Las peleas dentro del Gobierno de Gustavo Petro que han terminado en líos judiciales

En los pasillos de la Casa de Nariño el aire siempre ha estado cargado: poder, intrigas menores, la respiración contenida de quienes saben que cada palabra puede costarles el puesto. Pero ahora hay algo más, una densidad distinta, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por el humo de un incendio que avanza sin prisa por las alfombras rojas. No es un fuego que venga de afuera —ni de la oposición, ni de las ráfagas lejanas en el monte—, sino uno que arde desde dentro, alimentado por sus propias brasas. Es un fuego amigo donde los alfiles de la llamada ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ han decidido que el enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino el que se sienta en la silla de al lado.

Esta semana, el país asistió a un nuevo capítulo de esta saga de desconfianzas mutuas. Las denuncias cruzadas entre Carlos Carrillo, el hombre que llegó a limpiar la UNGRD, y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, son apenas el síntoma más reciente de una enfermedad que parece crónica: el Gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un cuadrilátero judicial donde las lealtades se evaporan ante la primera sospecha de corrupción o, peor aún, de ambición desmedida.

Carrillo acusa a Rodríguez de presunta corrupción y manejos irregulares durante su gestión en el Fondo, radicando denuncias formales ante la justicia. Por su parte, Rodríguez sostiene que es víctima de una cacería dentro de la entidad orquestada por Carrillo que, según ella, le tiene hasta espías.

El episodio más oscuro y reciente tiene como protagonistas a dos mujeres que hasta hace poco compartían el proyecto político del presidente: Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. Rodríguez ha dicho públicamente que la génesis de su desgracia en Casa de Nariño fue un acto de lealtad al presidente que terminó volviéndose en su contra. Asegura que, tras advertir directamente a Gustavo Petro sobre graves irregularidades en la hoja de vida de Juliana Guerrero, se desató una “cacería de brujas” desde las entrañas del propio Gobierno. Rodríguez terminó denunciando que, incluso, asaltaron a mano armada la casa de sus padres lo que, a su juicio, fue nada menos que una manera de amedrentamiento vinculada a esta disputa.

Esta semana, en rueda de medios, Rodríguez afirmó que Guerrero se jactaba de tener alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El caso de la UNGRD

El canibalismo político en el Gobierno no es nuevo, pero ha cobrado una dimensión sistémica con el caso de la UNGRD. Gracias a la lupa de los medios de comunicación, se destapó el entramado de los carrotanques, obligando a Olmedo López a pasar de aliado estratégico a delator de alto calado. Una vez acorralado por la justicia, López encendió un ventilador que salpicó a ministros y congresistas, asegurando que el dinero público se usó para “comprar” apoyos legislativos. La respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido lapidaria: lo ha calificado públicamente como un “ladrón de recursos públicos confeso”, un “vampiro de los pobres” y un “traidor del progresismo”. Para el mandatario, López no es un testigo de la corrupción estructural, sino un “vagabundo” que traicionó los principios de la izquierda. Sin embargo, para la justicia, sus palabras son los ladrillos de un expediente que tiene a dos ministros del Gobierno imputados.

El eco de los 15.000 millones: los audios Benedetti

Es imposible entender la virulencia de los choques actuales sin regresar a la ‘zona cero’ de las fracturas internas: el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Aquella pelea, que comenzó por el uso de un polígrafo y el robo de un maletín en la casa de la mano derecha del presidente, terminó por exponer las costuras más gruesas de la campaña electoral.

Los audios de Benedetti, con su tono pendenciero y cargado de amenazas, no solo hablaban de 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña en la costa Atlántica por debajo de la mesa; hablaban de una forma de hacer política donde el chantaje era la moneda de cambio. La posterior denuncia de violencia de género y el seguimiento judicial a Sarabia marcaron un antes y un después. Fue el momento en que el país entendió que, detrás de la unidad monolítica del gabinete, se escondían rencores profundos y secretos que solo el miedo a la justicia podía mantener bajo llave.

El consejo de ministros como campo de batalla

Incluso las reuniones que deberían ser de planeación nacional se han transformado en escenarios de guerra fría. Se ha documentado la tensión eléctrica entre Augusto Rodríguez, director de la UNP, pero además el zar de la inteligencia y viejo camarada de armas del presidente en el M-19, y figuras como Armando Benedetti.

Rodríguez ha sido el muro de contención contra lo que él considera los ‘caballos de Troya’ del proyecto político. En el memorable consejo de ministros de principios de 2025, cuando Benedetti volvió a sentarse en la mesa del Gobierno, Rodríguez le dijo al propio presidente Petro que no comparara a “Benedetti con Jaime Bateman (líder del M19)” y, aseguró, que en la primera reunión donde Diego Marín, alias Papá Pitufo, intentó infiltrar la campaña presidencial fue facilitada por la agenda de Benedetti.

Este panorama dibuja un Gobierno que, más que una unidad de propósito, parece una confederación de sospechas. Mientras los funcionarios se graban en secreto, denuncian alianzas con grupos armados o se tildan de “traidores” en televisión nacional, el país observa un espectáculo de degradación institucional.

El Gobierno de Gustavo Petro corre el riesgo de ser recordado por la velocidad con la que sus alfiles terminaron convertidos en delatores o en objetivos de la Fiscalía y no por las reformas que prometió. Si el presidente no logra apagar este fuego interno, el ‘Cambio’ no será más que un abultado expediente judicial. La gran tragedia no es solo que el gabinete se esté canibalizando, sino que, en esa guerra de todos contra todos, la gobernabilidad de Colombia se está quedando reducida a cenizas.

Los líos en la inteligencia

El enfrentamiento en la cúpula de la inteligencia estatal ha escalado de la desconfianza burocrática al sabotaje personal. Los audios revelados por Noticias Caracol no solo expusieron al exdirector de la DNI, Jorge Lemus, negociando en la sombra con el abogado del zar del contrabando, alias Papa Pitufo. También confirmaron la fractura emocional del gabinete: Lemus llegó a diagnosticar como una persona “con problemas de la cabeza” a Augusto Rodríguez, director de la UNP, ante el defensor de un criminal.

El actual escenario de ‘fuego interno’ en la Casa de Nariño ha desplazado la agenda nacional hacia un cuadrilátero judicial. Mientras los alfiles del Gobierno dedican sus jornadas a denunciarse, grabarse, y hacer públicas sus peleas, el país asiste a un espectáculo de canibalismo político.

Al final, el mayor riesgo para el legado de Gustavo Petro no proviene de las instituciones tradicionales de la oposición, sino de la velocidad con la que su propio círculo cercano se desangra ante la Fiscalía. Si el presidente no logra imponer orden y apagar este incendio desde adentro, su administración corre el riesgo de ser recordada únicamente por las garroteras entre miembros de su gabinete que terminaron en la lupa de la justicia.