La Policía sacó de la institución al principal testigo contra Papá Pitufo

La historia del expediente contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, ha estado marcada por guerras de poder, traslados de fiscales y una cadena de decisiones que, como reveló CAMBIO, fracturaron al Gobierno y desataron una purga dentro de la Policía. En ese contexto, hay un nuevo hecho que vuelve a encender las alarmas: el mayor Peter Steven Nocua, agente encubierto y principal testigo en el caso que permitió a la Fiscalía solicitar la extradición del capo del contrabando, acaba de ser notificado de su llamado a calificar servicios. En términos simples: sale de la institución por decisión discrecional del Gobierno. La medida llega justo cuando su testimonio no solo sostiene la solicitud contra Marín, sino que además abrió nuevas líneas de investigación dentro y fuera de la Policía.

La decisión llega en un momento particularmente delicado. No se trata de un oficial cualquiera. Nocua fue quien, según documentos judiciales y declaraciones rendidas ante la Fiscalía, describió cómo operaba una red que, presuntamente, no solo movía mercancía ilegal en los principales puertos del país, sino que además habría permeado estructuras de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y funcionarios de la Dian mediante pagos, regalos y nombramientos direccionados. Nocua fue cooptado a la red de ‘Papá Pitufo’ por el entonces secretario privado del director de la Polfa cuando lo nombraron en el puerto de Cartagena y, entonces, supo cómo funcionaba la estructura dentro y fuera de la institución. Luego, cuando contrainteligencia “lo pilló”, se alió con ellos y decidió contarlo todo. 

Su testimonio no solo sustentó el proceso que terminó con la captura de ‘Papá Pitufo’ en el exterior. También abrió nuevas líneas de investigación contra oficiales activos y retirados mencionados en sus relatos, entre ellos el general Heinar Giovany Puentes Aguilar, exdirector de la Polfa en la administración del general William René Salamanca.

Los testimonios del mayor Nocua en la justicia

El mayor Peter Steven Nocua Henao apareció formalmente en el expediente el 30 de octubre de 2023, cuando rindió declaración jurada ante la Fiscalía. Lo que contó ese día terminó convirtiéndose en el punto de partida de una investigación que hoy tiene a ‘Papá Pitufo’ a las puertas de un juicio. Según el oficio de compulsa de copias firmado el 3 de mayo de 2024 por la fiscal Paola Andrea Londoño Aponte —luego sacada del proceso—, Nocua habló “de manera libre, voluntaria y espontánea” sobre la existencia de una organización criminal dedicada a “permear funcionarios públicos” de la Polfa y de la Dian mediante “altas sumas de dinero y dádivas” para permitir el ingreso de mercancía ilegal al país.

La historia que relató comienza cuando, según su versión, el mayor Mario Sarmiento Rojas —entonces secretario privado del coronel Heinar Puentes, director de la POLFA (luego fue nombrado general pese a los señalamientos)— le informó que sería enviado a Cartagena como jefe encargado de la División de Control Operativo. Pero el nombramiento, dijo Nocua, venía acompañado de una condición: debía aportar 15 millones de pesos “para los gastos que tiene el jefe”, en referencia, según el documento, al entonces coronel Puentes Aguilar, director de la Polfa.

Según la compulsa de copias contra el general Puentes, que se armó con el testimonio de Nocua y que llegó a la Fiscalía Delegada ante la Corte hace casi dos años y no ha tenido mayores avances, Sarmiento fue quien lo reclutó a la organización de ‘Papá Pitufo’. Dijo que fue él, Sarmiento, quien lo presentó en un apartamento en Bogotá. Después, ‘Papá Pitufo’ lo puso en contacto con el intendente Álvaro Galvis quién, según la hipótesis investigativa, era uno de los encargados de manejar la nómina paralela de policías que terminaban aliados con la estructura criminal. Galvis es el mismo que llegó al proceso por un periodista que le hizo puente con el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y que terminó como agente encubierto en otro proceso que seguían contra ‘Papá Pitufo’ desde hace años. 

