¿Conversaciones de paz con el Clan del Golfo son necesarias para la restitución de tierras? Esto dice el Gobierno

CAMBIO: ¿Cómo le fue a la exministra Jhenifer Mojica y qué expectativas tiene con Martha Carvajalino, la nueva cabeza del Ministerio de Agricultura? Ella deberá consolidar la reforma agraria.

G.Y.: La ministra Jhenifer Mojica es una persona que conocía bastante la reforma agraria y logró poner el tema en la agenda fundamental del Gobierno nacional. Yo pienso que el presidente de la república ha sido muy insistente, porque ha sido su programa número uno, el corazón de este Gobierno. Pensamos que se pudo avanzar, no de la manera en que todos quisiéramos, pero avanzamos. Esperamos que con la próxima ministra que llega podamos fortalecer ese camino, el ejercicio de la compra de tierras para poder entregarles a comunidades indígenas, afros y campesinos, y fortalecer todos los procesos rurales.

Como lo ha venido orientando nuestro presidente, la región rural tiene que convertirse en una de las fuentes más importantes de la economía nacional y, por supuesto, dignificar a todos los que hemos trabajado y somos producto de los territorios.

CAMBIO: Mojica conoce bien el tema, pero no pudo avanzar al paso que el presidente hubiera querido…

G.Y.: Por lo que estoy diciendo. El Estado, en más de 200 años, ha tenido unas instituciones que, en ciertos casos, yo diría, no han superado la Constitución de 1886. Todavía son instituciones que no llegan a los territorios, que no están rápidamente construidas ni definidas para cumplirles los derechos fundamentales a los ciudadanos. Están más para responder a unos pocos del país, porque aquí hay algunos privilegiados que siempre han vivido a costas de nuestro Estado, de nuestro Gobierno y eso es lo que hoy estamos transformando y cambiando. Estas instituciones, por supuesto, tienen que ser reformadas, quizá en estos dos años…

CAMBIO: ¿La nueva ministra se encargará de reformar las instituciones de las que habla?

G.Y.: Hemos tratado nosotros de reformar, de cambiar, pero no es suficiente. No hemos tenido el total respaldo del Legislativo, ni la posibilidad de tener un Congreso que haya acompañado a este Gobierno en todas nuestras pretensiones para hacer transformaciones de una manera más rápida y poder tener resultados con más contundencia.

CAMBIO: ¿Ella va a tratar de reformar específicamente qué entidades?

G.Y.: Ya habría que hacerle la pregunta a ella…

CAMBIO: ¿Qué espera usted?

G.Y.: Estoy con toda la expectativa de que ella nos dé toda la orientación precisa. Yo creo que ella trae una orientación desde el presidente y pienso que va a fortalecer la reforma agraria como fundamento esencial de este Gobierno. Considero que también podríamos avanzar en darle mucha más fuerza al campo, a la economía del campo, que es en lo que más ha profundizado y orientado nuestro presidente de la república.

CAMBIO: El borrador de decreto del programa de restituciones tempranas de tierras sin necesidad de procesos judiciales fue publicado a mediados de junio. Cuénteme en qué va el trámite y cuándo será realidad.

G.Y.: En las tres etapas –administrativa, judicial y de posfallo de la restitución, el proceso ha sido un poco demorado. La idea es que en este Gobierno del cambio creemos otros mecanismos que nos permitan avanzar.

En ese sentido, este decreto crea un programa especial para todas las personas que están en el registro de tierras despojadas. Ese es un borrador de decreto que ya por la Unidad Restitución de Tierras se habló, y se discutió en el Ministerio de Agricultura e incluso lo firmó la ahora exministra Mojica la semana pasada. Ahora estamos esperando que pase a jurídica de Presidencia, para la firma del mandatario.

CAMBIO: ¿En qué consiste el documento? ¿Qué quieren lograr con este?

G.Y.: Vamos a poder priorizar unas compras de tierras a las personas que tienen procesos de restitución, si voluntariamente se acogen al programa. Además, en el marco de la reforma agraria, podemos hacer la compra para avanzar en la restitución o el derecho a la tierra que ellos tienen y que, desafortunadamente, han sido desplazados y prácticamente están sin la tierra que ha sido abandonada.

El proceso de las personas que se acogen a este programa va a seguir común y corriente hasta que salgan las sentencias. Ahí tenemos que hablar con los jueces, sobre todo con los magistrados, para mirar cómo logramos hacer.

CAMBIO: Usted ha conversado con líderes sociales y con la Unión Europea respecto a estos temas. ¿Qué ha podido oír de lo que le dicen estas personas? ¿Qué le piden?

G.Y.: Nosotros fuimos invitados a un espacio del programa Defendamos la vida, organizado por Suecia, Suiza y la Unión Europea, que siempre han llegado a los territorios y han fortalecido todo el tema de la defensa de los derechos humanos, las defensas territoriales. Estuve escuchando a algunos líderes indígenas, afros y lo que manifiestan es que no hay una articulación institucional fuerte para avanzar en el tema de la reforma agraria.

