Exclusivo: Robo de animales destapa denuncias de extorsión y presuntos nexos criminales en la SAE

El pasado 4 de agosto, en la madrugada, un grupo de hombres con fusiles irrumpió violentamente en la finca Buenos Aires, zona rural de Acacías (Meta), uno de los predios bajo custodia de Agroindustrias Renacer, administradora de los animales en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Los intrusos, vestidos de camuflado y quienes dijeron pertenecer al frente Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, retuvieron al encargado de la finca amenazándolo de muerte.

Durante dos días, el encargado de la finca estuvo amarrado y a merced de los delicuentes que se llevaron 151 cabezas de ganado bovino y seis equi1nos que pueden llegar a costar unos 515 millones de pesos. Los hombres llegaron con una detallada lista de los animales de la SAE que estaban en esa finca. Tenían información privilegiada.

Tras liberar al empleado, los asaltantes enviaron a la empresa un video vía WhatsApp en el que un encapuchado se atribuía el robo y lanzaba advertencias intimidantes. Este ataque, inédito por su nivel de violencia, destapó la gravedad de una serie de eventos que Agroindustrias Renacer ha denunciado desde hace meses.

La empresa dice que ha alertado insistentemente sobre los riesgos de seguridad en la administración de miles de los semovientes (ganado bovino, equinos y otros animales) incautados al crimen organizado. Sin embargo, estas denuncias, afirma la compañía, habrían sido ignoradas por funcionarios de la SAE. El episodio de Acacías fue la prueba de que las amenazas eran reales. Otros eventos más denunciados por la empresa muestran un panorama de abandono y negligencia con estos animales.

Del contrato a la extorsión: la oferta que no podían aceptar

Agroindustrias Renacer S.A.S. ganó a finales de 2024 la licitación para manejar la logística, custodia, alimentación, cuidado veterinario y comercialización de todos los semovientes que la SAE administra tras ser incautados en procesos judiciales por narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos. Pero apenas firmado el contrato, según una denuncia de representantes de la compañia ante la Fiscalía, empezaron las presiones irregulares.

En diciembre de 2024, antes de iniciar operaciones, la representante legal de Agroindustrias Renacer fue contactada por personas que dijeron que estaban al tanto del contrato y pidieron reunirse. El encuentro fue en la segunda semana de enero de 2025 en un hotel de Pereira, bajo pretextos amistosos, y allí le dijeron a la compañía que hacían parte de la Oficina de Envigado

Según relata la denuncia penal, en ese encuentro un hombre sin identificar aseguró con desparpajo que este “negocio” llevaba años siendo manejado a su antojo por una red de contratistas, depositarios y funcionarios dentro de la SAE, de la cual él aseguraba ser parte. Propuso a los nuevos contratistas “llegar a un acuerdo” para dividir el contrato, pues era un negocio “de alto riesgo” que ellos —la red criminal— ya tenían monopolizado. Ofreció facilitar la operación de Agroindustrias Renacer con ayuda interna, mencionando específicamente al entonces supervisor del contrato en la SAE como aliado dispuesto a “agilizar” trámites si la empresa accedía a darles su parte. La sugerencia era entrar a ser parte del entramado corrupto o atenerse a las consecuencias. Los representantes de Agroindustrias Renacer lograron con evasivas dar una respuesta. La empresa dice que la insinuación de connivencia con grupos al margen de la ley les resultaba inadmisible.

Las presiones no cesaron. A finales de enero de 2025, en el centro comercial El Retiro de Bogotá, interceptaron al representante legal suplente de la firma. Esta vez le entregaron una propuesta escrita para comprar la sociedad y, con ello, que se cediera el contrato 205-2024 a los interesados desconocidos. Les dieron un plazo perentorio de 10 días, advirtiendo que, o se integraban al esquema irregular, o les harían la vida imposible. Agroindustrias Renacer no aceptó y comenzó a documentar cada acercamiento sospechoso.

La empresa piensa que los datos de contacto y movimientos de sus directivos podrían haber sido filtrados desde la SAE. De hecho, los propios interlocutores ilegales insinuaron tener acceso a la información gracias a sus contactos en la entidad. Para los directivos quedaba claro que estaban lidiando con más que delincuentes externos: una posible complicidad interna.

