La Procuraduría dice que designación del primo de Edwin Palma como gerente contable de Air-e fue legítima

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva decidió cerrar la actuación preventiva que abrió por el nombramiento del primo del hoy ministro de Minas, Edwin Palma, Juan Pablo Nieto Egea en la empresa Air-e, cuando él fungía como interventor. En la decisión, el organismo de control concluyó que no se encontraron elementos que permitieran inferir la configuración de un conflicto de interés disciplinario y que, de acuerdo con la política de la empresa, el parentesco en cuarto grado no genera, por sí solo, una inhabilidad.

“Se constató un vínculo familiar en cuarto grado de consanguinidad entre directivos, situación que no configura inhabilidad conforme a la “Política de Conflicto de Interés adoptada por la empresa, ni vulnera disposiciones legales. No obstante, se advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión reputacional”, dice la decisión.

CAMBIO publicó el caso del primo de Palma y, para ello, se tuvo en cuenta las versiones Monica Safar y María Raquel Molina, expertas en derecho administrativo, quienes explicaron que podría configurarse la inhabilidad para el contador nombrado al ser pariente en cuarto grado de consanguinidad del interventor o agente especial. Lo anterior porque este cumple funciones públicas y, según la normativa, es representante legal de la persona jurídica intervenida. Sin embargo, la Procuraduría pensó lo contrario y le dio a Palma la razón.

Sobre el tema, el hoy ministro le había dicho a este medio: “el tiene mi apellido, sí, es un primo, pero el contador que tenía la empresa me tocó sacarlo porque me ocultó información, no me obedecía y me tocó poner a alguien de mi entera confianza. Eso no es irregular en una empresa privada. Para mi el contador era clave. Ahí sigue trabajando.

Además, la Procuraduría argumentó que no hay ilegalidad en haber contratado a un consorcio que se había constituido poco tiempo antes de ganarse un contrato en Air-e, durante la intervención de Palma. Sobre ese tema, la WRadio había revelado que Palma firmó el contrato C00132025 para el suministro de materiales eléctricos a través del Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia – SEC, un consorcio mayoritariamente integrado por Macro Integral Soluciones S.A.S., empresa constituida apenas 20 días antes de la adjudicación, con un capital suscrito de apenas 20 millones de pesos y sin experiencia en el sector eléctrico. Una de las inconsistencias de ese contrato fue el giro de anticipos por 14.000 millones de pesos sin que se entregaran los materiales correspondientes a ese valor.

Sobre el tema, la Procuraduría concluyó que “los contratos suscritos durante el periodo examinado se ajustaron a los manuales internos de contratación, los cuales no establecen restricción de antigüedad mínima para los oferentes, siempre que exista correspondencia con su objeto social. Se recomienda reforzar los filtros de verificación de experiencia de nuevos proveedores”.

Finalmente, en la publicación de CAMBIO se había denunciado que el hoy ministro de Minas le giró 30.000 millones de pesos a Interaseo, cuyo propietario es William Vélez, el influyente empresario antioqueño. Ese giro fue en contravía a lo que el presidente Petro ordenó: no pagar deudas adquiridas antes de la intervención de Air-e. Justamente, ese giro se hizo para pagar una deuda del pasado.

Sobre ese tema, dijo la Procuraduría que “los desembolsos derivados de los contratos de mutuo Nos. 230 y 231, por un valor total de $148.000 millones, fueron destinados al pago de obligaciones en el mercado de energía mayorista, garantizando la continuidad en la prestación del servicio público esencial”. Es decir, que no hay ninguna irregularidad.

El ministerio público, en suma, aceptó que el nombramiento de un familiar no vulneraba las normas internas de la empresa; que contratar a un consorcio recién creado tampoco las vulnera, y que el pago a Interaseo fue legítimo. Con esos argumentos, decretó el cierre de la actuación preventiva y descartó responsabilidad disciplinaria de Palma por esos hechos.

No son los señalamientos más graves

Mientras ese capítulo se cierra en el organismo de control disciplinario, otro sigue abierto y con mucho más peso. Como lo reveló CAMBIO, el verdadero escándalo está en el modelo de tercerización de compras que creó Edwin Palma durante su intervención en Air-e que llevó a que se adquirieran con sobrecostos varios materiales necesarios para su operación. Palma los dejó contratados con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC) que está formado por una empresa ligada al jefe de compras de Air-e que él mismo puso. Los materiales con mayores sobrecostos son unos transformadores de energía.

CAMBIO destapó la llamada “prueba reina” del chanchullo: dos facturas de la empresa fabricante Rymel al Consorcio SEC que muestran precios mucho más bajos que los que Air-e terminó pagando al mismo consorcio.

Según la denuncia de este medio, la comercializadora de energía le giró al consorcio SEC 23.000 millones de pesos para la compra de los materiales. En transformadores monofásicos de 50 KVA y de 75 KVA se gastaron más de 10.500 millones de pesos así: 3.326 millones en 259 de los de 50 KVA y 7.200 millones en 457 de los de 75 KVA. Es decir, por cada transformador de 50 KVA pagaron 12’844.000 y 15’645.000 por los de 75 KVA.

Un ejemplo basta para dimensionar la magnitud: los transformadores de 50 KVA vendidos por 7.800.000 de pesos al consorcio, luego se revendieron a Air-e por 12.844.000 pesos. Un sobreprecio cercano al 60 por ciento que, multiplicado por las 259 unidades compradas entre abril y junio, significa pérdidas de más de 1.300 millones de pesos. Lo mismo pasó con 7.200 millones que se gastaron en 457 transformadores de 75 KVA, por los que pagaron al consorcio 15.645.000 la unidad cuando, el consorcio los pagó directamente a los proveedores en 9.800.000 pesos.

Sobre ese tema, la Procuraduría ya abrió indagación disciplinaria. En el auto respectivo se advierte que el proceso busca “delimitar las presuntas irregularidades en la planeación, estructuración, celebración y ejecución” del contrato C00132025 entre Air-e y SEC, con énfasis en las órdenes de compra de transformadores 50 y 75 KVA.

Por su parte, el hoy ministro explicó en CAMBIO que él no autorizó la compra de los transformadores porque se fue de Air-e el 4 de marzo de 2025. Es decir, que apesar de que haya dejado amarrada la compra de los materiales en el contrato que firmó con SEC –en donde se fijaban precios incluso mayores– no es su responsabilidad que su sucesora, Diana Bustamante, lo hubiera hecho.

Así las cosas, el archivo del caso de nepotismo no cierra el capítulo disciplinario y penal de Edwin Palma. Lo que sigue en el radar de las autoridades —y lo que preocupa a los usuarios del servicio eléctrico— es el desangre de los recursos públicos en contratos de equipos inflados.