Asesora de paz de la oficina de Otty Patiño denuncia acoso laboral mientras luchaba contra el cáncer

En los pasillos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se diseñan los acercamientos con actores armados ilegales y se ejecutan algunas de las decisiones más sensibles del Gobierno en materia de negociación. Una de las asesoras que trabaja allí, encargada de operar el proceso con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, denunció que mientras enfrentaba una recaída de cáncer, fue objeto de acoso laboral, retaliaciones administrativas y decisiones que pusieron en riesgo su salud y su estabilidad laboral.

Se trata de Claudia Patricia Bueno Ramírez, abogada penalista, magíster en Política Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y candidata a doctora en Relaciones Internacionales, con más de 25 años de experiencia profesional. Ingresó en agosto de 2024 a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz como asesora, y tres meses después quedó a cargo del desarrollo operativo de la gestoría de los excomandantes de las AUC, una de las tareas más delicadas dentro de la arquitectura de la política de paz del actual Gobierno. 

Su trabajo consistía en coordinar y ejecutar las decisiones relacionadas con la resolución 453 de 2024, mediante la cual el Gobierno designó como gestores de paz a antiguos comandantes paramilitares, una figura jurídica que permite su participación en procesos orientados a la desmovilización y el sometimiento. Esa labor la desarrollaba bajo la coordinación directa de Rodrigo Rojas Orozco, asesor y amigo cercano al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Mientras avanzaba en esa función, Bueno enfrentaba una batalla paralela. Desde hacía casi nueve años era paciente en tratamiento por cáncer de seno. Su enfermedad había entrado en remisión, pero sufrió una recaída que implicaba la reanudación de quimioterapia y la necesidad de condiciones laborales compatibles con su estado de salud.

En ese contexto, según consta en quejas radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, la funcionaria dice que fue objeto de acoso laboral y violencia de género. Las conductas, afirma, no solo provinieron de sus coordinadores directos, sino que se consolidaron mediante decisiones adoptadas desde el nivel directivo, incluyendo actuaciones del propio alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Su denuncia, que también cuenta con el respaldo formal de la Confederación General del Trabajo (CGT), expone que enfrentaba presiones, investigaciones disciplinarias y decisiones administrativas que, según sostiene, constituyen un patrón sistemático de acoso laboral.

Diciembre de 2024: la gestoría de las AUC y el comienzo del acoso: “Usted no me quiere tener de enemigo”

Según la denuncia de Bueno, desde diciembre de 2024 y hasta marzo de 2025 fue “amenazada, humillada, maltratada” por Rodrigo Rojas Orozco, coordinador de esa gestoría y asesor cercano al despacho del alto comisionado Otty Patiño. Los episodios, afirma, incluyeron gritos, insultos y descalificaciones frente a otros funcionarios, además de exigencias que –por su contenido y forma– interpreta como violencia de género: servir café, traer agua, ejecutar tareas ajenas a su rol jurídico y soportar reprimendas cuando intentaba explicar los riesgos legales de ciertas decisiones. Todo –sostuvo en su queja– quedó “documentado y con testigos”, razón por la cual activó la ruta institucional de prevención contra violencias de género en marzo de 2025. 

En diálogo con CAMBIO, Bueno relata una escena precisa en la que dice que el acoso dejó de ser un ambiente hostil y se convirtió en una amenaza. Relata que fue el 22 de diciembre de 2024: tras recibir una orden contradictoria relacionada con la gestoría de Salvatore Mancuso, pidió que las instrucciones quedaran por escrito, una práctica habitual para proteger decisiones sensibles dentro de la administración pública. Bueno dice que entendió la respuesta como una señal de intimidación personal y profesional.

