Exclusivo: ninguna aseguradora privada quiso asumir el riesgo del contrato de pasaportes entre la Cancillería y la Imprenta

Este 1° de abril empieza a operar el nuevo modelo de producción de pasaportes luego de tres años de disputas jurídicas, relevo de funcionarios e investigaciones disciplinarias. Aunque por fin parece haber luz verde para la transición que a la fuerza implementó el Gobierno Petro, detrás de cámaras se han presentado dificultades sensibles producto de la incertidumbre y la inexperiencia de la Imprenta Nacional para asumir semejante responsabilidad.

CAMBIO le puso la lupa a uno de los principales proceso contractuales desarrollados para poner en marcha el nuevo modelo: el de 185.000 millones firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta. Esto fue lo que encontramos.

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¿El terror de las aseguradoras?

Todos los contratos públicos deben tener unas garantías solicitadas por la entidad estatal al contratista para asegurar el cumplimiento del convenio y cubrir los daños si la ejecución no llega a darse. En general, quienes se ganan el contrato pueden presentar como garantías unas cartas de crédito, fiducias mercantiles o, la más usual, una póliza expedida por una aseguradora a favor de la entidad pública. 

En palabras sencillas: si el contratista incumple, la aseguradora le pagará un dinero al contratante.

Por supuesto, en el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional se estipuló que esta última estaba obligada a constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del convenio, plazo que se venció el pasado 2 de febrero.

Sin embargo, documentos a los que CAMBIO tuvo acceso revelan que, a corte del 30 de marzo, esa condición no se había cumplido. Es decir, casi dos meses después de la firma del contrato y a menos de 48 horas del inicio de la ejecución, no había ninguna garantía de cumplimiento por parte de la Imprenta hacia la Cancillería.

La explicación a este hecho tiene que ver con las dificultades de la Imprenta de conseguir una entidad aseguradora dispuesta a emitir la póliza por el valor exigido inicialmente en el contrato. Según el documento firmado a finales de enero de 2026, los porcentajes de aseguramiento para cada tipo de amparo eran del 20 por ciento del valor del contrato salvo el relacionado con salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que se tasó en 5 por ciento. Estos valores arrojan una cuantía total del seguro de 120.493 millones de pesos.

El lío con la póliza quedó evidenciado en un intercambio de correos electrónicos entre la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, y la secretaria general de la Cancillería, Elvira Salazar. En una comunicación del pasado 25 de marzo, León le indicó a Salazar la situación con las pólizas que estaba poniendo en riesgo el inicio de la ejecución del contrato de pasaportes.

“La no adopción de un esquema de garantías materialmente obtenible podría comprometer la continuidad de un proyecto estratégico para el Estado”, le escribió, con preocupación, la gerente de la Imprenta a la funcionaria de la Cancillería.

En ese correo, León explica que, luego de hacer las consultas en el mercado, ninguna aseguradora en Colombia quiso asumir ese valor de riesgo.

“La cuantía agregada de los amparos exigidos excede la capacidad de retención individual de las aseguradoras que operan en el país”, agregó la gerente de la Imprenta. 

Ese diagnóstico de la gerente provino de las labores de diálogo con aseguradoras privadas que habían hecho previamente Previsora Seguros (aseguradora estatal) y Jargu S.A, una firma de intermediarios al servicio de la Imprenta. Así lo muestra otra conversación vía correo electrónico, entre Previsora y la firma corredora.

En la comunicación, Previsora explica que no tiene capacidad para cubrir la totalidad de las garantías y que otras firmas no quieren hacerlo.

“Otras compañías como Mapfre, Mundial y Estado han declinado la posibilidad de participar en este negocio”, dijo la aseguradora estatal.

Para resolver el lío antes del inicio del nuevo modelo, la gerente de la Imprenta hace una extensa argumentación jurídica para justificar su solicitud de modificar los porcentajes y así lograr que por fin una aseguradora expidiera la póliza exigida desde enero. En el texto, la gerente asegura que, al ser un convenio entre dos entidades públicas, los riesgos son distintos respecto a un negocio con un contratista privado. 

Según dijo Viviana León, mitigar los riesgos en la ejecución del contrato no se hace aumentando la cobertura de una póliza sino “a través de mecanismos de gestión, supervisión y control operativo, los cuales ya se encuentran previstos en el clausulado contractual”. Por ello, León le solicitó en ese momento a la Cancillería bajar los porcentajes de aseguramiento, la mayoría pasando del 20 al 7,5 por ciento.

La Cancillería aceptó ese mismo día la modificación solicitada por la gerente de la Imprenta Nacional, pero pasaron cinco días y el contrato seguía sin pólizas. ¿La razón? Los porcentajes todavía eran muy altos para Previsora Seguros, que así lo comunicó en otro correo el 30 de marzo a las 3:32 de la tarde.

Allí, la aseguradora estatal manifiesta que quiere apoyar un contrato tan “estratégico”, pero reconoce que no tiene la capacidad para cubrir el total de las pólizas. Además, reitera que ninguna aseguradora ha querido asumir el riesgo. Fuentes consultadas por CAMBIO, que conocen la estructuración de contratos de este tipo, dijeron que lo más probable es que la nula experiencia de la Imprenta en el negocio de pasaportes explique por qué ninguna aseguradora privada quiso asumir los riesgos del convenio. 

“Es como querer asegurar un avión sabiendo que es la primera vez que el piloto va a volar”, dijo una fuente.

Ante la urgencia y la nula respuesta del mercado asegurador, el 30 de marzo la gerente de la Imprenta Nacional le envió otra comunicación a la secretaria general de la Cancillería explicando la preocupante situación.

“La dificultad advertida no obedece a una circunstancia subjetiva, exclusiva o imputable al contratista, ni a una falta de diligencia en la obtención del respaldo asegurador, sino a una restricción objetiva del mercado asegurador”, dijo Viviana León.

La gerente insistió en que la normativa exige que las garantías sean proporcionales al riesgo y a la ‘realidad del mercado’ y que la naturaleza del contrato ayudaba a mitigar riesgos. Por ello, solicitó bajar todas las garantías del contrato a solo 5 por ciento, es decir, 15 puntos menos de lo fijado en el convenio inicial. La Cancillería aceptó la solicitud y, en menos de cinco días, se le hizo otra modificación al contrato.

De esta manera, el valor total de la póliza del contrato de pasaportes pasó de 120.000 millones de pesos a 37.000 millones, una reducción de 83.000 millones de pesos en dos meses. Esto le permitiría a Previsora Seguros asumir el riesgo sin buscar respaldo en aseguradoras privadas.

¿La Imprenta está realmente lista?

La desconfianza mostrada por el sector asegurador responde a la incertidumbre que hay sobre un nuevo modelo de pasaportes en manos de una entidad sin experiencia en este campo. 

Mientras el Gobierno sostiene que la Imprenta cuenta con “infraestructura tecnológica, equipos especializados y talento humano capacitado” para asumir la personalización de las libretas, el propio diseño del convenio establece que esa capacidad depende de una transferencia progresiva de tecnología y conocimiento. El modelo no es inmediato: está concebido como un proceso de transición que se extenderá por diez años, hasta 2036, cuando el Estado colombiano debería asumir de forma autónoma la totalidad de la producción.

En ese cruce entre discurso oficial y arquitectura contractual se instala la duda central: aunque existen máquinas y un contrato en marcha, no es claro si ya está plenamente operativo el sistema —ni si el personal cuenta con la experiencia suficiente— para trasladar, sin fisuras, la información de los colombianos desde la Cancillería hacia la Imprenta. 

En diálogo con CAMBIO, Viviana León, gerente de la Imprenta, aseguró que ya llegaron tres máquinas destinadas a la personalización y un equipo adicional para la Cancillería, y que el componente tecnológico “se encuentra implementado y en funcionamiento dentro del entorno de pruebas”. Según explicó, ese sistema ya permite realizar pruebas técnicas y producir especímenes que han sido distribuidos a puntos de control migratorio. 

“Las integraciones necesarias con los sistemas institucionales, incluido el SITAC, se encuentran desarrolladas e implementadas conforme al cronograma del proyecto”, afirmó.

León también sostuvo que, a diferencia de esquemas anteriores, el nuevo modelo se ejecuta con infraestructura bajo control estatal y administración conjunta entre la Cancillería y la Imprenta, lo que —según dijo— fortalece la soberanía tecnológica y la seguridad de la información.

En el papel, la apuesta es clara: desmontar la dependencia de un operador privado y trasladar gradualmente la producción de pasaportes al Estado.

Pero la personalización no es un eslabón cualquiera. Es la fase crítica del proceso. Allí se integran los datos del ciudadano, los elementos de seguridad y los mecanismos que garantizan que el documento sea válido en controles migratorios internacionales. Un error en esta etapa no es un retraso administrativo: compromete la autenticidad del documento.

La Imprenta asegura que ya tiene instaladas todas las capacidades, que existen actas de instalación y pruebas de aceptación, y que —por razones de seguridad— los detalles técnicos están bajo reserva. También afirma que hay al menos 50.000 libretas disponibles, fabricadas en Portugal dentro de la fase inicial del modelo, listas para entrar en operación.

Ahí aparece una diferencia sustancial frente al esquema que termina con Thomas Greg & Sons. Bajo ese modelo, un operador privado concentraba toda la cadena: producción, personalización, custodia y distribución. El nuevo sistema fragmenta ese proceso: la fabricación inicial sigue en Portugal, mientras que la personalización se traslada a Colombia. 

El problema es que una cosa es tener libretas y otra muy distinta expedir pasaportes todos los días sin interrupciones. El Gobierno asegura que el sistema ya opera con estándares internacionales. Sin embargo, la duda más sensible no está en los estándares sino en la operación: el software que debe conectar a la Cancillería —donde reposan los datos de los ciudadanos— con la Imprenta, donde esos datos deben convertirse en un documento seguro.

Si ese puente no funciona de manera estable, el sistema se detiene. En los pasaportes, el cuello de botella no es la libreta ni la máquina: es el dato. Que llegue, que se valide, que se integre y que se imprima sin errores. Ese engranaje invisible es hoy el punto más vulnerable del nuevo modelo.

El Gobierno ha respondido con dos argumentos. Primero, que la infraestructura tecnológica fue adquirida por Portugal y donada al Estado colombiano en el marco del convenio. Segundo, que el personal de la Imprenta fue capacitado durante dos meses —entre diciembre de 2025 y enero de 2026— por técnicos de la Casa de la Moneda. Son avances, pero no despejan todas las dudas. Dos meses de entrenamiento pueden ser suficientes para una fase inicial, pero también pueden resultar insuficientes frente a un proceso que exige precisión absoluta y experiencia acumulada.

A esa incertidumbre técnica se suma otra, de carácter operativo. En una acción popular que hoy estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se advierte que no hay claridad sobre cuándo la Imprenta tendrá capacidad plena para asumir el proceso. Mientras algunos documentos fijan el inicio de operación el 1° de abril de 2026, otros extienden la llegada de equipos necesarios hasta diciembre del mismo año. Nueve meses de diferencia, en un servicio público esencial, no son un detalle menor.

Por eso, la continuidad inmediata del servicio depende, paradójicamente, del mismo operador que el Gobierno busca reemplazar. Thomas Greg & Sons seguirá expidiendo pasaportes hasta el 30 de abril, en un esquema de transición que funciona como red de seguridad.

Lo que empieza desde hoy no es un sistema listo, sino un sistema en montaje. El convenio promete transferencia tecnológica, equipos, formación y acompañamiento. La Imprenta asegura que hay capacidades instaladas. Pero la prueba está en la operación diaria. El Estado colombiano tiene el desafío de demostrar que ya puede hacer, sin un operador privado y sin margen de error, lo que hasta ahora garantizaba un contratista con experiencia.