JEP sentencia con la “máxima sanción propia” al último secretariado de las Farc por 21.396 secuestros: ocho años de restricción de la libertad

En un acto en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, al que sólo asistieron periodistas, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz notificó la primera sentencia de su historia contra los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, por el primer macrocaso que abrieron en julio de 2018: el de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP.

Rodrigo Londoño Echeverry, actual presidente del partido Comunes, Jaime Alberto Parra, Milton De Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar fueron sentenciados con “la máxima sanción propia” que impone la JEP: ocho años de restricción de la libertad que no implican cárcel, por tratarse de un modelo de justicia restaurativo. 

“Los sancionados tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia”, expresó el magistrado Camilo Suárez de la JEP, quien leyó las consideraciones de la sentencia y quien aclaró que “las restricciones no equivalen a medidas de aseguramiento o a penas privativas de la libertad”.

Las sanciones tendrán un componente restaurador, no punitivo, e incorporarán la participación de los comparecientes en Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador -TOAR- que la JEP delimitó en los siguientes proyectos: búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica.

“Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las Farc sean declarados máximos responsables (…) por los secuestros desplegados por la organización durante el periodo de 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”, expresó el magistrado Camilo Suárez Aldana de la JEP, en referencia a la sentencia de 663 páginas.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento, es la voz que reconoce a Colombia y al mundo que lo que ocurrió es injustificable e inhumano. Una sentencia que abre una nueva página para la memoria (…) a través de esta decisión no se busca dejar una paz en palabras. Es una invitación a condenar sin titubeos toda serie de violencia”, agregó el magistrado Suárez Aldana.

En el macrocaso 001 se registraron 21.396 secuestros y se acreditaron formalmente 4.325 víctimas. En el año 2021, los exintegrantes del secretariado reconocieron su responsabilidad ante la JEP. La cúpula de las Farc fue imputada, no sólo por secuestros, también por crímenes como desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y esclavitud. 

“Hoy se impone la primera sanción propia a los responsables de la política de secuestro que desplegaron las extintas Farc para financiarse, canjear prisioneros y controlar territorios. Y con ello Colombia envía un mensaje al mundo. Somos un país que eligió tratar sus heridas con la verdad y con promesas vitalicias de restauración. La justicia no es la paz, pero es el camino para alcanzarla. Durante nuestra investigación por secuestro escuchamos a 402 comparecientes, 41 fueron imputados como máximos responsables, entre ellos los integrantes del antiguo secretariado de las Farc. A la fecha, todos han reconocido sus responsabilidades”, expresó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

El monitoreo de la ONU y las sanciones

La Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas realizará un monitoreo general de las sanciones impuestas contra los siete comparecientes. De acuerdo con lo establecido por CAMBIO, los exintegrantes del último secretariado no tendrán un brazalete electrónico, deberán enviarle constantemente su ubicación, a través de dispositivos electrónicos tipo PDA -Asistente Digital Personal-, a los exintegrantes de la ONU. 

“Los mecanismos de monitoreo deben entenderse de manera permanente y acompañan al compareciente en todo el cumplimiento de la sanción”, advirtió Suárez.

Sobre el cumplimiento de las sanciones propias, desde hace años la JE anunció que habrá TOARs, es decir, trabajos con contenido reparador, relacionados con desminado humanitario, medio ambiente, búsqueda de desaparecidos y reparación simbólica de víctimas. En el evento, sólo anunciaron dos proyectos concretos. Uno de “búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca” y otro de “relatos dignificantes que empezarán en Cali y Neiva, así como labores operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las víctimas”.

La JEP advierte que, progresivamente, se irán implementando otros proyectos distintos para que los exintegrantes del secretariado cumplan sus ocho años de sanción, proyectos que deberán ser financiados por el Gobierno Nacional. También dispusieron que el Ministerio de Defensa “implemente protocolos especializados para proyectos restaurativos que aseguren la protección de víctimas, comparecientes, comunidades, servidores públicos y aliados internacionales”. 

Los sancionados podrán participar en política

El magistrado Suárez Aldana confirmó que los comparecientes sancionados podrán seguir participando en política. “La sanción no inhabilita por sí misma la participación en política”, expresó. “La participación y sanción no se excluyen, se integran como un diseño constitucional legal, dirigido a la paz estable y duradera”, manifestó del jurista.

“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción propia y el ejercicio de la política de los comparecientes”, añadió Suárez, quien aclaró, que en todo caso, en momentos de tensión prevalecerá el cumplimiento de la sanción frente al ejercicio de la deliberación política.

¿Cuál fue el rol en las Farc de los sancionados?

• Rodrigo Londoño Echeverry nació en La Tebaida (Quindío) en 1959. Entró a las FARC-EP en 1976. En 1982 fue designado miembro del Estado Mayor Central en la VII CNG. En 1986 fue nombrado miembro del Secretariado. Entre los años 1987 y 1990 participó en la conformación del Bloque Oriental. En 2011 fue designado máximo comandante de las FARC-EP.
• Jaime Alberto Parra nació en 1955 en El Líbano (Tolima). Se unió a las FARC-EP en 1978, adoptó el nombre de Mauricio Jaramillo y el alias de El Médico. En 1989 fue nombrado miembro del Estado Mayor Central. En 2003 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2008, miembro titular.
• Milton de Jesús Toncel nació en 1947 en Barrancas (La Guajira); ingresó a las filas en 1984. En 1993 fue nombrado comandante del Bloque Sur. En 2005 fue nombrado miembro en propiedad del Estado Mayor Central. En 2003 fue designado suplente del Secretariado y en el año 2008 fue nombrado en propiedad. En 2014 fue delegado como negociador de las FARC-EP con el Gobierno
  de Juan Manuel Santos.
• Pablo Catatumbo Torres Victoria nació en Cali en 1953. En 1997 asumió como comandante de la Columna Móvil Alirio Torres. En 2008 fue nombrado suplente del Secretariado y, tras la muerte de Alfonso Cano en 2011, asumió como miembro del Secretariado en propiedad.
• Pastor Lisandro Lascarro nació en Puerto Berrío (Antioquia). Ingresó a las Farc-EP en 1979. En 1989 conformó el Frente 45º del Bloque Oriental. En 1993 ingresó al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, cargo en el que estuvo hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. En 2010 fue designado miembro titular del Secretariado. En 2016 firmó el Acuerdo de Paz y se reincorporó a la vida civil.
• Julián Gallo Cubillos nació en 1961 en Fusagasugá (Cundinamarca). Ingresó a la guerrilla en 1978. Desde 1984 tuvo como responsabilidad la organización de las redes urbanas de la FARC-EP en Bogotá. En 2010 fue nombrado suplente del Secretariado y en 2011 miembro titular. Desde el 2014 fue parte del equipo negociador de las FARC-EP en la Habana.
• Rodrigo Granda Escobar nació en Frontino (Antioquia). Tras ser miembro de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) y de la Unión Patriótica (UP) ingresó a las FARC-EP en 1987, donde adoptó el nombre de Ricardo Téllez. Fue nombrado por Manuel Marulanda para integrar la Comisión Internacional de las FARC-EP. En 1993 en la VIII CNG fue designado integrante del Estado Mayor Central. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del Secretariado.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.