“El acoso empezó en diciembre por Rodrigo Rojas Orozco, que es el amigo del comisionado. Esto, frente a una orden contradictoria que me dio para algo de Salvatore Mancuso, yo le dije: ‘Mira, la próxima vez me das, por favor, las instrucciones por chat o por correo’. Y el señor me dijo: ‘Ni faltaba más que usted me venga a decir cómo tengo yo que darle mis órdenes’. Me dijo: ‘Usted no me quiere tener de enemigo, Claudia, porque yo de enemigo soy muy jodido’. Diciembre 22 de 2024, nunca lo voy a olvidar”, le dijo a CAMBIO.

A partir de ese momento, según su relato, el trato cambió. Bueno sostiene que, tras la salida de la secretaria que apoyaba la gestoría, el coordinador empezó a asignarle tareas que no correspondían a su cargo como asesora jurídica, la persona que realmente ejecutaba el trabajo operativo y legal del proceso.

“Como se fue la secretaria, lo que vino fue para mí. ‘Claudia, tráigame tinto, Claudia, tráigame agua, mijita…’. La gestoría éramos él y yo. La que desarrollaba todo era yo. Yo redactaba los documentos, coordinaba con los gestores, con las entidades, con el Inpec. Él recogía información, pero el desarrollo jurídico y operativo lo hacía yo”, explicó.

Bueno afirma que el manejo interno de la gestoría la exponía permanentemente frente a terceros, al tener que transmitir decisiones que cambiaban en cuestión de minutos, lo que afectaba su credibilidad profesional y la dejaba en una posición vulnerable frente a actores armados que participaban en el proceso.

“Me decían: ‘Claudia, comunique que tiene permiso’. Y a los diez minutos: ‘Claudia, que le cancelaron el permiso’. Yo era el fusible. Yo tenía que dar la cara frente a los gestores. Eso me quemaba profesionalmente, me dejaba expuesta, y era una forma de presión constante”, explicó.

Ese entorno laboral, sostiene, se agravó cuando intentó poner límites. Recuerda un episodio en el que se negó a cumplir una orden que consideraba impropia de su rol profesional.

“Yo le dije: ‘Ese no es mi trabajo. Yo no estoy aquí para servir café’. Desde ese momento el trato empeoró. Los gritos, las amenazas, el ambiente hostil. Era evidente que no aceptaban que yo pusiera límites”.

Para entonces, Bueno enfrentaba un deterioro progresivo de su estado de salud y el cáncer volvió. El contexto, según sostiene, no solo agravó su condición física, sino que convirtió su lugar de trabajo en un entorno emocionalmente insostenible.

Fue en ese contexto –y tras meses de lo que describe como un deterioro progresivo de sus condiciones laborales y de salud– que Bueno decidió activar los mecanismos institucionales y acudir a la Procuraduría. Su objetivo, dice, no es solo denunciar lo que considera una cadena de abusos, sino obtener garantías para poder trabajar y recibir tratamiento sin que su salud y su estabilidad dependan de decisiones que, según afirma, se tomaron dentro del despacho encargado de implementar la política de paz. 

“Yo no estoy denunciando por venganza. Estoy denunciando porque tengo derecho a trabajar en condiciones dignas y a cuidar mi salud. Yo soy madre cabeza de hogar, soy paciente oncológica, y lo único que estoy pidiendo es que cese el acoso y que se respete mi derecho a trabajar y a vivir sin miedo”, enfatizó Bueno en CAMBIO.

En sus escritos ante la Procuraduría y en la solicitud de intervención elevada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la abogada señala por conductas que, en su conjunto, constituyen acoso laboral, violencia de género, presiones administrativas y decisiones que, afirma, afectaron su estabilidad laboral y su salud, a Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de los excomandantes de las AUC y asesor cercano al despacho del comisionado; a María Paz Lara Camacho, asesora presidencial adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y a Luis Fernando Martínez, asesor y coordinador administrativo de esa misma dependencia. 

