Las ‘listas negras’ de exterminio por las que condenaron a Santiago Uribe Vélez
Santiago Uribe Vélez condenado. Fotoilustración: Yamith Mariño-CAMBIO.
La condena contra Santiago Uribe Vélez deja varias cosas claras: ‘Los 12 Apóstoles’ existieron y realizaron un exterminio social, las autoridades fueron complacientes con su operación, la justicia tardó décadas en responsabilizar a los culpables, aun cuando testigos y algunos valientes funcionarios se mantuvieron firmes en sus denuncias por años. Ahora, el mismo Tribunal dijo que el juez que inicialmente absolvió al hacendado “solo siguió el guion de la defensa”. ¿Qué ha pasado en la JEP? Análisis.
La conclusión es categórica, histórica y preocupante: Santiago Uribe Vélez fue el líder de ‘Los 12 Apóstoles’, una alianza macabra entre comerciantes y fuerza pública para hacer exterminio social en Yarumal, Antioquia, a comienzos de los 90, anticipando lo que años después se desplegó en todo el departamento y el país: la consolidación de los grupos de ‘autodefensa’. Antes de llamarse Apóstoles, eran un frente paramilitar ‘lechero’, o simplemente un grupo que empezó a reclutar sicarios para asesinar con lista en mano.
La forma en la que funcionaba este grupo ilegal parece unánime tanto en la justicia ordinaria como en la administrativa, los centros dedicados a la memoria y estudio de este fenómeno criminal y, más recientemente, en la justicia transicional: en la hacienda La Carolina, de propiedad entonces de Santiago Uribe Vélez, se habrían entrenado los integrantes de los Apóstoles, que en ese momento hacían “justicia privada” o “limpieza social”. Es decir, mataban personas que, o habían cometido un crimen, o estaban “creando problemas” a los finqueros de la zona o, según ellos, tenían nexos con la guerrilla, y tenía un gran poder en ese momento en el departamento.
Uribe Vélez, respaldado con vehemencia por su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siempre ha negado vinculación alguna a tan grave escenario e incluso ha dicho que se trata de una retaliación en su contra. Tras largo juicio, el juez Jaime Herrera Niño se tardó tres años y nueve meses para absolverlo, lo cual parecía un alivio tras años de ser señalado de conformar grupos paramilitares. Ahora, el caballista fue condenado por crímenes de lesa humanidad, por emprender un exterminio social al afirmar, con contundencia, que hay múltiples testimonios que ponen a Uribe Vélez "en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en el Norte de Antioquia".
La Sala Penal del Tribunal no compulsó copias contra el juez, pero bien podría haberlo hecho. En toda la decisión, lo señala de no haber hecho el mínimo trabajo para valorar los testimonios recibidos en el juicio, de que los analizó como si no se relacionaran uno con otro, realizó afirmaciones débiles y contradictorias e incluso, desacreditó testigos diciendo que estos habían declarado contra Uribe por plata, sin presentar prueba alguna de ello. “El juez solo siguió el guion de la defensa que propone esas circunstancias de forma especulativa o abiertamente descontextualizada”, dice la sentencia.
Meneses, el testigo clave
“Vea Meneses, este grupo viene realizando algunas operaciones en contra de guerrilla, atracadores, extorsionistas y algunos delincuentes. La misión de este grupo es que Santiago Uribe Vélez tiene un listado de algunas personas que son integrantes de estos grupos y que son personas que hay que eliminar o que hay que asesinar”.
Las palabras son del mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero, quien dijo que cuando recibió la comandancia del Distrito 7 de Policía en enero de 1994, su antecesor, el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, le informó de la presencia del grupo paramilitar, señalando que el líder era Santiago Uribe. Lo declaró varias veces a la justicia y también ante comisiones de derechos humanos en Buenos Aires y, más recientemente, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Meneses, el testigo clave de este caso, no ha variado su versión.
Según él, Benavides le presentó a Uribe en La Carolina y este último le dice que tenía un grupo para hacerle “resistencia y frente a este grupo de guerrilla” y le agrega que iba a recibir una bonificación mensual entre 1 y 1,5 millones de pesos en esa época. Según Meneses, Uribe le dijo:
“Teniente, esto que estamos haciendo, usted no se preocupe, de esto tienen conocimiento los mandos policiales y militares de la región a nivel departamental y algunos a nivel nacional. Mi hermano, Álvaro Uribe, es senador de la República, tiene muy buenos amigos, o sea, lo que nosotros hagamos aquí tiene conocimiento mi hermano: él tiene muchos amigos que, en caso de que tengamos problemas, él los va a solucionar”.
En tres meses y medio que estuvo allá, Meneses supo que ese grupo ya venía desde antes cometiendo masacres y homicidios selectivos, teniendo como víctimas también a delincuentes comunes. Allí aparece la mención del listado de personas para asesinar y también los nombres de los involucrados. Por un lado, los policías de la Sijín Jairo Rodríguez Venegas y el agente Norbey Arroyave. También está Álvaro Vásquez, empresario de Yarumal y quien sería la segunda cabeza del grupo ilegal, lo mismo que alias Rodrigo o el Mono (quien sería Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar), Emiro Pérez, Donato Vargas y Hernán Darío Zapata, alias Pelo de Chonta, entre otros.
El testimonio de Meneses poniendo a Uribe Vélez como jefe de los ’12 Apóstoles’ es corroborado en detalles claves, dice el Tribunal, por Olguan de Jesús Agudelo y Alexander Amaya (quien fue escolta de Meneses): “Me daba cuenta de que ellos cometían varios delitos financiados por un señor Álvaro Vásquez y Santiago Uribe, porque una vez el teniente Meneses me llevó a una reunión que se efectuó en La Carolina, no me acuerdo la fecha”.
Y de las reuniones, Eunicio Pineda Luján declaró: “Ya empezó a verse gente ya armada y se iban… ese Santiago Uribe llevaba radios y llevaba armas y entonces les hacían reuniones en La Carolina e iba la Policía de Yarumal y otra gente de civil”.
Las listas del horror
De este expediente en particular se extraen varios elementos relevantes, como la existencia de una lista en donde se anotaban a las personas que serían asesinadas y que habría estado en control de Santiago Uribe y Álvaro Vásquez. Incluso, el juez de primera instancia dejó acreditado que la lista existió, todo en parte porque cuando estaban ocurriendo los hechos en Yarumal, la misma sociedad denunció lo que pasó.
Un informe lo hizo una persona de Yarumal llamada Lilyam Soto Cárdenas, el 29 de octubre de 1993, en el que se destaca el incremento de muertes, así como una acción urgente de Amnistía Internacional que pide acción inmediata a la Presidencia por la presencia del ‘escuadrón de la muerte’ y el listado. Ese informe señala que, el 17 de agosto de 1993, Román Darío Roldán, familiar de una de las víctimas, denunció la existencia de la ‘lista de la muerte’ en la que aparecía su nombre.
El expediente hace mención no necesariamente a una sola lista, sino al hecho que en el pueblo ya se sabía que las víctimas estaban previamente anotadas y que personas intentaron interceder ante ello. Fernando Barrientos, por ejemplo, declaró en 1994 que, tras el crimen de su hermano Camilo Barrientos (por el que también fue condenado Uribe Vélez), él se enteró por un agente de policía que su hermano había estado en la lista. También dijo que el agente se la mostró y que allí estaban Yubán Ceballos, Gerolin Agudelo, Octavio Ceballos, Jhon Hernández y Arturo Villa.
Jhon Jairo Agudelo era personero de Campamento y este declaró que le reclamó a Meneses por la lista, insistiendo que ya habían muerto Yubán Ceballos, Jorge Serna y Camilo Barrientos. Este testigo señaló que allí también estaban Bernardo Ceballos, William Restrepo, Pedro Tabares, John Jairo Hernández, Ramiro Sierra, Jorge Humberto Calle, Fernando Barrientos, Gilberto Torres, Luis Alfonso Durán Jiménez y uno apodado ‘José guerrillo’, de la vereda San Antonio, quien también fue asesinado.
El hecho era de tal magnitud que, en febrero de 1994, el alcalde de Campamento, el personero municipal y el presidente del Concejo le pidieron al procurador que abriera una investigación, ya que los anotados en la lista se habían enterado de ello. La absolución a Santiago Uribe en primera instancia relativiza la afirmación de Meneses, pues dice que era la Policía, y no el hermano del presidente, quien tenía la lista.
Pero el tribunal dijo que esa tesis es inaceptable. Primero, la sentencia dice que el juez, “en lugar de hacer una lectura integral de las pruebas acerca de la existencia de tal lista, se evidencia el esfuerzo, contraevidente, de ubicarla en manos de la Policía y lejos de Uribe Vélez”.
“En lugar de hacer una lectura integral de las pruebas acerca de la existencia de tal lista, se evidencia el esfuerzo, contraevidente, de ubicarla en manos de la policía y lejos de Uribe Vélez”.
“Más allá de la existencia física de la lista nada indica que la escogencia de las víctimas no estuviera precedida de una determinación individual. Las víctimas fueron objeto de ataques armados que se concentraron en varios años, en especial en Yarumal, Campamento y Valdivia y en los primeros años de la década de 1990. Ningún testigo informó que la lista estuviere únicamente en manos de uno de los miembros de la agrupación criminal o de forma exclusiva en conocimiento de uno de ellos, ya fuere de los particulares o de alguno de los miembros de la policía que actuaban como parte del grupo criminal”, dice el tribunal.
