Falsos positivos en Meta: JEP imputó crímenes de guerra a 30 militares, entre ellos a tres generales retirados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 30 integrantes del Ejército Nacional por su participación en un plan criminal para realizar ejecuciones extrajudiciales en Meta. En la estrategia ilegal, coordinada con grupos paramilitares con presencia en el departamento, fueron asesinadas y presentadas como falsas bajas en combate al menos 209 personas. 

Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre

La Sala de Reconocimiento de Verdad calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad los hechos ocurridos entre 2002 y 2007 debido a la sistematicidad de las ejecuciones y a la participación de agentes del Estado. Para la JEP, las acciones se ejecutaron como parte de un patrón criminal y no como hechos aislados en la región.

El tribunal de justicia transicional identificó una estrategia orientada a inflar los resultados operacionales de las Fuerzas Militares mediante la presentación de civiles como combatientes dados de baja en el territorio para recibir reconocimientos. De hecho, entre las víctimas se encuentran 65 locales reportados como desaparecidos por sus familiares.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, confirmó que los tres generales imputados son el brigadier general (r) Carlos Saavedra, el mayor general (r) Carlos Ávila y el brigadier general (r) Francisco Ardila. En la investigación, se encontró que los altos mandos omitieron sus deberes constitucionales y evitaron sancionar las irregularidades. 

“Las actuaciones de los tres generales transmitieron, cada uno en su periodo de mando, la idea de que desde la VII Brigada no solo se toleraban operaciones irregulares para perpetrar homicidios simulando combates, sino que también se promovían incentivos, tanto positivos como negativos, para su ejecución”, explicó el tribunal de justicia transicional. 

El plan criminal de las ejecuciones extrajudiciales en Meta

El plan criminal de las ejecuciones extrajudiciales en Meta comenzó a consolidarse a comienzos de 2002 cuando unidades del Ejército adoptaron prácticas orientadas a aumentar sus resultados como parte de la política de seguridad. Bajo la presión por presentar bajas, altos mandos promovieron incentivos y exigencias que llevaron a la creación de un sistema ilegal en el que civiles fueron presentados como guerrilleros muertos.

Las investigaciones de la JEP permitieron establecer que el esquema ilegal se apoyó en redes de reclutadores civiles y en alianzas con estructuras que facilitaban la entrega o captura irregular de personas. A su vez, los testimonios evaluados coincidieron en que miembros del Ejército configuraron estrechas relaciones con el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El tribunal de justicia transicional detalló que las relaciones se gestaron mediante operaciones militares conjuntas que derivaron en la ausencia de actividades dirigidas en contra de esas estructuras paramilitares. Como parte del plan criminal, altos mandos de la institución promovieron una política de permisividad que facilitó la tolerancia de crímenes de miembros de la población civil.

En sus testimonios frente a la Sala de Reconocimiento de Verdad, antiguos comandantes del bloque Centauros confirmaron su participación en la conducción de víctimas hacia los lugares en los que se encontraban las tropas del Ejército para cometer los homicidios. Además, revelaron que también entregaban a miembros de la fuerza pública cuerpos de personas asesinadas en combates con otras estructuras ilegales.

La JEP identificó un segundo patrón macrocriminal en el que miembros del Batallón de Infantería 21 perpetraron homicidios y desapariciones forzadas sin el apoyo de estructuras paramilitares. Según el tribunal, los uniformados seleccionaban a las víctimas, trasladaban material de guerra para simular combates y modificaban las escenas para reportarlas como bajas.

Las próximas etapas en el proceso contra los implicados en falsos positivos

En la diligencia de imputación por crímenes de lesa humanidad, la JEP advirtió que funcionarios del Gaula Meta también participaron en las ejecuciones extrajudiciales en las que se presentaron como bajas a personas asesinadas durante supuestos operativos antisecuestro y antiextorsión. Por eso, el presidente de la JEP reiteró que estas acciones involucraron a diferentes actores del Estado.

“Hoy podemos decir con pruebas contundentes que se trató de un patrón macrocriminal nacional. Ese patrón está ligado y se explica por una política de contar bajas como indicador del éxito de operaciones. Los comandantes promovieron la competencia entre sus unidades, lo que llevó a buscar bajas por todos los medios”, explicó la magistrada Catalina Díaz.

La Sala de Reconocimiento de Verdad reiteró que la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la Procuraduría incurrieron en fallas sistemáticas en sus labores de protección a las comunidades vulnerables del Meta. En los testimonios de víctimas, se detalló que los mecanismos de control resultaron insuficientes y las medidas exigidas solo se adoptaron cuando las prácticas ilegales fueron conocidas a nivel nacional.

Los 30 comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer o rechazar su participación en los hechos atribuidos por la JEP este 20 de noviembre. Los miembros de la institución investigados y las víctimas reconocidas podrán presentar elementos adicionales para argumentar su posición o exigir observaciones al contenido de la decisión inicial del tribunal. 

Finalmente, la JEP será la encargada de evaluar eventuales compromisos con aportes a la verdad para programar las próximas audiencias de reconocimiento. Los uniformados que decidan rechazar su participación en los hechos deberán enfrentar sus procesos ante la Unidad de Investigación y Acusación y podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión.