La reunión de Augusto Rodríguez con la abogada de Papá Pitufo que terminó en una alerta de seguridad para el presidente Gustavo Petro

La revelación de Noticias Caracol dejó al descubierto una red de acercamientos entre emisarios de Diego Marín –conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando– y funcionarios o exfuncionarios del Gobierno, en un momento en que el contrabandista buscaba abrir canales de interlocución mientras enfrentaba su situación judicial. En ese mapa aparece un nombre central: Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y, hasta hace pocos días, director de la UIAF, quien quedó grabado hablando con Luis Felipe Ramírez, abogado de Pitufo, sobre una eventual entrega del contrabandista a cambio de beneficios judiciales y garantías de seguridad. Según la investigación, Lemus sostuvo esas conversaciones cuando estaba al frente de la DNI, y en los audios se le escucha plantear escenarios de sometimiento con ofrecimientos que –como luego advirtió la fiscal general, Luz Adriana Camargo–, no estaban dentro de sus competencias.

Las grabaciones dejan constancia de que, además de Lemus, había otros emisarios que decían actuar en nombre del Gobierno o con conocimiento de altas esferas para mantener contacto con Pitufo. Entre ellos, Ramón Devesa, el empresario español; Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Los acercamientos, de alguna manera, confirman la existencia de canales paralelos de comunicación con el entorno del contrabandista. La pregunta que empieza a crecer ya no es solo quién intentó negociar con Papá Pitufo, sino quiénes hablaron con su entorno, con qué propósito y bajo qué mandato. Sobre todo, si los delegados iban con agendas gubernamentales o propias. 

El nombre de Augusto Rodríguez aparece en esas conversaciones no por una reunión documentada en detalle, sino por referencias vagas dentro de los propios audios. En una de las grabaciones, el abogado Luis Felipe Ramírez le explica a Lemus que el contacto con Rodríguez se habría canalizado a través de Gloria Arias, exfiscal y abogada de Pitufo, a quien identifica como cercana al funcionario. En ese mismo audio también se menciona que un asesor del director de la UNP habría buscado contacto con el entorno de Pitufo para obtener información. Lo que dejan los registros –según la investigación periodística– es la evidencia de un canal activo en el que Arias aparece como intermediaria entre el entorno de Papá Pitufo y el alto funcionario del Gobierno.

La reunión entre Augusto Rodríguez y Gloria Arias

CAMBIO conoció que sí se materializó en un encuentro. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, Augusto Rodríguez sostuvo una reunión con Gloria Arias. El contacto no se dio por una vía institucional ni quedó registrado en agendas oficiales. Arias llegó a Rodríguez a través de una tercera persona –una mujer cuya identidad aún no ha sido establecida– que actuó como puente y ambos terminaron sentados frente a frente en una panadería en el sector de Teusaquillo, en el centro de Bogotá.

Según fuentes de este medio, la razón del acercamiento no fue una gestión jurídica ni un mensaje directo del contrabandista, sino una advertencia: Arias aseguró tener información urgente sobre un posible plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro.

Lo que ocurrió en ese encuentro no fue la entrega de un informe técnico sino la exposición de un relato fragmentado que, según Arias, conectaba hechos ocurridos en Dubái con una amenaza concreta contra el jefe de Estado. Habló de círculos personales, de conflictos que involucraban a conocidos suyos con ciudadanos extranjeros y de conversaciones en las que –según dijo– se mencionaba la posibilidad de un atentado. En ese contexto, aseguró que había hablado con Diego Marín, quien desde prisión le habría insistido en trasladar esa alerta de manera inmediata al presidente. También señaló que ya había intentado mover esa información a través de otros contactos, sin obtener respuesta clara, entre ellos, el empresario español Ramón Devesa.

En diálogo con CAMBIO Rodríguez confirmó esa versión y añadió que, en su labor de cuidar al presidente, trasladó esa información y extremaron medidas de seguridad.  

Dos meses después de ese encuentro entre Rodríguez y Arias, el propio presidente Gustavo Petro llevó ese tema al terreno público. El 10 de marzo de 2025, durante un consejo de ministros transmitido en vivo, aseguró que existía un plan para asesinarlo que se estaría coordinando desde Dubái. No lo planteó como una hipótesis, sino como una advertencia concreta: dijo que detrás de esa amenaza estaba lo que denominó la “nueva junta del narcotráfico” y afirmó que ya habían intentado matarlo en cuatro ocasiones. “Los nombres los sabemos”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de acción de las autoridades. En esa intervención, además, vinculó ese supuesto entramado con estructuras internacionales –incluidos carteles mexicanos– y pidió avanzar en tareas de inteligencia.

Lo que queda en evidencia, entonces, no es un episodio aislado, sino la existencia de canales de comunicación que estaban abiertos entre funcionarios del Gobierno y personas del entorno de Diego Marín. Más allá de las intenciones de cada contacto –que pueden haber respondido a alertas, a intentos de interlocución o a circulación de información–, lo cierto es que esos caminos existieron y operaron por fuera de los conductos institucionales tradicionales. Y es justamente ahí donde se instala la inquietud de fondo: no solo quién hablaba con quién, sino bajo qué lógica se movía esa información y cómo terminó cruzando, sin filtros claros, desde el entorno de un contrabandista hasta los niveles más altos del poder.