A los presidentes de los Estados Unidos generalmente se les ha permitido hacer lo que quieran. En lo que han tenido problemas es cómo justificarlo. No les ha sido fácil encontrar doctrinas que cumplan con dos objetivos que son irreconciliables. Al mismo tiempo que aspiran a que en el mundo impere y se aplique una ley internacional, también quieren que estas reglas no les sean aplicables y puedan ignorarles o utilizarlas cuando les convenga.
Lo hemos visto en las negociaciones sobre el calentamiento global. Los demás americanos hemos padecido esta ambivalencia, especialmente los colombianos por habernos arrebatado a Panamá. Y América Central y las islas del Caribe fueron invadidos por marines invocando la doctrina Monroe.
Esta doctrina tiene dos interpretaciones: la del Caribe y el resto de América Latina que no aceptamos la intervención armada en el continente americano para resolver conflictos o diferencias políticas, y la de Estados Unidos, que ve al continente como su área de influencia y por eso no admite intervención armada de ninguna potencia externa y desconfía también de las actividades económicas, comerciales y financieras de otras potencias en la región. A los países del Caribe y del sur del continente les ha servido su interpretación de la doctrina para evitar interferencia armada de potencias europeas o asiáticas, pero de quien han tenido que cuidarse más ha sido del Gobierno de Estados Unidos.
Theodore Roosevelt encontró una manera de evitar las intervenciones armadas de otras potencias, haciéndoles ver que una mejor opción era someterse a arbitramiento en la Corte Internacional de La Haya, pero reservándose el papel de policía en la región con derecho a intervenir para hacer cumplir la ley internacional. La situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, que ojalá no se extienda a Colombia, tiene mucho en común con la que tenía a Roosevelt tentado de invadir a Venezuela en los primeros años del siglo XX, cuando lo persuadieron a utilizar mejor los servicios de arbitramiento de la Corte de La Haya (Greg Grandin, America, America: A new History of the new World, Penguin Press).
Lamentablemente, la idea que tiene el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que él ha bautizado “Americas First”, puede entenderse como una versión actualizada pero obsoleta de la Doctrina Monroe que invocaba ‘Teddy’ Roosevelt.
En 1918, en Washington, Woodrow Wilson ya había explicado en una reunión a la que había invitado a un grupo de editores y periodistas mexicanos que él estaría dispuesto a extender una garantía compartida con los miembros de una alianza panamericana de que si cualquiera de ellos, incluidos los Estados Unidos, violara la integridad territorial o la independencia de otro miembro de esa alianza, todos los demás miembros podrían conjuntamente ‘caerle encima’ al agresor. Les explicó a los presentes que la Doctrina Monroe los protege de agresión, “pero no hay nada en esa doctrina que los proteja contra nosotros”. Estaba dispuesto a encontrar la forma de que ese tipo de intervención por parte del Gobierno de Estados Unidos fuera algo del pasado (Grandin, op.cit, p. 379).
Algo que generalmente se ignora es que la inteligencia jurídica de América Latina, a partir de doctrinas como las de Calvo y de Drago ha aportado elementos esenciales a lo que hoy se conoce como la ley internacional, que los Estados Unidos han sabido aprovechar para crear orden en el mundo, no siempre con éxito. La Corte de La Haya también ha enriquecido ese conocimiento pues, a medida que Venezuela perdía juicios arbitrales en el siglo pasado por no pagar su deuda, los árbitros concebían ideas para fortalecer conceptos como la igualdad de soberanía y de derechos entre naciones que sirvió posteriormente para convencer al secretario de Estado de Franklin Delano Roosevelt que accedió en los años 30 en Montevideo a que Estados Unidos renunciara a intervenir en asuntos internos de los países del continente, modificando la Doctrina Monroe para que no tuviéramos que temerle a su Gobierno (Grandin, op.cit). Esto no sucedió sino hasta que FDR y Cordell Hull, su secretario de Estado, aplicaron la política del Buen Vecino, uno de cuyos elementos principales era la no intervención de Estados Unidos.
Después de la muerte de Roosevelt hubo un primer retroceso con Harry Truman que se acentuó por el temor al comunismo, lo que llevó a que Estados Unidos renegara de su promesa de no intervención en Guatemala, por ejemplo, para derrocar a Jacobo Arbenz y, repetidamente, en el Caribe. Y ahora, con America First estamos de vuelta con ejercicios de poder hegemónico como cuando Theodore Roosevelt recorría el Caribe con sus cañoneras. Si Cordell Hull fuera el secretario de Estado estaría diseñando una operación conjunta de Estados Unidos, Ecuador y Colombia en el Pacífico para desterrar el narcotráfico y desarrollar la región.
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