Esa compulsa de copias contra el general Puentes señala que el intendente Galvis le entregó a Nocua 20 millones de pesos y fue de ese dinero, según la declaración, que el mayor Nocua le entregó los 15 millones que Salamanca le pidió para “el jefe” por su nombramiento. Nocua se habría quedado con cinco millones. Pero ahí no terminaba la historia.

Sin embargo, la declaración fue mucho más allá de ese episodio. Nocua sostuvo que la organización operaba mediante una red de pagos a funcionarios y habló de listas de oficiales “recomendados” para ocupar cargos estratégicos dentro de la Polfa. Según la compulsa de copias, detrás de esa estructura estaba el entonces director de la entidad, entonces coronel Heinar Puentes, quien presuntamente coordinaba movimientos y nombramientos de funcionarios para ponerlos al servicio de la red de contrabando.

También mencionó a Juan Francisco Solano, alias Pacho; a Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido; al coronel Abdón Melo; al intendente Álvaro Galvis; a funcionarios de la Dian, y a un intermediario conocido como ‘Pupilo’, cuya función, según el expediente, consistía en mover dinero, coordinar reuniones y evitar que los jefes de la organización quedaran expuestos.

La gravedad del relato llevó a la Fiscalía a compulsar copias para investigar específicamente al hoy general Heinar Puentes Aguilar y los otros oficiales.

La declaración que salpica al exdirector de la Policía, William Salamanca

Pero Nocua también terminó rozando esferas más altas del poder dentro de la Policía. Hace unas semanas, CAMBIO reveló que uno de los nombres que apareció en el expediente fue el del empresario Andrés Venegas, mencionado dentro de la investigación como un supuesto intermediario con influencia sobre movimientos internos en la institución. Según el relato de Nocua, el contacto con Venegas se produjo a través del mayor Mario Sarmiento Rojas, el mismo oficial que, según su versión, lo reclutó para acercarlo a la organización.

La reunión ocurrió después de que Nocua fuera designado para asumir funciones en Cartagena, uno de los puntos más sensibles para el control del contrabando en el país. Según su versión, Venegas le habló de la posibilidad de “ayudarlo” en su carrera dentro de la Policía y le aseguró que tenía llegada a altos mandos y capacidad de influir en nombramientos y traslados dentro de la Polfa. El ofrecimiento, según la hipótesis que hoy investiga la Fiscalía, no era menor: se trataba de consolidar una red de oficiales cercanos o funcionales a la organización de Diego Marín en posiciones estratégicas de control aduanero. Dicho de manera simple: la sospecha es que la estructura no solo buscaba mover mercancía ilegal por los puertos, sino también influir sobre los policías encargados de vigilar esos puertos.

Según Nocua, el empresario Venegas le dijo que tenía el control de los listados de oficiales que serían nombrados en la Polfa y que esas decisiones no las tomaban ni el general Heinar Puentes —entonces coronel y director de la entidad— ni su secretario privado, Mario Andrés Sarmiento, sino él mismo, porque, según sus palabras, trabajaba directamente con el director de la Policía, el general William Salamanca.

La importancia de Peter Steven Nocua dentro del caso contra Diego Marín no radica únicamente en que haya sido un agente encubierto. Lo que vuelve decisivo su testimonio es que permite conectar piezas que, vistas por separado, podrían parecer hechos aislados: reuniones en apartamentos, pagos en efectivo, listas de oficiales, movimientos dentro de la Polfa y presuntos contactos entre contrabandistas y funcionarios públicos. Pero, sobre todo, es un relato que, si la Fiscalía quisiera, podría permitir escalar la investigación mucho más allá de mandos medios o de oficiales puntuales aliados con la organización.

