El nuevo pasaporte tendría los días contados: dos procesos judiciales podrían suspender el modelo de Gustavo Petro
Dos procesos judiciales en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amenazan con suspender el modelo que el Gobierno presentó como un hito histórico. ¿Cuáles son las medidas cautelares que pondrían en riesgo la continuidad del contrato?
Por: Sylvia Charry
El primero de abril de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes colombianos como un hito histórico: por primera vez, dijo el presidente, el Estado produciría su propio documento de identidad internacional, sin depender de una multinacional privada.
Sin embargo, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dos procesos judiciales esperan turno para decidir si todo ese andamiaje es legal y, sobre todo, para referirse a las medidas cautelares que hay en estos despachos judiciales que indagan sobre el modelo de los pasaportes. En los próximos días se conocerán las primeras decisiones.
Hay dos demandas abiertas en el mismo tribunal, con dos magistrados distintos. Las dos incluyen solicitudes de medida cautelar que el tribunal aún no ha resuelto. Una medida cautelar, en términos simples, es una orden judicial que puede suspender la ejecución de un contrato mientras se decide si ese contrato es legal o no. Si cualquiera de los dos magistrados la decreta, el nuevo modelo de pasaportes se frena. El Gobierno lo sabe y, a la fecha, no se conoce cuál es el plan B si eso llega a ocurrir.
El primer proceso: la Procuraduría pide tumbar el contrato con Portugal
El primero de los dos procesos es una demanda de nulidad absoluta presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio tripartito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal –el contrato que es la pieza central del nuevo modelo de pasaportes y que compromete recursos públicos por hasta 1,49 billones de pesos–. Este proceso se tramita ante la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el despacho del magistrado José Élver Muñoz.
Una demanda de nulidad busca que el juez declare que el contrato es ilegal desde su origen y, en consecuencia, que se revierta: que los recursos que ya se pagaron sean devueltos y que el Estado quede libre de seguir ejecutándolo. La Procuraduría presentó esa demanda en octubre de 2025 y el tribunal la admitió. Desde entonces, la Cancillería ha presentado recursos sucesivos para intentar frenar el proceso, argumentando que el caso debía ir a un tribunal de arbitramento internacional, que faltaba una conciliación previa, que el tribunal no tenía jurisdicción. El magistrado Muñoz rechazó todos esos argumentos, el último de ellos el 9 de marzo de 2026: la Procuraduría está legitimada, no necesita conciliación y el proceso sigue adelante.
En noviembre de 2025, la Procuraduría pidió una medida cautelar en este proceso para suspender los giros de dinero que el Estado colombiano se comprometió a pagarle a la Casa da Moeda de Portugal. Es decir: no pedir que se pare la producción de pasaportes, sino que se congelen los pagos al contratista portugués mientras el tribunal decide si el contrato es válido. El problema es que el magistrado Muñoz señaló que, por tratarse de recursos del Ejecutivo, necesita que todas las partes del proceso –incluyendo la propia Casa da Moeda, que está en Portugal– se pronuncien primero sobre la legalidad del convenio antes de poder resolver esa solicitud. Esa espera es la que mantiene la medida cautelar en el limbo.
El segundo proceso: un ciudadano pide proteger a los colombianos
El segundo proceso es distinto en su origen y en su mecanismo, pero apunta al mismo resultado. Es una acción popular presentada por el abogado y ciudadano Nicolás Dupont Bernal ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. Fue admitida en enero de 2026.
Una acción popular no busca tumbar el contrato como tal, sino proteger los derechos colectivos de los ciudadanos. En este caso, Dupont argumenta que el proceso de contratación del nuevo modelo de pasaportes violó derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso eficiente a los servicios públicos. La Corte Constitucional reconoció en 2025 que el pasaporte es indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. Si el contrato es irregular y pone en riesgo la expedición del documento, esos derechos están amenazados.
La medida cautelar que Dupont pidió en este proceso va más lejos que la de la Procuraduría: busca la suspensión inmediata de los efectos del contrato interadministrativo CI-005-2026 y del convenio específico No. 002 de 2026 —es decir, parar en seco la ejecución del nuevo modelo mientras el tribunal decide. El Fondo Rotatorio de la Cancillería agotó todos los recursos disponibles para intentar frenar el proceso y llegó hasta el Consejo de Estado con una tutela. No funcionó. El proceso sigue su curso y la medida cautelar tampoco ha sido resuelta.
El 25 de marzo de 2026 –seis días antes del lanzamiento oficial del nuevo pasaporte– la Procuraduría se sumó formalmente a la acción popular de Dupont como coadyuvante. Eso significa que el ente de control, que ya tenía su propio proceso de nulidad en marcha, decidió también respaldar la acción popular del ciudadano, con el argumento de que ambas demandas tienen el mismo sustrato fáctico y deben coordinarse para evitar decisiones contradictorias. CAMBIO tuvo acceso al memorial de 24 páginas que la Procuraduría presentó ante el magistrado Mazabel Pinzón. Lo que ese documento revela es más grave de lo que se ha reportado públicamente.