Dicen que se debe avanzar en la compra de predios para entregarles a campesinos, indígenas y afros, pero también en constituir proyectos productivos y más. Si una reforma agraria llega, que lo haga con la tierra, pero también con respaldo para el proyecto productivo, orientación técnica, tecnología, de tal manera que podamos, además de tener el terreno, trabajar proyectos agrícolas que nos permitan avanzar en seguridad alimentaria y del mercado de las regiones del país.

Ellos sostienen que, en algunos sitios, por ejemplo, el tema de la restitución tiene problemas, porque el paramilitarismo, las guerrillas y las multinacionales están amenazando a las personas que están en estos procesos. Todavía hay resistencia de las fuerzas que nos han despojado de los territorios. A nosotros nos corresponde hacer todo el ejercicio de la coordinación institucional para que se cumplan las sentencias de los jueces.

Por supuesto, desde el punto de vista de la política del Estado, en este Gobierno estamos haciendo todo lo posible para llegar con la fuerza pública y para articular con el movimiento social, con las organizaciones campesinas e indígenas, con las autoridades, con los consejos comunitarios, con las instituciones defensoras de derechos humanos, con las personerías, con organismos internacionales como la ONU y la OEA.

CAMBIO: ¿Qué es lo que hace que el proceso sea tan lento? Según Forjando Futuros, para finales de abril de 2024 y desde la promulgación de la Ley de Víctimas hace 13 años, solo se habían restituido 665.000 hectáreas, apenas el 10,5 por ciento de la meta de 6,5 millones de hectáreas.

G.Y.: Desafortunadamente, desde que salió la ley ha habido un ejercicio de construcción, de procesos, de protocolos, de estudios y más. Eso ha hecho que en la etapa administrativa se tenga que ir a hacer la caracterización de la población, estudios topográficos y catastrales, y nos demoramos siempre uno o dos años. Luego se lleva a cabo el proceso del registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, y ya hacemos la demanda ante los jueces de restitución.

Ahí la Rama Judicial tiene la autonomía de definir el litigio y las sentencias que son proferidas por los jueces o por los magistrados. En eso se están demorando también cerca de tres años y, aún saliendo el fallo de la etapa de posfallo, tenemos problemas a la hora de la materialización de la decisión, porque tienden a ser modificadas, moduladas, por los jueces. Se vuelve muy dispendioso. Todos estos procesos terminan teniendo un promedio de tiempo, más o menos, de siete u ocho años.

Además, los mismos actores que han despojado los territorios, que son el paramilitarismo, las guerrillas, el narcotráfico e incluso los macro industria, por ejemplo, los palmeros, los mineros –no todos, pero sí algunos– a veces se oponen.

La única posibilidad de que nosotros podamos avanzar sería que también lo hagan los procesos de diálogo, los procesos de paz, porque eso nos permitiría incluir dentro de estos diálogos y estos acuerdos los procesos de restitución. Lo hemos venido conversando con el alto comisionado para la Paz, pero no ha sido suficiente.

CAMBIO: ¿Sería necesario que se inicie una conversación con el Clan del Golfo, por ejemplo, ya que hablaba de grupos paramilitares, para que se surtan las restituciones?

G.Y.: Claro, para nosotros es muy importante poder tener esa conversa con el Clan del Golfo, con las guerrillas, incluso con la misma agroindustria. Así podríamos fortalecer nuestra democracia, ponernos de acuerdo para avanzar en la posibilidad de acuerdos para que se puedan restituir estos territorios y puedan devolver estos territorios a sus legítimos dueños.

CAMBIO: Pero son procesos distintos, no es lo mismo un grupo armado ilegal que una empresa.

G.Y.: Sería algo muy importante y eso es lo que estamos tratando en los diálogos y en los procesos de paz que están avanzando a nivel nacional.

CAMBIO: Pero aclaremos. Dice usted que habría que avanzar en un proceso de paz con el Clan del Golfo y, aparte, hablar con las industrias…

G.Y.: Sí, claro, cada conversa es particular, porque los intereses son distintos… Y ya hemos establecido conversaciones con Argos y ellos están en tónica de conversar, de aportar y colaborar en ese tema.

CAMBIO: ¿Usted tenía claro que la restitución era demorada o creyó que era más inmediata?

G.Y.: No, cuando yo llegué a la Unidad de Restitución de Tierras, como vengo de un proceso del territorio y de un proceso social, traía muchas expectativas de que acá se iban a poder hacer cambios rápidos, para poder responderle a la población víctima del conflicto y la violencia.

Desafortunadamente son estándares, rutas, procesos y procedimientos, que ya están estructurados y que son difíciles. Nosotros hemos hecho todos los cambios posibles, incluso hemos eliminado figuras que no permitían que el proceso de restitución avanzara rápidamente, pero a pesar de los cambios en la etapa administrativa, en la etapa judicial y en la etapa de posfallo, no es suficiente.