Incautaciones en manos ajenas y omisiones dentro de la SAE

Por otro lado, Agroindustrias Renacer empezó a notar que desde la SAE se tomaban decisiones irregulares que socavaban el contrato. Según la denuncia, en febrero de 2025 el supervisor asignado, José Ignacio Alemán, les confesó informalmente que se habían realizado ciertas incautaciones de semovientes sin su participación. Alemán dijo que lo hizo “para no ponerlos en riesgo” y quitarles ese chicharrón de encima. Es decir, en vez de entregar los nuevos animales incautados al contratista legal, los habrían desviado hacia antiguos depositarios u otros terceros. Es decir, el supervisor estaría usurpando funciones del contratista y quebrantando el contrato vigente. No fue un hecho aislado.

Según la denuncia, en otra ocasión la directora de Inventarios de la SAE, junto con otro funcionario de esa dependencia, le dijeron al personal de Agroindustrias Renacer que no asistiera a ciertas incautaciones y marcajes de los animales. De forma inusual, les pidieron que “se retiren” de esas diligencias porque “los manejarán con otros depositarios y sociedades”, aun cuando el contrato les daba exclusividad sobre estas labores.

Entre las múltiples comunicaciones de Agroindustrias Renacer a la SAE está un reporte dirigido al supervisor Alemán en marzo de 2025, en el que advierten que ninguno de los semovientes entregados estaba identificado ni trazado –no tenían microchip, arete ni marca registrada– lo que impedía llevar un control. También solicitó aprobar urgentemente planes sanitarios y de alimentación para atender a varias decenas de equinos y reses que habían recibido en estado deplorable de salud.

Un informe técnico-veterinario del 6 de febrero de 2025 da cuenta de un panorama crítico de los animales de Agua Bonita: “La mayoría de los equinos presentan un estado crítico de salud, con múltiples heridas, deshidratación, baja condición corporal, y sin un plan sanitario actualizado”. Los 55 caballos de ese predio tenían heridas sin tratar, deshidratación severa y extrema delgadez por falta de nutrición adecuada y en su mayoría eran animales viejos. Ninguno había sido vacunado ni desparasitado adecuadamente y no existía registro de atención médica reciente.

113 reses entregadas tenían problemas similares: ganado mayormente anciano, de baja condición corporal y algunos terneros huérfanos que requerían suplementos nutricionales urgentes. Sin embargo, el contratista no tenía las herramientas ni autorizaciones para asistir a los animales apropiadamente. El mismo informe veterinario insta a tomar acciones inmediatas y recomendó a la SAE aprobar un plan de choque: suministrar alimentos, sales minerales, medicamentos y vitaminas; vacunar y desparasitar a todos los ejemplares; e implementar visitas veterinarias semanales para los casos más delicados. También subrayó la necesidad de identificar a cada semoviente.

Nada de esto ocurrió en los meses siguientes. Agroindustrias Renacer dice que no obtuvieron respuesta de la SAE. No se autorizaron gastos reembolsables en alimentación o medicamentos, a pesar de existir un rubro contractual para ello. La empresa además denuncia que la SAE no habría efectuado los pagos de las obligaciones económicas pactadas, pues en mayo, junio y julio de 2025, el contratista dice que no ha recibido los reembolsos por los gastos operativos. En otras palabras, Agroindustrias Renacer tuvo que alimentar y cuidar a miles de animales sin apoyo financiero ni logístico, agotando sus propios bolsillos.

Predios incautados en manos de invasores

Mientras batallaba por recursos y atención, la empresa también enfrentó graves problemas de orden público en los predios a su cargo. Uno de los casos más críticos ocurrió en la finca Agua Bonita, en Cimitarra (Santander). Este terreno ganadero, entregado a Agroindustrias Renacer a inicios de febrero, resultó ser distinto a lo prometido. En la visita de inspección realizada el 17 de febrero de 2025, el equipo técnico descubrió que la superficie real era considerablemente menor a las 330 hectáreas que figuraban en papeles, y muchas cercas perimetrales estaban caídas o en mal estado. Además, hallaron señales de daños ambientales severos, tala ilegal avanzada y quema de árboles nativos, y detectaron ocupaciones no autorizadas dentro del predio. Nada de esto había sido reportado por el depositario anterior, según consta en el informe, lo que hizo pensar que ya existían otras personas asentadas allí.

