Las mentiras del gobierno en el nuevo modelo de pasaportes

El jueves 23 de abril, a las once de la mañana, once funcionarios de la Procuraduría encabezados por el delegado Marcio Melgosa Torrado entraron a la sede de la Imprenta Nacional buscando responder una pregunta en apariencia sencilla: ¿dónde se están fabricando los pasaportes del nuevo modelo colombiano? La inspección, que duró seis horas y quince minutos, estuvo encabezada por la gerente Viviana León y tres funcionarios de la entidad. La respuesta a esa pregunta quedó consignada en el acta que CAMBIO conoció en exclusiva: catorce páginas, resguardadas con la discreción reservada para los documentos incómodos, que desarman las promesas que Gustavo Petro ha sostenido en público sobre el nuevo pasaporte. 

Seguramente muchos recuerdan cómo, sesenta días antes, el 19 de febrero, el presidente había llegado a la Plaza de Bolívar con una libreta vinotinto en la mano y la había mostrado ante la multitud como un trofeo. “Presento este pasaporte aquí para que a ningún juez de la República se le ocurra pensar que todavía se puede suspender la hechura de los pasaportes para devolverle el contrato a Thomas Greg —dijo— porque ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos”. Dos días después lo repitió en X. Luego, en abril, contestándole a CAMBIO, insistió: “Se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto no son cualquiera, están ya en Colombia”.

Pero contrastar lo que revela este informe con las declaraciones del presidente supone una disyuntiva incómoda: o Gustavo Petro fue mal informado o no está diciendo la verdad. 

• Coimas, contratos y tercerización: el escándalo desconocido detrás de los nuevos dueños del negocio de los pasaportes

Al 23 de abril, en la bóveda de la imprenta, había 66.400 libretas en blanco. No eran un conjunto homogéneo: 59.000 habían cruzado el Atlántico desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, y 7.400 habían llegado desde Lisboa. La aritmética es simple: 89 por ciento eran de origen francés y 11 por ciento de origen portugués. Pero la cosa no para ahí. La Imprenta entregó a la Procuraduría una guía de importación de otras 130.000 libretas que están por llegar desde el Charles de Gaulle. Cuando la Procuraduría le preguntó a la gerente quién había fabricado esas libretas, sucedió lo más desconcertante. Viviana León respondió que no podía certificarlo; lo único que tenía, dijo, era el punto de embarque: París. 

El Estado colombiano está recibiendo documentos de viaje con chip incorporado, listos para entregar a los ciudadanos. Y la entidad responsable de personalizarlos aún no sabe en qué planta los hicieron.

Por otro lado, las tres máquinas que el presidente presentó como prueba de “soberanía” —marca Entrust, referencia PB-8500, donadas por la Casa de la Moneda de Portugal— no fabrican pasaportes: solo los personalizan. Imprimen el nombre, la foto y los datos en libretas ya hechas en Europa. No producen el documento; lo terminan. 

El socio francés en la sombra

Lo más grave es que el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para fabricar pasaportes, solo permite la participación de un tercero en caso de desastre en la planta de producción de Bogotá: una contingencia que no ha ocurrido. Sin embargo, el acta de la Procuraduría del 23 de abril deja claro que IN Groupe, presentado en el negocio como un actor de reparto en caso de emergencia, en realidad fabrica casi el 90 por ciento del stock.  

En palabras sencillas, la cláusula novena del Convenio 010 de 2025 no cierra la puerta a terceros; la regula. Permite su participación, pero bajo condiciones precisas: cualquier inclusión debe informarse por escrito y contar con la aprobación expresa de las entidades colombianas. Es decir, IN Groupe podría participar en logística y, en caso de desastre en la planta de producción de Bogotá, actuar como contingencia con un tope de 50.000 libretas almacenadas en Europa.

Por eso la Procuraduría le recordó a la Imprenta dos cláusulas más. La cláusula novena dice que si la Casa de la Moneda de Portugal va a delegar fabricación a un tercero no previsto en la propuesta debe informar por escrito y obtener aprobación de la Imprenta y del Fondo Rotatorio. La gerente Viviana León reconoció que ese documento no existe. Además, la cláusula 24 dice que lo imprevisto se rige por las leyes colombianas, que exigen formalidad escrita. La gran pregunta es: ¿la fabricación masiva en Francia está cubierta por la propuesta técnica, o desbordó el marco autorizado y se convirtió en una subcontratación que nadie aprobó por escrito?

Por otro lado, las tres máquinas que el presidente presentó como prueba de “soberanía” —marca Entrust, referencia PB-8500, donadas por la Casa de la Moneda de Portugal— no fabrican pasaportes: solo los personalizan.

