¿Qué puede esperar Petro de un Congreso inmerso en la campaña?

Hoy, 20 de julio, comienza el principio del fin del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se inicia un nuevo período legislativo, el cuarto y último de esta administración, con la instalación de las sesiones del Congreso. Como ocurre con los estudiantes que intentan recuperar materias al final del curso, el mandatario deberá redoblar esfuerzos para sacar adelante los proyectos que considera fundamentales. Para los legisladores, sin embargo, su mayor preocupación es mantenerse en sus curules en las elecciones que están a la vuelta de la esquina.

La indiferencia de los congresistas no es exclusiva hacia Petro. Así ha sido siempre en la legislatura de despedida. Cada uno sabe que su futuro político depende de los electores que logre seducir en estos meses. En la práctica, les tiene sin cuidado los proyectos de los presidentes. Por eso se dice que la última legislatura pertenece a los congresistas.

La actitud del Congreso suele transformarse a lo largo del mandato presidencial. En la primera legislatura, como ocurrió en este Gobierno, predomina la obediencia a los deseos del Ejecutivo; son tiempos de luna de miel. Luego, los legisladores empiezan a tomar distancia y, al final, el divorcio es previsible: se declaran, en el mejor de los casos, independientes o se ubican en la oposición directa.

En esta relación, la ruptura se dio antes. La tercera legislatura estuvo marcada por una pugnacidad sin antecedentes. Aunque de esta fractura quedó una herencia valiosa: la separación de poderes, columna fundamental para la solidez democrática.

Ministros con matrícula condicional

Petro, por su parte, llega en un estado de fragilidad al poner a su gabinete con matrícula condicional. Sorprendió al anunciar que realizará cambios drásticos, pues considera que los ministros actuales no están a la altura de su programa de gobierno, que, según afirma, ni siquiera han leído. Además, los acusó, sin especificar, de traición.

“No puedo tener mi último año gente que no lo conozca ni lo aplique (el programa), sin importar su color de piel, sector político o lo que sea”, afirmó el presidente, quien ha tenido 55 ministros y 127 viceministros. ¿Qué capital político pueden tener en estas condiciones los ministros para moverse en el Congreso?

Mientras los ciudadanos observan a un presidente al que inexorablemente el reloj comienza a jugarle en contra, los congresistas elevarán el tono. Es una tormenta perfecta que podría hacer naufragar los proyectos oficiales.

Con el sol a las espaldas, los pocos parlamentarios que aún lo respaldan podrían alejarse, no solo por el costo político que esto implica, sino también por el evidente desgaste del discurso oficial, marcado por la polarización y el enfrentamiento constante.

El Congreso inicia este ciclo sin mayorías definidas y con una reconfiguración profunda. Lo que comenzó en 2022 como una coalición robusta (con 78 senadores y 140 representantes en declaratoria de gobierno) se convirtió en una relación táctica, marcada por el quiebre del Acuerdo Nacional, la fragmentación interna de los partidos tradicionales y el desgaste político del Ejecutivo.

Actualmente, el bloque de gobierno cuenta con 39 senadores y 67 representantes en declaratoria oficial. En cambio, el grupo de congresistas considerados independientes ha crecido en ambas cámaras, y la oposición también ha fortalecido su presencia.

¿Quién no quiere ser presidente?

A esto se suma un clima de fragmentación política y tensión institucional. Con cerca de 70 aspirantes a la Presidencia —muchos provenientes del propio Congreso—, el ruido parlamentario será constante.

Además, esta legislatura funcionará en la práctica hasta diciembre, ya que la siguiente estará atravesada por las elecciones legislativas, previstas para el domingo 8 de marzo. A partir del 1° de enero de 2026 será difícil encontrar congresistas enfocados en tramitar leyes, ya que estarán volcados en conservar sus escaños.

Sin mayorías estables, el Gobierno enfrentará dificultades para avanzar en su agenda. El Legislativo, por su parte, concentrará sus esfuerzos en el control político y en las agendas particulares de los partidos y sus congresistas, muchos de los cuales actuarán bajo una lógica electoral.

Los legisladores buscarán proyectarse como defensores de los intereses ciudadanos. En este escenario, es probable que, en lugar de recibir con los brazos abiertos a los ministros, los convoquen para sacarles tarjeta roja.

Para este propósito, la oposición tiene mucha tela de donde cortar. Así, por ejemplo, es posible —si se confirma en el cargo— que la canciller encargada, Rosa Villavicencio, deba comparecer en las primeras de cambio por el tema de los pasaportes. Las dudas sobre la continuidad del servicio —el contrato con Thomas Greg & Sons vence el 31 de agosto— es un bocado de cardenal para el festín que sueñan los contradictores del mandatario.

Se trata de un tema de alto impacto para la gente. En el balance, el Gobierno se raja en ejecución y este es el mejor botón de muestra de por qué, después de tres años, no ha firmado un contrato que garantice la expedición oportuna de este documento esencial para la libre movilización.

Los proyectos importantes

Como se ha señalado, las cuartas legislaturas suelen ser poco productivas en términos legislativos. Sin embargo, este Gobierno ha evitado la ortodoxia, y hay proyectos importantes que espera sacar adelante.

El primero es la ley de sometimiento, sin la cual fracasaría la propuesta de Paz Total. El proceso enfrentará múltiples obstáculos. Hay inconformidad con la iniciativa ideada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que busca abrir caminos jurídicos para ofrecer beneficios a jefes de grandes organizaciones criminales sin estatus político.