La Procuraduría realizó el 6 de agosto de 2025 una visita preventiva a la Imprenta Nacional de Colombia. Cuando pidió los documentos que respaldaban la etapa precontractual del convenio 010 de 2025 –estudios de mercado, análisis financieros, identificación de necesidades–, la entidad entregó un único documento: la “Justificación para la Selección del Cooperante Internacional”. Ese documento no tenía la firma de ningún funcionario. No contenía estudios de mercado. No incluía análisis del sector. No explicaba por qué se optó por la contratación directa. El contrato de más de 1,3 billones de pesos no tiene los soportes mínimos que exige la propia reglamentación de la Imprenta.
Pero el hallazgo más grave tiene que ver con la naturaleza jurídica de la entidad portuguesa. El Gobierno justificó la contratación directa con la Casa da Moeda argumentando que era una “persona extranjera de derecho público”, lo que le habría permitido saltarse la licitación bajo el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. La Procuraduría aportó al expediente el certificado de registro comercial de la entidad portuguesa. Ese documento dice otra cosa: la Casa da Moeda es una sociedad anónima constituida bajo el decreto-ley 235 de 2015 de Portugal, sometida al derecho mercantil y a las normas de competencia de la Unión Europea. No es una entidad pública internacional en sentido estricto. Es una empresa de capital público que se rige por el derecho privado. El argumento legal que usó el Gobierno para evitar la licitación no aplica.
Además, esa misma norma exige que el organismo internacional financie al menos el 50 por ciento del contrato para que aplique la excepción. La Procuraduría verificó la cláusula 11 del convenio: los aportes de la Casa da Moeda corresponden al 21 por ciento del valor total. El 79 por ciento restante lo pagan entidades colombianas. El argumento del Gobierno falla en los dos requisitos simultáneamente, lo que configura, según el ente de control, una causal de nulidad absoluta por haber eludido una licitación que era obligatoria.
Hay más. La junta directiva de la Imprenta que el 18 de julio de 2025 aprobó el convenio y comprometió vigencias futuras por más de un billón de pesos hasta 2036 sesionó con la convocatoria enviada un viernes para reunirse el lunes siguiente, violando el plazo mínimo de tres días hábiles que exigen sus propios estatutos. Al momento de la visita de la Procuraduría, no existía acta formal de esa sesión: las decisiones constaban únicamente en grabaciones de audio y video. Y los documentos que se iban a debatir –incluyendo la propuesta técnica de Portugal– solo se entregaron a los miembros si firmaban acuerdos de confidencialidad sin respaldo legal alguno. Según la Procuraduría, esas irregularidades vician las decisiones de esa sesión, lo que arrastra la nulidad de los contratos que se derivaron de ella.
Los números tampoco cuadran. El convenio obliga a solicitar 1,5 millones de pasaportes anuales a 17 euros la libreta, pero la disponibilidad presupuestal aprobada es insuficiente desde el primer año: el déficit inicial es de más de 375 millones de pesos y se acumula vigencia a vigencia, porque la plata no alcanza ni para los pasaportes ordinarios, sin contar los demás documentos pactados en el convenio. Además, los pagos están pactados en euros y deben hacerse directamente a un banco portugués, lo que viola el régimen cambiario colombiano y expone al Estado a pérdidas adicionales cada vez que el peso se deprecia frente al euro. El convenio fue firmado cuando el euro valía 4.865 pesos. El propio convenio proyecta tasas más bajas para los años siguientes. Si el peso sigue depreciándose –un escenario razonable– el costo real del contrato superará significativamente el billón trescientos mil millones proyectados.
El argumento de urgencia más contundente que la Procuraduría puso en manos del magistrado es este: la maquinaria para producir pasaportes comenzó a llegar a Colombia desde noviembre de 2025, antes de que se firmara el contrato del 30 de enero de 2026. El Gobierno generó hechos cumplidos antes de tener el soporte legal. Cada día que pasa consolida la ejecución de convenios que pueden ser nulos y reduce el margen del juez para revertirlo. La urgencia de la medida cautelar, dice la Procuraduría, es una cuestión de tiempo.
Sin plan B
Mientras los dos procesos esperan decisión, el nuevo pasaporte lleva apenas dos semanas en operación. El primer lote de 193.000 libretas llegó a Colombia fabricado en Portugal antes del primero de abril. Entre el 4 de abril y el 9 de mayo se esperan 432.000 más, también hechas allá. La Imprenta Nacional todavía no produce en firme: su directora, Viviana León, confirmó que Thomas Greg & Sons seguirá imprimiendo libretas hasta agotar las existencias, y que la Imprenta necesita años para operar de manera autónoma. Las proyecciones hablan de una década.
La Cancillería insiste en que todo está bajo control, que los procesos son preliminares y que el nuevo modelo no tiene ilegalidad alguna. Pero el tribunal ya rechazó todos los argumentos del Gobierno para frenar el proceso de nulidad. Ya admitió la acción popular de Dupont pese a los recursos del Fondo Rotatorio. Y la Procuraduría acaba de aportar 24 páginas de evidencia que el magistrado de la acción popular aún no ha evaluado. Los colombianos con citas de pasaporte en los próximos meses tienen razones para estar atentos. Si cualquiera de los dos magistrados decreta la medida cautelar que le pidieron, el modelo se frena. Y nadie en el Gobierno ha explicado qué pasa ese día.
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