelea por ganar tiempo: lo que aún no está claro sobre el caso
Quince días después de recibir el laudo, Colombia solicitó su anulación y, mientras tanto, pidió que se suspendiera su ejecución. Es decir, que no tuviera que pagar mientras el proceso de anulación sigue su curso. El comité ad hoc, encargado de revisar esa solicitud. aceptó mantener la suspensión, pero con una condición: Colombia debía emitir una garantía bancaria internacional vigente hasta que haya decisión definitiva.
El problema es que el Estado colombiano alegó que emitir ese tipo de garantía no le es posible bajo su marco legal y financiero, y propuso alternativas, es decir, pidió de nuevo una reconsideración sobre su caso. Y el pasado 5 de marzo, según los registros del propio CIADI, el comité le dio una respuesta al país.
Por ahora, se desconoce exactamente qué fue lo que le respondió el tribunal a Colombia. Sin embargo, el proceso pareció continuar, pues en los mismos registros del CIADI se evidencia que la propia Telefónica presentó varios días después, el 13 de marzo, su rejoinder on annulment: el último escrito de la fase escrita, donde responde los argumentos de Colombia sobre por qué el laudo debe anularse, como si aún no se definiera la solicitud de anulación.
Desde entonces, el CIADI no ha emitido nuevos avances del caso en sus registros. Sin embargo, fuentes consultas por medios como El País de España y Caracol Radio, afirmaron que el tribunal habría fallado recientemente en contra de la nación, por lo que Colombia tendría que devolver los millonarios recursos con los intereses acumulados.
Tras estas revelaciones, la propia ANDJE emitió el 22 de abril un comunicado en el que asegura que el proceso sigue en firme y que el próximo 3 y 4 de junio, en París, el comité ad hoc escuchará los alegatos finales sobre si el laudo debe anularse o no.
“Lo que dice la ANDJE es correcto y es que se tendrá la audiencia de anulación porque la póliza se solicita para suspender el laudo, pero esto no limita que el tribunal analice de fondo la solicitud de anulación”, explicó a CAMBIO Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
Si Colombia pierde esa batalla, la deuda con Telefónica pasará de ser una amenaza jurídica a una obligación de caja. Una que el Estado colombiano, curiosamente, se ganó por haber cobrado lo que, según ellos, le correspondía.
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