Corrupción y lavado de activos: las acusaciones contra el nuevo socio

Que IN Groupe sea hoy el fabricante real de los pasaportes colombianos, por sí solo, no sería noticia. Es una empresa estatal, con décadas de experiencia. La noticia es otra: Desde hace nueve meses**, el grupo al que pertenece está bajo supervisión anticorrupción activa del Estado francés por un caso de sobornos en un negocio de pasaportes en Ucrania, muy similar al que firmaron con Colombia**.

El 8 de julio de 2025, la Fiscalía financiera francesa y la empresa SURYS, filial cien por ciento de IN Groupe, firmaron un acuerdo para cerrar una investigación a cambio de pagar una multa y someterse a supervisión.

Aunque no hubo condena, el documento de acuerdo describe los hechos con precisión. Entre 2013 y 2021, SURYS mantuvo una relación triangulada por una tercera empresa, la estonia OÜ Feature con la empresa pública ucraniana Polygraph Combinat Ukraina, productora de pasaportes, visas y cédulas. Durante cuatro años, SURYS rellenó declaraciones aduaneras en nombre de OÜ Feature con facturas infladas: 18,5 millones de euros declarados contra 6,7 millones reales. Entre 2018 y 2021, Polygraph le pagó 22 millones de euros a SURYS y SURYS le transfirió 7 millones a OÜ Feature. Esa plata terminó beneficiando al director de Polygraph, a su esposa y a su hija.

La fiscalía calificó los hechos como corrupción de agente público extranjero, desvío de fondos públicos y lavado. Le impuso a SURYS una multa de 18 millones de euros y le ordenó pagar al Estado ucraniano 3 millones.

La última pieza del acuerdo es la que toca a Colombia. La convención impuso un programa de cumplimiento de tres años, bajo la supervisión de la Agencia Francesa Anticorrupción, extendido a todo el grupo Imprimerie Nationale. Hoy, mientras las libretas salen de Charles de Gaulle rumbo a Bogotá, el grupo que controla a IN Groupe está siendo auditado por el Estado francés por lo ocurrido en otro negocio de pasaportes. El convenio colombiano se firmó apenas veinte días después de esa sanción. 

La pregunta que nadie ha respondido en el Gobierno es la más obvia: si IN Groupe iba a fabricar la mayoría de las libretas desde el principio, ¿por qué no se contrató directamente con ellos? La respuesta que emerge del expediente es incómoda: contratar directamente con una empresa francesa sancionada nueve meses antes por corrupción en otro negocio de pasaportes habría sido indefendible. La Casa de la Moneda de Portugal sirvió de fachada presentable para un esquema que, en realidad, tiene a Francia fabricando el documento.

No es la única sombra. Desde 2023, la prensa colombiana viene documentando las grietas de esta arquitectura. Versiones recogidas por Daniel Coronell, EL TIEMPO y confirmadas por múltiples medios, señalan que el primer canciller de Petro, Álvaro Leyva —acusado por prevaricato ante la Corte Suprema después de que la Fiscalía describiera sus decisiones sobre la licitación como “caprichosas, tozudas y arbitrarias”— tenía vínculos personales con Portugal que nunca declaró como conflicto de interés: su hijo Jorge manejaba Portulive, firma dedicada a gestionar nacionalidades portuguesas, y una empleada de esa empresa familiar fue nombrada en la embajada de Colombia en Lisboa, entonces encabezada por José Fernando Bautista, un hombre clave en la campaña de Petro y pieza clave en la apertura del convenio con Portugal, quien murió de un paro cardíaco en agosto de 2024.

El tramo final lo recorrió Alfredo Saade. Como jefe de despacho presidencial, convocó a funcionarios de la Cancillería —invocando, según declaró el viceministro Mauricio Jaramillo ante la Procuraduría, una orden directa del presidente— para ordenarles racionalizar las citas de pasaportes y firmar de inmediato con Portugal, contrariando a la entonces canciller Laura Sarabia. La Procuraduría lo investigó por extralimitación de funciones y ordenó su suspensión en agosto de 2025, sanción que el Gobierno esquivó nombrándolo embajador en Brasil ese mismo día. Al día siguiente de que Petro presentara el nuevo pasaporte, Saade publicó en X: “Te cumplí Colombia”. El camino costó tres cancilleres caídos, una licitación declarada desierta que le valió a Leyva la destitución, diez años de inhabilidad y una acusación penal por prevaricato. Al final, los pasaportes siguen saliendo de un tercero situado en Europa.

Contratar directamente con una empresa francesa sancionada nueve meses antes por corrupción en otro negocio de pasaportes habría sido indefendible. La Casa de la Moneda de Portugal sirvió de fachada presentable para un esquema que, en realidad, tiene a Francia fabricando el documento.