Ha trascendido que se plantea una reforma a la Ley de Justicia y Paz —creada en 2005 para desmovilizar grupos paramilitares— con el fin de incluir a narcotraficantes, quienes recibirían penas de entre cinco y ocho años, con posibilidad de cumplimiento en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de 'armonización', sin importar la gravedad de los delitos cometidos.

La oposición ya ha manifestado un rechazo categórico, por considerar que contradice la política criminal vigente, vulnera los derechos de las víctimas y representa una forma de amnistía prohibida por el derecho internacional.

Montealegre también podría enfrentar una moción de censura. Para muchos legisladores, tumbar al ministro sería una ganancia incalculable. El papayazo lo ha servido él mismo con sus propuestas de la octava papeleta para una constituyente, el 'decretazo' y ahora los beneficios para los capos.

“La agenda del Congreso estará dominada por debates de control político, aprovechados por la oposición para fortalecer su discurso de cara a 2026”, señala un informe de la firma de análisis político y estratégico Orza. “Además, este tipo de debates requiere solo un quórum deliberatorio, más fácil de alcanzar”, dice el documento.

La salud y el bolsillo

Además de Villavicencio y Montealegre, enfrentarán semanas difíciles los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila, por las otras dos reformas clave para el presidente: la de salud y la tributaria.

Sobre la primera, el presidente ha dicho: “Se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde”. El problema para el Gobierno es que la ciudadanía ha percibido un deterioro en el servicio.

Una encuesta de Invamer, realizada antes de las intervenciones, mostraba que el 73 por ciento de la población calificaba el sistema de salud como de buena calidad (excelente o aceptable). Hoy, 25,2 millones de usuarios están afiliados a EPS intervenidas, y los resultados han empeorado como lo muestran distintos indicadores.

De hecho, otra encuesta reciente señala que el 76 por ciento de los médicos y profesionales de la salud considera que el sistema ha empeorado. El Ejecutivo usó el modelo de los maestros como referencia, pero los problemas aumentaron, como evidenciaron las protestas docentes de esta semana que pasó en Bogotá.

Por ello, el ministro Jaramillo deberá responder no solo ante la opinión pública, sino ante un Congreso cada vez más crítico, especialmente tras las declaraciones del presidente contra Keralty (Sanitas), al afirmar que su propietario “es un criminal en Colombia y tiene que irse (...), así tenga que hablar con el rey de España o con quien sea”.

Despedida con reforma tributaria

En el plano económico, la situación tampoco pinta color de rosa. Hay prevista una reforma tributaria que ascendería a 26 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, aunque aún está en etapa de redacción.

Y sobre la mesa está el proyecto de ley de presupuesto, estimado en 551,6 billones de pesos. Su discusión estará marcada por el recuerdo diáfano del presupuesto negado en la legislatura pasada, lo que evidenció el distanciamiento creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estos ministros —si el presidente no los cambia— será los protagonistas de la legislatura.

Y, claro, el ministro de la política. Se prevé que a Armando Benedetti se le verá tanto en el Congreso como en las regiones moviendo la gente para las elecciones.

Además, el Gobierno impulsará otros proyectos como el que regula la jurisdicción agraria (actualmente en discusión), otro sobre tarifas de energía, y uno que busca reformar las competencias territoriales del Sistema General de Participaciones.

¿Qué puede pasar? En conclusión, es previsible un aumento de la tensión política, sobre todo en el Senado. El Congreso se convertirá en foro de control político y plataforma de campaña: la oposición intensificará sus ataques al Ejecutivo, que, a su vez, culpará al Congreso y a las cortes por sus fracasos legislativos.

El calendario electoral jugará en contra del Gobierno. La dificultad para mantener el quórum se acentuará, reduciendo la efectividad de una administración que ya registra los niveles más bajos de aprobación de los últimos quince años.

Los votos están en el territorio

El informe de Orza identifica dos elementos clave para esta legislatura: primero, mayor costo para el Gobierno para obtener mayorías. El Ejecutivo ha recurrido a negociaciones uno a uno con congresistas ajenos a su bancada para impulsar sus reformas. En época de campaña, estos acuerdos pueden debilitarse o deshacerse.

Y segundo, mayor ausencia de parlamentarios. La necesidad de reactivar sus estructuras políticas locales llevará a muchos congresistas a priorizar sus regiones, afectando el quórum y limitando los debates.

Además, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías restringirá los canales informales de negociación entre Ejecutivo y Congreso, agravando la falta de gobernabilidad.

Mientras el Gobierno espera dejar un legado, cada bancada tiene la cabeza en otra parte: la disputa por avales, listas al Congreso y marcar el territorio en sus santuarios electorales. No son tiempos para afinidades ideológicas, acuerdos programáticos, sino para la pelea entre políticos profesionales.

En el terreno mecánico, el Gobierno no solo ha perdido su coalición formal, sino también el control de comisiones estratégicas y el margen de maniobra para ordenar su agenda. Las mesas directivas ya no están en manos de sus aliados, y la correlación de fuerzas favorece a la oposición.

El único margen que conserva el Ejecutivo se encuentra en los congresistas disidentes, que, sin ser oficialistas, aún pueden respaldar algunas iniciativas por razones locales, intereses personales o conveniencias regionales.

Ese es el mapa del país político a partir de hoy.