Pero el señalamiento más delicado de su denuncia apunta al jefe del despacho: el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. Bueno sostiene que, en su condición de superior jerárquico y responsable administrativo de la oficina, el comisionado no solo tuvo conocimiento de las situaciones que ella denunció, sino que adoptó decisiones que, según afirma, consolidaron el patrón de acoso. Entre ellas, menciona la ratificación de una solicitud de insubsistencia en su contra pese a su condición de paciente oncológica y dirigente sindical, la modificación de su evaluación laboral tras haber participado en la negociación sindical y su traslado a otras funciones después de haber denunciado violencia de género. En su versión, esas actuaciones no fueron hechos aislados, sino decisiones que se produjeron dentro de la cadena de mando del despacho que dirige Patiño y que, por su naturaleza, lo ubican como el responsable institucional de lo ocurrido.

Claudia Bueno está pidiendo al Gobierno una medida concreta mientras enfrenta su enfermedad: teletrabajo de lunes a viernes. Según relata, lo solicitó para poder cumplir con los tratamientos médicos y, al mismo tiempo, continuar con sus funciones. Sin embargo, el comité del Dapre solo le aprobó dos días a la semana –martes y jueves–, el mismo esquema que ya tenía antes de su diagnóstico. Aunque firmó el formato para no quedar por fuera del sistema, dejó constancia de que interpondrá un recurso contra la decisión. Bueno sostiene que, pese a que el comité tenía en su poder su historia clínica y el diagnóstico confirmado de cáncer, su caso fue presentado internamente como un “posible” caso de la enfermedad. “¿Cómo esperan que asista a quimioterapias si tengo que venir todos los días a la oficina?”, cuestiona. 

Para ella, la decisión no solo desconoce su condición médica, sino que la pone ante una disyuntiva injusta: seguir trabajando mientras recibe tratamiento o verse obligada a pedir una incapacidad definitiva y salir del mercado laboral. “Es inhumano”, afirma. 

La ley, la enfermedad y la paradoja de la oficina de paz

En Colombia, la estabilidad laboral de las personas con enfermedades graves como el cáncer no es una concesión administrativa: es un derecho reforzado por la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Bajo el principio de “estabilidad laboral reforzada”, el Estado y los empleadores tienen la obligación de proteger a quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta por razones de salud, lo que implica no solo abstenerse de adoptar decisiones que agraven su situación, sino garantizar condiciones compatibles con su tratamiento y recuperación. Esa protección incluye, entre otras medidas, la prohibición de desvinculación arbitraria y la obligación de adoptar ajustes razonables cuando el estado de salud del trabajador lo requiera.

Ese marco jurídico adquiere un peso particular en este caso. Claudia Bueno no es solo una funcionaria que denuncia acoso laboral dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es, además, una paciente oncológica que afirma haber solicitado condiciones mínimas para continuar trabajando mientras enfrenta la reactivación de su enfermedad. 

Por eso, el caso expone una paradoja difícil de ignorar. La oficina encargada de liderar los procesos de reconciliación con actores armados ilegales –una estructura diseñada para cerrar ciclos de violencia y restablecer derechos– aparece señalada, en este expediente, como el escenario donde una de sus propias funcionarias denuncia haber sido sometida a un entorno de presión, descalificación y decisiones administrativas que, según sostiene, terminaron afectando su salud física y emocional.

En ese contexto, la pregunta que queda abierta no es solo disciplinaria, sino institucional: qué ocurre dentro de una oficina del más alto nivel del Estado cuando una funcionaria activa los mecanismos formales de protección y, aun así, afirma que el acoso no se detiene.

La respuesta a esa pregunta no depende únicamente de la versión de la denunciante ni de la defensa de los funcionarios señalados. Depende, sobre todo, de la actuación de los organismos de control que hoy tienen en sus manos las quejas radicadas por Claudia Bueno y del examen que hagan sobre las decisiones adoptadas dentro de la Oficina del Comisionado de Paz.

La oficina de prensa del comisionado de paz le dijo a CAMBIO que quienes deben pronunciarse sobre las condiciones laborales de Bueno es la oficina de talento humano del Dapre y no ellos.