En expedientes de crimen organizado, los documentos suelen mostrar fragmentos: un pago, una llamada, un traslado, una reunión. Pero quien logra explicar cómo encajan esas piezas es el testigo que estuvo dentro de la operación. Ese es el rol que cumple Nocua en el expediente. Según su relato, la organización no solo buscaba pasar mercancía ilegal por puertos y zonas de control aduanero; también pretendía influir sobre quién llegaba a determinados cargos dentro de la Polfa. Es decir, esa línea investigativa permitiría no solo confirmar la existencia de una red de contrabando comandada por ‘Papá Pitufo’, que sobornaba oficiales para garantizar sus operaciones, sino además explorar la posible convivencia entre funcionarios de alto nivel y una estructura criminal que habría encontrado en la corrupción una forma de asegurar el negocio.

Por eso, las declaraciones de Nocua terminaron abriendo otros frentes de investigación. La compulsa de copias contra Heinar Puentes no nació de rumores ni de informes de inteligencia, sino de un relato judicial rendido bajo juramento por un oficial activo que describió reuniones, pagos y órdenes concretas.

Además, el testimonio de Nocua tiene otro valor para la Fiscalía: la corroboración. Varias de las reuniones que describió fueron grabadas durante operaciones encubiertas y, según los expedientes conocidos por CAMBIO, permitieron sustentar medidas judiciales posteriores. En otras palabras, no se trata solamente de alguien contando una historia, sino de un testigo cuya versión comenzó a cruzarse con registros, videos, conversaciones y otros testimonios.

Por eso, su eventual participación en un juicio contra Diego Marín sería determinante. Porque sería el hombre encargado de explicarle a un juez cómo funcionaba desde adentro la presunta red de corrupción que protegía el contrabando. Y porque buena parte de la teoría del caso construida por la Fiscalía pasa, inevitablemente, por lo que él vio, escuchó y documentó.

También hay cuestionamientos sobre el propio Nocua y eso es importante decirlo con claridad. La Procuraduría le formuló pliego de cargos por presunto cohecho propio y ordenó su suspensión provisional, al considerar que habría recibido dinero y otros beneficios tras reuniones con alias Papá Pitufo. Así, tanto Nocua como el coronel (r) Abdón Melo quedaron bajo investigación disciplinaria por posibles nexos con la red de contrabando, aunque la propia Fiscalía ha sostenido que ambos oficiales colaboraron como agentes infiltrados dentro de la operación. Es un hecho que Nocua primero terminó vinculado a la estructura y luego, tras ser detectado por contrainteligencia, decidió colaborar con la justicia.

En todo caso, que salga él de la Policía y no otros agentes encubiertos que también tienen cuestionamientos deja una pregunta inevitable: ¿qué mensaje recibe un policía que tenga información sobre corrupción interna cuando ve que el hombre que habló, grabó reuniones y abrió nuevas investigaciones termina por fuera de la institución? La discusión no es jurídica. Nadie está diciendo que el retiro sea ilegal. El problema es el efecto práctico.

El llamado a calificar servicios es una decisión administrativa. La Policía tiene la facultad legal de retirar oficiales bajo esa figura. Pero en este caso el contexto pesa tanto como la decisión misma. Porque no se trata de cualquier uniformado: es el principal testigo del expediente más sensible que existe hoy contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, y uno de los pocos oficiales que declaró sobre posibles nexos entre contrabandistas y miembros de la propia institución. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente esa investigación de la Fiscalía, pero, por ahora, es la única que tiene a ‘Papá Pitufo’ respondiendo ante los estrados judiciales.

Sin embargo, las investigaciones de corrupción policial rara vez avanzan únicamente con documentos. Necesitan testigos internos: oficiales dispuestos a declarar contra superiores, compañeros o estructuras enquistadas dentro de la institución. Y esos testimonios no aparecen solos. Dependen de que exista algún nivel de respaldo, protección o confianza en que hablar no terminará convertido en una condena profesional.

Por eso, la salida de Nocua no es un movimiento menor dentro de la Policía. Puede terminar convirtiéndose en una advertencia silenciosa para cualquiera que piense colaborar en el proceso contra Marín o contra los oficiales mencionados en el expediente. Porque, después de esto, la pregunta deja de ser quién sabía lo que estaba pasando. La verdadera pregunta es quién va a atreverse a contarlo.