Y la Sala va más allá: “Nada obstaba para que la lista, y más que ella, la información de relevancia en la selección de las víctimas, por su propia naturaleza, fuere utilizada por varios de sus miembros, ya que su contenido era el propósito principal de la connivencia entre armados ilegales y miembros de la fuerza pública: la eliminación física de presuntos guerrilleros o auxiliadores de grupos subversivo o delincuentes comunes. Afirmar la existencia de una especie de un único listado, con algún carácter formal o técnico-documental, solo puede tener como propósito burlar la realidad de lo ocurrido, como de forma insólita lo hizo el Juez, o defender al sindicado, como de forma apenas obvia y natural lo hace la defensa”.
Por esa razón, además, el Tribunal pidió investigar los homicidios de personas que, efecto, aparecían en tales listas, según los testimonios recopilados.
En síntesis, el Tribunal apunta a que los testimonios mencionados coinciden en lo esencial al responsabilizar a Santiago Uribe Vélez, a señalar la conformación del grupo en el área rural detallando los roles de Álvaro Vásquez y de alias Rodrigo como encargado de la parte militar, así como al uso de La Carolina, ubicada en los Llanos de Cuivá.
Pero también está la versión de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, que en un interrogatorio mencionó la existencia de los ’12 Apóstoles’ en cabeza de Uribe Vélez. “Cuando me han preguntado sobre esta información, jamás la había dicho por físico miedo”, dijo. Por su parte, Salvatore Mancuso señaló que Carlos Castaño le informó que en la zona de Yarumal estaba el bloque de Santiago Uribe Vélez, entre otros.
“Todas las pruebas hasta ahora relacionadas y evaluadas son suficientes para sustentar la conclusión de la responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez como líder en la conformación del grupo criminal que azotó varios municipios del norte de Antioquia, en especial los de Yarumal, Campamento y Valdivia durante los primeros años de la década de 1990, principalmente probado entre los años 1993 a 1995”, concluye el Tribunal.
De ‘Los 12 Apóstoles' al 'Bloque Metro’
Jairo Venegas, quien fue director de la ‘subsijín’ de Yarumal, está ahora acogido a la JEP. Al igual que Meneses, afirmó en noviembre de 2024 que los entrenamientos se hacían en la finca La Carolina y le achacó a Álvaro Vásquez la labor de recoger la plata que daban los finqueros de la región para financiar al grupo armado, que calificó como de “justicia privada”. Y no solo reconoció que no denunció los hechos, sino que siguió apoyando a estructuras paramilitares hasta el 2010, cuando se retiró de la Policía. Lo hizo en varios municipios como en San Roque, donde se creó, según testigos, el ‘Bloque Metro’.
Venegas insiste en que el capitán Pedro Manuel Benavides tenía el contacto directo con los sicarios en el área rural y con Rodrigo en el área urbana, insistiendo en que este vivía en una caseta aledaña al comando de Policía y que supuestamente se interconectaban con una puerta. Además, reiteró la existencia de la lista de muertos. En la JEP también está el agente José William Ospina. Entre tanto, en un juzgado de Antioquia avanza el juicio en contra de los señalados sicarios del grupo, Leonidas Pemberty Zapata, Óscar Arango Palacio y Luis Espinal Cano.
En el expediente contra Santiago Uribe se reseñó a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien declaró que, en una reunión con Vicente Castaño y alias Jota, Santiago Uribe era “uno de los patrocinadores del Bloque Metro”. También se cita a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien ha declarado por años la supuesta vinculación de ambos hermanos Uribe Vélez con ese bloque. Estos hechos ya no son en Yarumal, sino en cercanía de San José del Nus, y más adelante en el tiempo.
Se trata de un megaexpediente que la Fiscalía no ha esclarecido y en el cual los testigos dicen que, supuestamente, a finales de 1997, en la hacienda Guacharacas (que fue de propiedad de los Uribe Vélez) se habría fundado el Bloque Metro de las Autodefensas. Juan Guillermo Monsalve, quien fue trabajador de la finca, ha dicho que de este grupo hacían parte Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón. El expresidente Uribe Vélez ha negado tajantemente estos señalamientos y fue absuelto en segunda instancia de haber intentado manipular al testigo Monsalve. Ese proceso está ahora en manos de la Corte Suprema.
Santiago Uribe, por su parte, fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda y, como toda condena debe ser revisada por un superior, tiene derecho un recurso que se llama impugnación especial, que lo resolverá la Corte Suprema de Justicia.
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