Son “demasiado blanquitos” me dijo una persona del litoral Pacifico vallecaucano refiriéndose a la mayoría de los aspirantes a la presidencia de la República. Enseguida, sin mencionar sus nombres, me describió a algunos de ellos para justificar su afirmación: “un costeño fantoche que posa de italiano; otro cuyo primer empleo después de salir de la universidad fue el de viceministro y luego fue ministro durante décadas; un par con voces cachaquísimas; otro de peinado engominado que para ir a la provincia se viste con camisa y pantalones americanos marca Columbia, como si fuera a un viaje de aventuras; tres señoras detrás de la bendición de Uribe; y otro que sueña con dar balín a diestra y siniestra”.
Su afirmación, que en principio podría sonar racista, es más una ironía que lleva detrás un reclamo a esos candidatos por lo que él considera una inadecuada lectura del país. Y esa lectura equivocada tiene que ver con una pregunta que esos mismos candidatos se hacen y para la cual aún no encuentran respuesta: ¿Por qué a pesar de los escándalos de corrupción del Gobierno actual y de la precaria ejecución de muchas de sus políticas, el presidente tiene una favorabilidad cercana al 40 por ciento y el candidato de su partido puntea en las encuestas?
La verdad es que hay un sector significativo de la sociedad colombiana que no ha renunciado a su esperanza de cambio y que considera absurdo que la mayor parte de los candidatos ofrezcan “recuperar a Colombia” o “salvar a Colombia”. Esos colombianos que han vivido en el abandono sistemático del Estado no pueden entender que unos dirigentes quieran regresarlos a un pasado ignominioso o que los quieran salvar de una “tragedia”, como si la misma ya no la hubieran vivido a lo largo de la historia. Esos colombianos son conscientes de los escándalos de corrupción como los de la UNGRD y los rechazan. También son críticos de la ausencia de orden y método para administrar eficiente y eficazmente las entidades del Gobierno nacional. Ellos saben que el régimen de Venezuela es una dictadura y desean un tránsito hacia la democracia en ese país. Sin embargo, sus deseos de cambio, acumulados durante décadas, los impulsan a darle una segunda oportunidad al progresismo.
Esos mismos colombianos ya no tragan entero y saben muy bien que una estrategia de seguridad fundada única y exclusivamente en el despliegue de fuerza pública, como la que ofrecen los candidatos de marras, no será suficiente para alcanzar la tranquilidad. Para ellos resulta imperiosa la presencia de las fuerzas del orden, pero de igual manera consideran absolutamente necesarias unas políticas de desarrollo económico y social para sus territorios. Aspiran, eso sí, a que estas últimas no sean diseñadas por un grupo de tecnócratas blanquitos desde Bogotá y que su construcción sea en territorio, teniendo en cuenta su lectura y opinión sobre lo que significa el desarrollo. En las regiones, desde hace decenios, vienen creciendo organizaciones comunitarias de distinta índole que han acumulado conocimientos, experiencias y visiones. La mayoría de ellas están alineadas con la defensa de los recursos naturales, especialmente el agua, y tienen fundados temores frente a las consecuencias del extractivismo, incluido el que se hace conforme a la ley. Son organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En las ciudades, el estallido social de los años 2020 y 2021 dejó sembrada la semilla de la exigencia de los derechos. Y al igual que en las zonas rurales, han surgido organizaciones, pero alrededor de causas distintas como la defensa de los derechos de los animales, de los humedales, del espacio público, de la bicicleta, de la agricultura urbana, de la educación pública y de la calidad del aire, entre otras.
Lo anterior no quiere decir que en el campo y las ciudades haya surgido un proyecto neocomunista, como sostienen muchos con profunda ignorancia. Se trata de un proyecto democrático. La democracia no solo consiste en la elección popular de unos mandatarios y unos representantes en las corporaciones públicas, ni tampoco se agota en la división y autonomía de los poderes públicos. Las garantías para el goce de los derechos humanos, que van desde aquellos que hicieron parte de la primera declaración de la ONU hasta los de más reciente reconocimiento, son también una condición esencial para que existan un Estado y una sociedad democrática.
Si algo ha hecho bien la izquierda y el progresismo durante muchos años, es mantener un diálogo permanente y un proceso de construcción de confianza con esas organizaciones que surgieron en la base de la sociedad. Lo hicieron desde épocas en que su presencia electoral era marginal; en la misma época en que las otras fuerzas políticas se regodeaban de sus “gestas” electorales a punta de clientela y dinero, y en algunos casos puntuales con fusil y motosierra.
La mayor parte de los grandes empresarios del país también parecen ser demasiado blanquitos para entender a esa Colombia. Se desvelan pensando en cuál candidato puede derrotar al progresismo. Ensayan con una y luego con otro. Les invierten grandes sumas de dinero mientras van midiendo con cada encuesta si esa inversión vale la pena seguirla dirigiendo al mismo destinatario o si es mejor hacer otra apuesta. Organizan pomposos encuentros en Cartagena en los que invitan a los candidatos a hablarle al país de ellos (el de los empresarios). En esos eventos, el aplausómetro suele favorecer al que con más fuerza pronuncie su deseo de derrotar al neo comunismo. Y cuando los empresarios que tienen una visión pluralista de la sociedad se animan a oír al candidato presidencial del Pacto Histórico, los sectores reaccionarios les lanzan sistemáticos ataques digitales como si quisieran “destriparlos” por traidores.
A seis meses de la primera vuelta de la elección presidencial es muy difícil predecir el resultado. Es probable que el progresismo continúe en el poder, pero también es probable que el centro y la derecha se junten para que en Colombia opere la alternancia democrática. Si esto último ocurre, sería deseable que quienes lleguen al gobierno sean capaces de leer a esa Colombia que aún anhela el cambio. Esos ciudadanos (los que anhelan el cambio), aprendieron durante los largos años en los que estuvieron al margen de los gobiernos de turno, que quien gana las elecciones no adquiere una patente de corso para desconocer sus derechos y que estos son exigibles en todo tiempo y en todo lugar.
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