¿Qué es verdad y qué es mentira sobre los pasaportes en el acta de la Procuraduría y en la respuesta del Gobierno?

El pasado domingo, CAMBIO reveló el acta de una inspección que hizo la Procuraduría a la Imprenta Nacional que dejó al descubierto una grieta central en el nuevo modelo de pasaportes: mientras el Gobierno defiende el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal como una apuesta de soberanía, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades del Estado, el documento muestra que varias obligaciones básicas del contrato no se están cumpliendo como fueron pactadas. 

Tras la publicación, respondieron el presidente Gustavo Petro y la presidenta de la Imprenta, Viviana León, quien sostuvo que el convenio no buscaba contratar a un proveedor privado ni comprar libretas en el mercado ordinario, sino implementar un modelo de cooperación pública internacional para transferir capacidades tecnológicas, productivas, operativas y de custodia al Estado colombiano. Pero esa explicación no borra el punto de fondo: la Procuraduría encontró que la participación de IN Groupe no aparece formalmente sustentada ni aprobada por escrito, que no existen informes mensuales de ejecución y que el protocolo integral de cadena de custodia aún estaba en borrador. Es decir, la discusión no es semántica –si el modelo se llama cooperación, transferencia o soberanía–. Es más básica: qué dice el convenio, qué debía estar listo y qué no estaba cuando el organismo de control fue a buscarlo.

“El convenio cuestionado no tuvo por objeto contratar a un proveedor privado para imprimir pasaportes, ni adquirir libretas en el mercado ordinario. Su finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano”, dice la Imprenta en el comunicado de prensa. Pero la entidad no respondió lo básico sobre el incumplimiento de las cláusulas.

¿Qué dice el convenio sobre el nuevo contrato de pasaportes?

El convenio sí habla de transferencia de conocimiento. En palabras simples, eso significa que la Casa de la Moneda de Portugal no solo debía suministrar libretas o acompañar la personalización de pasaportes, sino ayudar a que Colombia adquiriera capacidades propias para producir, custodiar, personalizar, controlar y operar documentos de alta seguridad. Ese es el argumento que el Gobierno y la Imprenta han repetido: no se trata de comprar pasaportes a un privado, sino de montar una capacidad estatal. Pero esa explicación no cambia una regla básica: la transferencia no borra las cláusulas del convenio ni vuelve opcional lo que quedó pactado por escrito.

El primer incumplimiento señalado por la Procuraduría se relaciona con la participación de IN Groupe. Según el acta, la Imprenta informó que tenía 66.400 libretas en blanco: cerca de 59.000 provenientes del aeropuerto Charles de Gaulle, en París, y 7.400 de Lisboa. El problema es que el convenio 010 de 2025 fue suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal, no con la empresa francesa. La Procuraduría advirtió que IN Groupe no figura en el convenio y que no se aportó ningún documento que acreditara la aprobación escrita de su participación. Esa aprobación era clave porque la cláusula novena exige autorización para subcontratar o permitir la participación de terceros, y la cláusula vigésima cuarta establece que, en lo no previsto, el convenio se interpreta conforme a la ley colombiana, donde la contratación pública exige formalidad escrita. Dicho de otro modo: no bastaba con decir que IN Groupe era un respaldo técnico. Si iba a participar, debía estar informado, autorizado y soportado por escrito.

La Procuraduría fue más allá: recordó que la propuesta técnica de Portugal solo contemplaba la contingencia de IN Groupe para casos de desastre o afectación de la planta principal de producción en Bogotá. Y ese supuesto no estaba ocurriendo. Por eso el punto es fundamental. Si la mayoría de las libretas venían de Francia y no había un documento formal que explicara y autorizara esa participación, el problema no era semántico –si era cooperación, respaldo o subcontratación– sino contractual: el convenio exigía trazabilidad y aprobación.

El segundo incumplimiento está en los informes de ejecución. El convenio obligaba a presentar reportes mensuales sobre el estado del proyecto. No era papeleo inútil. Esos informes servían para saber qué hizo cada parte, qué aportó Portugal, qué hizo la Imprenta, cómo avanzaba la producción, quién fabricaba las libretas, cómo iba la personalización y qué riesgos aparecían. Sin esos informes, el convenio queda sin tablero de control. Y eso fue exactamente lo que encontró la Procuraduría: a la fecha de la visita no existían informes formales de ejecución contractual de ninguna de las partes. Incluso el organismo de control dejó claro que, si esos informes hubieran existido, la Imprenta habría podido responder con precisión quién elaboró las libretas.

Por eso la defensa de la transferencia no resuelve el fondo. La transferencia puede ser el propósito, pero el cumplimiento contractual es la obligación. Una cosa es que Colombia quiera aprender a producir pasaportes; otra, muy distinta, que en los primeros días del modelo no existan soportes escritos sobre terceros, informes mensuales ni plena trazabilidad sobre el origen de las libretas. En documentos de alta seguridad, la confianza no reemplaza los papeles. Y en contratación pública, lo que no está soportado termina siendo una zona gris. Justamente son esas zonas grises las que terminan siendo evaluadas con lupa por la justicia. Aquí puede encontrar una investigación de CAMBIO sobre los procesos que hay en curso.

El Gobierno, entonces, puede insistir en que el nuevo modelo busca soberanía, independencia tecnológica y transferencia de capacidades. Puede decir, incluso con razón, que el país necesita dejar de depender eternamente de privados para producir documentos sensibles. Pero ninguna de esas afirmaciones cambia lo que está escrito en el acta: hay obligaciones contractuales que no aparecieron cumplidas cuando la Procuraduría llegó a revisar. Y en un tema como pasaportes, esa diferencia no es menor. No se trata de una licitación cualquiera, ni de un trámite administrativo más. Se trata del documento con el que millones de colombianos se identifican ante el mundo.

La pregunta, entonces, no es si la transferencia de conocimiento suena bien. Es otra: si se está ejecutando con el rigor que exige un documento de alta seguridad. Porque si una empresa que no figura en el convenio termina asociada a la fabricación de la mayoría de las libretas; si no hay aprobación escrita de esa participación; si, además, está bajo investigación por corrupción; si faltan informes mensuales; si la cadena de custodia seguía en borrador; y si la propia Imprenta no podía certificar el origen de ciertas libretas, el debate deja de ser político. Entra en el terreno del escrutinio público, y, eventualmente, de la justicia. La soberanía no se proclama: se demuestra. El riesgo de fondo es que el Gobierno esté usando una palabra poderosa –transferencia– para cubrir vacíos muy concretos de ejecución.