Las mentiras del gobierno

Aunque en su narrativa pública el Gobierno ha intentado instalar la idea de que los pasaportes ya se producen en Colombia, la realidad va por otro lado. Al contrastar lo dicho por Gustavo Petro y sus funcionarios, con lo consignado por la Procuraduría en su acta, la distancia no es menor: es estructural.

A hoy, ni un solo pasaporte válido ha sido producido en el país. Cerca del 90 por ciento de las libretas que han llegado no provienen de Portugal, sino de un tercero señalado por corrupción. Y, según ese mismo documento, la Imprenta apenas ha logrado fabricar 1.500 ejemplares de muestra —pasaportes “espécimen”— que no tienen validez ni han llegado a manos de los ciudadanos.

Otra de las banderas del presidente Petro en su intento por cambiar el modelo de pasaportes es que los datos de los colombianos deben estar en manos del Estado y no de particulares codiciosos.  Sin embargo, a pocos días de que el Estado tenga que asumir la totalidad del proceso, la seguridad de los datos no parece garantizada. El acta de la Procuraduría dice que la conexión operativa en tiempo real entre el sistema SITAC de la Cancillería y la Imprenta Nacional aún no está activa y añade: una semana antes de la visita, el SITAC sufrió un ciberataque. La Imprenta lo minimizó diciendo que se concentró en la capa pública sin tocar el núcleo. El hecho es indesmentible. El sistema que, según el Gobierno, protege la soberanía de los datos, fue atacado antes de entrar en operación plena.

El presidente ha dicho que el contrato se ejecuta con Portugal con apoyo de los gobiernos portugués y francés. La fórmula hizo pasar a IN Groupe como cooperación diplomática, pero IN Groupe no es apoyo (como está estipulado en una de las cláusulas del convenio): es quien está fabricando el 89 por ciento de las libretas, sin estar firmada como parte del convenio.

El presidente dijo el 23 de febrero, en Casa de Nariño, que el nuevo pasaporte ya había pasado todas las certificaciones internacionales y era “uno de los mejores del mundo”. El acta deja constancia de que la Imprenta no tiene los resultados de las pruebas de durabilidad —“se solicitaron a Portugal y no se tienen”, reza el documento—, no ha consolidado el protocolo de cadena de custodia —hay un borrador— y no ha recibido de la Cancillería los soportes de aceptación del pasaporte por autoridades migratorias de otros países. La Imprenta también se comprometió a “identificar quién funge como supervisor del Convenio 010 de 2025”. Casi cuatro meses después del arranque, no hay claridad sobre quién supervisa el contrato más caro del Estado colombiano en documentos de identidad.

El convenio de los pasaportes vale 1.3 billones de pesos. Los pagos se harán en euros, a 45 días de cada factura. La Contraloría advirtió en enero que el esquema no contempla el riesgo cambiario, fija una cantidad mínima anual independiente de la demanda real y que la maquinaria entró al país apenas tres meses antes del arranque. La Procuraduría demandó la nulidad del convenio en octubre. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. El ciudadano Nicolás Dupont presentó una acción popular aparte. Ambos procesos están en curso en el alto tribunal a punto de que se resuelva dos medidas cautelares que, de otorgarse, paralizarían el contrato. 

Mientras los procesos avanzan y el contrato con Thomas Greg & Sons se extingue el 30 de abril, el Gobierno tiene lista su explicación: cualquier cuestionamiento al nuevo modelo es un intento de devolverle el negocio a la empresa que lo manejó durante casi dos décadas. El presidente lo formuló así en X: “Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista”.

El relato del presidente Petro es ordenado. Hay un villano privado y un héroe estatal. Hay soberanía recuperada. Hay 50.000 pasaportes en abril. Hay máquinas modernas instaladas. Hay un pasaporte “entre los mejores del mundo”. Hay datos blindados en manos del Estado. Hay una empresa portuguesa fabricando libretas. Hay franceses que van a “apoyar”.

Pero el acta de la Procuraduría cuenta otra historia: la de una entidad pública que no sabe quién le fabrica las libretas, que no tiene los informes de ejecución que el propio contrato exige, que personaliza pasaportes provenientes de Francia en embarques que el Gobierno autorizó en la propuesta técnica solo como contingencia ante un eventual desastre en Bogotá — supuesto que nunca ocurrió —, que ha conectado su sistema informático con la Cancillería, que no sabe quién supervisa el convenio, y que ha producido, en 22 días de operación, exactamente 1.500 muestras que nunca llegaron a manos de ningún ciudadano. Eso, sumado a que la mayoría de pasaportes están siendo fabricados por un socio Francés a la sombra que, además, tiene líos de corrupción.