El 4 de marzo de 2025 se confirmó eso. Ese día, el capataz de Agua Bonita informó que un grupo de personas ingresó afirmando que una parte del terreno les pertenecía, supuestamente porque “funcionarios de la SAE” se la habrían vendido de manera irregular. Las personas señalaron sobre el mapa los linderos que según ellos delimitaban su propiedad, sin mostrar ningún documento legal. El personal de Agroindustrias Renacer les exigió retirarse hasta que se aclarara la situación. Inmediatamente, la empresa elevó un informe a la SAE solicitando verificar si existía alguna autorización o venta oficial de parte del terreno y recomendó reforzar la seguridad en el predio.

Los denunciantes dicen que no hubo respuesta, aclaración ni refuerzo de vigilancia por parte de la SAE. El resultado fue que, el 8 de junio de 2025, la invasión se materializó con violencia: alrededor de 40 personas entraron en masa a Agua Bonita, removiendo cercas, talando árboles y sembrando cultivos no autorizados, todo mientras amenazaban al personal encargado. Agroindustrias Renacer presentó una denuncia penal por este hecho y envió comunicaciones urgentes a la SAE, pero no hubo reacción efectiva: hasta la fecha, la empresa afirma que la SAE no ha gestionado el desalojo de los ocupantes ilegales. La finca incautada, que debía estar bajo custodia del Estado, quedó, a través de vías de hecho, en manos de particulares, con una mezcla de ganado estatal y ganado ajeno, y seriamente afectada en su ecosistema (más de 100 hectáreas deforestadas) según los reportes internos.

Agua Bonita no sería el único caso. De acuerdo con testimonios recogidos por la empresa, en Agua de Dios (Cundinamarca) habitantes locales manifestaron haber “comprado” de palabra porciones de terrenos incautados a funcionarios de la SAE. Estos señalamientos refuerzan la acusación de venta ilegal de activos incautados hecha en la denuncia penal: “Funcionarios de la SAE han vendido partes de terrenos de manera ilícita a terceros... provocando un detrimento para la entidad en provecho suyo”.

Animales en condiciones precarias

Por todos estos factores, la situación llegó a un punto crítico hacia mediados de 2025: la empresa estaba rodeada por actores armados e invasores en el terreno, con animales en estado crítico requiriendo atención urgente y sin recursos para sostenerlos. Además, había evidencias de que buena parte del inventario total de semovientes incautados ni siquiera estaba bajo su control real. Un hallazgo documentado afirma que existen más de 35.000 semovientes incautados “desaparecidos”. Esta cifra incluye especímenes de alto perfil como un caballo de paso fino llamado “Hermano Sol”, famoso por estar vinculado a bienes de la mafia. Tanto la SAE (en comunicaciones internas) como la Contraloría General de la República (en un informe citado por el contratista) habrían reconocido esa carencia de inventario real. En suma, el Estado no sabe dónde está o quién tiene gran parte del ganado incautado al crimen organizado.

En la denuncia penal se acusa a estos funcionarios de incurrir en prevaricato por omisión, al no cumplir sus deberes de garantizar el bienestar animal y atender las alertas de maltrato. Paralelamente, la empresa dice que les exigían cumplir tareas extracontractuales, como asumir gastos no pactados o tratar animales que no le habían sido entregados formalmente.

Para julio, la empresa reportaba desabastecimiento de insumos y alimentos; algunos equinos en custodia murieron por causas asociadas a la debilidad extrema y falta de atención (hechos que también han sido puestos en conocimiento de las autoridades ambientales y de policía). “El silencio institucional también mata”, afirma la empresa en uno de sus comunicados, aludiendo a que la pasividad de la burocracia puede costar vidas animales.

