Imputan a Ricardo Roa: las cifras que no cuadran de la campaña de Gustavo Petro en 2022

Este 8 de mayo, ante el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol que está en licencia no remunerada y exgerente de la campaña Petro Presidente, por el delito de violación de topes electorales. Era el tercer intento. En las dos citaciones anteriores, Roa no se había presentado: primero alegó compromisos laborales, luego compromisos académicos. Si esta vez no se presentaba, la Fiscalía estaba lista para solicitarle al juez que lo declarara reo ausente y, así, poder continuar el proceso sin él.

La hipótesis de la Fiscalía es clara: como gerente de campaña, Roa era el responsable de autorizar gastos, suscribir contratos y avalar las operaciones contables y, según la investigación, durante su administración se gastaron más de lo que la ley permitía y reportaron menos ante la autoridad electoral. Aunque el delegado del ente acusador hizo una explicación genérica sobre cómo se sobrepasaron los topes exigidos por ley, la defensa pidió más detalles de las transacciones, el juez estuvo de acuerdo y, finalmente, la diligencia se aplazó para el próximo lunes. Ahí, el fiscal del caso deberá detallar cada gasto y, en ese momento, se conocerá si Roa acepta o no los cargos. 

Primera vuelta: los números que no cerraban

El Consejo Nacional Electoral fijó en 28.536 millones de pesos el tope máximo para gastar en la campaña de la primera vuelta presidencial, entre el 25 de marzo y el 1° de mayo de 2022. Según la Fiscalía, gastaron 29.924 millones de pesos. La diferencia: 1.388 millones por encima del límite que fija la ley. 

El problema no era solo haber gastado más, sino haber reportado menos. La campaña informó al CNE gastos por 28.384 millones —por debajo del tope—, cuando en realidad habría ejecutado 1.193 millones más de lo que declaró. 

En la audiencia, la Fiscalía detalló empresa por empresa lo que no cuadró: Mi Colombia Travel SAS cobró una rueda de prensa en el Hotel Marriott por 27 millones de pesos que no fue reportada; un desayuno en el Hotel Tequendama costó 500 millones y tampoco apareció en los informes; la Unión Sindical Obrera (USO) —el sindicato de los trabajadores de Ecopetrol— prestó apoyo logístico a la campaña por 292 millones de pesos y no fueron reportados; Neurodata SAS facturó cerca de 300 millones por aplicación de encuestas, pero solo se reportaron 230 millones, una diferencia de 67 millones; la Fundación Trenza quedó con una diferencia sin explicación de 10 millones; Al Vuelo SAS prestó servicios por 185 millones y solo 82 millones fueron incluidos en el reporte; Cinema Colors facturó 222 millones por apoyo en producción de videos y solo se reportaron 115 millones; y hubo pauta con Caracol Televisión que la campaña registró en segunda vuelta cuando en realidad correspondía a la primera.

Segunda vuelta: el mismo patrón

Para la segunda vuelta, entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022, el CNE fijó un tope de 13.347 millones de pesos. Roa también era el gerente. La Fiscalía encontró que la campaña ejecutó 13.623 millones —276 millones por encima del límite legal—, pero reportó solo 13.199 millones. 

Tres rubros explican la diferencia: la USO hizo pagos a la campaña por 740 millones de pesos que no aparecieron en los informes; Al Vuelo SAS sumó otros 19 millones no reportados; y la Corporación Grupo Red Andina, pagada por Alianza Verde por 9 millones de pesos, tampoco quedó registrada. Además, 358 millones en servicios de logística y pauta de Caracol Televisión figuraron en los reportes de forma que no correspondía con la realidad de los gastos.

La Fiscalía lo imputó como autor del delito de violación de topes electorales. En términos simples: no solo gastaron más de lo permitido, sino que reportaron menos de lo que gastaron. Eso, en Colombia, es delito penal desde 2017.

Lo que dijo el CNE

La imputación penal no llegó sola. El 29 de abril, una semana antes de la audiencia, el CNE ratificó en sala la sanción administrativa contra la campaña Petro Presidente por superar los topes legales. La resolución determinó que el exceso respecto al tope permitido superó los 5.300 millones de pesos en primera y segunda vuelta, e impuso multas por 5.922 millones de pesos a Ricardo Roa como gerente de campaña; a Lucy Aydee Mogollón como tesorera; y a Mary Lucy Soto Caro como auditora interna. 

El partido Colombia Humana, fundado por el presidente Petro, aceptó los cargos y asumió una multa de 1.000 millones de pesos. La diferencia entre las cifras del CNE y las de la Fiscalía podría tener explicación en que son dos procesos distintos con metodologías distintas. Mientras que el CNE es la autoridad electoral y administrativa, la Fiscalía es la penal.   

Los reparos de la defensa

El abogado Juan David León, defensor de Roa, no cuestionó los hechos en bloque, sino que fue al grueso jurídico de la imputación. Su primer reparo: la Fiscalía usó verbos como “administrar”, “autorizar” y “ejecutar” para describir la conducta de su cliente, pero no precisó si Roa actuó directamente o si lo hizo a través de una persona interpuesta. La distinción no es menor —advirtió León—, porque tiene consecuencias directas sobre los hechos jurídicamente relevantes. Si fue otra persona quien tomó las decisiones operativas, pidió que el fiscal explicara de qué manera Roa le delegó esa función y con qué instrucciones.

Su segundo reparo apuntó al dolo. La Fiscalía imputó el cargo a título doloso —es decir, con conocimiento y voluntad de cometer la conducta—, pero León exigió que se precisara cuándo supo Roa de cada uno de los gastos cuestionados y cuándo predispuso su conducta para realizarlos. Factura por factura, gasto por gasto: ¿cuándo lo supo, cómo lo autorizó, para qué era el servicio contratado y quién firmó? Esas —dijo la defensa—, son las exigencias mínimas para que los hechos jurídicamente relevantes estén bien formulados. El juez estuvo de acuerdo con que la Fiscalía debía hacer esas precisiones.

Sobre el tema, el fiscal pidió tiempo para organizar los datos de cada factura y la audiencia se reprogramó para el próximo lunes 11 de mayo. Ahí se conocerán los detalles de las transacciones y, sobre todo, si Roa acepta o no los cargos.