“No queremos morir sin obtener justicia”: víctimas de ‘falsos positivos’ buscan reabrir caso contra Álvaro Uribe en Argentina

A las afueras de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, en Buenos Aires, decenas de colombianos se han reunido durante la última semana para reclamar justicia ante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros crímenes de Estado de que han sido víctimas sus familiares. Entre fotografías, carteles y placas improvisadas en memoria de quienes nunca regresaron insisten en su consigna: “Si no es en Argentina, no será en ningún lugar”. 

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Dentro del tribunal, 11 víctimas y tres organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos —el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL)— comparecieron el 14 de abril ante los magistrados para pedir que se revoque la decisión que archivó la causa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras una serie de denuncias en su contra por las ejecuciones extrajudiciales registradas durante sus gobiernos. 

La dimensión del reclamo está en una cifra que se convirtió en símbolo de la herida abierta del conflicto: 6.402 personas. Ese fue el número que estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para los casos de civiles que entre 2002 y 2008 fueron presentados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate. El hallazgo, construido a partir del cruce de expedientes judiciales, informes de organismos de control y bases de datos de memoria histórica, es el sustento con el que las víctimas insisten en que altos funcionarios también deberían comparecer ante la justicia. 

La querella contra Álvaro Uribe Vélez fue radicada en Argentina en 2023 como un intento de activar la jurisdicción universal frente a los límites que, según las víctimas, ha tenido la justicia colombiana para investigar a un exmandatario por estos hechos. Sin embargo, a finales de 2025, la denuncia fue archivada por el juez federal Sebastián Ramos, quien sustentó su decisión en la postura de la Corte Penal Internacional sobre la existencia de un sistema judicial funcional en Colombia. 

La apelación que busca revertir el cierre del caso contra Uribe en Argentina

Para las víctimas, el archivo del expediente no resolvió el problema de fondo: la ausencia de una investigación penal efectiva contra quienes dirigían las Fuerzas Militares entre 2002 y 2008. Por eso, en la apelación presentada ante la Cámara Federal, sus representantes insistieron en que la existencia formal de instituciones judiciales en Colombia no ha garantizado que altos funcionarios puedan ser investigados por estos hechos. 

Beyer Pérez es una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas en el marco de la justicia transicional. Su asesinato se registró en abril de 2007 en Casanare tras ser retenido junto a otros familiares por hombres adscritos al Gaula. Su hijo, Andrey Betancourt, lo recuerda como un apasionado por el campo y el ganado. Con esa imagen aún presente en su memoria, Andrey fue uno de los familiares que se presentó recientemente ante los tres magistrados argentinos que definirán el futuro del proceso adelantado contra Uribe. 

“Muchos de los familiares de las víctimas ya son adultos mayores. Algunos están enfermos, cansados y han esperado durante años una respuesta que no llega. No queremos morir sin obtener justicia. Por eso hoy vemos en Argentina un faro, una posibilidad real de que nuestras voces sean escuchadas y de que, por fin, alguien responda por lo que ocurrió”, explica Betancourt.

En la sala de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, el encargado de respaldar las solicitudes de las víctimas fue el abogado argentino Máximo Castex. En diálogo con CAMBIO, el jurista detalló que la causa no solo busca reabrir un expediente, sino llenar el vacío que —según las víctimas— ha dejado la justicia colombiana por la falta de apertura de investigaciones penales efectivas contra altos funcionarios.

La ruta internacional que han transitado las víctimas de ejecuciones extrajudiciales

La decisión de acudir a Argentina responde a una figura excepcional del derecho internacional: la jurisdicción universal. Este principio permite que los tribunales de un país investiguen y juzguen crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos ante escenarios en los que no existen condiciones efectivas para sancionar a los máximos responsables.

En este caso, las víctimas sostienen que ese vacío persiste en Colombia. La JEP no tiene competencia legal para investigar a exmandatarios, mientras que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no ha promovido una investigación penal efectiva sobre estos hechos. Por eso, el abogado Castex insistió en que la causa en Argentina representa, por ahora, la única vía real para intentar juzgar a exfuncionarios por los casos de ‘falsos positivos’.

“Los jueces deben verificar si el archivo de la causa en primera instancia estuvo realmente justificado. Durante la audiencia expusimos argumentos para reiterar que no han existido mecanismos competentes para investigar al expresidente Uribe en Colombia”, explicó el abogado suizo Bénédict De Moerloose, quien presentó un documento en el que se evidencia cómo distintas investigaciones relacionadas con estos hechos han permanecido estancadas durante años en etapas preliminares. 

En la tesis principal de la apelación también se sostiene que los hechos investigados no fueron episodios aislados, sino parte de una práctica sistemática. En ese sentido, las víctimas insistieron ante el juzgado en la necesidad de mantener abierta la investigación sobre el periodo en que Uribe se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Militares entre 2002 y 2008. Ese argumento fue reforzado con un concepto del jurista Rodrigo Uprimny en el que se exponen ciertos vacíos de la justicia colombiana. 

Las voces de las víctimas que aún esperan justicia

Uno de los testimonios que se presentaron ante los magistrados argentinos fue el de Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña. Según la JEP, su padre fue engañado con una promesa de trabajo por integrantes del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar, y posteriormente asesinado para ser presentado como baja en combate. “He aprendido que la justicia es el lugar al que uno acude cuando le hacen daño; también, que la memoria no es venganza, es dignidad, y que la verdad, aunque tarde, merece ser dicha”, sostuvo tras su intervención. 

Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, advierte que un nuevo cierre del expediente profundizaría el riesgo de impunidad frente a uno de los capítulos más graves del conflicto. En su criterio, la continuidad de la causa es clave para investigar la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales y para proteger los derechos a la verdad, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. 

El expresidente Álvaro Uribe ha rechazado de manera reiterada las acusaciones que lo vinculan con las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su gobierno y ha sostenido públicamente que nunca impartió órdenes para cometer este tipo de crímenes. En distintas intervenciones también ha cuestionado las conclusiones de la JEP y el informe final de la Comisión de la Verdad, por lo que ha reiterado su negativa a comparecer ante la justicia transicional para pronunciarse sobre estos hechos.

Mientras los magistrados argentinos estudian si reabren o no el proceso, las organizaciones que respaldan la iniciativa sostienen que las fotografías de las víctimas volverán a ser levantadas una y otra vez por quienes llevan años esperando una respuesta definitiva. “Si cierran la causa, estarían cerrando la oportunidad de justicia para las 6.402 víctimas”, insisten.