A la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, le enviaron evidencias clínicas, fotografías e informes veterinarios. “Este silencio administrativo, más allá de su ilegalidad, rompe el principio ético de protección al más vulnerable”, señala Agroindustrias Renacer en una dura comunicación pública. La omisión, enfatizan, configura no solo un incumplimiento contractual sino un verdadero “abandono ético y legal” de responsabilidades estatales.

Amenazas de muerte y robo de ganado

A partir de junio de 2025, los hechos de fuerza en contra del contratista escalaron. Miembros de la empresa reportan que en al menos dos ocasiones durante esos meses recibieron amenazas directas de desalojo forzado. No es descartable que tales amagos provinieran de los mismos grupos ilegales que se disputan el manejo de estos bienes.

Según Agroindustrias Renacer, en la región del Meta se reportaban hurtos de ganado prácticamente cada semana durante junio y julio sin que se gestionaran medidas de protección en los hatos. El robo masivo en Acacías el 4 de agosto, descrito al inicio, fue el episodio más grave pero no el único. Días antes, hombres armados ya habrían incursionado en otro predio cercano, llevándose algunas reses sin enfrentar resistencia. Cada pérdida, advierte la empresa, no solo afecta el erario sino que pone en riesgo la vida de los trabajadores.

Tras ese asalto, Agroindustrias Renacer decidió hacer pública la situación. El 6, 7 y 8 de agosto de 2025 emitió comunicados urgentes a la opinión pública y a las autoridades competentes. En dichos pronunciamientos, la empresa rechaza enfáticamente los hechos violentos y hace un llamado de auxilio: solicita a la Fiscalía General, a la Policía Nacional, a la Procuraduría, a la Contraloría y especialmente a la SAE que tomen medidas inmediatas de protección, investiguen lo ocurrido, recuperen el ganado hurtado y garanticen la continuidad del contrato bajo condiciones de seguridad, transparencia y respeto a la vida. “El Estado no puede permitir que los bienes incautados al crimen organizado, hoy en manos del Estado, sean nuevamente objeto de violencia, negligencia o abandono”, advierte uno de los comunicados. La situación, a juicio del contratista, desborda el ámbito privado y configura un problema de orden público y de interés nacional: está en juego la credibilidad de la administración de justicia sobre los bienes confiscados al narcotráfico.

En la denuncia interpuesta el pasado 17 de abril, con copias a la Procuraduría y Contraloría, se citaron nombres especificos de funcionarios de la SAE. La queja criminal de más de 70 páginas, reúne evidencias de cada incidente: actas, reportes técnicos, fotos de animales lesionados, y radicados de comunicaciones ignoradas.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que investigue a fondo la posible red de corrupción al interior de la SAE en connivencia con grupos ilegales, y que se activen mecanismos de protección para los denunciantes dada la gravedad de las amenazas recibidas. “Tememos por nuestras vidas e integridad al poner en conocimiento estos hechos… solicitamos se activen medidas de protección para garantizar y minimizar los riesgos a los cuales nos hemos venido exponiendo en la ejecución del contrato”, concluye el escrito entregado a las autoridades.

Paradójicamente, la propia presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, habría sido quien alentó la acción legal luego de que Agroindustrias Renacer le hablara sobre el posible sabotaje interno y las presiones externas. Según la empresa, Amelia Pérez se comprometió a tomar cartas en el asunto una vez interpuesta la denuncia.

Al cierre de este artículo, la SAE no ha emitido aún una respuesta frente a las denuncias de su contratista. CAMBIO envió un cuestionario a la entidad sobre estas acusaciones, pero tampoco ha sido respondido.

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación preliminar sobre los hechos narrados, que involucran delitos de corrupción administrativa y concierto para delinquir, entre otros. La Procuraduría y Contraloría también recibieron copias de la denuncia penal y podrían iniciar indagaciones. Entretanto, los riesgos persisten. Agroindustrias Renacer continúa operando bajo amenazas en varios predios, con personal que teme ser víctima de retaliaciones y con animales cuyo bienestar pende de decisiones urgentes que no se toman.

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